Archivo de la etiqueta: menores

Prima el interés del menor al rechazo de los testigos de Jehová a la transfusión

CIRCULAR INTERNA

Los testigos de Jehová no podrán oponerse a que sus hijos reciban transfusiones de sangre en situaciones de gravedad.

Redacción   |  09/10/2012 00:00

http://www.diariomedico.com/2012/10/09/area-profesional/normativa/prima-interes-menor-rechazo-testigos-jehova-transfusion

«¿Quién valora en un instante la madurez de un menor?»

RESPETAR LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE

José Manuel Moreno, miembro del Comité de Ética en Investigación Clínica (CEIC) del Hospital 12 de octubre, destaca que la participación en un ensayo clínico debe ser «una decisión libre».

Nuria Monsó   |  20/08/2012 10:06

http://www.diariomedico.com/2012/08/20/area-profesional/normativa/quien-valora-instante-madurez-menor

El aborto y el Comité de Bioética de España

El autor sostiene que la reforma del aborto en España afecta a cuestiones sobre las que el Comité de Bioética debería pronunciarse, como la autonomía del menor maduro para tomar esa decisión.
Fernando Abellán, Experto en Bioética y Derecho Sanitario 10/03/2009
Como ya denuncié en estas páginas, y ha quedado confirmado en los últimos acontecimientos, en la modificación de la ley del aborto se va a prescindir de la intervención del Comité de Bioética de España. De esta manera se elude una reflexión adecuada de todos los bienes y valores en liza, que hubiera obligado a considerar, además de la perspectiva de la mujer que decide abortar -sin duda muy respetable-, la relevancia de la vida humana en formación -también de gran importancia y necesitada de atención-. Sobre esta última parece que desde la subcomisión del Ministerio de Igualdad hay muy poco o nada que decir.  

La catedrática Adela Cortina recordaba que la ética que domina esta era de la globalización es la del «individualismo posesivo», esto es, una visión de la vida que parte de la convicción de que cada individuo tiene que ser dueño absoluto de sus facultades y del producto de estas últimas sin deber nada a la sociedad, que basta con preocuparse de maximizar el bienestar propio, y que la organización social debe estar a su servicio. En definitiva, una forma de pensamiento que huye de la idea de la corresponsabilidad por las consecuencias de las decisiones personales.

Y sus consecuencias…
Dentro de esta corriente, revestida normalmente de la etiqueta de progreso, tremendamente proclive al reconocimiento sistemático de derechos individuales sin detenerse a pensar a qué modelo de sociedad nos conduce cada paso, es donde hay que encuadrar la apuesta por la liberalización prácticamente total del aborto (libertad total hasta la semana 14) y su elevación a la categoría de derecho absoluto de la mujer. Un derecho que se quiere ubicar como parte integrante de los tradicionales derechos humanos, reformulando estos últimos de forma interesada para dar mayor cabida y legitimación al objetivo trazado.

No se trata de criminalizar una iniciativa para reformar la regulación vigente del aborto, probablemente necesitada de ajustes, sino de denunciar que la propuesta se hace sin contrapeso alguno en relación al estatus de protección de la vida humana en formación, tanto embrionaria como fetal, y sin tener en cuenta los efectos colaterales de su formulación para el resto del ordenamiento (por ejemplo, la doctrina constitucional sobre el derecho a la vida o las normas de reproducción humana asistida), lo que habla de su sesgo y parcialidad.

En cuanto a la posibilidad de que la decisión de abortar pueda tomarse a partir de los 16 años, es una cuestión que se plantea sin la debida reflexión, como una genialidad del momento, cuando debería ir precedida de un debate sosegado sobre la verdadera cuestión de fondo, es decir, sobre el alcance de la autonomía y capacidad de decisión que nuestra sociedad debe conceder al menor maduro respecto de su vida sexual, asunto de evidente calado para ser tratado previamente por el Comité de Bioética de España.

Francia reconoce una prioridad de la voluntad del menor respecto de la de los padres en la contracepción e interrupción voluntaria del embarazo; de ahí que la discusión sobre este tema no tenga por qué extrañar. Ahora bien, de lo que no cabe duda es que el asunto tiene una complejidad suficiente como para que no pueda simplificarse con razonamientos del tipo de «como las menores de edad pueden casarse también pueden abortar» (por cierto, pueden contraer matrimonio si sus padres previamente consienten su emancipación o lo autoriza un juez). 

