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La técnica actual permite detectar patologías fetales

DIAGNÓSTICO INTRA-ÚTERO

El avance tecnológico y la colaboración interprofesional mejoran los diagnósticos ecográficos fetales.

Barcelona. Javier Granda | dmredaccion@diariomedico.com   |  09/04/2013 00:00

http://ginecologia-y-obstetricia.diariomedico.com/2013/04/09/area-cientifica/especialidades/ginecologia-y-obstetricia/tecnica-actual-permite-detectar-patologias-fetales

‘Los políticos no deberían meterse en la regulación del aborto’

ENTREVISTA | Eduard Gratacós

  • Un experto en medicina prenatal valora el presente y futuro de su especialidad
  • Unas 500 españolas al año se benefician de estas técnicas
  • ‘Los abortos por malformaciones suponen un trauma extremo para la mujer’
  • La reforma de la ley del aborto de Gallardón está prevista para octubre

María Valerio | Madrid

Actualizado lunes 17/09/2012 10:26 horas

Omitir pruebas se paga al privar de información a la gestante

El Tribunal Supremo ha concedido a una mujer 300.000 euros porque no se le hicieron pruebas para la detección precoz del síndrome de Down que padecía el niño que esperaba. Hay pérdida de oportunidad porque la gestante no pudo optar por la interrupción del embarazo.
Marta Esteban 29/12/2008
El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre la responsabilidad de la Administración cuando se han omitido pruebas prenatales durante una gestación en la que finalmente se produce el nacimiento de un niño con una patología congénita. Los magistrados hablan de pérdida de oportunidad de la madre y de la falta de información que estos casos provoca la no realización de las pruebas, pues no permiten a la embarazada optar por la continuación o no de la gestación.

La Sala Contenciosa, que condena a la Generalitat valenciana a pagar una indemnización de 300.000 euros, descarta cualquier responsabilidad por el nacimiento del niño. Sin embargo, sí admite la posibilidad de que exista un daño moral «si se hubiese lesionado el poder de autodeterminación de la persona, lo que a su vez podría constituir una lesión de la dignidad».

En el caso analizado -a la mujer no le fue practicada una prueba para la detección precoz del síndrome de Down pese a sus antecedentes clínicos y a su edad-, los magistrados sostienen que «el hecho desdichado de que un niño nazca con síndrome de Down no es, por sí solo, imputable a la Administración que atendió a la madre durante la gestación y el parto».

Sin embargo, el Supremo aclara que el hecho de que no se practicara la prueba «puede dar lugar a responsabilidad por el daño moral consistente en no haber conocido la patología en un momento lo suficientemente temprano como para decidir poner fin legalmente al embarazo». Es decir, el alto tribunal entiende que «cabe indemnizar por pérdida de oportunidad».

Además de daño moral, el fallo concede también una cuantía por la «lesión puramente económica» que supone criar a un hijo con síndrome de Down. Según el fallo, «ocuparse de un hijo con tal patología comporta, como es obvio, gastos extraordinarios». Es más, estos gastos «no pueden considerarse lógicamente desvinculados de la imposibilidad, causada por la Administración sanitaria, de interrumpir legalmente su embarazo». Existe, por tanto, relación entre «la omisión de la prueba de detección precoz y el daño moral y económico» ocasionado por la Administración.

En defensa de la vida
Son muchas las sentencias que el Tribunal Supremo ha dictado en obstetricia y actos de medicina voluntaria en las que se solicita indemnización por el daño ocasionado por la Administración, bien sea porque se privó a la mujer de la posibilidad de optar por el aborto o por una vasectomía fallida. En todos estos supuestos los magistrados han dejado claro que no es indemnizable el nacimiento de un hijo. Según el alto tribunal, «no hay nacimientos equivocados o lesivos, ya que el artículo 15 de la Constitución Española implica que toda vida humana es digna de ser vivida». Es más, los gastos de la crianza de los hijos «no son, en principio, indemnizables, al ser inherentes al deber que pesa sobre los padres».

