Clamor de los colectivos médicos contra la venta sin receta de la píldora poscoital

DOMINGO PÉREZ | MADRID
Trinidad Jiménez ha establecido una nueva plusmarca al frente del Ministerio de Sanidad. Le ha bastado un mes para levantar a los médicos en su contra. El detonante del clamor ha sido la decisión de obligar a las farmacias a vender la píldora poscoital sin receta médica y sin límite de edad.
Desde el punto de vista médico la nueva determinación ministerial ha cosechado las críticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y del Comité de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología, entre una multitud de otras asociaciones y colectivos.
Para el Cgcom el anuncio realizado por la ministra supone «una clara banalización del consumo de la píldora, especialmente entre la población joven que podría hacer uso de esta oportunidad de planificación sin una valoración médica y un seguimiento de su seguridad detectando a tiempo cualquier problema médico que pudiera presentarse». «La píldora anticonceptiva de emergencia -añade- es un medicamento y, como tal, no está exento de riesgos por lo que antes de su administración debe ser el médico quien haga la valoración del beneficio o riesgo que esta prescripción supondrá para cada paciente en particular».
Desde Semergen calificaron la medida de «innecesaria» y se confiesan «preocupados ya que prescindir del consejo y supervisión médica conlleva un riesgo sanitario para las pacientes».
Banal, frívola e innecesaria
Asimismo, destacan los especialistas de Atención Primaria que «muchas chicas podrían usar la píldora del día después como un método anticonceptivo habitual a pesar de ser un método de urgencia. Además, el momento de la prescripción es aprovechado por los facultativos para detectar situaciones de riesgo, ver si existen enfermedades de transmisión sexual e informar, por lo que evitar este paso podría resultar un inconveniente».
Los ginecólogos coinciden con sus colegas, aunque a las calificaciones dadas a la propuesta de banal e innecesaria, añaden la de «frívola ya que la generalización de su uso como anticonceptivo convencional podrá hacer que aumenten tanto los embarazos no deseados como las enfermedades de trasmisión sexual». Especialmente crítico se mostró el presidente del Comité de Bioética de la SEGO, el doctor José Zamarriego, que consideró que era «una imprudencia grave porque el medicamento debe recetarlo un médico y además aconsejar, dar normas, ilustrar y educar. Lo más seguro es que se convierta en un anticonceptivo más con las consecuencias que inevitablemente van a suceder: más embarazos y más enfermedades de transmisión sexual».
Estas reacciones adversas se produjeron también a nivel local. Por ejemplo en Cataluña, según informa Esther Armora, el principal sindicato médico (MC) mostró su rechazo porque la medida «implica un abandono de la prevención de posibles enfermedades de transmisión sexual».
Los farmacéuticos
La coherencia y consistencia de la respuesta médica contrasta con la tibieza en la reacción de los farmacéuticos. La presidenta de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, Isabel Vallejo, aseguró que sus representados «asumirán con responsabilidad» la decisión gubernamental y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Pedro Capilla, apuntaba a que «hay que cambiar la legislación vigente para que se lleve a cabo», pero al tiempo destacaba la «voluntad de trabajar codo a codo con el Ministerio para conseguir la mayor efectividad en el ámbito sanitario».
Estas dos grandes asociaciones ya han pedido cita con la ministra y sus representantes van preparados para aceptar, como pudo confirmar ayer ABC, lo que Jiménez les va a solicitar. Concretamente les va a pedir a que asuman la responsabilidad de hacerle «la campaña» a la píldora. Por un lado para que no se produzca una oleada de objeciones de conciencia y, por otro, para que las farmacias sean puntos informativos para las jóvenes que la demanden.
Sin embargo, algunos colegios regionales, como el castellanoleonés, se mostrarán críticos y no entienden como «se puede vender la píldora con la misma facilidad con la que se despachan aspirinas».

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