Archivo de la etiqueta: derechos

El INSS niega permisos en maternidad por alquiler, pero los TSJ lo conceden

CASO ASTURIANO

Los tribunales están reconociendo los derechos derivados de un acceso a la maternidad por vientre de alquiler o maternidad por sustitución.

S.V. | soledad.valle@unidadeditorial.es   |  27/09/2013 00:00

http://www.diariomedico.com/2013/09/27/area-profesional/normativa/inss-niega-permisos-maternidad-alquiler-tsj-conceden-

El paciente con cáncer exige que se aseguren sus derechos

NUEVOS CASOS EN 2013

Hoy se celebra el Día Mundial de la patología, que busca concienciar sobre la prevención, el diagnóstico precoz, y garantizar el tratamiento oncológico. Los pacientes exigen la equidad en una terapia multidisciplinar y de excelencia.

Isabel Gallardo Ponce | igallardo@diariomedico.com   |  04/02/2013 00:00

http://www.diariomedico.com/2013/02/04/area-profesional/entorno/paciente-cancer-exige-que-se-aseguren-sus-derechos

Fernando Bandrés: «La farmacogenética abre la puerta a la medicina personalizada»

Lne.es » Gijón

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El catedrático de Biomedicina advierte de que «no hay un derecho a la salud, sino a una prestación sanitaria en su justa medida»

 

  
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Por la izquierda, Marcelo Palacios, Bandrés y el gerente del Cabueñes, Luis Hevia. ángel gonzález

A. RUBIERA

«La farmacogenética puede crecer de manera exponencial y hay que estar preparados para que las decisiones que se tomen sean las correctas». El catedrático de Biomedicina y especialista en medicina legal Fernando Bandrés Moya participó ayer en Gijón en el ciclo de conferencias que organiza la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI). Su intervención, en el salón de actos del Hospital de Cabueñes, giró en torno a «la responsabilidad profesional y farmacogenética», un nuevo avance de la biotecnología que, según apuntó, «va a permitir a corto plazo desarrollar una nueva faceta de la medicina que es la medicina personalizada o tratamientos a la carta. En definitiva, nos va a permitir ofrecer un mejor cuidado al paciente».

Para ejemplificar lo que es y lo que puede dar de sí la farmacogenética, el doctor Bandrés se refirió a «dos pacientes que, con un mismo diagnóstico y sometidos al mismo tratamiento farmacológico, por sus características genéticas puede ocurrir que a una le responda el tratamiento y a la otra no». Eso no es más que asumir que la genética de los individuos influye «no sólo en los diagnósticos, también en los tratamientos». Conscientes de ello, se podrán realizar -ya se hace en algunos casos- informes farmacogenéticos que repercutirán, entre otras cosas, en que «se adapte el tratamiento a la persona, de forma que tenga un seguimiento más adecuado; que se puedan reducir las reacciones adversas; se mejore la calidad de vida del paciente, ya que recibirá dosis que podrá metabolizar más adecuadamente, o con el que se podrá prever quién no va a responder al tratamiento inicialmente previsto», desgranó el experto.

En la actualidad, explicó el doctor Bandrés, «ya hay patrones de estudio genético para estudiar sistemáticamente; hemos superado la barrera de la investigación para entrar en la fase de aplicación clínica». Entre las aplicaciones y beneficiarios de esos nuevos estudios, Fernando Bandrés citó a «algunos pacientes psiquiátricos que toman antipsicóticos, a quienes se podría ajustar mejor los tratamientos estudiando ciertos polimorfismos de una determinada molécula; o a los tratamientos del cáncer de mama con tamoxifeno -un fármaco que toman las pacientes durante años para evitar la reaparición del tumor maligno-, y que no protege por igual a todas las mujeres».