Indemnización por un aborto producido tras una información prenatal deficiente

El Instituto Catalán de la Salud tendrá que pagar 50.000 euros a una mujer que abortó después de que le dijeran que no era posible diagnosticar precozmente si su bebé iba a sufrir una patología grave. Posteriormente le informaron en otro hospital de que sí se podía hacer una diagnosis prenatal. El fallo estima que la información recibida fue deficiente.
Nuria Siles 04/09/2008
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha condenado al Instituto Catalán de la Salud (ICS) a indemnizar con 50.000 euros a una mujer que abortó después de que le dijeran que era imposible diagnosticar precozmente una grave enfermedad neurológica en el feto, cuando no era cierto. Un par de años antes la paciente había tenido otro hijo del que se sospechaba que padecía la enfermedad de Perlizaeus-Merbacher. En aquella ocasión se le extrajo sangre al bebé para remitirla a un laboratorio especializado fuera de España y confirmar así si el niño sufría la patología, pero dichas muestras se guardaron congeladas y no se enviaron hasta año y medio después.

En la segunda gestación el equipo médico que la atendió le dijo que no era posible diagnosticar la enfermedad de forma prematura.

Con esta información y ante el temor de que le ocurriera lo mismo que con el primer hijo decidió interrumpir el embarazo.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Cataluña llega a la conclusión de que la gestante «no recibió la atención debida que requería su estado de embarazo».

Abandono de atención
Además, la sentencia estima que «el retraso en la práctica del análisis correspondiente de las muestras de sangre, como se ha expuesto con anterioridad, demuestra un abandono de la atención y prevención necesarias que requería la especial situación en que se encontraba la demandante».

A juicio de la sala, la demora sin que existiera causa alguna que la justificara «fue el factor desencadenante del daño causado y al mismo tiempo generador de la relación de causalidad entre la deficiente asistencia médica recibida al no facilitar la información debida que hubiese permitido un diagnóstico prenatal a efectos de determinar si el feto era portador de la anomalía genética indicada y determinar la decisión de interrumpir el embarazo».

Información defectuosa
Según consta en la sentencia, la paciente acudió embarazada de su segundo hijo al hospital para que se le practicara un diagnóstico prenatal, realizándole una ecografía. El equipo médico le informó de que no se podía obtener dicho diagnóstico, por lo que la mujer decidió interrumpir el embarazo. Posteriormente, dos especialistas en genética de otro hospital le dijeron que sí era posible la diagnosis prenatal mediante un análisis de muestras de sangre.

Pues bien, a la luz de estos datos, el TSJ estima que la gestante recibió una información deficiente que derivó en un aborto y condena a la Administración a indemnizar a la demandante por las secuelas morales y psicológicas que le causó la interrupción del embarazo.

En la sentencia se recoge que la enfermedad de Perlizaeus-Merbacher es una grave patología neurológica sin cura. Afecta a los varones en un 50 por ciento mientras que en el caso de niñas un 50 por ciento serán sanas y el resto portadoras asintomáticas. El riesgo de un embarazo con posibilidad de tener un hijo portador es del 25 por ciento.

La petición de 500.000 euros se queda en 50.000
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha reducido a 50.000 euros la indemnización de 500.000 euros que solicitaba la paciente en su demanda por la interrupción del embarazo. La mujer alegaba que el aborto le ha provocado secuelas morales y psicológicas, pero el tribunal ha entendido que no se ha aportado prueba alguna de ello ni de su estado psíquico que permita fijar de la forma más aproximada posible una cuantía de acuerdo con el perjuicio causado. No obstante, la sala contenciosa del tribunal autonómico reconoce que cuando se trata de daños tan íntimos como los morales o psicológicos la prueba es difícil. Pues bien, el TSJ tras valorar las circunstancias objetivas y subjetivas que han concurrido en este caso considera que debe indemnizarse a la afectada con 50.000 euros.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1160971.html

