Archivo por meses: diciembre 2008

Enfermos mentales y desatinos

El protocolo que autoriza judicialmente a medicar a los enfermos mentales graves que no quieren seguir un tratamiento y que fue elevado al CGPJ por el TSJ valenciano es criticado por el autor, pues cree que estos pacientes tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.
Onésimo González 30/12/2008
El número de Diario Médico del 26 de noviembre de este año informó acerca de un protocolo de la Audiencia Provincial de Alicante, que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presentándolo como alternativa a la enfermedad mental grave. El documento, denominado medicación judicial en la información, es una forma de autorización judicial a “los profesionales sanitarios o a las familias” para medicar a enfermos mentales graves que se niegan a seguir tratamiento.

Hace algo más de un año, en estas mismas páginas (ver DM del 8-VI-2007), se señalaba la contumacia judicializadora de la atención a los enfermos mentales que muestran algunos colectivos sociales y profesionales, incapaces de aceptar que los enfermos mentales son, antes que nada, ciudadanos como los demás y enfermos totalmente equiparados a los otros. Dichos colectivos siguen concibiendo a la psiquiatría como un instrumento de defensa social, como un agente del orden, y no como un agente de salud plenamente integrado en el sistema sanitario.

El primer desatino judicializador fue el artículo 765 del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), presentado en octubre de 1998 y que atribuía a los jueces la facultad de dar el alta a los pacientes ingresados de modo involuntario con autorización o aprobación judicial. La movilización social y profesional que suscitó dicha pretensión consiguió modificar el proyecto legislativo, aprobándose el 763 de la LEC en su actual redacción (heredero del 211 del Código Civil) y que reconoce, como no puede ser de otra manera, que el alta médica es competencia y responsabilidad del médico y no del juez.

Autorización judicial
El segundo desatino fue la pretensión de modificar el artículo 763 de la LEC introduciendo la posibilidad de autorización judicial de tratamientos involuntarios ambulatorios. Conducida por la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales, tal iniciativa tuvo la virtud de propiciar un prolongado y fructífero debate en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso que, iniciado en 2004, está por concluir y entre cuyas sesiones considero muy ilustrativa la del 17 de mayo de 2007.

En dicho debate se han sucedido grupos parlamentarios, asociaciones profesionales, colectivos de familiares, representantes de usuarios y expertos altamente cualificados a título individual. La conclusión es que cada vez está más claro que no es necesaria la modificación legislativa, ya que la normativa vigente (artículo 9 de la Ley 41/02 de Autonomía del paciente, artículo 6 del Convenio de Oviedo) contempla las intervenciones médicas no consentidas para todo tipo de pacientes y en todo tipo de circunstancias; opinión que comparten asociaciones profesionales, expertos a título individual y el Defensor del Pueblo Español.

El tercer desatino, que puede calificarse de esperpéntico, fue la iniciativa del Ministerio de Justicia en octubre de 2006 de introducir en el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria una nueva regulación de los tratamientos ambulatorios involuntarios. El entonces ministro, López Aguilar, ignoró el debate que se venía produciendo en la Comisión desde dos años antes, descalificó a los intervinientes y eludió el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial.

Tal iniciativa sorprendió a todos e indignó a más de uno. Además del vicio formal, técnicamente era insostenible, como la totalidad del proyecto legislativo. Tanto es así que ha tenido el privilegio de ser el único proyecto de ley que, aprobado en el Congreso, hubo de ser retirado por el Gobierno antes de la discusión en el Senado al ser imposible su aprobación, por impresentable. En ese proyecto abortado se funda jurídicamente el protocolo alicantino (punto 5, régimen jurídico, primer párrafo), que calificamos de cuarto y último desatino (último por el momento).

Titulares de derechos
Me parece muy preocupante que profesionales e instituciones jurídicas participen o protagonicen iniciativas como las que criticamos, ya que parecen ignorar, o al menos no considerar, que los enfermos mentales son titulares de derechos y sujetos de imputación de responsabilidades como los demás ciudadanos. Desde la promulgación de la Ley General de Sanidad (abril 1986) están totalmente equiparados a los demás enfermos, y su atención integrada en el Sistema Nacional de Salud, integración desarrollada tanto en la Ley de Cohesión y Calidad como sobre todo en el Real Decreto de Cartera de Servicios, cuyos anexos enumeran lo que la atención a la salud mental compete a la atención primaria y a la especializada, y que incluye como en el resto de los enfermos la atención urgente, intervención domiciliaria y transporte sanitario, etc.

Carece de sentido establecer servicios, recursos o normas específicas sólo para enfermos mentales cuando existen o están contemplados para el común de los enfermos. Sólo sirve para señalar la diferencia y fundar la estigmatización. Además de la posibilidad de tratamiento involuntario que brindan la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y el Convenio de Oviedo, si la alteración es persistente y afecta al autogobierno cabe la declaración de incapacidad, que puede referirse o limitarse al cuidado sanitario y en cuya sentencia el juez puede designar a quién haya de sustituir la voluntad del paciente en ese punto. Si la conducta del paciente es amenazadora, agresiva y lesiona bienes o personas, debemos remitirnos al Código Penal; la enfermedad mental sólo a veces exime o atenúa la responsabilidad.

El juez penal dispone de las diversas medidas de seguridad, entre las que se incluye la imposición de tratamiento con o sin privación de libertad. Lo que no deben hacer los jueces es dar altas médicas, ordenar medicaciones, ni suplir la responsabilidad de los pacientes, sus familias y la de los profesionales sanitarios; cuando alguien enferma debe acudir o ser llevado al médico y no al juez. Muchas veces lo que se califica como enfermedad no lo es; en ocasiones los medicamentos tienen efectos secundarios intolerables y no son pocos los pacientes que mejoran al dejar de medicarse. El 763 de la LEC es un mecanismo de garantía del derecho a la libertad personal; derecho cuya defensa compete a los jueces mas allá de la función jurisdiccional (art. 117.4 Constitución Española) y no es propio que se utilice, de modo perverso, para judicializar la asistencia psiquiátrica.

Omitir pruebas se paga al privar de información a la gestante

El Tribunal Supremo ha concedido a una mujer 300.000 euros porque no se le hicieron pruebas para la detección precoz del síndrome de Down que padecía el niño que esperaba. Hay pérdida de oportunidad porque la gestante no pudo optar por la interrupción del embarazo.
Marta Esteban 29/12/2008
El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre la responsabilidad de la Administración cuando se han omitido pruebas prenatales durante una gestación en la que finalmente se produce el nacimiento de un niño con una patología congénita. Los magistrados hablan de pérdida de oportunidad de la madre y de la falta de información que estos casos provoca la no realización de las pruebas, pues no permiten a la embarazada optar por la continuación o no de la gestación.

La Sala Contenciosa, que condena a la Generalitat valenciana a pagar una indemnización de 300.000 euros, descarta cualquier responsabilidad por el nacimiento del niño. Sin embargo, sí admite la posibilidad de que exista un daño moral “si se hubiese lesionado el poder de autodeterminación de la persona, lo que a su vez podría constituir una lesión de la dignidad”.

En el caso analizado -a la mujer no le fue practicada una prueba para la detección precoz del síndrome de Down pese a sus antecedentes clínicos y a su edad-, los magistrados sostienen que “el hecho desdichado de que un niño nazca con síndrome de Down no es, por sí solo, imputable a la Administración que atendió a la madre durante la gestación y el parto”.

Sin embargo, el Supremo aclara que el hecho de que no se practicara la prueba “puede dar lugar a responsabilidad por el daño moral consistente en no haber conocido la patología en un momento lo suficientemente temprano como para decidir poner fin legalmente al embarazo”. Es decir, el alto tribunal entiende que “cabe indemnizar por pérdida de oportunidad”.

Además de daño moral, el fallo concede también una cuantía por la “lesión puramente económica” que supone criar a un hijo con síndrome de Down. Según el fallo, “ocuparse de un hijo con tal patología comporta, como es obvio, gastos extraordinarios”. Es más, estos gastos “no pueden considerarse lógicamente desvinculados de la imposibilidad, causada por la Administración sanitaria, de interrumpir legalmente su embarazo”. Existe, por tanto, relación entre “la omisión de la prueba de detección precoz y el daño moral y económico” ocasionado por la Administración.

En defensa de la vida
Son muchas las sentencias que el Tribunal Supremo ha dictado en obstetricia y actos de medicina voluntaria en las que se solicita indemnización por el daño ocasionado por la Administración, bien sea porque se privó a la mujer de la posibilidad de optar por el aborto o por una vasectomía fallida. En todos estos supuestos los magistrados han dejado claro que no es indemnizable el nacimiento de un hijo. Según el alto tribunal, “no hay nacimientos equivocados o lesivos, ya que el artículo 15 de la Constitución Española implica que toda vida humana es digna de ser vivida”. Es más, los gastos de la crianza de los hijos “no son, en principio, indemnizables, al ser inherentes al deber que pesa sobre los padres”.

La asistencia médica descubre sus límites

Muchas veces la medicina se vuelve contra los pacientes

Llevado al extremo de la irracionalidad, el esfuerzo de la medicina por preservar y cuidar la salud de las personas ha demostrado que es capaz de volverse en contra de aquellos a quienes pretende proteger. Cuando los médicos se empecinan en extender la vida aún más allá de las posibilidades fisiológicas y del deseo de sus pacientes, aparece lo que se ha dado en llamar el encarnizamiento terapéutico. Pero prolongar la vida innecesariamente no sólo perjudica a quienes se les priva del derecho a una muerte digna. En un mundo donde los recursos públicos que se destinan al cuidado de la salud no sólo son finitos, sino que muchas veces resultan insuficientes, su uso irracional parece cercenar aún más el acceso de la población en general al cuidado de su salud. Hoy se acepta el establecimiento de un límite en la asistencia médica, pero la cuestión es definir cuál es y quién establece, y aun más, cómo se valida este límite. Un punto de partida puede ser la observación de casos y el cambio actitudinal frente al manejo de estos conceptos. Por Adolfo Vásquez Rocca.

La aplicación del avance tecnocientífico en la práctica de la medicina asistencial de alta complejidad ha de conducir al diseño de experiencias de campo en las que se plantea el crucial dilema ético del fin de la vida: establecer y describir la naturaleza del vínculo entre el soporte vital avanzado y la muerte.

Al tiempo que el acelerado desarrollo del cuidado intensivo del paciente grave y los nuevos procedimientos diagnósticos y terapéuticos han generado la aparición de nuevos cuadros clínicos, asociados a esta nueva medicina crítica como resultado de la aplicación sostenida y prolongada de los métodos de soporte vital ordinarios y avanzados. Entre ellos pueden mencionarse el estado vegetativo persistente, frecuentemente derivado de encefalopatías y disfunciones orgánicas múltiples con trastornos cognitivos frecuentes. Estos cuadros resultan paradigmáticos en este tiempo porque asocian, vinculan y confunden la terminalidad con el carácter presuntamente reversible y transitorio del estado crítico.

En la generación de la toma de decisiones en cuidados intensivos los principios bioéticos, el derecho y las competencias del profesional médico -intensivista- juegan un rol determinante, incluso al principio y término de estos eventuales procedimientos, tanto cuando se discute si es pertinente o no el ingreso del paciente en este tipo de servicio, como a la hora de definir entre aplicar nuevos procedimientos invasivos -fútiles en muchos casos- y el retiro del soporte vital avanzado. En en los intersticios de una u otra decisión, entre el encarnizamiento terapéutico y las consideraciones en torno al dolor, la dignidad y la esperanza, se desliza este concepto de tenues fronteras, a saber, el mejor interés del paciente.

Este núcleo de interés constituye un cambio de paradigma a partir del cual deben replantearse cuestiones cruciales, entre las que se cuentan el desarrollo de una cultura y sensibilidad en torno al planeamiento de la limitación del esfuerzo terapéutico, entendido este ya no sólo como la delimitación tácitamente acordada en vistas a evitar problemas médico-legales a los médicos, sino como una toma de posición deliberada, una decisión que informa una acción, que ejecuta un conjunto de medidas claramente definidas y terapéuticamente controladas tendiente a una limitación ya sea de las medidas que estaban tomadas ejemplo: respiración mecánica, drogas vasoactivas, antibióticos en la infección, así como no iniciar nuevas terapias por ejemplo: diálisis que son de mucho costo, de mucha invasión y eventualmente poco rendimiento.

Es así como en la terapia intensiva se plantean a diario una serie de problemas en relación con la aplicación de los principios bioéticos generales a casos particulares, ello derivado de la posibilidad de aplicación de métodos diagnósticos y terapéuticos invasivos.

Mi convicción, así como el tema a fundamentar en esta Tesis, es que estos dilemas podrían ser atenuados si en la formación inicial, de pregrado, el profesional médico fuera preparado y entrenado no sólo en los aspectos teóricos y principios abstractos -propios de las definiciones de los código de ética médica y bio-ética- sino, y de modo fundamental, en los aspectos concretos e individuales de las situaciones de conflicto, dadas en el caso a caso que es, por lo demás, el proceso por el que se va sentando jurisprudencia.

Para ello se propone aquí la necesidad de -una vez abordados los aspectos legislativos, sensibilizado al cuerpo médico así como a la opinión pública en torno a un debate amplio y democrático sobre estas cuestiones- diseñar modificaciones en el currículum de la educación médica que posibiliten preparar a las nuevas generaciones de médicos tanto en los aspectos valóricos como terapéuticos involucrados.

Esto como práctica en la etapa de internado y en las distintas instancias de simulación gnoseológica y operativa según el plan de estudios de cada Escuela de medicina. La formación teórico-práctica versaría sobre cuestiones tocantes a los criterios, oportunidad y viabilidad de recursos, de la medicina paliativa o aplicaciones de terapias de soporte vital avanzados, así como de discernir cuando éstas, concurriendo todos los aspectos legales, terapéuticos, humanos y espirituales, debe ser retirada y de manera no adjetiva, la preparación de los profesionales en estas maniobras y destrezas terapéuticas y humanizadoras, todo ello atendiendo al estado del arte médica. Para esto es necesario desarrollar consensos amplios que den lugar a la inserción institucionalizada en el currículo de la enseñanza de la medicina tales contenidos y destrezas terapéuticas.