Pero antes de que esos informes farmacogenéticos formen parte, con normalidad, de la historia clínica de algunos pacientes, el especialista aseguró que hay que superar un momento «importante de análisis, como es el actual». Un momento en el que «habrá que ver el coste-eficacia y coste-efectividad, para que la aplicación (que sólo de coste directo de materiales puede suponer 500-600 euros) tenga sentido, porque no lo tiene de una manera genérica. No se puede despachar este camino que se abre diciendo «hay una cosa nueva, pues a repartir a todo el mundo». Estamos ante un recurso que es escaso y hay que aplicarlo a quien lo necesite con criterios de eficacia y efectividad». Pero el análisis es urgente ya que, dijo el especialista, «estamos viendo que la biomedicina y la tecnología están desbordando el acontecer legal, deontológico y acaso ético de nuestro quehacer médico y no debe ser así. Hay que ir a la par». Para Fernando Bandrés «decir que tenemos derecho a la salud es un error porque es algo es imposible. A lo que tenemos derecho es a la prestación sanitaria, en su justa medida y con criterios de equilibrio».
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009032700_35_739714__Gijon-Fernando-Bandres-farmacogenetica-abre-puerta-medicina-personalizada

 

Bacterias, antibióticos y ética

MIGUEL VICENTE 11/06/2008

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Hace un par de años unos colegas me hicieron el favor de preguntar a médicos de hospitales si creían necesario investigar para combatir a las bacterias resistentes con nuevos antibióticos. Lo más sorprendente no es que dos tercios dijesen que no, sino que la razón esgrimida era que los antibióticos ya existentes, o una combinación de ellos, resuelven en los hospitales el 80% de las infecciones. Quedaba implícito que un 20% de los casos no se resolvían; en otras palabras, que el enfermo no sobrevivía. Preguntados por si esos casos tenían algo en común, la respuesta era que son enfermos con uno de tres problemas: están inmunodeprimidos, han sufrido una cirugía mayor o son viejos.

Intento reflexionar sobre el porqué a determinados enfermos se les considera casos perdidos. ¿Se aplican criterios muy economicistas al derecho de los enfermos? Para explicarme, ¿si el enfermo con pulmonía tiene 40 años, un individuo productivo, hay que curarle, pero si tiene 80 no? Seguramente si lo preguntamos así nadie admitirá que uno y otro tengan derechos diferentes, pero no considerar importante encontrar curas para uno de ellos tiene ese significado. Además, es que el riesgo de contraer la pulmonía aumenta significativamente con la edad.

Tampoco es hoy frecuente que personas sanas enfermen de tuberculosis, pero la incidencia de esta enfermedad entre los enfermos de sida no es despreciable, y el bacilo de Koch es cada día más resistente a los antibióticos que le combaten. ¿Tienen estos enfermos menos derecho a que se trabaje para encontrar una cura para una de las enfermedades que puede llevarles a la muerte? Una vez más, preguntado así nadie se atrevería a decirlo.

Y raro es quien, con una vida normal, pesca una infección por bacterias como, por poner un ejemplo de actualidad, acinetobacter, u otra de las que producen enfermedades nosocomiales, las que ocurren en los hospitales. Pero esto sí es un riesgo para quienes han sufrido operaciones quirúrgicas de envergadura. Una vez más diríamos que estos pacientes debieran tener el mismo derecho que cualquier ciudadano a que se busquen medios para curarle. Ni el viejo ni el inmunodeprimido ni el paciente quirúrgico merecen morir con una infección por mucha edad que tengan o graves que sean sus otras enfermedades. Aunque no sea la causa fundamental de su muerte, una infección no es nada agradable de tener.

Pero estos principios elementales de ética parecen estar en segundo plano, casi diríamos escondidos por el inconsciente colectivo, cosa que contrasta con la exquisita actitud empleada para otros casos, en que no se trata ya de vivir o morir, sino de aminorar el sufrimiento que inevitablemente acompaña al dejar de existir.