Un auto judicial exime a un objetor del diagnóstico prenatal

Un juzgado de Algeciras ha admitido la reclamación de un médico objetor contra la resolución del SAS que le compelía a realizar pruebas de diagnóstico prenatal. El auto, de forma cautelar, permite al facultativo quedar exento de esta obligación por razones físicas y morales.
Redacción 05/06/2008

Las técnicas de diagnóstico prenatal hacen incursión en el ámbito de la objeción de conciencia de los facultativos y en los tribunales de justicia. Un médico del Servicio Andaluz de Salud ha obtenido el respaldo del Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Algeciras contra la resolución del Servicio Andaluz de Salud que le negaba su petición de no realizar diagnóstico prenatal alegando su derecho a la objeción de conciencia.

Según la Asociación de Objeción de Conciencia del Profesional Sanitario (Andoc), el facultativo llevaba más de seis años excluido de la realización de dichas pruebas, pero posteriormente fue compelido por el SAS para hacerlas, por lo que alegó objeción de conciencia ante la entidad gestora y el Colegio de Médicos de Cádiz.

Según el facultativo, el conflicto de conciencia se refería al diagnóstico prenatal entre la semana 20 y 22 con la intención de la interrupción voluntaria del embarazo si se encontraban taras en el feto. Tras la negativa de la Administración a la exoneración del médico, éste acudió a los tribunales.

El juzgado admite provisionalmente que el médico quede «exento de la prestación del servicio de diagnóstico prenatal», ya que «los perjuicios que finalmente se le pueden causar serían de difícil reparación o indemnización, no sólo por afectar a un derecho fundamental, sino también porque puede repercutir en su salud mental y estabilidad emocional».

Además, el auto sostiene que los intereses públicos no quedan afectados con esta medida, pero dicha alegación no ha sido acreditada.

En consecuencia, en este supuesto, los intereses del médico «deben priorizarse sobre la necesidad de reorganizar el servicio sanitario».

Apoyo colegial
Ricardo Miranda, presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, tras señalar que el asunto del ginecólogo lo han pasado a la comisión deontológica ha manifestado que el facultativo «tiene el apoyo del colegio». Además, ha aclarado que la entidad colegial está elaborando un listado de médicos objetores. Según Andoc, el facultativo afectado «no desea privar a nadie de ningún derecho ni negarse al diagnóstico prenatal en general, sino que se respete su derecho fundamental a la objeción de conciencia».

Opinan los expertos….

«Si hay duda, debe resolverse a favor el derecho del médico». José Luis Requero, vocal del Consejo General del Poder Judicial

José Luis Requero, vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha destacado que, sin conocimiento concreto del caso, «parece que hay un dato claro favorable a la objeción de conciencia por el hecho de que la Administración sanitaria le venía reconociendo al médico su petición de no intervenir en estas pruebas». Además, si hay «razones objetivas, conocidas y serias» de que el resultado se empleará en una interrupción voluntaria del embarazo, «se debe admitir la objeción». Por último, «en caso de que haya dudas, hay que decantarse a favor de la objeción como derecho fundamental», pero la Administración deberá «garantizar la prestación del servicio».

«El fin de la prueba diagnóstica es clave en estos casos», Rogelio Altisent, presidente de la Comisión de Deontología de la OMC

Rogelio Altisent, presidente de la Comisión de Deontología de la Organización Médica Colegial ha analizado esta cuestión y ha señalado que la clave está en la finalidad de la prueba diagnóstica. «Si ésta tiene como única consecuencia el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la objeción es coherente, pues el médico que diagnostica se convierte en cooperante necesario». En el caso de que los resultados se empleen con otros usos distintos «el facultativo ya no será cooperante necesario» por lo que no tendría sentido la objeción. Altisent ha apelado al papel de los colegios, «que deberán valorar las circunstancias concretas».