Reflexión en torno a la muerte; una aproximación desde la Antropología médica

De este modo, la reflexión sobre la muerte intervenida como un fenómeno emergente de nuestra cultura resulta imprescindible para que la sociedad se involucre en un tema que le incumbe en forma absoluta y exclusiva. Surge de aquí la necesidad de precisar conceptos:

El concepto de muerte intervenida comprende todas aquellas situaciones en que la aplicación de la suspensión o no aplicación de algún método de soporte vital se constituye en un límite en el tratamiento vinculado con la producción de muerte cardiorrespiratoria tradicional. Es una larga historia la de la domesticación del morir por parte de la medicina, en lo que no cabe duda es de que la invención del respirador artificial significó un antes y un después en esta materia.

El respirador, como es sabido, se gestó durante la epidemia de polio que asoló al mundo en la década del cincuenta. Por aquel entonces, un médico danés decidió utilizar bolsas de aire para bombear oxígeno a los pulmones de niños que, afectados por la enfermedad, morían asfixiados; claro que el método era imperfecto: los mantenía con vida siempre y cuando la enfermera no dejara de bombear oxígeno. La solución llegó semanas después de la mano de la feliz idea de acoplar una bomba mecánica a la bolsa de aire. Como era de esperar, la tecnología no tardó en extenderse; pero no habría de pasar mucho tiempo hasta que el avance obligó a los médicos a enfrentar situaciones clínicas hasta ese momento impensables. Cuando comenzaron a aparecer los métodos de soporte vital, principalmente el respirador, los médicos se encontraron con que tenían pacientes que eran ventilados artificialmente, pero que sufrían cuadros neurológicos absolutamente irreversibles.

Lentamente, las unidades de cuidados intensivos estaban comenzando a poblarse de un nuevo tipo de pacientes: personas que jamás recuperarían la conciencia, pero que podían ser mantenidas con vida artificialmente durante décadas. Sucede que por aquel entonces estaba aún vigente la idea tradicional de muerte, que la asocia al cese de la actividad cardíaca y respiratoria.

Mantener con vida a estos pacientes representaba tanto una prolongación injustificada del sufrimiento de sus familiares que asistían a una agonía eternizada, como un acaparamiento inconducente de recursos monetarios y de infraestructura hospitalaria. Ante esta nueva perspectiva, fue estrictamente necesaria la reformulación del concepto de muerte.

En esta historia de la domesticación del morir los conceptos se han vuelto problemáticos y ambivalentes a partir, precisamente, de las definiciones al uso de la noción de muerte; tanto a través del concepto de la pérdida completa de la función cerebral, lo que después de casi cuarenta años de empleo de este criterio de demarcación para diagnosticar la muerte, puede visualizarse un continuo que se asocia tanto con la necesidad o interés de procurarse órganos para trasplante, como con la necesidad de evitar prolongadas agonías en pacientes irrecuperables. Cuestiones que en un análisis inmediato se revelan de distinta naturaleza y por ello ponderable en términos diversos.

Según se ha expuesto el criterio de muerte cerebral estableció que el fin de la vida llega cuando coinciden la muerte del tronco y de la corteza del cerebro. Sin embargo, algunos estudios del tema sugieren la incidencia de otro factor en la adopción de este nuevo criterio de muerte. Meses antes, más precisamente el 3 de diciembre de 1967, el doctor Christian Barnard había realizado el primer trasplante de corazón: esta nueva posibilidad trastrocaba la mirada que se posaba sobre los pacientes con daños neurológicos irreversibles que eran mantenidos vivos en forma artificial. “La definición de muerte cerebral es un artificio de técnica -opina el doctor Mainetti-. Tiene por único fin introducir la posibilidad de retirar un soporte vital y dar por muerta a una persona a la que se mantiene con vida sin ningún sentido, abriendo así la posibilidad de utilizar sus órganos para un trasplante”

El criterio de muerte cerebral es una de las primeras respuestas sobre los límites en la atención médica de aquellos pacientes que ya no son capaces de verse beneficiados por ningún tratamiento. Pero no es la única. Un paso más allá se encuentra el derecho del propio paciente -o de su familia- a rechazar un tratamiento que se considera inútil. Se revisarán en el desarrollo de esta tesis, varios casos que perduran en el imaginario colectivo como los impulsores del debate que finalmente diera lugar a la instauración de este derecho.

En las últimas décadas la licitud ética -derivada de la aceptación de la práctica- de la interrupción en la aplicación de los métodos de soporte vital ordinarios y avanzados en situaciones que no configuran los supuestos de muerte cerebral -como los estados vegetativos y otras situaciones clínicas irreversibles- y hasta los intentos de obtener órganos para trasplantes en estas ocasiones (cuando se contare con el acuerdo explícito del donante o su representante) hace posible una interpretación conjunta de estos cuadros a través de la admisión del establecimiento de un límite en la asistencia médica.

La cuestión ahora es definir cuál es y quién establece, y aun más, cómo se valida este límite. Un punto de partida puede ser la observación de casos y el cambio actitudinal frente al manejo de estos conceptos.

La observación de casos permite al menos establecer como tendencias generales que en el estado de coma irreversible -definido como muerte cerebral- se tiende a aconsejar el retiro de la respiración mecánica. Así, también, se visualiza en las últimas décadas una aceptación progresiva de disponer la abstención y/o el retiro del soporte vital en pacientes con evolución irreversible para permitir su muerte. Ahora bien, de ambas situaciones basadas en evidencia empírica podemos derivar un punto problemático común: existen casos de pacientes críticos en los que se visualiza la necesidad de establecer límites en la asistencia médica.

El tema central presente en ambas circunstancias es que en estos casos la muerte resulta ligada a las decisiones (acciones u omisiones) que se toman en el ámbito asistencial sobre el soporte vital. Estas decisiones constituyen por sí mismas ese límite y marca el comienzo de toda una época de ‘muerte intervenida’ por oposición a la muerte natural hoy casi desconocida y olvidada por inexistente. Es en virtud de ello que dentro de la expresión ‘muerte intervenida’, utilizada primariamente para describir las acciones de abstención y retiro habituales en terapia intensiva, se incluye también a la muerte cerebral, esto como hito histórico fundamental.

Marco general del Problema Clínico y Bioético

Desde las décadas del setenta y del ochenta en adelante se ha asistido a la aparición cada vez más frecuente de cuadros clínicos intermedios constituidos por un coma inicial resultante de una injuria cerebral con variables grados de lesión del sistema nervioso como en el estado vegetativo persistente, demencias profundas y otros, en que no se cumplen los criterios aceptados de muerte cerebral (indemnidad del sistema reticular activador del tronco cerebral y de las funciones respiratoria y circulatoria), pero que también tienen daño cerebral irreversible con pérdida absoluta de las funciones corticocerebrales superiores.

Tienen permanentemente abolida la conciencia, la afectividad y la comunicación con conservación de los ciclos sueño-vigilia, y fuertes estímulos puede provocar apertura ocular si los ojos permanecen cerrados y también acelerar la respiración, el pulso y la tensión arterial. Los reflejos y movimientos oculares se conservan, así como también los reflejos protectores del vómito y de la tos. Estos pacientes pueden tener movimientos espontáneos que incluyen masticación, rechinar dientes y deglutir.

También pueden emitir sonidos o gestos que sugieren ira, llanto, queja, gemidos o sonrisas. Su cabeza y ojos pueden inconsistentemente rotar hacia luces o emitir sonidos no verbales. Pese a que para un criterio experto todas estas actitudes son consideradas como de origen subcortical es innegable que a la mirada expectante de los seres queridos estos signos pueden constituir un motivo de aliento y arraigo emocional que es imposible negar como vivencia afectiva.

Así, en los últimos años la pregunta por los límites que se deberían establecer a la prolongación artificial de la vida ha sumado un nuevo aspecto. El conflicto ya no lo plantea el médico que propone una terapia que conduce al encarnizamiento terapéutico, sino que nace del paciente o de sus familiares que piden un tratamiento que no se considera eficiente.

La respuesta de la bioética se centra en el llamado concepto de futilidad, que es por decir lo menos, bastante controvertido. Los tratamientos fútiles, esto es inútiles, lo único que logran es dar al paciente dolor, daño, incomodidad y gasto económico. Sin embargo el problema es ¿cómo determinar la futilidad de una terapia médica? ¿Sólo con los criterios estadísticos que le son propios?

Existen dos criterios, responde. La futilidad fisiológica es el más simple: es cuando el tratamiento demuestra no modificar las variables fisiológicas del paciente que uno busca. Desde otra perspectiva se sostiene que se puede definir la futilidad mediante criterios estadísticos: un tratamiento sería fútil cuando tiene menos del 5% de posibilidades de resultar exitoso. No hace falta aclarar que para determinar la futilidad de un tratamiento es necesario actuar caso por caso. Los límites que delimitan este concepto son muy controvertidos y discutibles; por ello las instituciones médicas cuentan hoy con comités de bioética.

Los comités de bioética son, en su propia definición, espacios multidisciplinarios y pluralistas que se nutren del aporte de expertos no sólo provenientes de la medicina, sino también del derecho, la antropología, la religión y, en algunos casos, de representantes de la comunidad.

La medicina como actividad artesanal destinada al cuidado y eventual curación de las personas siempre tuvo límites, pero el final de la vida llegaba por factores externos alejados de una decisión cercana de efectos inmediatos y directos. Ahora, y como resultado del progreso tecnológico, la posibilidad del manejo de la función vital influye en la determinación y el tiempo de muerte.

Esta cuestión central, que atiende la realidad médica cotidiana y que se encuentra en el marco de las decisiones posibles con el hombre enfermo, marca el comienzo de toda una época de muerte intervenida, por oposición a la natural.

De alguna forma se ha producido una suerte de asalto tecnológico a la disponibilidad de los individuos sobre su propia muerte. Este asalto ha dado lugar a la medicalización de la muerte, obligando, como se ha visto, incluso a cambiar su definición a través de la adopción del criterio de muerte cerebral.

Por otra parte, hoy la muerte no sólo es técnicamente controlable y administrable, sino que resulta en cierta forma negociable. La dramática situación actual de los recursos destinados a la salud lleva a que se establezcan criterios para decidir qué enfermedades se tratan y cuáles no. Todos estos aspectos sensibles, tocantes a materias de salud pública, también serán considerados en la presente tesis.

Fundamentos de la Investigación Antropológica y Médica

Llevado al extremo de la irracionalidad, el esfuerzo de la medicina por preservar y cuidar la salud de las personas ha demostrado que es capaz de volverse en contra de aquellos a quienes pretende proteger. Cuando los médicos se empecinan en extender la vida aún más allá de las posibilidades fisiológicas y del deseo de sus pacientes, aparece lo que se ha dado en llamar el encarnizamiento terapéutico.

La agonía injustificadamente prolongada, el sufrimiento extremo, la desfiguración y el aislamiento del paciente; cualquiera de ellas puede ser la consecuencia del encarnizamiento terapéutico que conlleva formas de morir que resultan una caricatura de la dignidad personal.

Es habitual hablar de la lucha de la vida contra la muerte, pero hay un peligro inverso, presagiado por la literatura de ficción y de algún modo avalado por el desarrollo tecnológico de la medicina. Tendremos que luchar contra la probabilidad de que no muramos. Contra el olvido de la muerte. Nos encontramos en el proceso de reactivar esta inmortalidad patológica, la inmortalidad de la célula cancerígena, tanto a nivel individual como al nivel de las especies como un todo. Es la venganza contra los seres mortales y sexuales de las formas de vidas inmortales e indiferenciadas, en lo que podríamos llamar, al modo de Baudrillard, la solución final.

La muerte, que una vez fue una función vital, se podría convertir en un lujo, en un costoso placer. En todos los modos futuros de la civilización, donde la muerte habrá sido eliminada, los clones del futuro podrán pagar muy bien por el lujo de morir.

Ni la psicología ni la biología han reconocido el lugar central de la pulsión de muerte en la determinación de los seres humanos. Y así como hay una pulsión de inmortalidad para la cual se tienen respuestas tecnológicas como la clonación, también hay una pulsión de muerte. Como hemos visto, estas pulsiones entran en juego simultáneamente y es posible que una no sea más que una variante de la otra, nada más que su dilatación.

Y es que, a veces, “el intento de respetar la vida puede acabar en trato inhumano o degradante, es decir, indigno”, escribió hace algunos años Diego Gracia, miembro de la Fundación de Ciencias de la Salud, de España, en el prólogo del libro Morir con dignidad.

Podría decirse que la muerte indigna -aquella que se demora sin ofrecer nada a cambio, más que sufrimiento y humillación- es un invento reciente. Nace como resultado del avance que protagonizó en los últimos cincuenta años la medicina, avance que permite hoy prolongar la vida a través de instrumentos que proporcionan a los pacientes un soporte vital que suple funciones biológicas perdidas o cuando menos suspendidas.

Pero prolongar la vida innecesariamente no sólo perjudica a quienes se les priva del derecho a una muerte digna. En un mundo donde los recursos públicos que se destinan al cuidado de la salud no sólo son finitos, sino que muchas veces resultan insuficientes, su uso irracional parece cercenar aún más el acceso de la población en general al cuidado de su salud.

Por eso, cabe preguntarse, ¿hasta cuándo es lícito extender artificialmente la vida de una persona? Desde hace algunas décadas, los expertos en bioética han elaborado una serie de criterios que permiten ponerle freno al afán desenfrenado de los médicos por vencer a la muerte, evitando así el encarnizamiento terapéutico.

[Adolfo Vásquez Rocca]mail: adolfovrocca@gmail.com es Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Postgrado Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Filosofía IV, Teoría del Conocimiento y Pensamiento Contemporáneo. Áreas de Especialización: Antropología y Estética. Profesor de Postgrado del Instituto de Filosofía de la PUCV. Profesor de Antropología y de Estética en el Departamento de Artes y Humanidades de la UNAB. Profesor asociado al Grupo Theoria, Proyecto europeo de Investigaciones de Postgrado. Director de la Revista Observaciones Filosóficas, Secretario de Ejecutivo de PHILOSOPHICA, Revista del Instituto de Filosofía de la PUCV, Editor Asociado de Psikeba, —Revista de Psicoanálisis y Estudios Culturales, Buenos Aires—miembro del Consejo Editorial Internacional de la Fundación Ética Mundial de México- y Director del Consejo Consultivo Internacional de Konvergencias Revista de Filosofía y Culturas en Diálogo. El Dr. Adolfo Vásquez Roca es asimismo columnista de diversas revistas y publicaciones internacionales.

