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Palacios: «La eutanasia aporta dignidad y elimina el sufrimiento psíquico»

El presidente de la Sociedad de Bioética urge a despenalizar el suicidio asistido

Marcelo Palacios. dani r. g.

Elías GALLEGO
«Hay una tendencia a considerar que la muerte no es parte de la vida, pero sí lo es. Todos tenemos derecho a tener una vida digna, y esto incluye también una muerte digna». El fundador y presidente de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), Marcelo Palacios, se pronunció así de contundente, en un curso universitario, para defender la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Palacios explicó que lo que se intenta aliviar con la eutanasia no es sólo el dolor, sino también el sufrimiento psíquico, «el cual no puede ser eliminado».

«Algunos enfermos terminales me han preguntado si les iban a afeitar o a poner una camisa limpia antes de morir. La gente ve su propia muerte, se sitúa ante sí y quiere morir con dignidad», reveló. El presidente de la SIBI aclaró que cuando se ayuda a morir, «no se está matando, se está aportando dignidad, aliviando el dolor y el sufrimiento. Es la enfermedad la que mata».

El doctor Marcelo Palacios echó mano del caso de dos enfermeras de Nueva Orleans acusadas de homicidio por aplicar estos mismos criterios que él mismo explicó durante el curso. El 29 de agosto del año 2005, cuando el agua inundaba el hospital Memorial de Nueva Orleans tras el paso del devastador huracán «Katrina», dos enfermeras y una médica que estaban de guardia decidieron inyectar dosis letales de morfina y un sedante llamado Midazolam a cuatro pacientes que, debido a su grave situación, no podían ser evacuados del centro médico. Las virulentas embestidas del agua golpeaban sus camas contra las paredes y los enfermos no podían hacer nada por salvarse. Ante tal brutal escena, los sanitarios Anna Pou, Lori Budo y Chery Landry decidieron poner punto final a su sufrimiento aplicando la eutanasia. Dos años después fueron acusadas de homicidio en segundo grado.

Éste fue uno de los numerosos ejemplos con los que el doctor Palacios quiso ilustrar una elocuente exposición sobre la eutanasia y el suicidio asistido, en el último de los cursos de verano que la Universidad de Oviedo ha impartido esta semana en Gijón. Palacios habló durante más de hora y media sobre el «derecho a una muerte digna». Explicó la eutanasia y el suicidio asistido representan «el más elevado compromiso ético» y puso como ejemplo las leyes de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que no penalizan estos casos, y la de Suiza, que la permite, existiendo una clínica especializada en el país.

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009072500_35_786677__Gijon-Palacios-eutanasia-aporta-dignidad-elimina-sufrimiento-psiquico

 

Tribuna. Derecho a una muerte digna, sí, ¿pero a manos de quién?

El anteproyecto de Ley de Muerte Digna de Andalucía ha generado críticas de varios sectores. Según el vicepresidente del Sindicato Médico de Sevilla, parece que viene a dar respuesta a situaciones puntuales de gran impacto mediático que no justifican la creación de una ley.
Juan Pedro Jiménez Tamplín 10/12/2008
Tras la lectura de este anteproyecto elaborado por la Consejería de Salud de Andalucía, varias son las reflexiones que me sugiere, pero la más importante es que como principio básico debo declarar que, aunque los médicos sabemos que la vida siempre tiene un final, también sabemos y estamos obligados por el Código Deontológico a que nuestro lugar ante el enfermo es estar al lado de la vida.

Es necesario recordar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señala «que el deseo de morir de los pacientes terminales o los moribundos no constituye ningún derecho legal a morir a manos de otra persona». Afirma el documento que «las cuestiones relacionadas con el proceso de la muerte han adquirido gran importancia en nuestra sociedad». Esta afirmación no creo que coincida con la opinión de la sociedad andaluza. No percibo un clamor social pidiendo la creación de una normativa que regule esta grave circunstancia, ya que los profesionales sanitarios ante enfermos terminales vienen aplicando, de hecho, criterios éticos y humanos para evitarles un sufrimiento innecesario y dándoles los tratamientos paliativos necesarios hasta su muerte, no existiendo por tanto una mala práctica, ni frecuente ni generalizada.