No intento culpabilizar a nadie, y menos por su trabajo: los médicos tratan a los enfermos con su mejor ciencia para curarles, las farmacéuticas desarrollan las mejores medicinas que pueden y los investigadores perseguimos ideas que lleven a encontrarlas, hasta los políticos distribuyen los limitados fondos disponibles para así mejorar nuestras vidas. ¿Dependen nuestros derechos de según sea de lo que enfermamos? Nadie en sus cabales responderá afirmativamente, pero un conjunto de circunstancias contribuye a que al final exista un problema. Para resolverlo, debemos saber que existe. Si todos tenemos derecho a que se traten nuestras enfermedades, debemos demandar, desde todos los foros y a todas las instancias, que se pongan medios para conseguirlo. Urge encontrar nuevos compuestos que frenen las infecciones, en especial las causadas por microbios resistentes, y eso no es sencillo, los antibióticos fáciles de encontrar ya se llevan usando más de medio siglo. Queda una labor difícil y costosa, tanto en imaginación como en recursos. Si no la hacemos seguiremos haciéndonos preguntas éticamente incómodas.

Miguel Vicente es profesor de investigación del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología.

http://www.elpais.com/articulo/futuro/Bacterias/antibioticos/etica/elpepifut/20080611elpepifut_4/Tes/

El Senado de EE UU aprueba una ley que prohíbe la discriminación por razones genéticas

La norma pretende evitar que empresas y aseguradoras no contraten a determinadas personas por sus enfermedades o su predisposición a padecerlas

EP / REUTERS – Washington – 25/04/2008

El Senado de EE UU ha aprobado una ley para impedir que empresas y aseguradoras discriminen a las personas por motivos genéticos. La propuesta, respaldada por demócratas y republicanos y por la Casa Blanca, fue aprobada por 95 votos a favor y ninguno en contra. Determinados sectores empresariales y la Cámara de Comercio se oponen a la norma. La Cámara de Representantes tendrá que dar ahora su visto bueno a la ley.

Los científicos obtienen cada vez más información sobre enfermedades que van desde el cáncer a la diabetes pasando por las dolencias cardíacas a partir de investigaciones genéticas, e incluso se han comenzado a desarrollar pruebas que determinan la predisposición a estas enfermedades. Quienes apoyan la ley pretenden garantizar que estas pruebas no sean utilizadas por las empresas para no hacer contratos de trabajo o no suscribir seguros para evitar costosos tratamientos médicos.

«La discriminación por la identidad genética personal es simplemente inaceptable, al igual que la discriminación por raza o religión», ha declarado el senador demócrata Edward Kennedy. Según el político, esta es la primera ley importante en cuestión de derechos civiles del siglo XXI.

La Cámara de Comercio norteamericana, que agrupa a tres millones de empresarios, teme que la ley traiga una serie de nuevas regulaciones de la privacidad médica y derive en diversas normativas estatales y en demandas judiciales millonarias.

La Cámara de Representantes aprobó en abril del año pasado una versión anterior de la ley por 420 votos a favor y 3 en contra. Ante las modificaciones introducidas en la norma, la nueva versión deberá volver a ser votada en la Cámara Baja en una sesión prevista para el inicio de la semana próxima. Después será remitida a la Casa Blanca para que el presidente, George W. Bush, la firme y entre en vigor.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Senado/EE/UU/aprueba/ley/prohibe/discriminacion/razones/geneticas/elpepusoc/20080425elpepusoc_3/Tes

 

Los discapacitados podrán denunciar a España ante Naciones Unidas si sufren discrimación

EFECTIVO A PARTIR DEL PRÓXIMO 3 DE MAYO
Un grupo de discapacitados en una manifestación. (Foto: EFE)Un grupo de discapacitados en una manifestación. (Foto: EFE)

Actualizado lunes 21/04/2008 15:58 (CET)
EUROPA PRESS

MADRID.- Las personas discapacitadas podrán denunciar a partir del próximo 3 de mayo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Estado español en caso de que sufran algún tipo de discriminación en España, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este hecho es posible después de que España ratificara, el pasado 3 de diciembre en Nueva York, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, cuyo objetivo es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad.

De este modo, los particulares y las entidades de discapacitados podrán presentar al comité sus reclamaciones si consideran que sus derechos han sido violados, siempre y cuando hayan agotado los procedimientos de recurso a escala nacional.

