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Inyección letal, ¿un experimento inmoral?

REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS
  • Un trabajo denuncia que se realizan actividades de investigación biomédica con los reos
  • Los condenados no firman ningún consentimiento para someterse a estos ensayos
  • Los autores defienden «el derecho de los presos a la integridad de su cuerpo»
Cámara de ejecución por inyección letal. (Foto: California Department of Corrections)Cámara de ejecución por inyección letal. (Foto: California Department of Corrections)

Actualizado martes 10/06/2008 17:23 (CET)
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CRISTINA DE MARTOS

MADRID.- Algunos centros penitenciarios de Estados Unidos están llevando a cabo ensayos con los condenados a muerte con el objetivo de mejorar la ejecución por inyección letal. Un grupo de investigadores acaba de publicar un ensayo en el que califican estos intentos de «experimentación en prisioneros sin su consentimiento ni las garantías éticas pertinentes».

Las dudas en torno a su validez como método de ejecución siguen planeando sobre la inyección letal, a pesar de que haya recibido el aval del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esta decisión terminó con seis meses de suspensión de las ejecuciones en este país. Pero los científicos que sembraron las sospechas acerca de la ‘humanidad’ de este castigo no se rinden.

El año pasado varios de los 38 estados en los que se aplica la pena de muerte suspendieron las ejecuciones mediante inyección letal, la forma más extendida de ejecutar a un reo dentro de las fronteras estadounidenses y en otros países, como China. El motivo: existían datos de que algunos presos habían tenido muertes agónicas, algo que infringe la octava enmienda americana que rechaza los castigos crueles e inhumanos.

Los esfuerzos de un equipo de investigadores de la Universidad de Miami fueron determinantes a la hora de elevar una duda razonable sobre la legalidad de la inyección letal. En sus hallazgos se basaban las demandas de Ralph Baze y Thomas C. Bowling, condenados a muerte en el Estado de Kentucky, que fueron finalmente desestimadas por el Alto Tribunal.

Cambios en fármacos, dosis y pruebas invasivas

Leonidas Koniaris y Teresa Zimmers, líderes del citado equipo, presentan ahora un nuevo trabajo, publicado en la revista ‘PLoS Medicine’. Esta vez, analizan las implicaciones éticas de las pruebas que muchos centros penitenciarios están llevando a cabo para mejorar esta forma de ajusticiamiento.

«Muchos de los métodos empleados para recoger datos de las ejecuciones y modificar los protocolos de la inyección letal incluyen actividades de investigación biomédica [que debe estar regulada de forma muy estricta]», denuncian los autores. «Más aún, algunos procesos [extracción de sangre, cambio en los fármacos y las dosis, etc.] son invasivos y tienen serias implicaciones para los reclusos«.

«Se podría decir que algunas de estas actividades constituyen ensayos con seres humanos»


¿Están incurriendo los funcionarios de prisiones y los jueces en experimentación con humanos durante estos ‘trabajos de mejora’? Esta es la pregunta que se hacen Koniaris, Zimmers y sus colegas en PLoS, a la que tratan de dar respuesta basándose en la legislación vigente en EEUU sobre este tipo de investigaciones.

El panorama legal estadounidense es confuso y muy variado en función del estado. En general, la norma conocida como ‘Common rule’, que protege los intereses de los participantes de ensayos clínicos, es la que rige los trabajos financiados con fondos federales y el modelo aplicado habitualmente en todos los estudios. Su texto, además, confiere especial protección a los reos, considerados población de riesgo y cuya defensa ha inspirado los principales códigos éticos para la investigación (Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki…).

Basándose en los datos que confirman que Arizona, California, Carolina del Norte, Florida y seis estados más están realizando ‘pruebas’ durante las ejecuciones, «se podría decir que algunas de estas actividades constituyen ensayos con seres humanos, tal y como lo define la ‘Common rule'», escriben los autores.

Sin amparo legal

Sin embargo, los reos de los corredores de la muerte no han firmado consentimiento informado alguno ni están amparados por ningún código ético en estos ensayos. «Aunque se les haya despojado de su derecho a la libertad y a la vida, conservan aún el derecho a la integridad de su cuerpo y a renunciar a participar en estas investigaciones«, aseveran los autores.