Artículos Relacionados:

Artículo “Jean-Luc Nancy; La Filosofía del cuerpo y las metáforas de la enfermedad” En Revista OBSERVACIONES FILOSÓFICAS, 2008, Asociada al Postgrado en Filosofía – PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO y al Grupo THEORIA – Proyecto europeo de Investigaciones de Postgrado. ISSN 0718-3712

Vásquez Rocca, Adolfo: Artículo De la Antropología médica a la Iatrofilosofía; el estatuto ontológico de la enfermedad, En Revista Observaciones Filosóficas Nº 2 – 2006 – ISSN 0718-3712

Vásquez Rocca, Adolfo, Las Metáforas del Cuerpo en la Filosofía de Jean-Luc Nancy; Nueva carne, cuerpo sin órganos y escatología de la enfermedad En Revista ALEPH ZERO Nº 47 – Enero – Marzo, 2008, Escuela de Ingeniería y Ciencias, UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA, MÉXICO. indexada en LATINDEX.

Artículo Peter Sloterdijk: Espacio tanatológico, duelo esférico y disposición melancólica En NÓMADAS, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas – Universidad Complutense de Madrid, | Nº 17 | Enero-Junio 2008 -1º / 1 | pp. 151-158

Artículo Anti-psiquiatría; Deconstrucción del concepto de enfermedad mental en ALEPH ZERO Nº 46, octubre – diciembre, 2007, Revista de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA, MÉXICO. indexada en LATINDEX.

Artículo La filosofía del cuerpo de Jean-Luc Nancy; metáforas y escatología de la enfermedad en Lecturas del Psicoanális, Buenos Aires, 2007.

Las investigaciones aquí desarrolladas buscan una aproximación interdisciplinaria al fenómeno de la salud y la enfermedad, así como a la naturaleza de la práctica médica en la postmodernidad. La filosofía de la medicina se inspira fundamentalmente en la actual filosofía de la ciencia, que ha abandonado la idea de una realidad objetiva o de un orden natural inmutable, reemplazándola por la representación de nuestro conocimiento, adquiriendo así uno de sus rasgos fundamentales, el carácter holístico e interpretativo

Domingo 28 Diciembre 2008
Adolfo Vásquez Rocca

http://www.tendencias21.net/La-asistencia-medica-descubre-sus-limites_a2857.html

Bioética y Derecho

El blog lo ha promovido el Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) de la Universidad de Barcelona y en él esgrimen que es necesaria “la realización de un debate público informado que permita aproximar la biotecnología a la sociedad”.

Se abrió en marzo de 2008 y sólo hay que lamentar que no se actualice con más frecuencia: sus contenidos están cargados de la oportunidad de lo inmediato, de situaciones que afectan a mucha gente en carne y hueso. “La manoseada dignidad humana”, titulan una de sus entradas, para oponerse a aquellos sectores “teoconservadores” que “buscan el establecimiento de un solo concepto de dignidad, arbitrario y no representativo en el seno de una sociedad multicultural y plural”. La autonomía del paciente, esgrimen siguiendo las tesis de Steven Pinker, profesor de Psicología en Harvard, debe guiar “no sólo las actuaciones biomédicas”, sino “constituir un valor sólido en las sociedades democráticas actuales”.

Entre sus anuncios se ha producido la creación de una Red Iberoamericana de Bioética que busca crear “interacciones” entre ambos continentes entre congreso y congreso de la Asociación Internacional de Bioética, el último de los cuales tuvo lugar en Croacia en septiembre.

www.pcb.ub.es/bioeticaidret/blog/

El TEDH rechaza una demanda para evitar la desconexión de una mujer en coma

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado la demanda de varias asociaciones italianas que pedían evitar que se suspenda la alimentación y que se desconecte a Eluana Englaro, una mujer italiana en estado vegetativo desde hace 17 años.
Redacción 24/12/2008
El motivo en el que el tribunal europeo basa su sentencia es que los recurrentes -asociaciones de familiares de personas con graves minusvalías, médicos, abogados y expertos en bioéticano tienen vínculo directo con Englaro. Por ello, según la sentencia, “no se les puede considerar víctimas directas de las violaciones” que habían denunciado.

Además, los jueces europeos recordaron que no se puede utilizar el recurso ante las instancias judiciales de Estrasburgo para prevenir una supuesta infracción al Convenio Europeo de los Derechos Humanos salvo “en circunstancias completamente excepcionales en que el riesgo de una violación futura puede conferir al recurrente la calidad de víctima”.

Medidas provisionales
Los demandantes habían instado en primer lugar a la corte de Estrasburgo que dictaran medidas provisionales destinadas a suspender la desconexión de Eluana Englaro, en espera de un pronunciamiento sobre el fondo que finalmente no se producirá. Para justificar la demanda se invocaron tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que, a su juicio, podrían violarse: el derecho a la vida, la prohibición del trato inhumano y degradante, y el derecho a que se respete la vida privada y familiar.

El origen de este contencioso es el dictamen del 13 de noviembre pasado del Tribunal Supremo de Italia, que puso fin a una larga lucha judicial del padre de Eluana, Giuseppe Englaro, al autorizar que se suprima la alimentación y la hidratación asistida que mantiene con vida a la mujer, de 37 años y en estado de coma irreversible desde 1992 debido a un accidente de tráfico. Los médicos calculan que, si se le retirara la sonda a Eluana, tardaría unos quince días en fallecer.

Valores y servicios de salud

 El usuario-paciente como eje del sistema sanitario

 

ABELARDO ROMÁN MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA Y EN APARATO RESPIRATORIO Los valores son estructuras de la conciencia sobre los que se construye el sentido de la vida, pertenecen al nivel de las facultades psíquicas donde se estructura el significado y permiten acondicionar nuestro mundo. Cualquier profesión tiene unos valores intrínsecos específicos del ejercicio de la misma y otros extrínsecos que pueden ser comunes a otras. Los valores intrínsecos de la profesión sanitaria son prevenir y curar las enfermedades, aliviar las que no tienen cura, acompañar al sufrimiento y promover estilos de vida saludables. El prestigio social y los ingresos económicos son valores extrínsecos. Los valores intrínsecos no actúan como moneda de cambio, el ser humano no tiene precio, sino dignidad, para responder de su proyecto vital. Los valores de cada persona o grupo no siempre son compartidos por todos, por lo que se necesita de una ética de mínimos que se plasme en normas. La ética identifica los valores que justifican nuestras elecciones, la moral se concreta en normas de comportamiento aplicadas a la vida diaria que resultan de la traslación de los valores a la actividad cotidiana. Cuando las normas no responden a valores asumidos son intolerables y cuando no se razonan los valores que las sustentan se pueden percibir como opresiones. 

Los principios de la bioética (beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia), basados en valores universales, son un referente para analizar la ética de las decisiones sanitarias. El más moderno, el de autonomía, surge del concepto de libertad personal. La medicina tradicionalmente se ha inspirado en la realización del bien a la persona enferma (beneficencia), guiada por la prudencia (no maleficencia), según la máxima de «primum non nocere» («lo primero, no hacer daño»). El principio de autonomía se concreta en la medicina centrada en el paciente, lo que conlleva dar información relevante y ajustada a las demandas de información del propio paciente, saber escuchar, contemplar las implicaciones familiares y sociales de los problemas de salud, confidencialidad y respeto a las preferencias de elección del paciente. Dedicar a cada paciente el tiempo que necesita reduce el riesgo de errores, mejora la comunicación y es esencial para la efectividad de la medicina. Existen límites para el principio de autonomía, por ejemplo, cuando entra en colisión con el de obligación de no dañar del profesional, o con la necesidad de gestionar unos recursos siempre limitados que de utilizarse innecesariamente vulnerarían el principio de justicia. El principio de justicia sustenta el concepto de equidad: dar a cada uno según sus necesidades y no más a los más demandadores, cuando la demanda no se ajusta a la necesidad. La demanda de un servicio puede no equivaler a su necesidad, como tampoco la oferta de servicios se corresponde siempre exactamente con necesidades reales, incluso puede inducir demandas innecesarias. El procurar que los círculos de necesidad, demanda y oferta se superpongan justifica la planificación y la gestión sanitarias. Es siempre necesario realizar un análisis sereno y permanente, institucional, social y profesional, en torno al establecimiento de prioridades, en otro caso las decisiones se tomarán en virtud de grupos de presión con intereses más o menos espurios. Al conceder peso a cada grupo de interés en la toma de decisiones hay que considerar, entre otros factores, su facultad de asumir el coste de responsabilidad social por el resultado de dichas decisiones. No está de más recordar que el sector sanitario también induce efectos positivos en el resto de los sectores económicos, contribuyendo al bienestar social, ni que la gestión sanitaria no sólo consiste en ocuparse de las infraestructuras o de la financiación, sino que implica crear cultura de gestión en los niveles «macro» (política sanitaria), «meso» (gestión de las instituciones) y «micro» (gestión de la práctica clínica) y que no sólo se debe gestionar la oferta de servicios, sino también su demanda. La desproporción entre recursos y demanda produce tensiones en todos los servicios de salud, con independencia de coyunturas económicas o políticas, por eso se proponen e implantan continuamente medidas para promover la mejora del desempeño y sostenibilidad de éstos. Dado el papel que, por la propia naturaleza de la organización sanitaria, juegan los profesionales sanitarios, en particular los médicos, ninguna medida podrá obtener resultados si no es con su implicación. Las organizaciones sanitarias son descentralizadas por naturaleza, el conocimiento que sustenta sus competencias esenciales está en la base, en el núcleo operativo compuesto por los profesionales sanitarios que prestan el servicio, según los valores intrínsecos de la profesión médica y los principios de la bioética. 

La identificación explícita con valores éticos aporta eficiencia a las organizaciones, este concepto es la base de la dirección por valores. Lo fundamental a compartir, en un servicio de salud, es el reconocimiento de que el usuario-paciente es el eje del sistema, y la finalidad de la sanidad debe estar enfocada en él, según los valores intrínsecos de la medicina. Existen otros factores que pueden estar modulando la práctica clínica y la de gestión, si no se identifican pueden desviar a los servicios de salud de su finalidad. El servicio de salud público es objeto de elección social, por lo que para su mantenimiento y progreso es determinante la creación de valor, en términos de efectividad y aprecio. Crean valor, sobre todo, los usuarios y los profesionales, por más que sea imprescindible contar con estructuras adecuadas y debidamente utilizadas y con recursos financieros suficientes y bien gestionados. La creación de valor conlleva que los pacientes, y usuarios en general, sientan que son tratados como personas y que se los asiste en el mejor sitio posible y que los profesionales perciban que ejercen su función con calidad y respeto. Un contexto de complejidad e incertidumbre requiere un alto nivel de implicación y creatividad. Los directivos han de merecer credibilidad por su cualificación personal, profesional y coherencia, y se ha de permitir a los profesionales el necesario margen de acción, dentro de un marco, regido por valores explícitos, asumido por todos.

Tribuna. Reproducción asistida e Iglesia Católica: la instrucción ‘Dignitas personae’

El autor analiza el contenido de la nueva instrucción de la Iglesia CatólicaDignitas personae en lo que se refiere, sobre todo a las técnicas de reproducción humana asistida. Considera que la doctrina católica puede suscitar desacuerdo en un amplio sector de la sociedad, pero facilita una prospección crítica necesaria sobre los avances científicos.
Fernando Abellán 23/12/2008
La doctrina de la Iglesia Católica sobre la reproducción humana asistida se halla contenida fundamentalmente en dos instrucciones vaticanas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en concreto en la Instrucción Donum vitae, de 1987, y en la recién publicada instrucción Dignitas personae, de diciembre de 2008, que, como dice en su introducción, es una puesta al día de la anterior.

No obstante, en ambas se mantiene como criterio ético fundamental que el “ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida”.

Como se recuerda en la instrucción Dignitas personae, la Iglesia no rechaza las técnicas procreativas por el hecho de ser artificiales, sino que aboga porque sean valoradas moralmente por su relación con la dignidad de la vida humana. En este sentido, no acepta moralmente aquellas técnicas que reemplazan el acto conyugal disociándolo de la procreación, y adopta al respecto la máxima de que “la procreación humana es un acto personal de la pareja hombre-mujer, que no admite ningún tipo de delegación sustitutiva”, en nuestro caso la que resultaría de confiarla a los profesionales sanitarios de la reproducción asistida.

De lo anterior se desprende una aceptación parcial y limitada de las técnicas, en concreto sólo de aquellas que tienen por finalidad remover obstáculos que impiden la fertilidad natural (tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas para endometriosis, para desobstrucción de las trompas), y que por ello se configuran como una facilitación o ayuda -no una sustitución- al acto conyugal y a su fecundidad.

Rechazo justificado en la dignidad
La instrucción no cambia realmente los criterios ya asentados en la precedente de 1987, sino que los matiza haciendo un análisis pormenorizado de las diferentes técnicas, y razonando el porqué de su rechazo moral en cuanto prácticas que, según la doctrina que proclama, son contrarias a la dignidad humana.

Es cierto que la postura de la Iglesia Católica sigue siendo netamente contraria a la realización de la mayor parte de las técnicas de reproducción humana asistida (la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la inyección intracitoplásmica de esperma, el diagnóstico genético preimplantacional), lo que resulta una consecuencia de la dimensión y de la preponderancia que concede al valor de la dignidad humana desde el instante de la fecundación con respecto a los deseos de las parejas con problemas de fertilidad, que siendo legítimos y comprensibles, deben ceder a su juicio en esta pugna.

De este posicionamiento resulta lógico que se derive un descontento de los profesionales de las técnicas, así como de los pacientes que recurren a ellas para solucionar sus problemas de infertilidad, cuyo comportamiento no cabe duda que es objeto de una recriminación moral. Ahora bien, siendo así lo anterior, y condicionando esa circunstancia una posición enfrentada y difícilmente reconciliable, hay aspectos que emanan de la instrucción comentada que constituyen elementos importantes de reflexión en esta materia, ciertamente aprovechables desde el punto de vista del estudio bioético.

Por lo demás, no cabe duda de que los postulados de la Iglesia Católica suponen un claro contrapeso a las posturas más aperturistas y liberales en este campo médico y que por esa razón ayudan a detener nuestra atención -aunque sea para discrepar- sobre el rumbo al que nos lleva la tecnología médica.