«Parece un claro supuesto de objeción de conciencia», José Miguel Serrano, titular de Filosofía del Derecho de la Complutense

José Miguel Serrano, titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, cree que «la negativa a realizar determinadas pruebas parece un caso claro de objeción». Sin embargo, «quien realiza una prueba tiene la obligación jurídica de dar toda la información a los padres, debido a las indemnizaciones que se han fijado por no advertir de futura tara, independientemente de que la causa fuera o no atribuible a mala práctica del médico». Sería también una obligación deontológica. Aunque «la experiencia prueba que la inmensa mayoría de los diagnósticos se utilizan para matar al feto con probabilidades de malformación».

«El médico que haga las pruebas puede estar contra el aborto», Miguel Ángel Herráiz, jefe de Sección de Obstetricia Hospital Clínico de Madrid

Miguel Ángel Herráiz, catedrático de Obstetricia y Ginecología y jefe de sección de Obstetricia del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) considera que «todos los ginecólogos tienen que hacer las pruebas de diagnóstico prenatal. No hay problema de conciencia en ese caso. El mismo médico que haga el diagnóstico prenatal puede estar perfectamente en contra del aborto y no tiene por qué realizarlo». Asimismo, señala que le llama la atención que haya un sólo facultativo objetor de los miles que hacen las pruebas, y sostiene que «no se puede impedir que la gestante y su pareja tenga información sobre el estado del feto».

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1131311.html

El aborto hace caer el síndrome de Down

El número de nacidos con la anomalía se reduce un 30%

MARUXA RUIZ DEL ÁRBOL – Madrid – 19/05/2008

 

«Su bebé será una niña, y tiene síndrome de Down ¿Quieren abortar o prefieren seguir adelante?». De cada 750 concepciones en el mundo, una padece la trisomía 21, la discapacidad de los que tienen un cromosoma más, conocida como síndrome de Down. Es un dato universal, una regla que no distingue razas, culturas, ni clases sociales. Produce lentitud en el desarrollo del cerebro y además muchas veces va asociado a cardiopatías y otros problemas.

«Tuvimos que decidir si abortar en un minuto», se queja una pareja

En España la ciencia y el cambio de la sensibilidad social, la prueba de la amniocentesis junto con la ley del aborto, han sido capaces de cambiar esta estadística. Según las estimaciones de la federación Down España en nuestro país uno de cada 1.100 niños nace con el síndrome del cromosoma 21. Un 30% menos que la regla general. La prueba de la amniocentesis, que se generalizó en el año 1983, y la ley del aborto, de 1985, abrieron una posibilidad que ha hecho que hoy estén desapareciendo los niños con síndrome de Down. Cada vez hay más parejas que responden «queremos abortar». Hasta la semana 22 se permite la interrupción del embarazo cuando el feto viene con malformaciones y en 2006 se acogieron a este supuesto 2.875 personas, según Sanidad.

Por eso Sonia es hoy una niña excepcional, o más bien sus padres, Rafa y Toñi, dos malagueños que ese día de hace cinco años, frente al ginecólogo, respondieron «seguimos adelante». El ginecólogo Bernabé Hurtado, del instituto ginecológico La Cigüeña, afirma que la experiencia en su clínica es que un 80% de las parejas que reciben la noticia deciden interrumpir el embarazo.

Un estudio de 1999 habla de 29.696 personas con esta discapacidad en España. Sobre el descenso de la anomalía, un informe de 2004 del Centro de Investigación de Anomalías Congénitas del Instituto de Salud Carlos III determinó que en el periodo 1980-1985 esta alteración era la segunda anomalía más frecuente: 14,78 casos por cada 10.000 bebés; en el periodo 1986-2001 la incidencia disminuyó a 11,73 casos por 10.000; y en 2002 se situó en 8,2.

La amniocentesis es un análisis que se realiza entre la semana número 13 de gestación y la 16. No sólo detecta síndrome de Down sino también otras cromosomopatías, aunque la trisomía 21 es la más frecuente. Consiste en extraer líquido amniótico de la bolsa fetal y analizar las células que desprende de la piel del feto. Esas células se cultivan para comprobar el número de cromosomas. Es gratuita en la sanidad pública pero no se realiza a todas las parejas, sino sólo a las que se consideran de riesgo. Si la madre tiene más de 35 años siempre se recomienda hacerla porque el óvulo comienza a envejecer. «Cuanto mayor sea la mujer, el riesgo de cromosomopatías aumenta exponencialmente», explica Hurtado. Aunque el análisis es sencillo, romper el saco amniótico supone un 1% de riesgo de aborto.

