05/2009 17:41
EFE
Los notarios han propuesto hoy que el testamento vital se realice ante notario en lugar de ante un funcionario de la administración al considerar que, aunque tiene la misma validez, el código civil atribuye como norma general a esta figura profesional la encomienda de la toma de voluntades.
Esta consideración ha sido puesta de manifiesto durante la celebración Granada de unas jornadas sobre el anteproyecto de ley andaluza de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, organizadas por la Fundación Aequitas.
El director de las jornadas y notario responsable del servicio de documentación de esta fundación, Higinio Pi, ha explicado a los periodistas que el testamento vital ante un funcionario de la administración tiene a efectos legales la misma validez que si se hiciera ante notario.
«Lo que ocurre es que el código civil contempla el testamento ante notario como la figura general» ante la que dejar constancia de las voluntades personales, ha agregado Pi, quien ha precisado que son excepcionales los casos en los que la norma establece otras posibilidades.
Ha citado de entre ellos el de los capitanes de buques o comandantes de aeronaves, a quienes los ocupantes de un barco o un avión pueden otorgar testamento, o circunstancias como la de peligro inminente de muerte, en la que dos testigos pueden cumplir la función.
«Pero la norma general es que el testamento se otorgue ante notario», según Pi, que cree que en el caso del testamento vital, hacerlo ante notario evitaría dudas sobre lo «fehaciente» de la manifestación de esa voluntad realizada por la persona en cuestión.
Por su parte, el subdirector general de Calidad, Investigación y Gestión de la Consejería de Salud, Rafael Carretero, ha indicado que el anteproyecto de ley andaluza de muerte digna empezará en un mes su tramitación en el Parlamento andaluz, una vez ha recibido el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía.
Ha subrayado la «transparencia» del procedimiento, ha rechazado equiparar anteproyecto de ley a la eutanasia y ha señalado que su objetivo es el de proteger la dignidad de las personas en el proceso de la muerte.
En las jornadas también ha participado Juan José Hernández, fraile de la orden San Juan de Dios, que gestiona el hospital de Granada en el que pasó los diez últimos años de su vida Inmaculada Echevarría, la mujer con distrofia muscular que hace dos años reabrió el debate de la eutanasia en España con su petición de que la desconectaran del respirador que la mantenía con vida.
Este religioso, también sanitario, ha considerado a los periodistas que con su decisión de suspender el tratamiento que la mantenía con vida, Inmaculada Echevarría hizo «el gran favor» de proporcionar a la sociedad una futura ley donde los profesionales de la medicina tengan «un respaldo» y los enfermos «cobertura».
El comité de ética de esta orden religiosa respaldó la decisión de Echevarría de morir en el hospital donde pasó los últimos años de su vida, si bien decisiones superiores motivaron finalmente su traslado a otro centro dependiente del Servicio Andaluz de Salud, donde se cumplió la voluntad de la enferma.
El religioso ha dicho hoy que en aquel momento, en el que tuvieron que tomar una decisión consensuada sin que hubiera «cobertura legal» al respecto, tuvieron claro que «lo importante es la dignidad y la autonomía del paciente», postura que mantienen, de ahí que considere «imprescindible» el anteproyecto de ley, cuyo debate debe estar fuera a su juicio del ámbito de la religión.
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