El Comité de Bioética de España ha planteado la conveniencia de que se aborde de forma urgente la regulación de la objeción de conciencia con el fin de llegar a un consenso y evitar los problemas que conlleva su aplicación en el ámbito sanitario. Éste es un tema importante que debiera afrontarse. Si el camino fuera el mismo que el de la reforma del aborto, es decir, el de excluir su debate bioético y su estudio en el seno de las asociaciones y colegios profesionales, limitándose el Gobierno a la creación de una comisión ad hoc en el Ministerio de Igualdad, mejor sería que nos quedáramos como estamos, pues ahora al menos sabemos que, pese a las dificultades para su activación, el Tribunal Constitucional ampara la objeción de conciencia de los profesionales a practicar el aborto, y que la Administración debe respetar este derecho.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1200681.html

 

Cuando el paciente dice «no se lo digas a mamá»

¿Cómo debe actuar un profesional cuando el paciente le pide que no cuente a sus padres nada de lo que le ha relatado en la consulta? La respuesta no es fácil, ya que se enfrenta la autonomía del menor y el derecho de los padres a conocer lo que le sucede.
Gonzalo de Santiago 15/01/2009
Los especialistas señalan que se debe ir caso por caso, pues no existe una regla general que determine lo que hay que hacer. Además, hay que tener en cuenta si existen riesgos para la salud del menor, su grado de madurez y si está siendo desatendido por sus padres.

¿Qué decisión debe tomar un médico cuando un paciente menor de edad le confía una información y le pide que no se la transmita a sus padres? La respuesta no es sencilla y se somete a múltiples interpretaciones. En esos casos colisiona la confianza que el menor muestra en el médico con un bien jurídico protegido, como es la patria potestad de los padres, regulada en el artículo 162 del Código Civil.

Según Juan José Zamarriego, asesor técnico del área de Bioética y Derecho Sanitario de la Consejería de Sanidad de Madrid, «el problema es si la relación clínica se ve alterada por la perturbación que supondría la pérdida de confianza del menor de edad con respecto al profesional».

En un artículo publicado en The New York Times se cuenta el caso de un niño de doce años que confesó a su pediatra, en el ambiente de confianza de la consulta, que no tenía amigos en el colegio y que en ocasiones se metían con él sus compañeros. El profesional le explicó que estaba siendo víctima de acoso escolar y le propuso hablar con sus padres. Él reaccionó horrorizado y le pidió encarecidamente que no interviniera y, sobre todo, que no dijera una palabra a su madre, que estaba esperándole fuera de la consulta. Es más, el menor admitió que no habría dicho nada si la conversación no hubiera sido privada. La reacción posterior fue recular y decir que su situación en el colegio no era tan mala y que podía manejarla; simplemente se sentía un poco solo.

En el caso de los adolescentes más mayores los pediatras ofrecen confidencialidad en muchas cuestiones, sobre todo en cuestiones que afectan al sexo y a las sustancias estupefacientes. Sin embargo, en escolares que se encuentran entre los 12 y 13 años surgen las dudas. Son suficientemente mayores para que se les pregunte por determinadas cosas, pero todavía jóvenes para determinar qué es lo que debería ser confidencial.

No perder su confianza
En este sentido, la cuestión es saber la confidencialidad que debe guardar el pediatra. «Se trata de no perder la confianza del niño. Muchas veces los menores comienzan con un mi madre no va a saber nada de esto, ¿verdad?», ha señalado Herbert Lazarus, profesor de Pediatría de la Universidad de Nueva York. No obstante, los peligros están ahí y ya se ha comprobado el efecto pernicioso que tienen el alcohol y las drogas sobre el desarrollo del cerebro a esas edades, y también juega el derecho de los padres a conocer qué pasa con sus hijos.