El de Toñi y Rafa «fue un embarazo normal hasta la semana 21», cuenta el padre de Sonia. Toñi, su mujer, tenía entonces 30 años pero los controles rutinarios detectaron que el suyo podía ser un caso de riesgo y los doctores les recomendaron que se hiciera la amniocentesis.

Quince días más tarde escuchaban el helador diagnóstico. «El doctor fue frío y seco y no nos dio más información. Niña y síndrome de Down. Lo decidimos en un minuto y medio, como quien decide si quiere medio kilo de pan o de colines. Así decidimos que queríamos tener a Sonia. No lo habíamos hablado nunca antes pero pensamos que no habría ningún problema». Ahora Sonia tiene cinco años y una válvula en el corazón. El síndrome de Down suele ir asociado a cardiopatías que no se detectan en el embarazo, como tampoco se puede detectar el grado de discapacidad.

Rafa dice que su hija es una niña feliz. Pese a las dificultades están encantados. «Los niños con síndrome de Down son muy luchadores, sinceros y cariñosos y yo no cambio a mi hija por nada». Sin embargo, la mayoría de los españoles prefieren no traer al mundo a hijos con síndrome de Down. Como dice Pilar, de la Fundación, es una decisión muy personal. La Federación Española de Síndrome de Down denuncia que la actitud seca de aquel doctor está extendida en la sanidad española y que la falta de información lleva al aborto en el 90% de los casos.

«Yo no me atrevería a recomendar a nadie que traiga al mundo a un síndrome de Down», dice Pilar, miembro de la federación, «Eso es una decisión que tiene que tomar cada pareja. Lo que sí que pide la asociación es información. Esto supone hablar de los pros y los contras de tener un hijo así».

La asociación habla de salud, calidad de vida e índices de integración. Y es que en los últimos 20 años ha aumentado en 20 años la esperanza de vida de estas personas. Si a finales de los años ochenta vivían una media de 55 años, ahora llegan a los 75. Además, las técnicas de estimulación temprana a través de ejercicios físicos, visuales y olfativos son capaces de activar en los primeros meses de vida partes del cerebro que hace 40 años estaban destinadas a permanecer dormidas para siempre.

Salud avanzará al primer trimestre la diagnosis de anomalías fetales

Cada año se detectan en Cataluña unos sesenta casos más allá de las 22 semanas de gestación que acaban en un aborto en la sanidad privada

AGENCIAS / ELPAÍS.com – Barcelona – 24/04/2008Poco interesanteDe interésMuy interesante

El Departamento de Salud avanzará del segundo al primer trimestre del embarazo las pruebas de diagnóstico prenatal, que permiten la detección de anomalías congénitas del feto, con el fin de detectarlas cuanto antes y evitar así los abortos por este motivo más allá de las 22 semanas de gestación.

Así lo ha anunciado hoy la consejera de Salud, Marina Geli, quien ha avanzado también la voluntad del Gobierno catalán de que los abortos por malformaciones graves del feto superiores a las 22 semanas, que hasta ahora sólo se llevan a cabo en centros privados, se realicen en la red pública.

Según ha explicado Geli, cada año se detectan en Cataluña unos sesenta casos de malformaciones del feto más allá de las 22 semanas de gestación que acaban en un aborto en la sanidad privada, pese a haber sido diagnosticadas en un centro público.

Ello se debe a que, según la legislación vigente, los hospitales públicos sólo realizan interrupciones del embarazo en los casos en que la mujer haya sido violada y esté embarazada de menos de doce semanas o cuando el feto presente taras físicas o psíquicas y tenga menos de 22 semanas.

El objetivo del Departamento de Salud es realizar las pruebas de diagnóstico prenatal entre las ocho y las trece semanas de gestación para que, en caso de que se confirme alguna anomalía en el feto, la mujer pueda decidir antes de las 22 semanas si quiere poner fin al embarazo.

