El sabor agridulce de la sanción en una ley ética

La iniciativa de Andalucía de elaborar una norma para garantizar el derecho de los enfermos a la muerte digna, dejando claro desde el principio que no es una ley que regule la eutanasia, es digna de elogio por el compromiso que dicha comunidad asume con los pacientes terminales. Ahora sólo hay que ver si la comunidad va a ser capaz de cumplir con lo previsto en la norma y asegurar a los pacientes los derechos que allí se regulan.
Marta Esteban. Redactora 09/09/2008
Al margen de todo compromiso estructural, el anteproyecto tiene otras propuestas que merecen ser analizadas. Lo que parece una buena norma desde el punto de vista ético tiene el peligro de convertirse, en caso de que se apruebe en el Parlamento andaluz, en una espada de Damocles para el profesional sanitario. ¿Por qué incluir un régimen sancionador tan agresivo para el médico cuando ninguna otra norma sanitaria -Ley de Autonomía, Estatuto Marco- lo había hecho?

Las multas previstas en el anteproyecto sólo se aplicarán al médico que ejerza en la sanidad privada, no al de la pública, para el que seguiría vigente el régimen sancionador del Estatuto Marco. El diferente trato que el anteproyecto otorga a uno u otro facultativo es relevante, pues el Estatuto Marco prevé sanciones como la separación del servicio, el traslado forzoso, la suspensión de funciones, pero ninguna de carácter pecuniario. ¿Por qué esta diferencia de trato entre ambos profesionales?

Leyes como la que Andalucía intenta poner en marcha no sólo deben velar y garantizar los derechos de los pacientes -en este caso uno de los grupos más vulnerables, los terminales-, sino que la Administración también debe proteger a sus profesionales, pues al fin y al cabo ellos son el instrumento para garantizar esos derechos.

Hágase una ley sobre muerte digna, pero no amenace al médico con posibles sanciones. Confíe en la profesionalidad de sus facultativos que día a día trabajan por y para sus enfermos, sean terminales o no.