Visión crítica, pero necesaria
En otras palabras, más allá del desacuerdo que evidentemente puedan suscitar en un sector amplio de la sociedad, más allá de las siempre respetables convicciones religiosas, facilitan una prospección crítica y necesaria sobre los avances científicos, de los que el campo de la reproducción asistida es un claro exponente.

Yendo al contenido concreto de la instrucción Dignitas personae, hay que decir que se reprueba moralmente tanto la fecundación artificial heteróloga (con contribución de donante de gametos) como la homóloga (con gametos propios de la pareja), así como la fecundación in vitro. Respecto de esta última, llama la atención sobre el número muy alto de embriones que hay que sacrificar para la realización de las técnicas, denunciando que la investigación en este campo médico no parece muy interesada en el derecho a la vida de cada embrión, sino tan solo en conseguir los mejores resultados posibles de niños nacidos.

El documento acepta sin embargo que no todas las pérdidas de embriones son deseadas -algunas lo son contra la voluntad de los médicos y progenitores-, pero recalca que en muchos casos el abandono, la destrucción o las pérdidas de embriones sí son previstas e intencionales.

En cuanto a la inyección intracitoplásmica de esperma, que también reprueba moralmente, la instrucción recuerda el poder decisorio que las técnicas reproductivas atribuyen a los profesionales sanitarios, afirmando que “confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos, e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana”.

La responsabilidad del profesional
De igual forma, el documento se muestra contrario al diagnóstico genético preimplantacional, alertando en este caso del riesgo de incurrir en “la mentalidad eugenésica”, de la mano de la selección embrionaria que mide el valor de la vida humana siguiendo parámetros de “normalidad” biológica. En este aspecto, debe reconocerse que esta especialidad médica está impregnada de un componente ético muy acusado con evidentes repercusiones sociales, lo que debe constituir una llamada a la responsabilidad de todos los profesionales de la reproducción.

Por último, la instrucción se refiere también a la criopreservación de embriones, de la que critica, además de la producción in vitro de estos últimos, los riesgos a su integridad que conlleva su congelación y descongelación, el hecho de que al final la mayor parte de ellos queden “huérfanos” y el que puedan utilizarse para la investigación como simple “material biológico”, lo que comporta además su destrucción. También alude, para rechazarlas, a la congelación de ovocitos, a la denominada adopción de embriones y a la reducción embrionaria, que equipara moralmente al aborto.

Fuera ya de lo que son las técnicas de reproducción humana asistida propiamente dichas, la instrucción valora también negativamente las técnicas de intercepción y contragestación (píldora del día después), la terapia génica germinal (la somática sí la considera moralmente lícita cuando es con finalidad estrictamente terapéutica), la clonación humana, tanto reproductiva como terapéutica, la utilización de células troncales (aceptando sólo las extraídas de un organismo adulto, o de sangre del cordón umbilical, o de los tejidos de fetos muertos de muerte natural), la hibridación y el uso de material biológico de origen ilícito.

A modo de conclusión, puede afirmarse que se trata de un documento muy crítico con las técnicas reproductivas, y con quienes las practican y utilizan, cuyo desarrollo está condicionado por la visión ontológica particular que tiene la Iglesia Católica de la dignidad de la vida embrionaria y del sentido de la procreación humana, pero que al mismo tiempo ofrece consideraciones éticas relevantes para el debate bioético en unos tiempos marcados por un gran relativismo moral.

Profesor doctor de Derecho Sanitario de la Universidad Europea de Madrid

Alternativas médicas al aborto

Legislación. El número de abortos superó en 2007 los 110.000 y la voz de alarma ha cundido. Mientras el Ministerio de Sanidad lanzaba su campaña a ritmo de hip hop para evitar embarazos no deseados, algunos médicos plantearon en el Congreso otras alternativas que han sido bien acogidas. Frente al negocio de las clínicas privadas, piden que el sistema público vele para garantizar más información a las embarazadas, rigor en los informes sobre el riesgo psicológico y, cuando la gestación llega a las 22 semanas y el feto es viable, la intervención de los neonatólogos.
Silvia Churruca 23/12/2008
La subcomisión del Congreso de los Diputados que estudia la nueva ley del aborto dio por concluidas sus comparecencias seis semanas después de constituirse. Ahora elaborará unas conclusiones tras un trámite que muchos consideran que no ha servido para nada. Una de las comparecencias fue la de José Zamarriego, presidente de la Comisión de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología (SEGO), que trasladó a la subcomisión la declaración oficial de la sociedad, según la cual, “cuando se alcance la viabilidad fetal, lo aconsejable médica y éticamente sería la finalización del embarazo con los cuidados correspondientes al parto pretérmino”.

La frontera de la viabilidad se sitúa en las 22 semanas de gestación según el consenso científico internacional. A partir de ahí los pediatras creen que ya no se puede hablar de aborto, sino de infanticidio. Para que no se llegue a ese plazo, Zamarriego urgió al sistema públicoa a hacer lo necesario para que los informes prenatales sobre posibles malformaciones del feto se realicen lo antes posible.

Depender, no pertenecer
Recordó también que una posible ley de plazos estaría basada, entre otros puntos, “en la dependencia plena de la gestación subordinada a la decisión de la mujer”. Sin embargo, la dependencia ya no es plena cuando el feto es viable fuera del útero. “Esto lleva a la conclusión de que toda interrupción más allá de la 22 semana debería ser tratada de manera que el feto pudiera ser atendido médicamente de forma adecuada por el especialista neonatólogo” ¿Qué opinan los neonatólogos de esta propuesta? José López Sastre, presidente de la Sociedad Española de Neonatología, responde: “Pienso que en toda interrupción voluntaria del embarazo efectuada después de la viabilidad fetal -22 semanas- debería asegurarse que el feto tuviera una atención médica adecuada y efectuada por un pediatra experto en reanimación neonatal, lo que implicaría que en las semanas 22 y 23 de gestación y de acuerdo con su familia, si el feto tiene posibilidad razonable de sobrevivir, realizar los esfuerzos necesarios para su reanimación”.

Sin embargo, expresa sus dudas sobre que una mujer que ha decidido abortar y que no contempla la opción de dar a su hijo en adopción apruebe que se les extraiga y se deje en manos del neonatólogo. A esto da respuesta también Zamarriego cuando recuerda que el Tribunal Constitucional establece que “el derecho de la mujer no puede tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que ello significaría la desaparición de un bien que encarna un valor central en el ordenamiento constitucional”, lo que rebate un hipotético derecho de propiedad absoluto de la madre sobre el feto”.

En cuanto al procedimiento en sí de la interrupción del embarazo, Zamarriego criticó la falta de información, la privatización de esta actividad y el fraude de ley en el caso del riesgo psíquico para la madre. En el primero redundó el presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial, Rogelio Altisent, que propuso un protocolo de consentimiento informado que garantizase la autonomía de la mujer. Respecto a la privatización, Zamarriego recordó que en algunas autonomías hasta el 97 por ciento de abortos se practican en centros privados, “que buscan incrementar sus beneficios económicos, reduciendo costes y evitando controles y regulaciones”. 

Respetando la objeción de conciencia de los médicos, Zamarriego cree que actualmente hay suficiente número de ginecólogos en el sistema público dispuestos a asumir esta actividad. “Es en los centros públicos donde la mayor garantía de calidad asistencial está asegurada y con ella el estricto cumplimiento de la legalidad”.

Contra el fraude del riesgo psicológico grave
“El grave peligro para la salud psíquica de la embarazada se convierte en un cajón de sastre sin control al faltar con demasiada frecuencia el dictamen emitido por un médico de la especialidad, según requiere la ley. Si este peligro es la primera causa de aborto, esto supondría que sería precisa una prevención y, en su caso, un tratamiento del trastorno psíquico por el especialista correspondiente, en este caso un psiquiatra. Pero esto no debe suponer que el mejor tratamiento sea el aborto”, afirmó José Zamarriego ante la subcomisión. Tras analizar sus palabras, la junta directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) ha trasladado a DM su opinión.

Una vez aclarado que no han sido convocados por la subcomisión y que su interés “es promocionar una práctica psiquiátrica digna y rigurosa”, reconoce que “bajo el supuesto de grave riesgo psíquico para la madre se están aceptando abortos sin ningún rigor”. Explica que si bien es cierto que ese supuesto puede darse, “por ejemplo en adolescentes con grave riesgo de suicidio por cuadros depresivos en relación a embarazos, no es habitual, sino excepcional”.

La sociedad hace un ejercicio de autocrítica corporativa y afirma que “el hecho de que haya psiquiatras que informen siempre positivamente dice poco de nuestra disciplina”. Para explicar tal actuación aporta dos posibles razones: que el psiquiatra crea que su negativa por definición sitúe a la mujer en esa situación de riesgo psíquico, “pero en este caso no haría falta la ley y estaríamos en el plano de lo ideológico, no técnico. Una segunda explicación, inaceptable, serían los intereses de las clínicas privadas que se están beneficiando de este supuesto con profesionales a sueldo que nunca informan negativamente”. Para evitarlo, como Zamarriego, insiste en que el sistema público se haga cargo de esta actividad, y “también de la evaluación psiquiátrica de los casos a través de una comisión objetiva y aséptica avalada por las autoridades sanitarias, órganos colegiales y sociedades científicas y profesionales”.

Reclama también incrementar su participación: “Una palabra clave en el supuesto es grave, ya que si se espera que el embarazo -y no la negativa al aborto, como se interpreta habitualmentesupone una situación de riesgo para desarrollar una patología psiquiátrica no grave, se debería intentar tratar con el abordaje necesario para el caso, que naturalmente no es el aborto”. Pero añaden que si el informe del especialista es favorable a la interrupción del embarazo, “toda mujer que se someta a un aborto legal debe recibir soporte psicológico con el fin de minimizar el impacto negativo del mismo”.

La Ley de Investigación Biomédica se enfrenta a diversos vacíos legales

La Ley de Investigación Biomédica presenta ambigüedades, defectos de redacción y diversos vacíos legales, según un estudio que ha sido realizado por Miguel Ángel Ramiro, investigador del Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
Redacción 23/12/2008
El análisis trata de exponer de qué manera influye la Ley 14/2007, de Investigación Biomédica en la realización de ensayos clínicos con medicamentos en España, mostrando las luces y las sombras que proyecta dicha norma. La ley afecta directamente a la realización y evaluación de los ensayos clínicos con medicamentos mediante la creación de los Comités Éticos de Investigación (CEI), que sustituyen a los Comités Éticos de Investigación Clínica (CEIC), los órganos encargados de velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participan en un ensayo y de ofrecer garantía pública al respecto.

Según el estudio, el desmantelamiento de los CEIC se ha realizado sin tener en cuenta determinadas circunstancias, destacando que el procedimiento diseñado no ha sido el más oportuno y deja bastante que desear desde el punto de vista de cómo debe actuar la Administración en un Estado de Derecho.

Ensayos clínicos
No obstante, la ley no contempla expresamente si el CEI asumirá las mismas competencias que los extintos CEIC, en especial en lo relativo a los ensayos clínicos con medicamentos, ni se hace referencia a la fecha límite para sustituir un comité por otro.

“A pesar de que esta ley lleva más de un año en vigor, todavía no se ha constituido, que yo sepa, ningún CEI. Eso puede hacernos ver la situación de perplejidad en que nos encontramos esperando a que alguien, -la Administración central o la autonómicadicte algún tipo de reglamento de desarrollo que diga hacia dónde ir, ya que la ley no establece un plazo perentorio que deba cumplirse, lo cual, en mi opinión, es un fallo”, comenta el autor.

Otro aspecto que se aborda en este estudio en la redacción de la ley, que en algunos casos es deficiente. Por ejemplo, en la Exposición de Motivos se hace referencia a un tipo de comité ético que no se desarrolla por la ley.

Un bebé sin gen del cáncer de mama nacerá este mes en el Reino Unido

LA MADRE DARÁ A LUZ LA PRÓXIMA SEMANA

  • El matrimonio se sometió a una fertilización artificial
  • En la familia del padre ha habido numerosos casos de cáncer de mama
  • La selección de bebés es muy polémica y está prohibida en muchos países
  • Los críticos creen que podría abusarse de ella y crear ‘bebés de diseño’ de todo tipo
Actualizado sábado 20/12/2008 13:43 (CET)

LONDRES.- Una mujer de Londres está embarazada del primer “bebé de diseño” del Reino Unido que, tras una selección genética, nacerá sin el gen del cáncer de mama.

Los padres decidieron someterse a una fertilización artificial y un diagnóstico genético de preimplantación (DGP), después de que en la familia del padre se registraran casos de cáncer de mama en las últimas tres generaciones.

El bebé nacerá la semana próxima. En muchos países la selección de embriones está prohibida. En octubre se conoció el primer caso en España en el que un bebé fue concebido para ayudar a su hermano mayor, enfermo de una anemia congénita severa. Su cordón umbilical fue usado para hacerle un trasplante.

Los médicos del University College Hospital de Londres obtuvieron in vitro once embriones y tres días después los analizaron para conocer el riesgo de que fueran portadores del gen, extrayéndoles una célula.

Seis de los embriones eran portadores del gen BRCA 1 y fueron destruidos, dos que no lo contenían fueron implantados en el útero y la mujer de 27 años quedó embarazada de uno.

Sin el experimento, la posibilidad de que una hija de la pareja sufriera cáncer de mama era de entre 50 y 85%. “Si ésta es la opción de excluir esto para nuestros hijos, entonces es el camino que debemos seguir”, dijo la madre.

La pareja no conoce el sexo del bebé. Los varones no enferman, pero pueden transmitir el gen a las siguientes generaciones.

Críticas al método

La selección genética de los niños es muy polémica. Los críticos creen que podría abusarse de ella y crear “bebés de diseño” de todo tipo. En Reino Unido el DGP se realiza desde hace tiempo, pero hasta ahora sólo en el caso de genes que producen una enfermedad con seguridad si se heredan.

Es el caso por ejemplo del gen de la fibrosis cística, que causa graves problemas respiratorios y digestivos. Sin embargo, en 2006 la ley fue flexibilizada y desde entonces el análisis se puede hacer – previo consentimiento de la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología- en casos de genes de riesgo que no necesariamente provocan una enfermedad, como el del cáncer de mama.