En uno de los casos que cuenta Lazarus, una niña de 13 años reconoció que bebía del mueble-bar de su casa. En este caso, el pediatra, que conocía a la niña desde su infancia, acordó no decir nada a su madre si le prometía que discutiría estos problemas con el psicólogo. ¿Qué hacer cuando un niño confía información y el profesional quiere mantener su confianza y quiere que siga haciéndole más confidencias? «Hay que tener en cuenta si existen riesgos para la salud del menor, qué grado de madurez tiene esta persona y si está siendo descuidada por los padres», ha señalado Jean Emans, jefe de pediatría del Hospital de niños de Boston.

Ir caso a caso
Según Carol A. Ford, director del Programa de Medicina Adolescente de la Universidad de North Carolina, «es necesario ir caso a caso porque es perfectamente comprensible que los niños quieran desarrollar cierta autonomía y puede ser el momento de que puedan tener una relación confidencial con un médico».

No existe una regla general que diga cuándo un caso debe ser confidencial y cuándo no, y el papel como médico es distinto al de padre o madre. «Si pierdes la confianza del niño no te van a decir qué es lo que les sucederá en el futuro y esto afecta al interés del menor y al de sus padres».

La importancia de anotar las decisiones en la historia clínica
La Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, ha establecido la mayoría de edad sanitaria en los 16 años. Con esa edad un paciente es autónomo para prestar consentimiento para un determinado tratamiento, salvo en el caso de interrupción voluntaria del embarazo, práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana asistida, supuestos en los que opera la mayoría de edad civil, es decir, los 18 años. «Ese cambio en la mayoría de edad sanitaria ha provocado que también se modifique la doctrina jurídica y que no opere como antes en lo que respecta al menor maduro. Esta doctrina ha considerado que el menor maduro se sitúa entre los 14 y los 16 años, en vez de la franja que comprende los 16 y 18 años de la doctrina anterior», ha explicado Juan José Zamarriego, que ha realizado una tesis sobre el menor maduro.

Partiendo de esta base, si un médico apreciara que un individuo tiene la madurez suficiente puede considerarlo menor maduro desde los 14 años, «pero es importante destacar que en un caso así el profesional se apoya en la doctrina y no en la ley». Por lo tanto, es responsabilidad del médico esta decisión y Zamarriego advierte que el facultativo debe tener en cuenta la importancia de atribuir a un menor maduro capacidad suficiente para tomar decisiones sanitarias, «valorando las eventuales consecuencias que pueden derivarse teniendo en cuenta el conflicto que puede surgir con la patria potestad de los padres».

Por eso, insiste en que dicha decisión se debe justificar debidamente en la historia clínica, ya que en algunos casos al médico no le ampara la ley, sino la doctrina del menor maduro. Incluso existen supuestos en los que los juristas han rebajado la edad fijada por la doctrina para considerar a un menor maduro y la han situado por debajo de los catorce años. Es el caso de la píldora del día después, dado que los 13 años es la edad fijada por el Código Penal para dejar de considerar que ha existido un abuso sexual haya o no haya habido consentimiento.

Por otro lado, la Ley de Autonomía del Paciente establece que los deberes o derechos de información para la toma de decisiones incluyen a los menores desde los doce años, aunque la decisión incumba en ese caso a los padres. Por último, Zamarriego explicó que el hecho de que la edad pediátrica se haya fijado en los 18 años se debe a cuestiones puramente administrativas, es decir, por un mejor reparto de las funciones.

La ley no fija una edad y los médicos temen las demandas de los padres

La ley no fija una edad y los médicos temen las demandas de los padres
La demanda sin consentimiento paterno de anticonceptivos o de la píldora del día después o no revelar el consumo de drogas coloca al médico ante un conflicto de lealtad. Si no hay riesgo para la salud, cada vez más se respeta la confidencialidad.
ISABEL PERANCHO
Anticoncepción y abuso de sustancias son algunas de las consultas adolescentes que mayor inquietud generan en los profesionales. (Foto: SGO| IMAGE POINT FR | CORBIS).
Anticoncepción y abuso de sustancias son algunas de las consultas adolescentes que mayor inquietud generan en los profesionales. (Foto: SGO| IMAGE POINT FR | CORBIS).

