La Medicina y el Derecho tienen en la ética un punto de encuentro

Madrid, 17 octubre 2008 (mpg/AZprensa.com)

Ayer comenzó en el Colegio de Médicos de Madrid el XV Congreso Nacional de Derecho Sanitario, centrado en la seguridad del paciente y en desarrollar una legislación que defienda a todos por igual. En el acto de inauguración, el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Isacio Siguero, ha destacado la necesidad de un trabajo conjunto entre médicos y juristas “para mostrar a la sociedad un camino de convivencia dentro de un marco correcto del ejercicio profesional”.

Las palabras de su intervención

La celebración, un año más, del Congreso de Derecho Sanitario, marca un punto de referencia en la relación entre dos ciencias que comparten un camino común y están obligatoriamente condenadas a entenderse. La Medicina y el Derecho son probablemente las dos ciencias sociales más antiguas. Una se encarga de velar por la salud y el bienestar de los ciudadanos, mientras que la otra regula las relaciones entre los miembros, en aras a la convivencia y al progreso de una sociedad. De hecho, la Constitución Española de 1978 recoge el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud. Sin embargo, la creciente relevancia de los aspectos económicos y la exigencia por parte de los ciudadanos de los derechos que se les ofertan, conducen en muchas ocasiones a dilemas éticos y jurídicos sobre los que es necesario legislar.

La Medicina es una ciencia que, como vemos cada día, está avanzando y poniendo al alcance de todos, nuevos descubrimiento y aplicaciones prácticas en beneficio de la salud. Es un terreno del que aún desconocemos muchas cosas, en donde muchas de ellas no son de aplicación universal porque dependen de cada paciente en particular. Por eso, la complejidad del acto médico y el estado actual de conocimiento en materia médica, aconsejan desde un punto vista ético analizar caso por caso, sin caer nunca en generalizaciones.

Cuando se crean en los pacientes unas expectativas médicas o de asistencia sanitaria injustificadas o difícilmente alcanzables, la insatisfacción del usuario será la consecuencia más inmediata y esto conducirá a una mayor judicialización de la Medicina.

Creo que no exageramos si decimos que una de cada cien demandas presentadas en los tribunales, puede estar reclamando una responsabilidad médica. Y frente a este panorama, el médico no encuentra muchas veces otro marco de protección que la denominada medicina defensiva, algo que va en contra del tratamiento particular e individualizado que debe recibir cada paciente y que a su vez agrava la sobrecarga asistencial y el coste económico del sistema.

El médico es hoy en día un funcionario social que está perdiendo el reconocimiento público de que siempre había gozado, debido a una asistencia sanitaria cada vez más despersonalizada, en donde la salud se oferta como un bien de consumo (y así se alenta desde determinadas instancias), y en donde la responsabilidad individual se suplanta por la responsabilidad del grupo o de la Administración pública.

Es evidente que no se puede desligar el ejercicio de la profesión de la influencia que sobre ella tienen el Estado, la sociedad, el médico como individuo y el propio paciente como receptor de un servicio. Sin embargo, algo que siempre está presente en todo acto médico (y así lo garantizan el código dentológico y la autorregulación de los propios Colegios de Médicos), es la ética médica. Algo completamente lógico si tenemos en cuenta que estamos hablando de una ciencia destinada a aliviar el dolor, curar la enfermedad, reincorporar al individuo a su entorno social y promover la salud.

Para el médico y el abogado, asuntos como la vida, la muerte, la capacidad mental, la dependencia, etc. son comunes y, a la hora de legislar en esta materia no se puede concebir hacerlo sin contar con los profesionales de la medicina a través de sus instituciones colegiales en las que se incluye a toda la profesión y no sólo a una determinada tendencia.

Cuando se legisla a favor de los ciudadanos, y se les da el derecho de exigir nuevas prestaciones sanitarias, no se puede olvidar que el médico es también un ciudadano y que, tanto para unos como para otros, la objeción de conciencia es un derecho fundamental. Médicos y juristas tenemos la obligación de trabajar conjuntamente para mostrar a la sociedad un camino de convivencia dentro de un marco correcto del ejercicio profesional.

Una sociedad no puede funcionar mientras la inseguridad y la desconfianza estén presentes en la práctica médica y en la administración de justicia. Y si la ética no pone barreras al conocimiento, no debemos ser nosotros quienes pongamos barreras a la ética. Ante los nuevos retos que la sociedad y la ciencia están planteando, la Medicina y el Derecho tienen en la ética un punto de encuentro para desarrollar una legislación que defienda a todos por igual.

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