Los condenados a muerte están, en este caso concreto, en una zona cuasi alegal, puesto que la ‘Common Rule’ no ha de aplicarse obligatoriamente y sólo quedan las leyes estatales, que varían ampliamente de uno a otro. Pero incluso en aquellos, como California o Virginia, en los que las investigaciones biomédicas están prohibidas en los internos, se practican estos ensayos amparados por la letra pequeña.

«Sostenemos que el marco ético, si es que lo tiene, de las modificaciones de los protocolos de inyección letal debe aclararse antes de realizar más investigaciones para ‘mejorar el proceso'», concluyen.

En la actualidad, 3.350 presos esperan la ejecución de sus sentencias en los 36 estados en los que todavía se aplica la pena de muerte. Desde que el Tribunal Supremo respaldara el uso de la inyección letal en abril, tres reclusos han sido ajusticiados.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/06/10/medicina/1213111120.html?a=d73ed2fe4f50621461023fe6037a8ade&t=1213116444

AI denuncia 1.252 víctimas de la pena capital en 2007

La ONG pro derechos humanos acusa a China de ser «el principal verdugo del mundo»
ELPAIS.com / SERVIMEDIA 15/04/2008

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Al menos 1.252 personas fueron ejecutadas durante 2007 en 24 países y otras 3.347 fueron condenadas a muerte en 51 estados, según un informe hecho público hoy por Amnistía Internacional (AI), que asegura que China, sede de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, es «el principal verdugo del mundo». A pesar de ser una cifra elevada, según los datos de AI, en 2006 fueron ejecutadas 1.591 personas, más de 300 peronas más que en 2007.

AI
(Amnistía Internacional)

A FONDO
Sede: Londres (Reino Unido) Directivo: Irene Khan (Secretaria General)
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Según dicho informe, titulado Condenas a muerte y ejecuciones en 2007, se calcula que actualmente hay 27.500 personas condenadas a la pena capital en todo el planeta. Las cifras muestran también un aumento de las ejecuciones en varios países. Irán ejecutó al menos a 317 personas; Arabia Saudí, a 143, y Pakistán, a 135, frente a las 177, 39 y 82, respectvamente, de 2006.

«Ejecuciones en secreto»

Amnistía expresa además su gran preocupación por la «ejecución en secreto» de muchas personas más a manos del Estado en países como China, Mongolia y Vietnam. Según AI, el 80% de todas las ejecuciones de que se tuvo noticia en 2007 se llevaron a cabo en cinco países: China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos.

Arabia Saudí fue el país con mayor número de ejecuciones por habitante, seguido de Irán y Libia. En China, donde se realizaron un mínimo de 470 ejecuciones (AI calcula que la cifra real es más alta), la pena de muerte es secreto de Estado, por lo que sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se mató con la autorización oficial.

Además, en Irán, Arabia Saudí y Yemen se llevaron a cabo ejecucones por delitos cometidos por personas menores de 18 años. No obstante, AI considera que «la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte a escala mundial parece imparable». Un total de 135 países son abolicionistas en su legislación desde 1990.

Para AI, «quitar la vida a una persona con la autorización del Estado es uno de los actos más graves en que un gobierno puede incurrir». Por eso, esta organización insta «a todos los gobiernos a cumplir los compromisos contraídos en la ONU y abolir la pena de muerte de una vez por todas».

Dos españoles, condenados

Entre las personas que han sido condenadas a muerte hay dos españoles, Pablo Ibar y Nabil Manakly. El primero se encuentra en Estados Unidos y el segundo en Yemen. Pablo Ibar fue condenado a muerte en el año 2000 y está encarcelado desde 1994. Su vida depende del recurso que su nuevo abogado prepara para intentar que el juicio en el que fue condenado sea declarado nulo y vuelva a ser juzgado.

Nabil Manakli, ciudadano español de origen sirio, fue detenido el 18 de agosto de 1997 en Yemen, acusado de planear actos de sabotaje y un atentado con bomba ocurrido en Adén en julio de ese año. Fue inculpado junto con 27 personas más, algunas de las cuales, incluido él, fueron torturadas para que confesaran. Fue el 11 de septiembre de 2003 cuando el presidente yemení, Ali Abdullah Saleh, ratificó su condena de muerte.

El 19 de abril de 2006, tras la visita a Yemen del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el presidente Ali Abdullah Saleh aceptó la petición española de conmutar la condena a muerte de Nabil Manakli. Posteriormente, ambos países acordaron extraditar a Manakli a España, por lo que su caso está pendiente de que se haga efectivo el convenio alcanzado.

Fuente: El País