Se abre la puerta y una menor de edad aparece en la consulta del médico de familia. Esta vez llega sola. Ni rastro de sus padres. Señal de alarma. El facultativo se pone en alerta. Rápidamente su mente emite un ‘diagnóstico’: será una desavenencia familiar, una patología que quiere ocultar o hábitos de vida que no quiere dar a conocer. Y percibe que se le avecina un conflicto de lealtad. La chica tiene 15 años y le cuenta que ha mantenido una relación sexual sin protección. Teme quedarse embarazada y le pide esa píldora que lo evita. Eso sí, no quiere que sus padres lo sepan. ¿Me guardará el secreto?, le inquiere con ojos suplicantes.

El miedo asalta al galeno. Si se niega y lo cuenta a sus progenitores, quiebra el principio ético de la confidencialidad médica y puede perder la confianza de la menor. Pero, ¿y si se la da y sus padres le denuncian?

Desde 2002, la ley recoge que los médicos deben escuchar a los menores de 12 a 16 años y tener en cuenta su opinión. Y si se estima que son maduros podrían decidir sin sus padres cuando el tratamiento no implica riesgos. Cada vez más médicos respetan la voluntad de los denominados ‘menores maduros’, aún sabiendo que pueden ser denunciados por sus tutores. Pero muchos todavía no se atreven.

«Casi ninguno de mis amigos va al centro de salud y tampoco mis compañeros de clase. ¿De qué hablo con él? Pues no tomo drogas ni alcohol, así que de eso poco. Y del tema sexo… tampoco tengo problemas para hablar, ya que a mi madre le parecen bien mis relaciones sexuales mientras lo haga con seguridad y protección. Pero una amiga mía le contó sus cosas a mi médico y le pidió que no se lo dijera a sus padres», relata Adrián Martínez, de 15 años, que acude periódicamente a la consulta adolescente del pediatra Patricio Ruíz en un centro de salud de Alcalá de Henares. Cada vez más menores de edad se atreven a sentarse en solitario frente al médico para trasladarle sus inquietudes. Pero la respuesta que encuentran no siempre es la que desean, sobre todo cuando plantean temas delicados y solicitan actuar sin el conocimiento de sus padres.

«Los problemas tienen que ver la prescripción de anticonceptivos, de la píldora del día después, con el aborto, ocultar a los padres el consumo de sustancias o las peticiones de cirugía plástica sin informar a los tutores», destaca el psiquiatra Tomás Blanes, vocal de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de España. Y es que el profesional vive las demandas de los chavales «como un marrón», sobre todo, cuando no han cumplido aún los 16 años, momento en que, salvo excepciones, se reconoce su mayoría de edad sanitaria. «Entre 12 y 15, es una zona extraña y se genera mucha angustia al médico», reconoce la pediatra madrileña Concha Bonet.

La cuestión es que muchos profesionales desconocen que, desde 2002, la Ley de Autonomía del Paciente contempla que por encima de 16 años se pueden tomar decisiones relativas a actos médicos, salvo en situaciones de grave riesgo para la salud en cuyo caso, los padres deben ser informados hasta que alcanzan los 18 años (aborto, participación en ensayos clínicos, tratamientos de reproducción asistida y donación para trasplante de vivo).

Pero muchos más ignoran que la normativa ha abierto también una puerta para que los adolescentes de 12 a 15 puedan tener opción a elegir. «Realmente, la norma dice que la decisión corresponde a los padres o representantes legales pero ellos deben ser escuchados», precisa Juan Siso, subdirector general de la oficina del Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, como señala este jurista, la propia ley de autonomía y otros reglamentos, como el Código Civil o la Ley de protección jurídica del menor, asientan la denominada doctrina del menor maduro. «Básicamente, se le reconoce su capacidad de consentir una intervención médica si se valora que puede comprender intelectualmente y emocionalmente su alcance», añade Siso.

Y ahí radica, en opinión de los expertos, la clave. No es fácil dar una respuesta a cuándo es una persona moralmente madura. La psicología evolutiva señala que entre los ocho y los 11 años el niño va tomando conciencia de su autonomía interna y otros estudios indican que la madurez moral llega entre los 13 y los 15. El problema es que nadie se atreve a marcar un frontera clara.