“Hemos entrado en una nueva era en la que podemos ayudar a personas que llevan los genes del cáncer”, afirmó el médico especialista en reproducción Paul Serhal del University College Hospital.

Hay familias que sufren desde hace generaciones una “maldición genética”, por lo que las críticas a los “bebés de diseño” son “una tontería”, dijo.

Según Serhal, un posible mal uso del avance técnico no puede impedir el desarrollo de la ciencia. Sin embargo, subrayó que el hecho de que no tenga el gen del cáncer de mama no garantiza que la hija nunca tenga la enfermedad, porque hay otras causas de ese mal.

Se estima que el BRCA1 y el gen emparentado BRCA2 son responsables de entre el cinco y el diez por ciento de los cánceres de mama.

El profesor Peter Braudem, del Guy’s Hospital de Londres, opinó que se debe analizar en cada caso si el DGP es adecuado para una pareja, porque, por ejemplo, el test no sirve para todos los que tengan cáncer de mama en la familia.

Las asociaciones éticas criticaron el método. “¿Qué será lo siguiente? Todo esto nos lleva a un camino que termina en los bebés de diseño”, dijo Josephine Quintavalle, del grupo Comment on Reproductive Ethics.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/12/20/portada/1229777012.html

Los pacientes sólo tienen vagas nociones de sus derechos, según un estudio

La mitad de los pacientes que intentan obtener una segunda opinión médica no lo consiguen, según se desprende de un estudio llevado a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el que se revela que los ciudadanos sólo tienen “vagas nociones” de sus derechos como pacientes aunque, cuando desean ejercerlos, encuentran múltiples dificultades.
Europa Press Madrid 18/12/2008
Según la organización de consumidores, los ciudadanos no conocen exactamente sus derechos en materia de salud, ya que existe cierta confusión respecto a los límites existentes y falla la comunicación médico-paciente. De todos modos, los encuestados consideran “muy difícil” llevar sus derechos a la práctica -tres de cada 10 califican como imposible acceder a una segunda opinión médica-, mientras que uno de cada dos pacientes cree que firmar el consentimiento informado (CI) anula cualquier posibilidad de queja.

En este sentido, la mayoría de los pacientes cree que el CI es “una medida para proteger al equipo sanitario”, cuando en realidad se trata de un documento revocable que no exime a los profesionales de su responsabilidad en caso de que haya una mala actuación.

Más esfuerzos
Por todo ello, la OCU pide más esfuerzos a la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud para que dé a conocer los derechos de los pacientes. Asimismo, propone elaborar un catálogo de derechos unificado “que garantice la igualdad y la no discriminación por territorios”.

Además, la OCU recuerda que los pacientes tienen derecho a recibir información sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos para acceder a ellos, así como sobre sus derechos y obligaciones como usuario, y el modo de hacer sugerencias y reclamaciones. “Tienen que recibir la información necesaria para elegir médico y centro, mientras que cualquier tratamiento debe contar con la aprobación expresa del paciente, a través del consentimiento informado”.

La bata blanca, ¿barrera en la relación médico-paciente?

La relación entre médico y paciente se ve afectada por el uso de la bata blanca. Así lo han entendido las autoridades sanitarias de Escocia, que han prohibido su uso por esta razón y por higiene. En Inglaterra se ha desaconsejado su empleo cuando se atiende a los pacientes.
G.S.S.
18/12/2008
La tradicional bata blanca que ha distinguido a la profesión médica en el Reino Unido desde hace más de un siglo puede tener sus días contados. Al menos en Escocia, donde un nuevo código de vestimenta para todo el personal sanitario prohíbe su uso. La bata blanca se adoptó originariamente para dotar de autoridad a los médicos y dar una sensación de limpieza, pero el caso es que los profesionales escoceses se despojan de ella en nombre de la salud y la seguridad, según informa The Guardian. El motivo es frenar el esparcimiento de infecciones; por eso se ordena a los médicos que se quiten esta legendaria vestimenta en favor de unos uniformes con mangas cortas y más colorido, que permitirán el lavado de manos con más facilidad y que cogerán menos suciedad.

Además, se prohibirán las corbatas, los relojes de correa, los bolígrafos y las tijeras que se suelen llevar en los bolsillos, con la misma intención. Pero este cambio tiene otra lectura, ya que, según informa Bioethics, algunos piensan que la bata blanca crea una especie de barrera entre el médico y el paciente que impide la comunicación y la información en común, y que crea dificultad para generar confianza.

Esta tesis sostiene que quizás un look más casual y más acorde con el siglo XXI y con lo que los pacientes esperan favorezca esta relación. La bata blanca fue introducida en el Reino Unido como un intento de la época victoriana por controlar las infecciones en los hospitales, pero es un hábito que ha ido muriendo poco a poco en los hospitales británicos y los médicos han optado por una manera menos formal de vestimenta.

La secretaria de Salud escocesa, Nicola Sturgeon, ha explicado el propósito de la medida: “Sabemos cuan importante es la confianza en la salud pública. No deberíamos descuidar el papel que un uniforme puede jugar en establecer esa confianza con el paciente. El nuevo código de vestimenta minimiza el riesgo de infección y de contaminación, además de aumentar la confianza del paciente”.

Esta prohibición va más allá de la ordenada en Inglaterra, en donde se ha aconsejado que no se lleve la bata. El nuevo código escocés también prohíbe que el personal sanitario abandone el trabajo con sus uniformes para evitar la contaminación, salvo si la salida forma parte de trabajo en la comunidad o de una emergencia.

Las autoridades sanitarias escocesas han anunciado que se proporcionarán nuevos uniformes el próximo año a todo el personal sanitario, excepto los médicos. A enfermeras, fisioterapeutas y matronas se les permitirá escoger un vestido de manga corta o blusa en cuatro tonos de azul. Los gestores deben aún decidir si los facultativos tienen que alcanzar un acuerdo sobre la vestimenta que deben llevar en las salas del hospital.

Los médicos han estado divididos; algunos dicen que las batas blancas son pesadas e innecesarias y que crean un falso sentido de superioridad. Otros argumentan que la verdadera cuestión reside en mantenerlas limpias y que los recortes presupuestarios en lavandería son el verdadero problema, no las batas en sí mismas.

“Soy partidaria de la jerarquía entre el médico y el paciente”
María Dolores Vila-Coro, directora de la Cátedra de Bioética y Biojurídica de la Unesco, es partidaria de la relación de jerarquía entre el médico y el paciente. Por ello, cree que no es una buena idea eliminar la bata blanca. La bioética considera que la bata es un signo de identificación del facultativo y una manera de diferenciar los puestos y las funciones. De todas formas, Vila-Coro señala que existen aspectos más importantes en los que centrar la reflexión en estos momentos como el aborto, la eutanasia o la investigación con embriones humanos.

“No se puede justificar su supresión en la comunicación”
Jacinto Bátiz, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce (Vizcaya), cree que se puede justificar la supresión de la bata por cuestiones de higiene y salud, pero no por significar un problema de comunicación. “Lo importante son las habilidades del profesional para comunicarse y relacionarse con el paciente, no la vestimenta que utilice”. Bátiz pone el ejemplo de las visitas a domicilio, en las que los profesionales no llevan bata y donde la comunicación con el enfermo es adecuada. “Sí se debe exigir uniformidad e higiene personal”.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_nuevo/habilidades/es/desarrollo/1193257_01.html

Privar al paciente de elegir el tratamiento es un daño moral

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha condenado a la Administración porque una paciente no fue informada de las alternativas terapéuticas en un cáncer. El fallo entiende que no hubo mala praxis en el acto médico, pero sí daño moral por pérdida de oportunidad.
Marta Esteban 18/12/2008
Las indemnizaciones que los tribunales conceden a los pacientes si hay condena por daño moral suelen ir aparejadas a una falta de información por un riesgo típico que se materializa en una intervención quirúrgica. El deber de información, según la doctrina generalizada de los tribunales, incluye la obligación del médico de comunicar a quien se va a someter a una operación no sólo los riesgos típicos sino también las alternativas que existen al tratamiento de una patología.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha vinculado la falta de información sobre estas alternativas a un daño moral indemnizable aun existiendo buena praxis en el tratamiento médico dispensado al enfermo. En el caso analizado por los magistrados la paciente fallecida fue diagnosticada de un carcinoma de cervix en estado i-b con doble localización. La enfermedad podía ser abordada con dos tratamientos; uno mediante cirugía radical y otro, de carácter alternativo, con la combinación de radioterapia y quimioterapia.

En atención al fenotipo de la enferma, los servicios médicos del hospital público descartaron la intervención quirúrgica y optaron por derivar a la paciente a un centro oncológico para someterla a sesiones de quimioterapia y radioterapia. La paciente falleció dos años después de diagnosticarse el carcinoma. La resolución judicial, que acoge los alegatos de Alfonso Iglesias, abogado de los familiares de la fallecida, se apoya en el informe pericial del especialista en Ginecología, que aclaraba que el fenotipo de la enferma “no suponía una contraindicación formal para realizar la cirugía radical”.

Todos los datos
En consecuencia, los jueces censuran la falta de información, pues la paciente “pudo y debió ser informada de las ventajas e inconvenientes de ambos procedimientos, de las complicaciones derivadas de los dos y del pronóstico a medio y largo plazo en cada caso concreto”.

Según la Sala Contenciosa, la conducta “anormal de la Administración” privó a la mujer de la elección de su tratamiento, pues “a ella le correspondía escoger la opción que hubiese entendido que más le convenía”. Es más, pese a que la sentencia reconoce que el pronóstico vital de ambos tratamientos “era similar”, el fallo también aclara que “no se podía conocer qué hubiese acontecido si la fallecida hubiera optado por la cirugía radical”.

Por último, la resolución judicial denuncia la “elección unilateral” por parte de los servicios médicos del hospital, que derivó en un “consentimiento informado inexistente” y en una “pérdida de oportunidad”. Y es que el fallo, aun admitiendo que no hubo quiebra de la lex artis en la asistencia médica prestada a la enferma, sí aprecia una “pérdida de alternativa al tratamiento que se asemeja en cierto modo al daño moral” y que debe indemnizarse. La condena acordada por la Sala Contenciosa del tribunal gallego asciende a un total de 60.000 euros, es decir, 24.000 para el viudo y 12.000 para cada uno de los tres hijos.

No debe informarse si no hay alternativa
Es doctrina generalizada en los tribunales que la ausencia de consentimiento informado es mala praxis. Un fallo de un juzgado de Sevilla entendió que esta omisión no es indemnizable cuando no hay alternativa posible a la patología de un enfermo.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1193250.html

José Gabaldón: “Una ley de plazos del aborto sería inconstitucional”

El ex vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) y presidente de Honor del Foro Español de la Familia, José Gabaldón, ha afirmado que una ley de plazos en materia de aborto sería inconstitucional.
Europa Press Madrid 18/12/2008
El ponente participó, a propuesta del Partido Popular, en la Subcomisión del Congreso que se encarga de analizar una posible reforma legislativa sobre el aborto. Gabaldón argumentó que “atribuir absoluta libertad a cualquier persona, incluso a la madre, para disponer de la vida de otro es una cuestión muy grave”. Asimismo, manifestó que, con los cambios que se han producido en la ciencia, se ha llegado a un punto en el que se establece “con claridad que de la fecundación nace un ser humano distinto”.

Por su parte, Javier Pérez Royo, que acudió a propuesta del PSOE, defendió que la interrupción del embarazo “es un derecho constitucional de la mujer” y no puede ser una conducta antijurídica “que pueda ser exonerada de responsabilidades penales en determinados supuestos. El Estado puede, a lo sumo, establecer determinadas condiciones, pero nunca impedir que la decisión sea de la mujer”.

Los facultativos no están bien formados en materia de voluntades previas

Los médicos españoles no son conscientes de que las voluntades previas constituyen “unas herramientas clínicas de enorme valor para el profesional en un momento de decisiones difíciles, lo que obliga al facultativo, si quiere actuar bien, a incluirlas dentro del consejo médico”, según han señalado un grupo de especialistas en bioética, derecho y medicina en la jornada sobre voluntades previas celebrada en Cantabria.
S.R. Santander 17/12/2008
A su juicio, éstas no han llegado aún al mundo clínico, de ahí el bajo índice de usuarios que han acudido a hacer un testamento vital al que habría que aligerar de carga burocrática. El escaso número de inscripciones se debe en buena parte a que los médicos no plantean a sus pacientes la posibilidad de hacer un documento de estas características, y a que la mayor parte desconoce cómo formalizarlo.

Pablo Simón, del Comité de Bioética de España, tiene claro que hay que facilitar que los médicos digan a los pacientes qué es un testamento vital y sus ventajas. “Ha habido un déficit de información y formación por parte de las comunidades hacia el personal sanitario”.

Cifras significativas
Simón ha dado por buenas las cifras de una reciente encuesta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, según la cual sólo el 21 por ciento de los médicos plantea a sus pacientes la posibilidad de hacer un testamento vital, y un 76,3 por ciento admite que no sabe cómo realizarlo.

José Miguel Polo, neurólogo y presidente del Comité Asistencial de Ética del Hospital Marqués de Valdecilla, ha manifestado que no conviene culpabilizar a las administraciones sanitarias por no haber formado bien a los médicos. “Buscar culpables no siempre es fácil, incluso reconociendo que en especializada el porcentaje de conocimiento del testamento vital, a pesar de trabajar en un ámbito muy protocolizado con los consentimientos informados, es menor que en la medicina de familia y comunitaria”. El facultativo no puede recomendar al paciente algo que desconoce, según Polo.

El responsable del Registro de Voluntades Previas de Cantabria, José Francisco Díaz, ha subrayado que Sanidad ha llevado a cabo este año una campaña de información del registro en todas las gerencias del Servicio Cántabro de Salud, al ser consciente de que “ha existido una falta de información muy grande entre los profesionales”.

Problemas de la nueva Ley de Investigación Biomédica

La Ley de Investigación Biomédica que entró en vigor en julio de 2007 tiene graves problemas jurídicos según un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid. Las complicaciones se refieren a los diversos comités éticos que impone la norma pero que, en unos casos no se han constituido y, en otros, su actuación es irrisoria. También hay un conflicto cercano a la discriminación con la valoración de las discapacidades o el trabajo con menores.