Como confirmación de lo anteriormente expuesto, tampoco he encontrado un número de casos significativos de reclamaciones en los centros relacionados con el objeto del texto. El anteproyecto coloca a los médicos en situación de sospecha, y de su lectura se deduce que las conductas irregulares son generalizadas en la práctica médica en Andalucía. Más bien parece que viene a dar respuesta a situaciones puntuales de gran impacto mediático, cuyo análisis y opinión corresponde a los criterios ético y morales de cada uno de nosotros, pero desde luego sin la suficiente entidad como para motivar la creación de una ley.

Las distintas normas (Ley 2/98, de Salud de Andalucía, Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, Estatuto de Autonomía de Andalucía, Recomendaciones 1418/99 y 24/2003 del Consejo de Europa y Ley 5/2003, de Testamento Vital) ya regulan de manera exhaustiva el derecho del enfermo para decidir sobre su futuro sanitario.

Resulta sorprendente que el anteproyecto vaya más allá de lo actualmente legislado y quiera regular de nuevo no sólo la voluntad del paciente sino también «la voluntad que presuntamente tendría el paciente si estuviera en ese momento en situación de capacidad».

Respecto a la regulación de los deberes del personal sanitario (en el ámbito publico y privado) en el proceso de la muerte, también hay suficiente normativa (Ley 2/98 de Andalucía, Ley 41/2002, Estatuto de Autonomía de Andalucía, LOPS, Recomendaciones 1418/99 y 24/2003 del Consejo de Europa, Comités de bioética profesional) para guiar la actividad en dicho proceso. Entiendo que recae excesivamente la responsabilidad del procedimiento en el médico responsable por una doble vía: ante la familia, ya que deberá tomar decisiones incluso por encima o en contra de la opinión de ésta, y ante el articulado de infracciones y sanciones, que puede condicionar la buena praxis del médico abrumado por la gravedad de éstas.

Otro aspecto muy importante es que el anteproyecto obvia el derecho a la objeción de conciencia del médico recogido en nuestra Carta Magna (artículo 16.1). La libertad del enfermo no puede eliminar la del facultativo, ya que nuestra profesión nunca entendió ni entenderá la relación médico enfermo como un ámbito de posibles enfrentamientos, por lo que no considero necesaria esta regulación que además supone una desconsideración injusta del médico andaluz.

Más práctico y adecuado sería invertir en información a los ciudadanos y aumentar los recursos materiales y humanos para facilitar a los enfermos mejores cuidados paliativos, sobre todo en el sistema sanitario público andaluz, como se contempla en la normativa existente.

Conclusiones
Tras el análisis pormenorizado del anteproyecto de ley, y salvo mejor criterio, considero que es:

-Innecesario: hay suficiente normativa para regular la situación terminal en los enfermos andaluces.

-Inoportuno: este tipo de actividad asistencial debería regularse, al igual que otras, más bien mediante guías o protocolos de procesos asistenciales integrados como desarrollo de las normativas existentes.

-Ambiguo: algunas definiciones que se usan son extremadamente ambiguas y genéricas, dejando la puerta abierta a muchas posibilidades e interpretaciones. Falta concreción.

-Represor: el brutal régimen sancionador puede coaccionar la actitud terapéutica del médico, que se verá empujado a cumplir la ley aun en contra de su opinión facultativa.

-Economicista: el médico responsable puede verse impelido a actuar según el contenido del anteproyecto por razones puramente económicas; el gasto del enfermo terminal es muy superior dependiendo del tiempo de supervivencia al del no terminal.

Finalmente hay que recordar que no es igual dejar morir dignamente al enfermo que quitarle la vida. La eliminación del que sufre no puede estar protegida por ninguna regulación, ya que no puede ser humanitaria ni respetuosa con la dignidad humana y por tanto es extraordinariamente amoral.

