Ayer le correspondió al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, reabrir un polémico debate, el del aborto, que había quedado aletargado durante el proceso electoral. Se sabía que, una vez ganadas las elecciones, sólo sería cuestión de tiempo que el Gobierno afrontará la renovación de la ley del aborto. Bernat Soria, responsable de Sanidad, ya apuntó hace un par de meses que el camino de la reforma podría ser el de la ley de plazos, con despenalización de la interrupción del embarazo hasta un número concreto de semanas, en torno a las 12, 14 o incluso más.
Ayer Bermejo apuntó más pistas durante la clausura en Cáceres del XXIII Congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). El responsable de Justicia confirmó que su Ministerio estudiará la posible reforma de las leyes que regulan la interrupción del embarazo y el derecho a una vida digna, porque, según expresó, las leyes, como todo, «envejecen y hay que renovarlas». Y que lo hará teniendo en cuenta las aportaciones de los fiscales «progresistas», que el ministro calificó de «muy interesantes» y merecedoras de ser «estudiadas muy atentamente», informa Ep.
Parece, por tanto, que Bermejo pretende utilizar las tesis de estos fiscales para inspirar sus reformas. Entre las demandas de la UPF destaca la petición de una urgente reforma legislativa de aborto y eutanasia por considerar que las leyes actuales no garantizan los derechos de los afectados.
En materia de aborto, la UPF exige que la sanidad pública garantice en todo el territorio la prestación sanitaria necesaria para la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legales.Al mismo tiempo, denuncia la instrumentalización de la ley por sectores reaccionarios, «en ocasiones apoyados por alguna administración pública con la esperanza de eliminar el derecho de las mujeres a decidir, por motivaciones puramente ideológicas y religiosas incompatibles con el Estado laico»
Sobre la eutanasia estimado necesaria una reforma del Código Penal para que regule la despenalización de esta práctica, garantizando el derecho a una muerte digna. La UPF no perdió la oportunidad de criticar a la Comunidad de Madrid, como viene siendo tradicional desde el «caso Montes».
En relación a la discapacidad, este colectivo de fiscales llega a la conclusión de que los poderes públicos deben adoptar una acción decidida para la normalización de las personas con discapacida y que puedan acceder en igualdad de oportunidades a la educación, el empleo, a los entornos físicos, a la tecnología y otros servicios.