Deber de informar en el aborto

El autor recuerda los estudios poblacionales que se han publicado sobre los efectos del aborto en las mujeres. Hace un llamamiento a los médicos para que informen a las gestantes sobre estos riesgos de la intervención y las alternativas a la interrupción del embarazo.

José Jara. Presidente de la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid – Viernes, 22 de Mayo de 2009 – Actualizado a las 00:00h.

Aunque quizás parezca que ya está dicho todo en el debate sobre el aborto y que las decisiones están prefijadas prácticamente de manera inamovible, lo cierto es que aún queda mucho por hacer si queremos disminuir la creciente tasa de abortos de nuestro país, tal como recomienda la OMS en su propuesta de Enfoque estratégico para fortalecer políticas y programas de salud sexual y reproductiva 2008.

  • Llama poderosamente la atención que aún no existan documentos de consentimiento informado avalados por la SEGO para las diferentes técnicas de aborto realizadas en nuestro país

Para ello, quizás deberíamos partir de una mayor sensibilización hacia el drama que supone para cualquier mujer el hecho de abortar. En un estudio longitudinal publicado en 2008 en la revista British Journal of Psychiatry, la incidencia de alteraciones mentales a largo plazo en mujeres que habían abortado fue un 30 por ciento superior frente a mujeres que llevaron adelante su embarazo. Teniendo en cuenta los datos sobre las características sociosanitarias que envuelven a estas mujeres, también reflejadas en los datos de nuestro propio Ministerio de Sanidad, podemos deducir que la decisión de abortar, en no pocos casos, está condicionada por una enormidad de factores externos: miedo a ser abandonadas por su pareja, soledad y falta de apoyos, situaciones económicas insostenibles, pánico por perder posibilidades de trabajo, aunque éste sea precario, y en algunos casos, hasta auténticas coacciones familiares. La detección de estos condicionantes no puede ser considerada como algo ajeno a la práctica clínica, ya que estamos hablando de un problema de salud que requiere de un abordaje específico.

La banalización del hecho de abortar, reduciéndolo a una simple cirugía electiva sin riesgos, parece obedecer más a la ignorancia que a la realidad sobre las posibles secuelas que esta decisión puede conllevar a la mujer a corto, medio o largo plazo. Por eso, no parece superfluo recordar que existen amplios estudios poblacionales que desmienten la inocuidad de este procedimiento. Una revisión de los registros médicos de 56.741 pacientes californianas de Medicaid reveló en 2003 que las mujeres que abortan tienen un 160 por ciento más probabilidades de ser hospitalizadas por tratamientos psiquiátricos en los primeros 90 días después del aborto que las mujeres que dan a luz. Las tasas de tratamiento psiquiátrico permanecieron significativamente más altas durante al menos cuatro años. Estos datos han sido pormenorizados en otros estudios sobre muestras poblacionales representativas, publicados en 2008 y 2009 y, aunque sus resultados no sean bien recibidos por algunos, lo cierto es que obligan a reconsiderar el deber de informar.

  • No se entiende bien que el anteproyecto no haya contado en el comité de expertos con ninguna representación de la OMC y de las asociaciones médicas involucradas en este problema

En concreto, en el caso de las consultas de adolescentes, un estudio representativo publicado recientemente en el Journal of Youth & Adolescence (2006) ha revelado que las adolescentes que abortan por embarazos imprevistos o no deseados tienen cinco veces más probabilidades de buscar ayuda por problemas psicológicos o emocionales con posterioridad, comparadas con sus equivalentes que llevaron a término embarazos no deseados, incluso después de tener en cuenta la historia de salud mental previa, las situaciones familiares y otros factores que pudieran influir en su evolución. Las adolescentes que abortaron eran tres veces más propensas a padecer problemas del sueño y tenían nueve veces más probabilidades de consumir marihuana.

Este tipo de secuelas psicológicas justificaría, tal como refleja también otro artículo de 2006 publicado en el Journal of Medical Ethics, que las mujeres que están considerando someterse a una operación quirúrgica como el aborto manifiesten que toda información sobre riesgos físicos o psíquicos es muy relevante para tomar una decisión. En este nuevo estudio, un 95 por ciento de las pacientes deseaban ser informadas de todos los riesgos estadísticamente asociados a una intervención, incluso si la conexión causa-efecto entre intervención y riesgo no había sido plenamente establecida. (Este hallazgo es especialmente relevante para los practicantes de abortos que aseveran que sin pruebas de que el aborto causa directamente secuelas mentales, las mujeres preferirían que no se les dé esa información “preocupante” e “innecesaria”).

Consentimientos específicos
Por otra parte, el deber de informar sobre riesgos posibles de las técnicas quirúrgicas ha sido recogido en sentencia del Tribunal Supremo, concluyendo que su incumplimiento puede generar en sí mismo daño moral, ya que “podría existir dicho perjuicio en el supuesto de que se haya lesionado el poder de la persona de autodeterminarse, lo que a su vez vulnera su dignidad”. Por eso, llama poderosamente la atención que aún no existan documentos de consentimiento informado avalados por la SEGO para las diferentes técnicas de aborto realizadas en nuestro país (aspiración, dilatación, legrado, inyección de oxitocina, inyección intramniótica, histerotomía y las técnicas de aborto por nacimiento parcial encubiertas eufemísticamente en el informe del Ministerio de Sanidad para las gestaciones de más de 21 semanas bajo el epígrafe de “otros métodos”). Estos documentos deberían incluir, al menos, una descripción de la técnica abortiva, tal como prevé el propio anteproyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo (artículo 17), en relación al estado de desarrollo en el que se encuentre el embrión o feto que va a ser abortado, y deberían ser facilitados, de modo aséptico e imparcial, en la sanidad pública, evitando así la entrada de otros intereses en juego.

Por todo ello, no se entiende bien que el anteproyecto de legislación no haya contado en el comité de expertos que ha contribuido a su redacción con ninguna representación institucional por parte de la Organización Médica Colegial o de las diferentes asociaciones médicas más involucradas en la atención a este problema. Sin embargo, somos los médicos los más inmediatos receptores de estas consultas. Por ello, es lógico que nos sintamos interpelados en primer lugar sobre cómo se puede reducir el número de personas que recurren al aborto, de acuerdo al plan estratégico de la OMS sobre este tema.

La buena praxis debería llevar a no desentenderse de la situación que rodea a estas mujeres y a recordar que el concepto de atención sanitaria basada en el sistema biopsicosocial también rige para estos casos. Un buen protocolo de entrevista clínica, enfatizando aspectos de empatía, respeto y eficacia en la comunicación, podría ser el recogido en la web www.abortoinformacionmedica.es, auspiciada por la Asociación de Bioética de Madrid y fácilmente asequible gracias a la informatización de las consultas de primaria. En esta herramienta de trabajo sin sesgos ideológicos se dispone también de links de conexión a redes de ayuda social de toda la geografía nacional para responder a las necesidades específicas detectadas. Lo que nunca podrá defenderse como éticamente admisible será la actitud de inhibirse derivando a estas mujeres a otros profesionales, negándoles la información disponible sobre su estado de gestación, posibles secuelas de la cirugía o alternativas de recursos.

http://www.diariomedico.com/2009/05/22/area-profesional/normativa/deber-informar-aborto

 

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