Vicepresidente del Sindicato Médico de Sevilla

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1190707.html

Samfyc dice que el anteproyecto de Ley de Muerte Digna plantea dudas sobre la responsabilidad del médico

La Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc) sostiene en su escrito de alegaciones sobre el anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, que la futura norma plantea «muchas dudas e inquietudes a los profesionales de atención primaria y, especialmente, a los médicos de familia, por ser los que asumen más responsabilidad en este ámbito de atención».
Europa Press Sevilla 03/12/2008
Samfyc advierte de que, de la lectura de la futura norma, «debería traducirse mejor que la meta final es asegurar una buena práctica clínica en la fase final de la vida». Por ello, esta sociedad médica entiende que para conseguir este objetivo último se debe alcanzar un «pacto global entre profesionales, gestores, políticos y ciudadanos, que incluya al menos tres condiciones».

En concreto, la primera de estas condiciones se refiere a la necesidad de acotar con mayor precisión las situaciones vitales y clínicas en las que se va aplicar la futura ley. Así, en opinión de Samfyc, el texto «confunde a menudo situaciones de pacientes terminales, pacientes con procesos degenerativos irreversibles o pacientes en sus últimos días».

Muerte digna y cuidados paliativos

 

JESÚS AGUIRRE MUÑOZ | ACTUALIZADO 12.11.2008 – 01:00

LA connivencia entre la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad y Consumo queda patente al hacer coincidir en el tiempo el anteproyecto de Ley Andaluza de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, paradigma de la confrontación entre pacientes y médicos, entre buenos y malos, y, a su vez, las declaraciones del ministro Bernat Soria sobre la regulación en esta legislatura del Suicidio Asistido, que sería un paso previo a la Eutanasia Activa a través de cambios en el Código Penal. 

En ambos casos se escudan en algo que está perfectamente regulado en España, como es la Muerte Digna. Lo primero que quiero transmitir como médico y como político es un mensaje de confianza a la población española, ya que la dignidad ante la muerte en España debería de estar garantizada básicamente en todo el territorio nacional, basándose en dos aspectos a destacar: la legislación vigente sobre voluntades anticipadas, autonomías e información del paciente, derechos y deberes de los pacientes, cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, etcétera, siendo obligación de las diferentes administraciones publicas su observancia y el poner los diferentes medios para el cumplimento de dicha legislación .

El segundo aspecto, que debe de servir de correa de transmisión de confianza hacia la sociedad en general y a los enfermos en particular, es la ética y profesionalidad de los trabajadores sanitarios, pues ya desde Hipócrates se prohibía al médico atentar en el uso de su arte contra la vida de sus pacientes, siendo el juramento hipocrático uno de los primeros alegatos a favor de la vida, oponiéndose a la eutanasia activa y al suicidio. El llamado encarnizamiento terapéutico no es medicina y sólo nos hace recordar reminiscencias de un pasado en el que a enfermos terminales, por intereses políticos, se les sometía a tratamientos extraordinarios de los que no se podían esperar ningún beneficio. 

La consejera de Salud quiere dar la sensación de la existencia de un problema que es ficticio, en parte por la formación y ética de los profesionales y en parte por la actual legislación vigente, comités de ética de los hospitales, código de ética y deontológica de la Organización Médica Colegial y dictámenes de la Asociación Médica Mundial.

Lo único interesante del anteproyecto de la Ley Andaluza es el título y el artículo 12, que garantiza lo que ya tenía que estar garantizado y extendido al 100% de la población según la Cartera de Servicios del Servicio Andaluz de Salud, como son los cuidados paliativos, cuyas deficiencias en Andalucía son de verdad el eje del problema. Cuando hablamos de cuidados paliativos estamos hablando de la atención que debe recibir un paciente cuando está en la última etapa de una enfermedad progresiva, cuando ya no responde a los tratamientos específicos destinados a curar o aumentar la supervivencia. Para evitar que en determinados casos se siga muriendo mal en Andalucía hay que extender, con suficiente dotación presupuestaria, Unidades de Cuidados Paliativos de Alta Calidad, en los hospitales, incluidos los comarcales, y en los centros de salud, creando así una red real dirigida a enfermos y familiares tanto a nivel urbano como a la gran olvidada, que es la atención sanitaria rural.