16/12/2008

El profesor Miguel Ángel Ramiro, del departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid ha realizado un estudio sobre la nueva Ley de Investigación Biomédica que entró en vigor en julio de 2007, y ha descubierto varias lagunas dentro de la norma que afectan a los comités de bioética que impone.

En primer lugar, el profesor Ramiro se detiene en los Comités Éticos de Investigación (CEI), que supuestamente sustituyen a los Comités Éticos de Investigación Clínica (CEIC) pero que aún no se han creado. Además de su inexistencia, el estudio destaca que estos órganos -encargados de velar por la protección de los derechos seguridad y bienestar de los sujetos que participaran en un ensayo y de ofrecer garantía pública al respecto- que no está claro que asumirán las mismas competencias que los CEIC.

Es más, el vacío respecto a los ensayos clínicos con medicamentos sobre los que deben velar los nuevos comités, no hay ni fecha para que se realice el cambio entre CEI y CEIC. Estos errores en el procedimiento se extienden a todo el desmantelamiento de los CEIC.

El estudio también encuentra fallos en el nuevo Comité de Bioética de España, cuyos miembros se designaron hace un año para que las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y ciencias de la salud tengan un órgano consultivo en el que resolver sus cuestiones. Sin embargo, pese a que debates como la nueva ley del aborto y la eutanasia se han impuesto en los últimos meses en la sociedad española y, evidentemente, forman parte de las atribuciones de este comité, no ha habido pronunciación alguna al respecto de ningún tema.

Ramiro denuncia también que no ha habido cuidado alguno en la redacción de la ley lo que, en algunos casos, supone una confusión o, cuanto menos, una discriminación. Así, hace referencia a un tipo de comité ético que no se desarrolla por la ley y la regulación de algunas de las situaciones especiales (niños y personas con discapacidad), en el que se obvia que las discapacidades son muy diferentes dependiendo de cada persona.

“Todo parece indicar que la redacción de esta ley responde más bien a la necesidad de dar cobertura legal a un determinado tipo de investigación con células embrionarias que se estaba haciendo en España o por científicos españoles en otros países, que fue objeto de mucha polémica moralista durante la penúltima legislatura y que por el camino se han ido recogiendo cosas vinculadas pero sin darle la profundidad necesaria”, concluye Miguel Ángel Ramiro.

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=4457

«El testamento vital debe ser parte de la práctica clínica»

PABLO SIMÓN LORDA MIEMBRO DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA

El experto en Bioética es partidario de que se abra un debate «serio y sin dramas» sobre la eutanasia en España y en otros países de Europa
M. A. SAMPERIO | SANTANDER

Pablo Simón Lorda /CELEDONIO
«Hay que ir a documentos más sencillos que los actuales»
Muchas veces nos hemos preguntado qué haríamos ante una enfermedad terminal. Es posible que llegado el caso no tengamos capacidad para decidir y por ello han surgido lo que se conocen como voluntades previas que se registran y que dan la pista a los profesionales sanitarios sobre lo que deben hacer. Para participar en la primera Jornada sobre Voluntades Previas organizada en Cantabria estuvo ayer en Santander Pablo Simón Lorda, profesor de la escuela Andaluza de Salud Pública y miembro del Comité de Bioética de España, dependiente del Ministerio de Sanidad.
– ¿Se dá importancia a las voluntades previas en el ámbito sanitario?
– En España hemos avanzado mucho en la legislación, pero queda mucho por hacer para que los profesionales lo entiendan. Empezaron vinculadas al ámbito jurídico y ahora tienen que llegar al clínico.
-¿Qué se puede hacer para que los médicos las recomienden a los pacientes?
– En Andalucía realizamos una experiencia a través de un proyecto de investigación en el que participaron profesionales y ciudadanos y que funcionó muy bien. La mejor manera de que los pacientes entiendan la importancia de las voluntades previas es hablando con su médico.
– ¿Hay que formar a los profesionales para que entiendan los testamentos vitales?
– Es básico. Jornadas como esta en la que estoy participando en Cantabria sirven para debatir. Hay comunidades autónomas que empezaron antes como Cataluña, Andalucía y País Vasco y tienen ya mucho camino andado.
– ¿Son complejos los trámites?
– Los diferentes documentos que existen en España son farragosos y eso complica que se suscriban. Hay que ir a documentos más sencillos. Por ejemplo, en California, en vez de un documento se realiza una encuesta sencilla a los pacientes en la que ellos van dando su opinión sobre diversas cuestiones, entre ellas el camino a seguir en el caso de que su estado de salud se agrave y no tenga capacidad para decidir.
– ¿Un mejor diseño facilitaría las cosas?
– Creo que sí, pero sobre todo que el médico y el paciente hablen de estas cosas. Que los documentos sean entendidos por todos y así llegaremos a lo que deseamos: que las voluntades previas se incorporen a la práctica clínica.
– ¿Se tienen experiencias de la incorporación de los testamentos a la práctica clínica?
– En Andalucía, que es lo que más conozco, figura dentro del protocolo del abordaje del alzheimer avanzado. Así, cuando la enfermedad se agrava los profesionales tienen protocolizado acudir al registros de voluntades previas.
Eutanasia
-El debate sobre la eutanasia se ha vuelto a reabrir tras el reciente caso de Gran Bretaña en el que se grabó una muerte asistida. ¿Es buen momento para debatir esta polémica cuestión?
– Hay que plantearlo abiertamente en España y en Europa, en donde ya hay dos países (Bélgica y Holanda. Está pendiente en Luxemburgo) que tienen despenalizada la eutanasia y además está el particular caso de Suiza, en donde es ilegal, pero se realiza. En Estados Unidos acaba de ser aprobada la despenalización en Washington. El debate tiene que ser serio y sin dramas. Es un tema que resulta polémico por las diferentes opiniones y religiones y también porque no nos gusta hablar de la muerte.
– ¿Entiende el lío montado por esta última muerte asistida?
– No, porque mientras se estaba criticando su emisión en la televisión británica el vídeo estaba ya en Internet y todo el mundo lo estaba viendo.
– ¿La Iglesia Católica tiene su particular batalla contra la eutanasia?
-Si, pero en Bélgica, en donde está despenalizada, controlan el 70 % de los hospitales y la muerte asistida se lleva a cabo en los mismos sin mayores problemas. Creo que el debate será especialmente interesante si se ponen encima de la mesa todas estas cuestiones y se llega a un consenso lo más amplio posible.

http://www.eldiariomontanes.es/20081217/santander/destacados/testamento-vital-debe-parte-20081217.html

Bruselas debate una nueva norma sobre derechos de los pacientes

 JANO.es y agencias · 16 Diciembre 2008 16:06

España reclama que, en casos de “turismo sanitario”, haya una autorización previa por parte del país de origen y una aceptación previa del centro en caso de tratamiento hospitalario


El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, declaró hoy que la prioridad de la nueva norma sobre servicios sanitarios que prepara la Unión Europea debe ser garantizar los derechos y la seguridad de los pacientes. También reclamó que se respete el principio de subsidiariedad en países como España, cuyo Sistema Nacional de Salud “está evaluado como uno de los mejores del mundo”.
 
Los ministros de Sanidad de la UE discuten hoy en Bruselas la norma propuesta por la Comisión Europea para reforzar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo para saltarse una lista de espera.
 
La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recurrir al “turismo sanitario” y tienen derecho a que se les reembolse el coste del tratamiento a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus habitantes que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario.
 
España se opone a esta norma y reclama que haya una autorización previa por parte del país de origen y una aceptación previa del centro en caso de tratamiento hospitalario, de manera que se garantice que se puede prestar asistencia de calidad.
 
Para tratar de vencer la resistencia de España y de otros Estados miembros, la presidencia francesa de la UE ha presentado una propuesta de compromiso que impone la autorización previa en el caso de los tratamientos hospitalarios. No obstante, el Gobierno en cuestión no podrá denegarla, salvo que pueda garantizar un tratamiento similar en el país en un plazo correcto desde el punto de vista médico.
 
“Estamos avanzando bastante en ese tema, no sé si hoy se podrá cerrar, pero nosotros estamos siendo muy garantistas de la seguridad y los derechos de los pacientes, al mismo tiempo que aseguramos la movilidad transfronteriza”, dijo Soria a la entrada de la reunión.
 
Explicó que también existe “bastante consenso” por parte de los Estados miembros sobre la necesidad de que “la cartera de servicios y de calidad de los servicios tiene que ser similar” y de que hay que respetar el “principio de subsidiariedad en países como España cuyo sistema nacional de salud está evaluado como uno de los mejores del mundo”. “Lo que queremos es poner nuestra experiencia al servicio del resto de Europa”, señaló.
 
Aparte de la directiva sobre servicios sanitarios, Soria explicó que los ministros de Sanidad de la UE abordarán la propuesta de España de mejorar las normas de etiquetado de los alimentos para dar “más seguridad” a los enfermos celíacos. También se abordará la puesta en marcha de una estrategia sobre enfermedades raras, cuestión sobre la que España “está teniendo una actitud de liderazgo”, dijo el ministro.
 
Por otro lado, Soria aseguró que el Ministerio de Sanidad apoya las reivindicaciones de los médicos contra la norma que amplía la jornada laboral máxima hasta 65 horas semanales y espera que el Parlamento Europeo, que se pronunciará al respecto mañana miércoles, corrija el acuerdo alcanzado por los Veintisiete.
 
“En ese punto de vista, todos los profesionales sanitarios y el ministro de Sanidad y Consumo vamos juntos. Espero que el Parlamento Europeo también vaya en esa línea”, señaló el ministro de Sanidad.
 
Los ministros de Trabajo pactaron en junio que el periodo inactivo de la guardia (por ejemplo, cuando un médico duerme en un hospital) no debe considerarse como tiempo de trabajo a menos que la legislación nacional, un convenio colectivo o un acuerdo entre interlocutores sociales disponga lo contrario. Frente a ello, la Eurocámara reclama que todo el tiempo de guardia se considera tiempo de trabajo.

La historia de la ética médica como proceso de capacitación clínico-moral

Carlos Pose

Profesor de Filosofía en el Instituto Teológico Compostelano y de Bioética en la Universidad Complutense de Madrid.

28 Noviembre 2008

Hacer su historia no significa hacer arqueología, sino sociografía

La ética médica tiene su historia, que posee elementos convergentes con la historia de cualquier otro acontecimiento, pero también posee otros elementos muy divergentes. Esto es lo que ha dificultado su reconstrucción a lo largo de tantos años. 

Como toda otra ciencia, la ética médica tiene su historia, que es, no obstante, un tanto peculiar. Esta historia posee elementos convergentes con la historia de cualquier otro acontecimiento de la cultura humana. Pero posee otros elementos que son muy divergentes. Esto es lo que ha dificultado su reconstrucción a lo largo de tantos años y quizá todavía en la actualidad. 

Las razones de esta dificultad son varias. En primer lugar, como cualquier otra historia, la historia de la ética médica tiene que poseer una estructura unitaria, es decir, referir todos los hechos a un punto de vista global. En segundo lugar, a causa de la imposibilidad de reconstruir la totalidad de los hechos (muchos documentos fundamentales se han perdido o pertenecen a tradiciones distintas), es preciso seleccionar, valorar e interpretar el material que poseemos como legado. También esto sucede generalmente. 

Pero, en tercer lugar, la historia de la ética médica no posee una periodización similar a la que poseen otras historias; ni se puede dividir en “eras” (era de las Olimpiadas, era cristiana, etc.), ni en “edades” (antigua, media, moderna, etc.), ni en “sociedades” (sociedad esclavista, sociedad feudal, sociedad capitalista, etc.), etc. Esta inadecuación temporal es lo que ha llevado a hablar de la medicina como actividad privilegiada y de la ética médica como moral especial. Eso es lo que muestran, al menos, las pocas historias de la ética médica de que todavía disponemos. 

Circunscribirla a un único espacio geográfico 

Por otro lado, la historia de la ética médica hay que circunscribirla a un único espacio geográfico, por más que esto constituya un sesgo científico. Es cierto que ha habido y hay experiencia clínica y experiencia ética en otras civilizaciones, pero los conceptos que nosotros manejamos y entendemos no son adecuados para interpretar la medicina y la ética de esas otras civilizaciones geográficas (islámica, india, china, etc.). Por eso, toda reconstrucción de la historia de la ética médica que quiera ser de alguna utilidad para nosotros no tiene más alternativa que referirse tan solo a la ética médica constituida en occidente, a la civilización occidental. 

En esta civilización hay una nota característica que influyó mucho en la historia de la ética médica: la organización social y política (las relaciones de dependencia entre los miembros, la función o rol que cada grupo desempeña, las formas de gobierno, el tipo y grado de participación en los asuntos públicos, etc.). Pero lo que llama la atención, como ya hemos advertido, es que no hay completa adecuación entre la organización política y la organización médica. La pudo haber al principio, y la hay muy probablemente al final, en nuestros días, pero no la ha habido en todo ese largo período de tiempo intermedio. Esto es algo que todavía no se ha podido explicar suficientemente y sobre lo que se sigue discutiendo y escribiendo. 

Por último, la historia de la ética médica hay que insertarla dentro de una mentalidad colectiva, que no deja de ser nuestra mentalidad. Los patrones con los que se determina la evolución histórica (económicos, técnicos, etc.) hacen pensar que hoy somos muy distintos de lo que fueron nuestros antepasados, que tenemos otra mentalidad. Con mentalidad nos referimos a las ideas y creencias que cada civilización posee sobre el hombre, el mundo y la vida, es decir, sobre los valores que determinan el quehacer cotidiano, por ejemplo, valores religiosos, intelectuales, estéticos, vitales, etc. Todos estos valores influyen decisivamente en la configuración de la medicina y de la ética médica, como tendremos oportunidad de ver. Pero no se puede pensar que estamos muy alejados de la civilización que dio origen a nuestra mentalidad. Han cambiado algunos contenidos básicos, hoy somos más civilizados (valores instrumentales), pero nuestra cultura, nuestros valores intrínsecos son más o menos los mismos. 

Si todo esto es así, si todos estos parámetros determinan la reconstrucción de la historia de la ética médica hasta exigir un gran esfuerzo de nuestra parte, lo que cabe preguntarse es ante qué tipo de historia nos encontramos; qué nos puede aportar esta historia en la actualidad para que tenga sentido su conocimiento tanto en medicina como en la práctica clínica. 