«No es la edad la que determina la madurez. Es un proceso y no eres maduro en todo a la vez. En cualquier caso, para las decisiones de salud sólo se exige que se le considere maduro en ese caso concreto», puntualiza Concha Bonet. Médicos de atención primaria, pediatras, ginecólogos, psiquiatras… Son los profesionales en cuyas consultas se está dilucidando el futuro de la atención al menor en España. «Todavía cuesta introducir cambios porque hay mucha confusión con el tema de las edades, pero esta no es trascendental: si no hay riesgo en la petición que hace el chaval y se valora que es capaz de entender la intervención no habría problemas», considera Beatriz Ogando, médico de familia y magíster en Bioética. El riesgo es, para Juan Siso, «el fiel de la balanza». En su opinión, si no existe se debe respetar la confidencialidad. «El profesional sanitario no puede informar a los padres que su hija menor tiene una relación sexual, salvo que detecte un riesgo. Lo mismo ocurriría en el caso de consumir drogas: si es algo casual, no se debería informar, si el consumo es continuado, se habla con ellos».

Este menage a trois entre el médico, su paciente menor y su familia, a la que probablemente también atienda con asiduidad, es lo que incomoda a los profesionales. Bonet admite que «algunos padres piensan que estás de su lado, pero en ocasiones debes decidir que hay cosas que ya no compartes con ellos sobre su hijo. Aunque no es lo habitual, en ciertos casos se vive como una pequeña traición».

Para Carmen Santos de Unamuno, miembro del grupo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina de Familia, saltarse la confidencialidad es peligroso y más en el caso de un adolescente. «Les cuesta ir al médico porque entienden que estamos con sus padres. Si nos cargamos su confianza no vuelven durante mucho tiempo. Ni él ni su pandilla. No se debe permitir esto. Es complicado, pero debes tener en cuenta que es el menor el que acude a tí y ha hecho un esfuerzo».

Aún así, como subraya Siso, muchos profesionales prefieren tener de enemigos al hijo que a sus padres». Sobre todo porque éstos pueden llegar a plantear una demanda judicial. «Entre 12 y 16 años la ley obliga a informar a los padres, pero si el menor dice que no y el médico no quiere vulnerar su derecho a la confidencialidad y lo cree maduro y le administra un tratamiento, debe conocer que los tutores pueden actuar contra él», recuerda Blanes.

No se tiene constancia expresa de que, hasta el momento, haya habido demandas judiciales por asistencia sanitaria a menores sin el consentimiento de sus padres, aunque algunos profesionales admiten haber oído que otros compañeros han tenido algunos problemas. Uno de los motivos puede ser que, aunque en las consultas se respira un ambiente más abierto hacia respetar los derechos del menor, todavía son pocos los médicos que se animan a considerar maduros a sus pacientes adolescentes. ¿Estamos capacidatos para determinar si lo son?, se cuestionan. «Basta aplicar el sentido común. Son suficientes cinco minutos de charla para ver si entiende lo que le estás explicando. ¿Sabes que pastilla te tomas?, ¿para qué sirve?, ¿que te ocurre si la tomas?, ¿qué te ocurre si no la tomas?», ejemplifica Antonio Hidalgo, del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). La falta de formación y el desconocimiento no son el único motivo. Parte de la comunidad médica se opone por principio a acatar la decisión de menores sin el consentimiento de sus padres. Dos artículos referentes a la autonomía del menor de la última versión del Código Deontológico de los médicos de Cataluña están temporalmente suspendidos desde 2005, al considerar el juez que contravenían el derecho de los progenitores a conocer el consumo de drogas, embarazos no deseados o enfermedades graves de sus hijos. La demanda la interpusieron 112 profesionales.

También colabora el hecho de que el paso de los adolescentes por el centro de salud no es habitual. Y que el grueso de la demanda de uno de los motivos de consulta adolescente que más temor suscita a los facultativos, la prescripción de la contracepción de emergencia (la popular píldora del día después), se concentra a partir de los 16 años. «Es la edad media de inicio de las relaciones sexuales en España. Por debajo de esa edad no es habitual pedirla», explica Esther de la Viuda, presidenta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC). Esta especialista reconoce la existencia de reticencias para dispensar este fármaco, que la Organización Mundial de la Salud considera esencial y para la que la SEC demanda «una mayor accesibilidad y la libre prescripción» en farmacia. «Los profesionales deben saber que igual que unos padres pueden demandarle por recetarla a su hija menor, pueden hacerlo también por no dársela si ésta se queda embarazada», advierte De la Viuda.