Así, los más de un centenar de países firmantes se comprometen no sólo a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que sean pertinentes, sino a eliminar toda barrera o restricción que impiden a las personas con discapacidad su plena inclusión y participación efectiva en la sociedad.

Un instrumento contra la discriminación

Igualmente, los estados deberán tener en cuenta en todas sus políticas y programas la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y deberán promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones que satisfagan las necesidades específicas de las personas con discapacidad.

El secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, se felicitó, en declaraciones por la ratificación del convenio, «un instrumento más» contra la discriminación de las personas discapacitadas, de tal manera que se «modificarán leyes, normas y costumbres que van contra sus derechos y libertades fundamentales».

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/21/solidaridad/1208782588.html?a=6688b4a92781147b9826f25fce436ca5&t=1208868623

Una fábrica de parir

Una mujer se lamenta porque su hija se está muriendo tras dar a luz. (Foto: Mònica Bernabé)Una mujer se lamenta porque su hija se está muriendo tras dar a luz. (Foto: Mònica Bernabé)

Actualizado viernes 21/03/2008 13:44 (CET)

El paritorio del hospital de Herat en Afganistán. (Foto: M.B.)

El paritorio del hospital de Herat en Afganistán. (Foto: M.B.)

MÒNICA BERNABÉ

HERAT (AFGANISTÁN).- «Por favor, señor Mohammad Hassan entre a recoger a su mujer y a su hijo. Repito Mohammad Hassan», vocifera un hombre con un micrófono en el vestíbulo de la maternidad del hospital de Herat, en el oeste de Afganistán, que más que un centro sanitario parece un McDonald’s en el que los clientes, impacientes, esperan recoger su comida.

La maternidad es un lugar lúgubre, de suelo encharcado y sucio, donde las mujeres dan a luz como si estuvieran en una fábrica de parir. Tras el alumbramiento, tienen 30 minutos para limpiarse, recoger sus cosas, vestir al recién nacido e irse a su casa. No hay tiempo para más. Faltan camas y hay otras mujeres que hacen cola para dar a luz.

«Tenemos 32 doctoras, 30 comadronas, dos farmacéuticas y ocho limpiadoras», explica la ginecóloga Saida Said, responsable de la maternidad. «Hay dos salas de partos, una unidad de diagnóstico, y otra para bebés prematuros. Y todo el servicio es completamente gratuito». Escuchándola parece que esté hablando de un centro de primera calidad, que después no tiene nada que ver con la realidad.

Massoma ya ha tenido dos hijos en la maternidad de Herat y teme volver a quedarse embarazada. «Me dijeron que yo misma me buscara una cama que estuviera libre para parir y la única que encontré estaba llena de restos de placenta y sangre de la anterior mujer que había dado a luz», recuerda. Sin embargo, en aquel momento no estaba para remilgos y se estiró. A su lado, como si de un matadero se tratara, cinco camas más, una al lado de otra, con mujeres de piernas abiertas y con un cubo de plástico a los pies para echar los restos del parto.

No le aplicaron anestesia ni le realizaron ningún tipo de monitorización. Fue un alumbramiento a pelo. «La epidural sólo la ponemos en las cesáreas o en los abortos, aunque lo más normal es que en esos casos apliquemos entonces una anestesia general», aclara la ginecóloga Said, que añade que sólo las pacientes que se someten a una intervención de ese tipo pueden quedarse en el hospital cuatro días, antes de regresar a casa. En la maternidad hay cincuenta camas, y cada mes registra un millar de partos.

«Dieron la niña a mi madre tal y como salió, toda ensangrentada», sigue relatando Massoma, que afirma que su madre intentó limpiar a la criatura como pudo, con una toalla, porque en la maternidad no hay agua. La vistió y, mientras, Massoma también intentó asesarse con un trozo de algodón que había traído de casa. «Una amiga me avisó de que me lo trajera», recuerda. Todo sin moverse de la cama inmunda en donde había dado a luz.