Proceso de capacitación clínico-moral 

Para comprender este punto, vamos a analizar muy brevemente algunas características de la inteligencia humana. La inteligencia humana tiene distintas dimensiones vitales. Tiene una dimensión biológica, una dimensión biográfica y una dimensión biomoral. La dimensión biológica es la más fácil de entender. Todo ser vivo, si quiere ser viable, tiene que apoyarse en una o varias cualidades que le permitan adaptarse al medio, o de lo contrario perecerá. 

Según la clásica teoría de la selección natural, todo ser vivo es resultado de la adquisición de estas cualidades, lo cual ocurre a través de un proceso de selección. La naturaleza ejerce presión sobre los individuos (condiciones climatológicas, escasez de alimentos, incremento poblacional, etc.) y por tanto selecciona aquellos individuos cuyas características o cualidades se adaptan mejor al medio, penalizando a aquellos otros deficitarios biológicamente. Siempre sobreviven los más aptos. El proceso de selección es un proceso de adaptación. 

En el caso del ser humano sucede lo mismo. La única diferencia es que, a la presión que recibe por parte del medio, éste responde seleccionando el medio que mejor se adapta a él. En este caso no es, pues, el medio el que selecciona al individuo, sino que es el individuo el que elige el medio. De algún modo, también esto lo hacen algunos seres vivos (los movimientos migratorios de muchos animales, etc.), pero en un grado muy distinto al ser humano. El ser humano, debido a su inteligencia, no sólo elige el medio, sino que lo transforma. Su adaptación al medio no sólo es libre y voluntaria, sino también inteligente. Esto no le ocurre a ningún otro ser vivo. Por eso, la función que desempeñan otras cualidades en los demás seres vivos, la desempeña la inteligencia en el caso del ser humano. La desempeña más y mejor. La inteligencia tiene en el caso del ser humano una dimensión estrictamente biológica: hacer viable al individuo humano para responder adecuadamente a la presión que recibe del medio ambiente. Es la primera dimensión vital de la inteligencia humana, por tanto, una dimensión bio-lógica, es decir, de aplicación del logos, de la inteligencia a la vida1

Pero el ser humano no sólo consigue, al menos hasta el día de hoy, adaptarse al medio respondiendo adecuadamente a la naturaleza, sino que además puede trazar personalmente la figura de su adaptación. El ser humano puede escribir su vida, prefigurarla y realizarla. Esta es la dimensión biográfica de la inteligencia. La inteligencia significa en este sentido una cierta capacidad de anticipación. El ser humano realiza de algún modo lo que previamente ha proyectado. No hay vida humana si no es apoyada en algún proyecto. Por eso se dice que el ser vivo vive en el presente, mientras que el ser humano vive en el futuro. 

El futuro es el horizonte de la vida humana. En él se ve a sí mismo, lo que quiere ser y lo que puede ser. Nadie puede escribir su vida si no es de ese modo. Toda realización presupone lo que se va a realizar, y lo que se va a realizar, antes de ser realizado, es un proyecto. Escribimos nuestra vida porque pensamos nuestro proyecto. De nuevo, aplicación del logos a la vida, ahora no sólo para sobrevivir, sino para vivir bien, en plenitud o felicidad. La felicidad, ya decían los griegos, se debe en parte al ejercicio óptimo de nuestras potencias. Estas potencias son morales, pero también racionales, intelectivas. Son éstas las que utilizamos para realizar plenamente nuestra vida moral.

Hay una dimensión más de la inteligencia, que tiene que ver con esto último, con la vida moral. Por eso la llamaremos dimensión biomoral de la inteligencia2. Los proyectos que el ser humano tiene que realizar para alcanzar su plenitud no son todos ni la mayor parte cosechados por un único individuo. No son proyectos personales que han surgido de la nada. Los proyectos son posibilidades que están ahí y que han sido inventados por otros. Son, además, proyectos que, igual que las cualidades de los seres vivos, han estado sometidos a un proceso de selección, o si se prefiere, de elección. Por tanto, las posibilidades, primero, hay que inventarlas. Y esta invención casi nunca corresponde a un único individuo. Pero, segundo, están sometidas a un proceso de elección. Posibilidades ha habido muchas, pero sólo algunas nos han sido entregadas y por tanto han sido elegidas. Esta es una función de la inteligencia, la invención de posibilidades y la elección de las mismas. Sólo que ahora no se trata de una función puramente biológica ni biográfica, sino estrictamente moral. Es una dimensión biomoral de la inteligencia. Es la aplicación del logos o inteligencia a la vida, a la vida moral. 

Pues bien, esta última dimensión es la que más tiene que ver con la historia. El ser humano se tiene que hacer mediante la apropiación de posibilidades, y estas posibilidades son inventadas por otros, por tanto, entregadas. La historia es un proceso de entrega de posibilidades, es decir, de modos de vivir y de actuar. Y como esos modos son estructuras probadas de vida moral, conocerlas y elegirlas es lo mismo que capacitarse para la vida. 

La historia como entrega de posibilidades de vida es un proceso de capacitación3. La historia nos capacita, nos enriquece moralmente. Por eso es tan importante el conocimiento de la historia, en nuestro caso, el conocimiento de la historia de la ética médica. Ella es la que nos situó en el lugar que hoy estamos. Podremos decir: “Pues no nos gusta donde estamos”. Tenemos todo el derecho a decirlo. Puede que no nos guste este lugar, o que este lugar se haya vuelto conflictivo, pero es el lugar que hemos elegido entre todos. Lo que no se puede decir es que estamos a la fuerza. No. Ha sido algo elegido, apropiado, por tanto, sujeto a un posible cambio. 

Conclusiones 

La reducción de la historia de la ética médica a mero relato o descripción de hechos pasados, por tanto, meramente positivos, se encuentra con varias dificultades. Ante todo, todo hecho es algo que hay que interpretar y, por tanto, carece de sentido no atribuirle ningún significado, sea éste positivo o negativo, para nuestro presente cultural. Los hechos pasados, en tanto que pasados, forman parte de nosotros, puesto que prefiguran lo que hemos sido, y lo que quizá podamos volver a ser, no por repetición, sino por posibilitación.

Pero, además, ese modo positivista de entender la historia deja sin explicar la heterogeneidad de posibilidades de vida y, por tanto, los distintos procesos de capacitación moral. Hacer historia de la ética médica no significa hacer arqueología, sino sociografía, es decir, reconstruir nuestra propia historia colectiva. La historia de la ética médica es la historia de nuestra apropiación individual y social de posibilidades y por tanto la historia de nuestra capacitación clínico-moral. 

Una primera consecuencia de todo este análisis es que la historia, la historia de la ética médica, no se reduce a lo que comúnmente suele entenderse por tal. No es una historia meramente positiva o positivista. La historia de la ética médica es, por un lado, interpretación de lo que pasó con la ética médica; pero es sobre todo entrega de los distintos modos de vivir y de actuar. Esa historia es la reproducción del conjunto de posibilidades ético-clínicas que se nos ha entregado como depósito cultural dentro de nuestra tradición. Si esta tradición ha evolucionado desde la homogeneidad hasta la heterogeneidad, lo que esto quiere decir es que las posibilidades clínicomorales se han ido incrementando. Las posibilidades clínico morales entregadas hoy son varias. De ahí el conflicto que vivimos en la actualidad.

Cabe añadir, como segunda conclusión, que la historia de la ética médica, dados sus parámetros específicos, no se puede confundir con ninguna otra historia, por ejemplo, con la historia de la ética o con la historia de la medicina. Es algo sutilmente distinto, que asumiendo el legado de la ética y su historia, se sitúa en el contexto de la medicina. Asumiendo el legado de la ética, porque las posibilidades a las que nos hemos referido más arriba son ineludiblemente morales, es decir, son posibilidades elegidas y entregadas moralmente, no biológicamente (hay que distinguir siempre la entrega biológica, genética, de la entrega moral o biomoral). Y situándose en el contexto de la medicina, porque quienes eligieron ciertas posibilidades y nos las entregaron han sido los profesionales médicos o clínicos, desde Hipócrates hasta nuestros días.

“El ser humano, debido a su inteligencia, no sólo elige el medio, sino que lo transforma. Su adaptación al medio no sólo es libre y voluntaria, sino también inteligente”. 

 

1 ZUBIRI, X. Inteligencia sentiente. *Inteligencia y realidad, Alianza Editorial, Madrid 1991, págs. 69 y ss. 
2 Un análisis más amplio de esta dimensión en POSE, C. “La filosofía de Zubiri y le ética de la responsabilidad”, ponencia presentada en la Fundación X. Zubiri de Madrid en el curso académico 2007-08. 
3 Quien así ha analizado este punto ha sido X. Zubiri. Cf., por ejemplo, ZUBIRI, Tres dimensiones del ser humano: individual, social e histórica, Alianza Editorial, Madrid 2006.

http://www.jano.es/jano/humanidades/medicas/humanidades/medicas/carlos/pose/historia/etica/medica/proceso/capacitacion/clinico-moral/_f-303+iditem-3302+idtabla-4+tipo-10

Tina Parayre: “La clave es vivir el dolor con esperanza”

Tina Parayre, jefa del Servicio de voluntarios del Hospital San Juan de Dios, acaba de publicar El caballo de Miguel, un libro que narra extraordinarias experiencias de superación.
Loreto Mármol 11/12/2008
Tina Parayre podría ser el Roberto Benigni del Hospital San Juan de Dios. Lleva 23 años viendo cómo los niños pelean contra la muerte, y su labor, junto a la de los 265 voluntarios que coordina, es hacer menos traumático su paso por el centro.

¿La vida es bella?
-No ocultamos el dolor ni engañamos, pero nuestra presencia es una ayuda para que los niños vivan el sufrimiento con esperanza y para que su paso por el hospital no sea una experiencia que les traumatice. Se trata de adecuar la situación a su edad sin que les rompa por dentro. Gracias a nuestra labor el menor y su familia viven probablemente los momentos más difíciles de su vida con desdramatización. A menudo, nos sentimos impotentes porque la curación no está en nuestras manos, pero luego nos damos cuenta de que sí podemos conseguir que el niño viva su experiencia dentro del hospital como un niño.

¿Qué hace especial su trabajo?
-Los voluntarios aportamos la guinda al pastel. En una habitación de hospital las horas transcurren lentamente, así que nuestra presencia es como una gota de agua en el desierto de la soledad y la monotonía.

¿Cuál es su misión?
-Llegar allí donde el profesional sanitario no puede llegar ni por tiempo ni por la labor asistencial que le corresponde desempeñar. Proporcionamos un clima de acogida con quienes no lo están pasando bien y así evitamos que la persona que está sufriendo piense que su dolor no le importa a nadie.

¿Qué es lo que más le impresiona?
-Nunca me podré acostumbrar a que después de los años los padres vuelvan a visitarnos, aun cuando sus hijos no se curaron. Lo que les queda son los buenos ratos que pasaron con nosotros. Y es que se dan cuenta de que después del tiempo, los momentos más amargos pueden llegar a ser dulces.

¿Cuál es la experiencia que más le ha marcado?
-Un día los Mossos d’Esquadra trajeron a un adolescente que había tenido un accidente de tráfico y durante días no pidió auxilio porque la moto era robada. Queríamos ofrecerle el máximo apoyo porque no tenía familia. Al principio no nos dejaba; su reacción era terrible, como la de un animal enjaulado.

Poco después le sorprendió que ante sus malos modos nuestra respuesta era el cariño. Acabó siendo el niño que nunca le habían dejado ser. Al fin mostró ternura y se sintió persona. En el hospital pasó los únicos días felices de su vida. Pero es una de muchas historias, tantas que podríamos escribir un libro.

Y ese libro llegó…
-No queríamos que fuera morboso ni para que la gente dijera “pobrecitos”, sino que sirviera para mostrar la vida con mayúsculas.

¿Por qué El caballo de Miguel como título?
-El caballito llegó al hospital de manos de un niño de nueve años que cuando se curó me lo prestó llorando para que se lo diera a otro niño. Comprendí que tenía que encontrar un dueño que fuera digno de tal tesoro. Permaneció durante meses en el estante de mi despacho hasta que un día un niño de cinco años, que estaba muy enfermo, lloraba porque quería un caballo. Fue su último juguete.

¿Los niños resisten más al dolor que los adultos?
-Saben que son vulnerables y no se hacen tantas preguntas como los mayores, que creen ser fuertes y autosuficientes. La enfermedad es un batacazo que muestra que la vida pende de un hilo, pero se sienten humillados cuando se ven incapaces de valerse por sí mismos. El niño lo acepta con facilidad y tiene la capacidad de vivir en el hospital riendo y jugando.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/entorno/es/desarrollo/1191042.html

El Ministerio de Sanidad implantará el modelo de consentimiento informado iniciado en Extremadura

El objetivo es que el paciente tome las decisiones con el mayor grado de información y de forma autónoma


Mérida (10-12-08).- El Ministerio de Sanidad extenderá a todo el país el modelo de consentimiento informado que Extremadura comenzó a aplicar hace dos años, con el objetivo de que “el paciente tome las decisiones con el mayor grado de información y de forma autónoma”.

Así lo aseguró el director general de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias de la Consejería de Sanidad y Dependencia, José María Vergeles Blanca, quien destacó que este hecho supone un “reconocimiento” del Ministerio de Sanidad a Extremadura “por todo el trabajo desarrollado durante años en el tema del consentimiento informado por escrito”.

Este es el objetivo del proyecto “Evaluación de la Implantación del Consentimiento Informado en el Sistema Nacional de Salud” que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad, liderado por la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitarias.

Este proyecto coordinado con el resto de comunidades autónomas, desarrolla sus actuaciones en el campo de las garantías de calidad, equidad y seguridad de las prestaciones que ofrece el Sistema Nacional de Salud al ciudadano, según informa la Junta en nota de prensa.

Así, pretende a través de la implementación de un protocolo de actuación común, realizado en Extremadura, la evaluación de la implantación y calidad del consentimiento informado escrito en las actuaciones sanitarias previstas en el artículo 8.2 de la Ley 41/2002 Ley Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en los Centros, Servicios y Establecimientos sanitarios de Sistema Nacional de Salud, según informa la Junta en nota de prensa.

Además, como valor añadido, el proyecto incorpora una “encuesta de satisfacción de pacientes donde se evalúan las condiciones y grado de comprensión de la información facilitada”.