QUÉ HACEMOS

Para aquellos que aún no han recibido la embarazosa visita de un adolescente, los expertos ofrecen los siguientes consejos para salir airoso:

En caso de conflicto… Lo ideal es tratar de convencer al menor para implicar a sus padres en la decisión. «Hay chavales aterrorizados por decir a sus padres que toman anticonceptivos pero ellos estarían encantados de evitarle un embarazo», apunta Blanes.

¿Si el menor se niega… Y se aprecia que no hay riesgo para la salud, que entiende el tratamiento y comprende el alcance de su decisión, el médico debe adoptar la alternativa que considere adecuada sabiendo que los padres pueden llegar a actuar contra él.

Si el menor acepta, pero… Se informa a los padres y hay disparidad de criterio. Por ejemplo, el caso de una joven con anorexia que rechaza el ingreso en un hospital o unos progenitores que quieren piden un aborto para su hija menor embarazada y ella se niega. «Hay que intentar ofrecer una alternativa médica razonable, pero si no es posible o no se acepta, se puede solicitar el amparo judicial o suspender la relación con el paciente», señala Blanes. Eso sí, en caso de urgencia, como podría plantearse en el caso de un menor cuyos padres Testigos de Jehová le niegan una transfusión vital, prevalece el criterio del médico. O si el profesional decide objetar, además de notificarlo, debe dar opción al paciente a acudir a otra consulta en la que puedan atender su petición.

Dejar constancia escrita… Ante la demanda de un menor, en la historia clínica debe plasmarse por escrito si se le considera o no maduro, los criterios seguidos para determinarlo, si concurre o no una situación de riesgo y si se ha informado o no a los padres y los motivos. «Es el medio de prueba antes un tribunal. Si pasa algo es difícil acordarse. Disponer de esta información confiere al profesional un aura de responsabilidad ante el juez. Da idea de que ha puesto cuidado en no equivocarse», aconseja Siso.


La consulta de Patricio rompe el mito de que los adolescentes huyen del médico
Desde Algete, Torrelodones, Torrejón… La consulta vespertina del pediatra Patricio Ruíz en el centro de salud Manuel Merino, en Alcalá de Henares, recibe pacientes de localidades teóricamente lejanas de la comunidad madrileña. El servicio está desbordado y la lista de espera cada día más abultada. ¿El motivo? Patricio desarrolla desde hace 10 años, gratuitamente y fuera de su horario laboral, una consulta específica para adolescentes en la que éstos son asistidos sin la presencia de sus progenitores y con garantía de confidencialidad. En esta década se han sentado frente a su mesa más de 800 chavales, algunos enviados por sus propios padres, otros derivados por colegas o desde los colegios, más atraidos por la Web que recoge sus actividades o mediante el boca a boca. «Así me vienen las pandillas», explica. Y es que, como asegura este especialista, «es un mito» que el adolescente no va al médico: «Nuestra lista de espera lo demuestra.El problema es que las consultas tradicionales de pediatría o medicina de familia no les sirven, necesitan un espacio propio donde expresarse, donde puedan ser escuchados y sepan que se les va a respetar. Porque físicamente pueden estar muy sanos, pero psicológica y socialmente tienen muchos malestares que acaban perjudicando su salud. Negarles la madurez para dar su consentimiento en ciertos casos es negarles sus derechos y tratarles como si no fueran personas».