«Después vinieron las comadronas, las doctoras, las farmacéuticas y hasta las empleadas de la limpieza a pedirme dinero», explica la chica, que afirma que, en su primer parto, pagó mil afganis (unos 14 euros) y, en el segundo, ocho mil (115 euros). Al llegar a la maternidad dijo que ella remuneraría al personal médico que le ayudara a dar a luz. «Era la única manera que tenía de asegurarme que me coserían con una aguja limpia y sin usar, y que me aplicarían una inyección para dilatar más rápido».

Sima tiene 18 años, luce un vientre enorme, a punto de explotar, y lleva desde las tres de la madrugada en un pasillo de la maternidad esperando a parir. «Dicen que aún no he dilatado lo suficiente», murmulla la chica con muecas de dolor y apoyada en una pared. Es la una de la tarde y asegura que durante todo ese tiempo no le han dado ni una silla para poder sentarse. Es su primer parto y su madre, que la acompaña, explica que no tienen dinero para pagar a las doctoras y comadronas.

Massoma recuerda que la sacaron de la maternidad en silla de ruedas a los pocos minutos de haber parido. Su marido la estaba esperando en la entrada con un taxi y las enfermeras le dijeron qué medicinas debía comprar para evitar infecciones o cualquier otro riesgo.

Afganistán es uno de los países del mundo con un mayor índice de mortalidad maternal en el parto: fallecen 1.200 mujeres de cada 100.000 que dan a luz. Eso supone unas 24.000 féminas en todo el país cada año, según datos de las Naciones Unidas. Herat, sin embargo, es la segunda ciudad de Afganistán con menor número de fallecimientos, según la responsable de la maternidad. ¿Cómo serán los partos en el resto del país?

Fuente: El Mundo

Más de 2.600 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

  • Más de 40.000 personas mueren cada semana por enfermedades vinculadas al agua
  • Los problemas generados por su mala calidad son más letales que las guerras
  • En muchos países el gasto militar es entre seis y 28 veces superior al del agua

Unos niños se bañan en un río contaminado al sur de Manila (Filipinas). (EFE)

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Unos niños se bañan en un río contaminado al sur de Manila (Filipinas). (EFE)

Actualizado sábado 22/03/2008 17:19 (CET)

EUROPA PRESS

MADRID.- Con motivo de la celebración, este sábado 22 de marzo, del Día Mundial del Agua, varias ONG han denunciado que aún hay 1.000 millones de personas en el mundo que carecen de acceso al agua potable, mientras que más del doble (2.600 millones, el 40% de la población mundial) no dispone de los servicios básicos de saneamiento. En consecuencia, más de 40.000 personas mueren cada semana en el mundo por enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua. Los más perjudicados: las mujeres y los niños.

«Cuando la mujer no puede ejercer su derecho al agua, está también viendo negados gran parte de sus derechos como ser humano como son la salud o la educación, y se está contribuyendo de forma determinante a la feminización de la pobreza», denuncian desde Manos Unidas.

La organización incide en que «las mujeres están más expuestas a las enfermedades transmitidas por el agua y a la contaminación» y señala que la falta de acceso al saneamiento adecuado «impide a muchas niñas asistir a la escuela a partir de la pubertad, por falta de higiene y privacidad, con la consiguiente pérdida de oportunidades».

En la misma línea, Cruz Roja Española denunció que cada 15 segundos muere un niño de alguna enfermedad causada por esta falta de acceso al agua potable, el saneamiento inadecuado o la higiene precaria, siendo la diarrea su principal causa de muerte. Este mal es responsable del 21% de las muertes en niños menores de cinco años, es más letal que las guerras y mata cada día a 5.000 personas en el mundo.

La mejora de las instalaciones sanitarias y la promoción de medidas de higiene podrían reducir la mortalidad infantil en general y la relacionada con la diarrea, en uno y dos tercios, respectivamente. Ambas medidas contribuirían, además, a «acelerar el desarrollo económico y social en aquellos países donde el saneamiento precario es una de las causas principales de la pérdida de días de trabajo y escolaridad por enfermedad», señala.