Dispuesta a liderar el debate sobre la reforma de la Ley del Aborto

La consejera, que se ha mostrado dispuesta a liderar el debate sobre la cada vez más necesaria reforma de la Ley del Aborto, recibirá en junio un informe del Comité Consultivo de Bioética de Cataluña (CCBC) sobre la situación legal, social, ética y sanitaria de esta práctica en España.

En este documento, el CCBC propone que no se pueda alegar objeción de conciencia cuando la interrupción del embarazo sea necesaria para evitar a la mujer un peligro de muerte u otro prejuicio grave para la salud.

En Cataluña se realizaron en el año 2006 cerca de 22.000 interrpciones voluntarias del embarazo, unas 3.000 más que el año anterior.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Salud/avanzara/primer/trimestre/diagnosis/anomalias/fetales/elpepusoc/20080424elpepusoc_8/Tes

Andalucía impide objetar a un médico que rechaza hacer pruebas prenatales

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Los análisis se practican para detectar defectos en el feto y ofrecer a la madre la posibilidad de abortar

Un facultativo de Algeciras recurre para defender su derecho a no «ofertar» la interrupción del embarazo.

Las pruebas prenatales antes de la semana 22 de embarazo obligan a ofertar la posibilidad de abortar Efe

F. Velasco
MADRID- El doctor Esteban Rodríguez Martín, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Punta de Europa de Algeciras, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, solicitó a su jefe de Servicio que le dispensase de cubrir las pruebas relacionadas con el diagnóstico prenatal a embarazadas de 20 semanas. Y ello, porque le supone un «conflicto de conciencia», al entender que existe una «relación» directa entre diagnóstico prenatal y aborto, motivo por el que solicitó la asignación a otras labores asistenciales del servicio. La respuesta que recibió fue una negativa tajante.
Decidió recurrir al director gerente del hospital, Francisco Jesús Martos, quien rechazó la pretensión del facultativo. Esgrimía que, de aceptarse la objeción, habría que extenderla «a cualquier consulta, exploración, etc. que se practicara durante el embarazo».
Ese derecho existe, argumenta al respecto el director gerente, en aquellas intervenciones diagnósticas y/o terapeuticas de carácter intervencionista «en cuyo decuso pueden producirse cambios efectivos en el curso de la gestación». Esta circunstancia, añade, no ocurre con la consulta de diagnóstico precoz, «en la que tan sólo se realiza una exploración ecográfica que no comporta en absoluto riesgo para la madre ni para el feto».
Ante este rechazo, el doctor Rodríguez Martín ha decidido, por un lado, recurrir esa resolución ante el Contencioso-Administrativo de Algeciras, al entender que se ha vulnerado su derecho a la libertad ideológica y religiosa; y, por otro lado, solicitar el amparo del Colegio de Médicos de Cádiz. Esgrime que los servicios de diagnóstico prenatal para la detección de defectos congénitos antes de las semana 22 de gestación, «que viene promocionando, como un derecho del paciente a la información, el Sistema Andaluz de Salud», entrañan «una serie de actividades que repugnan a mi conciencia, por cuanto que la relación entre el diagnóstico prenatal y aborto es clara e inevitable ante estos condicionamientos». De hecho, asegura al respecto, «el aborto provocado forma parte de la cartera de servicio de los servicios de diagnóstico prenatal».
En este sentido, destaca que la «visión del beneficio eugenésico», es decir, conocer la enfermedad del feto antes del plazo para poder abortar, es algo que «repele a mi conciencia, como ser humano, como médico y como cristiano». Así, señala que si ese diagnóstico se hiciese en la semana 25, además de ser más fiable que en la semana 20 el médico no podría «ofertar» el aborto «como solución», pues sería delito. Sin embargo, al realizarse antes de la semana 22, «le obliga de hecho a ofertarlo, lo que también supone violencia para mi conciencia».

Fuente: La Razón