«La reforma legislativa que se pretende hacer sobre el aborto parece que busca justificar conductas que se han cometido anteriormente al margen de la ley». Así de explícito se mostró ayer José Miguel Serrano, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, durante la presentación de la Declaración sobre la reforma de la ley del aborto de la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid (Biomad).
Gonzalo de Santiago 06/11/2008
Serrano cree además que es imposible armonizar el principio constitucional de protección del bien vida humana, tal y como ha quedado en la jurisprudencia española, «con un sistema en el cual ese bien quedara desprotegido totalmente durante un plazo frente a cualquier tipo de motivación». Serrano se refirió a una posible ley de plazos. «Sería dejar una fase de la vida humana completamente desprotegida. Un sistema de plazos no exige ningún motivo justificado para realizar una acción contra ese bien protegido».
Asimismo, afirmó que «las pretensiones constitucionales de evitar que el aborto se extendiera y se limitara en lo posible han mostrado una escasa eficacia en España porque el número de abortos ha ido aumentando hasta convertirse en un medio anticonceptivo y que se ceba con sectores desfavorecidos de la sociedad». En su opinión, las políticas de apoyo para proteger la vida humana no están mostrando los resultados que pretendía el legislador.
Además, el jurista considera que se ha producido un fenómeno extraño como es la importación de personal dedicado a practicar abortos con una cualificación dudosa debido a la ausencia de control. «Estas clínicas privadas no están siendo sometidas al control habitual del sistema sanitario». En este sentido, «en los últimos años sólo se han movido acciones penales por denuncias de particulares, sin que la fiscalía haya mostrado la menor preocupación por esta cuestión».
Puertas abiertas
José Jara Rascón, presidente de Biomad, pidió que las discusiones en la subcomisión parlamentaria que debata la reforma no sean a puerta cerrada. «La sociedad se merece tener la oportunidad de conocer las opiniones de los expertos. Es improcedente una situación de apagón informativo». La Declaración de Biomad pide a los poderes públicos que la política de salud y sexualidad se oriente drásticamente, creando una red de solidaridad con las madres en riesgo de abortar y facilitándoles ayudas.
Por su parte, Teresa Bonel, de la Asociación Víctimas del Aborto, denunció «la falta de información a las mujeres sobre otras alternativas al aborto y sobre las graves secuelas físicas y psicológicas que suceden a un aborto».