Para Patricio, los padres de sus chicos nunca han sido un problema. «Les explicamos a ambos las reglas del juego. Saben que, si se rebasan ciertos límites éticos en la confidencialidad, lo vamos a contar». Pero su consulta no se limita a prestar atención individual. «Realmente hacemos ‘coaching’ [asesoramiento] sobre hábitos de vida a los adolescentes. No tiene sentido trabajar sobre las drogas o la anticoncepción de manera independiente, hay que hacerlo también sobre cuestiones como la autoestima, la educación, la promoción de la salud mental…». Y para ello es clave implicar a los propios chavales. Ellos colaboran en talleres formativos para los más pequeños (de 11 a 14 años) o en proyectos de participación comunitaria. Como Andrés Arrojo, de 18 años, presidente de la Comisión Permanente de Coordinación de Jóvenes y Adolescentes de este centro de salud. Recaló en la consulta de Patricio con 17 años y un déficit de atención con hiperactividad. «Al principio le veía como un loquero», pero en sus ratos libres colabora con él para «ayudar a otros chavales a salir de su aislamiento, mejorar su autoestima o informarles sobre sexo».


¿Cuándo son mayores?
12 años: el niño tiene derecho a ser oído. Se le reconoce capacidad de decidir en caso de adopción o acogimiento.

13 años: se admite su capacidad para consentir relaciones sexuales sin que éstas sean delito.

14 años: contraer matrimonio con permiso judicial.

16 años: se les reconoce el derecho a emanciparse de sus tutores legales. Mayoría de edad penal y sanitaria. Puede tomar decisiones médicas sin el consentimiento de sus tutores, excepto en situaciones de grave riesgo en las que éstos deben ser informados. Se exceptúan los siguientes supuestos: interrupción voluntaria del embarazo, aplicación de técnicas de reproducción asistida, participación en ensayos clínicos y donación de órganos para trasplante de vivo. En estos casos se exige el consentimiento de los representantes legales.

18 años: mayoría de edad legal.

http://www.elmundo.es/suplementos/salud/2008/760/1212789603.html

Las clínicas proponen retirar el consentimiento para los abortos de jóvenes de entre 16 y 18 años

La ACAI considera «incongruente» que se les exiga permiso a los menores
ELPAÍS.com – Madrd – 28/05/2008

Vota Resultado 8 votos
Las 31 clínicas acreditadas en España para practicar el aborto han anunciado hoy su propuesta de reforma legislativa, en la que abogan la reforma a la Ley del Aborto, para que se articule como una ley de plazos. Entre otros aspectos, la propuesta pide la supresión de la obligatoriedad del consentimiento de un tutor en la interrupción del embarazo de los menores de entre 16 y 18 años.

La ACAI, la asociación que integra estas clínicas, ha considerado hoy en un comunicado que es «incongruente» que a los jóvenes se les pida el consentimiento de un tutor para interrumpir el embarazo cuando existen otras normas legislativas que no lo exigen. El documento cita, por ejemplo, los tratamientos de quimioterapia, ligadura de trompas, el matrimonio y la maternidad.

«Resulta difícilmente sostenible que se reconozca capacidad suficiente para que una menor de 18 años pueda decidir libremente sobre estos aspectos y que, sin embargo, se restrinja su libertad en relación con la interrupción del embarazo», añade la propuesta, que apuesta por el modelo vigente en Francia.

La reforma de la ley defendida por las clínicas propone que se considere, «no solo la voluntad de la madre para decidir sobre su embarazo, sino también la viabilidad del feto extrauterino», es decir, que se definan científicamente los tiempos para interrumpir la gestación antes de que el feto pueda sobrevivir sin la madre. De este modo, sería la condición del feto, en casos de feto vivo y sano, los que determinarían la posibilidad de interrumpir o no el embarazo, mientras que en los supuestos de alteración grave fetal «no debería establecerse límite para interrumpir la gestación».

Celia Herrero, una de las portavoces de esta asociación, ha informado que la semana pasada pidió sendas reuniones a los ministerios de Sanidad, de Justicia y de Igualdad, así como a la Vicepresidencia del Gobierno para dar a conocer esta propuesta, pero que aún no ha tenido «no ha recibido ninguna respuesta».

La ACAI, aboga por que la Ley del Aborto, en vigor desde 1985, sea reformada y por que se articule como una ley de plazos en la que el aborto sea excluido del Código Penal, y que pase a ser considerado una prestación sanitaria y se permita a la mujer «decidir, libre de tutelas, si interrumpe o no su gestación».

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/clinicas/proponen/retirar/consentimiento/abortos/jovenes/anos/elpepusoc/20080528elpepusoc_9/Tes