Recuerda el Gobierno regional que este protocolo ya ha sido llevado a cabo durante los últimos dos años en la región, y por tanto el Ministerio de Sanidad optó por “aprovechar la experiencia de Extremadura y hacerlo extensible al resto del estado”.

En este sentido, el director general añadió que Extremadura lleva trabajando intensamente en la aplicación de modelos de consentimiento informado por escrito en todos los centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma y se sigue de cerca su implantación.

Para Vergeles “conocer a través de una encuesta el grado de comprensión del paciente al documento que permite al médico realizar una determinada actuación es algo muy importante, ya que es el ciudadano quién debe entenderlo bien para tomar la decisión más adecuada en cada momento”.

http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=39564

Aborto.- Una experta propuesta por el PP asegura que abortar a partir de la semana 22 es infanticidio

   MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) –

 

   La presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, Natalia López Moratalla, manifestó hoy que “cuando una mujer aborta antes de la semana 22 de gestación se debe hablar de interrupción voluntaria del embarazo y cuando lo hace a partir de esa fecha, de infanticidio, ya que desde ese momento el feto es viable fuera del útero materno”.

 

   En declaraciones a Europa Press antes de comparecer en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la ley del aborto, López Moratalla, propuesta por el PP, destacó que la interrupción del embarazo “es siempre un drama para la mujer” y añadió todas las que abortan, tanto voluntaria como involuntariamente, sufren “en mayor o menor medida” algún tipo de trastorno psicológico.

 

   Según dijo, el riesgo de alteraciones aumenta entre un 4,3 y un 16,6 por ciento en las mujeres que abortan de forma no natural, pudiendo sufrir “fobias, ataques de pánico, ansiedad y depresión”. Además, destacó la correlación entre el aborto y el suicidio y el abuso el alcohol y las drogas, por lo que pidió que se informe claramente a las mujeres de las posibles consecuencias físicas y psicológicas de abortar.

 

   López, que también es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Navarra, hizo hincapié la llamativa “desaparición masiva de niños nacidos con Síndrome de Down” y dijo que “la eliminación de embriones no conformes a una determinada regla de normalidad les niega su derecho a vivir como son”.

 

   Por su parte, la catedrática de microbiología de la Universidad de Granada y miembro de la Real Academia de Medicina, Carmen Maroto Vela (propuesta por el PP), defendió que el embrión es un ser vivo porque biológicamente la mujer y el niño son dos entidades distintas. “El feto está con la mujer pero no es la mujer”, indicó.

 

APUESTA POR LA ADOPCIÓN

 

   Así, pidió que la nueva ley contemple la posibilidad de que las mujeres, en vez de abortar, puedan dar a su hijo en adopción, “ahora que hay tantas parejas yendo a otros países a adoptar un niño”. Además, consideró que es “una incoherencia que una mujer que aborta tenga todas las garantías y todos los derechos, y que una mujer que alumbra a un feto vivo y lo deja en la basura se la persiga”.

 

   También calificó de “contradicción que las mujeres aborten a fetos con malformaciones compatibles con la vida cuando hace tan sólo unos días se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y todo el mundo el mundo defendía sus derechos”.

 

   López, al igual que la directora general de la Asociación Salud y Familia (propuesta por el PSOE), abogó por “minimizar la práctica de abortos en clínicas privadas”. “Estos centros pueden tener todas las garantías sanitarias, no lo pongo en duda, pero me dan mayor garantía los hospitales públicos”. aseveró.

 

   Así, la directora general de esta asociación, Elvira Méndez, dijo que los centros públicos deben tener “un mayor protagonismo en los servicios sanitarios públicos de los abortos, “porque mejorará en la calidad asistencial y la calidad de la contracepción y generalizará el conocimiento en la utilización `*on de métodos reversibles de larga duración”.

 

LA NUEVA LEY NO INFLUIRÁ EN EL NUMERO DE ABORTOS

 

   Según explicó Méndez, “las leyes y las regulaciones no tienen un impacto significativo el aumento o disminución del volumen de embarazos”, aunque las normativas “sí hacer mucho por mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de las interrupciones de embarazos”.

 

   A su juicio, en los países en los que existen leyes restrictivas, como España y Sudamérica, “lo único que se consigue es desplazar los abortos a la clandestinidad, lo que pone en peligro la vida, la salud y la dignidad de las mujeres”.

 

   “Si queremos disminuir el número de embarazos no planeados los poderes públicos deben hacer una fortísima inversión en mejorar la salud contraceptiva y reproductiva para que las mujeres puedan realizar elecciones en abundancia”, enfatizó Méndez.

 

USAR CONTRACEPTIVOS MÁS MODERNOS

 

   Ante el aumento de abortos en España, propuso priorizar las políticas de prevención y educación sobre todo entre las adolescentes e inmigrantes y facilitar el de acceso a los contraceptivos más modernos, “de probada efectividad”, como son el dispositivo intrauterino y el implante hormonal, que no están en la cartera de servicios de la sanidad pública española

 

   A su vez, el ginecólogo en el Complejo Hospitalario Cristal-Piñor de Orense, José Luis Doval, que compareció a solicitud del BNG, criticó que la mayoría de las mujeres tengan que recurrir “al subterfugio del riegos psíquico para abortar cuando en realidad lo hacen por causas sociales que no están contempladas en la ley”.

 

   Además, afirmó que la tasa de abortos en España es menor que la de los países de su entorno, aunque alertó de que el 42 por ciento de las interrupciones que se practican en este país en 2007 son a mujeres inmigrantes.

Tribuna. Derecho a una muerte digna, sí, ¿pero a manos de quién?

El anteproyecto de Ley de Muerte Digna de Andalucía ha generado críticas de varios sectores. Según el vicepresidente del Sindicato Médico de Sevilla, parece que viene a dar respuesta a situaciones puntuales de gran impacto mediático que no justifican la creación de una ley.
Juan Pedro Jiménez Tamplín 10/12/2008
Tras la lectura de este anteproyecto elaborado por la Consejería de Salud de Andalucía, varias son las reflexiones que me sugiere, pero la más importante es que como principio básico debo declarar que, aunque los médicos sabemos que la vida siempre tiene un final, también sabemos y estamos obligados por el Código Deontológico a que nuestro lugar ante el enfermo es estar al lado de la vida.

Es necesario recordar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señala “que el deseo de morir de los pacientes terminales o los moribundos no constituye ningún derecho legal a morir a manos de otra persona”. Afirma el documento que “las cuestiones relacionadas con el proceso de la muerte han adquirido gran importancia en nuestra sociedad”. Esta afirmación no creo que coincida con la opinión de la sociedad andaluza. No percibo un clamor social pidiendo la creación de una normativa que regule esta grave circunstancia, ya que los profesionales sanitarios ante enfermos terminales vienen aplicando, de hecho, criterios éticos y humanos para evitarles un sufrimiento innecesario y dándoles los tratamientos paliativos necesarios hasta su muerte, no existiendo por tanto una mala práctica, ni frecuente ni generalizada.

Como confirmación de lo anteriormente expuesto, tampoco he encontrado un número de casos significativos de reclamaciones en los centros relacionados con el objeto del texto. El anteproyecto coloca a los médicos en situación de sospecha, y de su lectura se deduce que las conductas irregulares son generalizadas en la práctica médica en Andalucía. Más bien parece que viene a dar respuesta a situaciones puntuales de gran impacto mediático, cuyo análisis y opinión corresponde a los criterios ético y morales de cada uno de nosotros, pero desde luego sin la suficiente entidad como para motivar la creación de una ley.

Las distintas normas (Ley 2/98, de Salud de Andalucía, Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, Estatuto de Autonomía de Andalucía, Recomendaciones 1418/99 y 24/2003 del Consejo de Europa y Ley 5/2003, de Testamento Vital) ya regulan de manera exhaustiva el derecho del enfermo para decidir sobre su futuro sanitario.

Resulta sorprendente que el anteproyecto vaya más allá de lo actualmente legislado y quiera regular de nuevo no sólo la voluntad del paciente sino también “la voluntad que presuntamente tendría el paciente si estuviera en ese momento en situación de capacidad”.

Respecto a la regulación de los deberes del personal sanitario (en el ámbito publico y privado) en el proceso de la muerte, también hay suficiente normativa (Ley 2/98 de Andalucía, Ley 41/2002, Estatuto de Autonomía de Andalucía, LOPS, Recomendaciones 1418/99 y 24/2003 del Consejo de Europa, Comités de bioética profesional) para guiar la actividad en dicho proceso. Entiendo que recae excesivamente la responsabilidad del procedimiento en el médico responsable por una doble vía: ante la familia, ya que deberá tomar decisiones incluso por encima o en contra de la opinión de ésta, y ante el articulado de infracciones y sanciones, que puede condicionar la buena praxis del médico abrumado por la gravedad de éstas.

Otro aspecto muy importante es que el anteproyecto obvia el derecho a la objeción de conciencia del médico recogido en nuestra Carta Magna (artículo 16.1). La libertad del enfermo no puede eliminar la del facultativo, ya que nuestra profesión nunca entendió ni entenderá la relación médico enfermo como un ámbito de posibles enfrentamientos, por lo que no considero necesaria esta regulación que además supone una desconsideración injusta del médico andaluz.

Más práctico y adecuado sería invertir en información a los ciudadanos y aumentar los recursos materiales y humanos para facilitar a los enfermos mejores cuidados paliativos, sobre todo en el sistema sanitario público andaluz, como se contempla en la normativa existente.

Conclusiones
Tras el análisis pormenorizado del anteproyecto de ley, y salvo mejor criterio, considero que es:

-Innecesario: hay suficiente normativa para regular la situación terminal en los enfermos andaluces.

-Inoportuno: este tipo de actividad asistencial debería regularse, al igual que otras, más bien mediante guías o protocolos de procesos asistenciales integrados como desarrollo de las normativas existentes.

-Ambiguo: algunas definiciones que se usan son extremadamente ambiguas y genéricas, dejando la puerta abierta a muchas posibilidades e interpretaciones. Falta concreción.

-Represor: el brutal régimen sancionador puede coaccionar la actitud terapéutica del médico, que se verá empujado a cumplir la ley aun en contra de su opinión facultativa.

-Economicista: el médico responsable puede verse impelido a actuar según el contenido del anteproyecto por razones puramente económicas; el gasto del enfermo terminal es muy superior dependiendo del tiempo de supervivencia al del no terminal.

Finalmente hay que recordar que no es igual dejar morir dignamente al enfermo que quitarle la vida. La eliminación del que sufre no puede estar protegida por ninguna regulación, ya que no puede ser humanitaria ni respetuosa con la dignidad humana y por tanto es extraordinariamente amoral.

Vicepresidente del Sindicato Médico de Sevilla

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1190707.html

Samfyc dice que el anteproyecto de Ley de Muerte Digna plantea dudas sobre la responsabilidad del médico

La Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc) sostiene en su escrito de alegaciones sobre el anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, que la futura norma plantea “muchas dudas e inquietudes a los profesionales de atención primaria y, especialmente, a los médicos de familia, por ser los que asumen más responsabilidad en este ámbito de atención”.
Europa Press Sevilla 03/12/2008
Samfyc advierte de que, de la lectura de la futura norma, “debería traducirse mejor que la meta final es asegurar una buena práctica clínica en la fase final de la vida”. Por ello, esta sociedad médica entiende que para conseguir este objetivo último se debe alcanzar un “pacto global entre profesionales, gestores, políticos y ciudadanos, que incluya al menos tres condiciones”.

En concreto, la primera de estas condiciones se refiere a la necesidad de acotar con mayor precisión las situaciones vitales y clínicas en las que se va aplicar la futura ley. Así, en opinión de Samfyc, el texto “confunde a menudo situaciones de pacientes terminales, pacientes con procesos degenerativos irreversibles o pacientes en sus últimos días”.

La relación con el paciente, clave de una óptima asistencia

La tecnificación de la medicina parece olvidarse de la vertiente personal del paciente. Para María Jesús Mardomingo, psiquiatra y pediatra del Hospital Gregorio Marañón, es necesario que la relación que se establezca entre profesionales y pacientes sea estrecha, recíproca y personal.
Isabel Gallardo Ponce 28/11/2008
La medicina actual se ha desarrollado mucho desde el punto de vista técnico y científico en las últimas décadas, pero tal vez se está perdiendo la relación directa entre el médico y el paciente de forma personal y continuada. “Este vínculo es una de las claves de la buena medicina y de la curación. El médico tiene que conocer las causas, los mecanismos de las enfermedades, los tratamientos adecuados, y establecer una relación personal y un compromiso.

Junto a la ciencia y la técnica está también el arte de curar, que implica una relación de compromiso personal”, según ha explicado a Diario Médico María Jesús Mardomingo Sanz, jefe del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil, del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, sobre el seminario El vínculo con el paciente como clave del arte de curar. La relación médico-paciente en pediatría, que ha impartido en Fisalud. Además debe existir reciprocidad, “el paciente ha de tener confianza y lealtad en su médico. Les une la enfermedad, y el deseo del facultativo de curar. Se establece, por tanto, un compromiso personal y ético”. Todo ello es inherente al acto médico. Según explica Mardomingo, asistencia proviene del latín ad sistere, que significa detenerse junto a otro. El médico debe observar los síntomas, “escuchar el relato del paciente, contemplar su realidad, y analizar para llegar al diagnóstico y ser empático. “Todo esto requiere tiempo y reposo”. En el caso de la pediatría, se trata de un reto mayor, porque la relación de confianza debe abarcar también a los padres. “Cuando el vínculo con éstos no es estrecho la actividad terapéutica es dificilísima”, y la adherencia casi inexistente.

Peligros en la práctica
Para Mardomingo, los peligros que acechan a la buena medicina son la excesiva tecnificación, que se aleja de la realidad del paciente, además del concepto de la medicina como un negocio sujeto a intereses personales. Se tiende a una concepción mágica de la medicina “con nuevos brujos y chamanes. En la sociedad actual se busca la eficacia aparente y rápida. Cuando el paciente pierde la perspectiva de la relación con el paciente -lo que Laín Entralgo llamaba la amistad médica-, acude al facultativo para que le resuelva de forma inmediata el problema. El paciente le convierte en un ser mágico que tiene que procurar la solución para todo y con gran eficacia”.