Un problema social y económico

En este sentido, Acción contra el Hambre recuerda que el saneamiento se ha convertido en un problema social, económico (la Organización Mundial de la Salud estima que reducir a la mitad el número de personas sin saneamiento supondría una ganancia de 66.000 millones de dólares), de género y medioambiental (50 de los 421 ríos de Filipinas ya no pueden albergar vida) que traspasa las fronteras nacionales.

‘Cada 15 segundos muere un niño de alguna enfermedad causada por falta de acceso al agua potable, el saneamiento inadecuado o la higiene precaria’.

Cruz Roja Española.


Por ello, la ONG propone soluciones sencillas como letrinas secas o aboneras y reivindica una apuesta decidida de los gobiernos del Norte y del Sur para invertir en saneamiento básico, porque sólo el control de excretas y aguas residuales o la gestión de residuos podría evitar millones de muertes por diarrea cada año, una de las principales causas y consecuencias de la desnutrición.

Por su parte, Ayuda en Acción pone el acento en el desigual reparto de oportunidades y en la mala organización de las prioridades, porque según denuncia, «en muchos países el gasto militar es entre seis y veintiocho veces superior al presupuesto en agua y saneamiento y triplica el presupuesto de salud».

Para la ONG «el problema de la crisis del agua es más de voluntad política que de escasez» especialmente «en los países empobrecidos, donde se paga el agua más cara llegando a representar en muchos casos más del 10% de los ingresos familiares mensuales, que ya son por sí mismos insuficientes» por culpa de «las privatizaciones del agua».

Una mejora en el año 2076

Una de las zonas más afectadas es el África subsahariana, donde, informa Intermón Oxfam, las posibilidades que tiene un niño de morir por una diarrea son casi 520 veces superior a las de un menor de Europa o Estados Unidos. La posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón permitiría disminuir en un 45% los casos de diarrea. Sin embargo, no será hasta 2076 cuando se produzca este descenso, muy lejos de la fecha fijada por los Objetivos del Milenio.

Para Oxfam España «tiene aún deberes» que hacer en la materia porque «se comprometió» a destinar a lo servicios sociales básicos el 20% del total de la ayuda que destina a países en desarrollo a través del Plan Director de Cooperación. En 2006, se alcanzó el 16% por lo que calificó de «cruciales» los próximos años.

‘La posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón permitiría disminuir en un 45% los casos de diarrea’.

Intermón Oxfam.


En este sentido se manifiesta la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), quien pide al Gobierno «cumpla sus compromisos internacionales», que centre la ayuda oficial al desarrollo en el reconocimiento del acceso al agua y al saneamiento como un derecho fundamental y que, en consecuencia, enfoque su apoyo financiero a los países menos desarrollados hacia una ampliación de la cobertura de estos servicios.

Así, la organización reivindica que el Ejecutivo favorezca «la ayuda a los países con recursos insuficientes para garantizar el derecho al agua y al saneamiento, garantizando además que esa ayuda esté dirigida a los sectores sociales más vulnerables, asegurándose de que no se incluyan cláusulas de condicionalidad en la financiación de este sector y que se destine al ámbito público».

Fuente: El Mundo (Noticia también recogida por La Razón)

El Consejo de Europa defiende que el aborto es un derecho

La ley de plazos, no instaurada en España, es la única que lo reconoce como tal  

MÓNICA C. BELAZA – Madrid – 19/03/2008

El aborto es un derecho, la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo debe ser respetada y los Gobiernos tienen que garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo sea una práctica accesible y segura. Así de contundente, asumiendo las tradicionales revindicaciones de las asociaciones feministas, se ha pronunciado el Comité de Igualdad del Consejo de Europa -formado por 47 países europeos- en un informe aprobado por amplia mayoría y hecho público ayer.