Y es que la humanización de la atención sanitaria es de gran importancia. La atención debe ser multidisciplinaria e integral, dando respuesta a las necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales, aunando esfuerzos en la misma dirección: médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, asesores espirituales y la propia familia. La ética profesional, junto con la dotación oportuna de material y personal por parte de la administración sanitaria, es la forma de garantizar la calidad asistencial a los enfermos terminales.

El anteproyecto de ley sobra; lo que falta, como dicen los especialistas de cuidados paliativos, es formación y recursos humanos y técnicos suficientes para poder universalizar sus cuidados.

Desde esta tribuna le transmito a la consejera que a la hora de nombrar un Comité de Ética e Investigación que se decante por profesionales independientes e interlocutores socio-sanitarios elegidos por las corporaciones y asociaciones oportunas, y no abusar de nombramientos directos por parte de la propia Consejería. A su vez, le ruego que no entretenga a la población andaluza con debates estériles sobre anteproyectos absurdos que lo único que persiguen es distraer a los ciudadanos de los verdaderos problemas que arrastra la sanidad andaluza, como son el incumplimiento de la cartera de servicios, listas de espera, tiempo en consulta y, sobre todo, que se dediquen el máximo de recursos humanos y económicos en buscar el confort, intimidad y dignidad en la atención de los pacientes; en especial, de los más necesitados, como son los enfermos terminales.

La OMC rechaza el anteproyecto andaluz de “muerte digna”

10 Octubre 2008 · Javier Suárez. Madrid

Considera que ya está “sobradamente regulada” en las leyes y que lo que se debe hacer desde la Administración es vigilar y garantizar su cumplimiento

La Organización Médica Colegial (OMC) opina que la muerte digna está “sobradamente regulada” en las leyes nacionales y que lo que “se debe hacer desde la Administración” es vigilar y garantizar su cumplimiento (voluntades anticipadas, rechazo a tratamientos, derecho a ser informados, etc.).

Además, considera un error que las administraciones autonómicas redacten nuevas normas al respecto, en referencia al anteproyecto de ley andaluz de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, “cuya única utilidad es la de añadir mayor confusión social sobre estas cuestiones”.

Además, estima que el citado anteproyecto “revela un claro desconocimiento de la realidad asistencial”. En este proyecto se contempla un régimen sancionador para los médicos (con multas de hasta 1 millón de euros) que “lleva a la población –en opinión de la organización colegial– un mensaje de desconfianza”. “Es evidente que imponer los valores de la ley en cuestiones que requieren tantos matices puede propiciar la medicina defensiva con la que, el primer perjudicado, es el paciente”.

Encarnizamiento terapéutico 
La OMC señala que el denominado “encarnizamiento terapéutico” es una mala praxis rechazada por la propia profesión, frente a la que ya existen mecanismos de vigilancia y prevención, como son los comités de ética hospitalarios, la segunda opinión médica o las propias comisiones deontológicas de los colegios de médicos. “Lo que realmente se necesita es invertir en mayor formación y mayores recursos humanos y técnicos para poder universalizar los cuidados paliativos”, concluye la declaración colegial.

En respuesta a la OMC, el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, explicó que el proyecto tiene 2 objetivos: “propiciar una muerte digna y dar cobertura jurídica a los profesionales para que no haya ningún problema”. Zarrías señaló que, en cualquier caso, esta iniciativa seguirá su camino y se discutirá en el Parlamento andaluz.

Mala praxisEl Código de Ética y Deontología Médica de la OMC ya establece en el punto 1 de su artículo 27 que el médico “tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente cuando sea posible y cuando no lo sea, aplicar las medidas necesarias para lograr el bienestar del enfermo, aun cuando ello pudiera derivar en un acortamiento de la vida, por lo que se debe informar al paciente y/o sus familiares directos”. De igual forma, el punto 2 señala que el médico “no deberá emprender o continuar acciones terapéuticas o diagnósticas sin esperanza, inútiles u obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar el tratamiento para prolongar su vida y a morir con dignidad”.

http://www.jano.es/jano/dia/omc/rechaza/anteproyecto/andaluz/%E2%80%9Cmuerte/digna%E2%80%9D/_f-303+iditem-3126+idtabla-4+tipo-25