Los 47 países deben garantizar que esta práctica sea accesible y segura

La norma española lo considera delito, sólo despenalizado en tres supuestos

El documento llega en un momento de auge de los movimientos antiabortistas. España ha vivido una intensa campaña en los últimos meses, con pintadas, manifestaciones e incluso agresiones al personal de las clínicas que interrumpen embarazos, y en Italia numerosos colectivos vinculados a la Iglesia católica quieren que se restrinja el aborto por malformaciones fetales: varias facultades de medicina han pedido incluso que se reanime a los fetos de mujeres que hayan abortado.

En el caso de España, uno de los pocos países europeos que no tiene una ley de plazos, los principios proclamados en el informe del Consejo de Europa no se cumplen. El aborto está despenalizado en tres supuestos, pero no es un derecho reconocido; está dentro del Código Penal. Las mujeres no tienen libertad para decidir, sino que son los médicos los que señalan si la mujer está dentro de alguna de las indicaciones legales. Y no en todas las regiones se puede interrumpir el embarazo fácilmente: en Navarra, por ejemplo, no hay ningún centro público ni privado que lo haga, así que las navarras tienen que trasladarse de comunidad autónoma cuando desean abortar.

«Esperemos que esta declaración no quede en papel mojado y que los Estados tomen nota», señala Justa Montero, de la Asamblea Feminista. «Que se afirme que el aborto es un derecho constituye un paso muy importante. El nuevo Gobierno que forme el PSOE debería reconocerlo como tal también. Es un compromiso que no pueden desatender, porque es la única manera de resolver los problemas que se están dando. Mantener el aborto en el código penal no hace más que acrecentar la vulnerabilidad de las mujeres y envalentonar a aquéllos que defienden posiciones ultracatólicas y antiabortistas», concluye Montero. La Federación de Asociaciones de Planificación Familiar ha denunciado en reiteradas ocasiones que en España la ley no defiende los derechos reproductivos de las mujeres.

El informe del Consejo de Europa, que será debatido en el pleno de la Asamblea Parlamentaria el mes próximo, invita a despenalizar el aborto en todos los países europeos y a mejorar las condiciones de acceso. La situación es muy distinta según los Estados. En Malta y en Andorra el aborto está prohibido. En Irlanda e Irlanda del Norte se permite pero sólo en los casos en que la vida de la madre corre un peligro grave. Otros países, como España, Reino Unido o Finlandia, lo han despenalizado sólo en algunos supuestos como violación, malformaciones fetales y riesgo para la salud física o psíquica de la madre -y en algunos países se permite también por problemas socioeconómicos de la mujer-. Pero la mayoría de los Estados europeos (al menos 32 de los 47 que integran el Consejo de Europa) ha adoptado una ley de plazos que autoriza el aborto libre y voluntario en las primeras semanas de embarazo. El plazo es de 12 semanas en la mayor parte de los países, como Francia o Alemania. En Holanda es de 24. Casi todos permiten, además, interrupciones de embarazos posteriores por causas muy específicas, como riesgo grave para la vida de la mujer o del feto. La ley de plazos es la única que supone, de hecho, el reconocimiento del aborto como derecho de la mujer.

Otra de las críticas del informe se centra en las dificultades para tener un aborto seguro en algunos países. «Incluso en los Estados en los que el aborto es legal, las condiciones no son siempre suficientes para garantizar el acceso efectivo de las mujeres», señala la diputada austriaca Gisela Wurm, autora del informe. «La escasez de médicos que aceptan practicar los abortos o los plazos obligatorios de reflexión o de espera son algunas de las condiciones que pueden dificultar el aborto».

El informe recuerda, finalmente, que el aborto no puede ser, en ningún caso, un «medio de planificación familiar», por lo que recomienda que se potencien «el acceso a una contracepción con un coste razonable y la educación sexual obligatoria de los jóvenes en las escuelas». Los países con menores índices de abortos, Alemania, Bélgica y Holanda, son también los que tienen una legislación más permisiva. Sus planes de estudio incluyen la asignatura de educación sexual.

Fuente: El País (también en El Mundo)