Archivo por meses: noviembre 2008

La atención al final de la vida requiere una mayor formación de los profesionales en cuidados paliativos

La presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa, Victoria Espinar Cid, ha reclamado una mayor integración de los cuidados paliativos dentro de la medicina general para conseguir mayor eficacia en el tratamiento de pacientes antes de su fallecimiento. A su juicio, los retos futuros pasan por un cambio de actitud y más formación de los profesionales en este ámbito.

Europa Press Valencia 28/11/2008

Espinar ha hecho estas declaraciones antes de participar en las jornadas Acompañando a las personas al final de la vida, que ha organizado la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para tratar la atención específica que necesitan los pacientes que padecen una enfermedad incurable.

La facultativa ha señalado que “falta organización de recursos” para dar continuidad a los cuidados paliativos. Además, ha añadido que es preciso “concienciar a la sociedad” de que los pacientes y los familiares en estas fases finales “tienen unas necesidades y derecho a que dichas necesidades sean atendidas con calidad”.

Asimismo, ha destacado que “en la medida en que los ciudadanos sepan qué problemas se pueden plantear en este periodo, se puede reivindicar ese derecho de asistencia”. Los dificultades que surgen son muy variadas: físicas, de discapacidad, de falta de apoyo social a las familias o de equidad, pues los cuidados paliativos “están más desarrollados en unas comunidades que en otras”.

Respecto a la eutanasia, ha declarado que cada paciente tiene “capacidad para decidir; otra cosa es que encuentre respuesta a esa demanda”. No obstante, Espinar ha argumentado que es “una cosa muy particular de cada persona”, por lo que resulta muy complicado de legislar.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1187745.html

Begoña Román: “No es posible excluir los valores de la práctica clínica”

Begoña Román, profesora de Filosofía Teórica y Práctica de la Universidad de Barcelona, ha argumentado que “la práctica clínica siempre implica valores”, una idea que contrarresta la visión de un determinado positivismo científico “que incide en que existe una clara separación entre hechos y valores, algo que no es posible”.
Enrique Mezquita. Valencia 28/11/2008
Román, que ha participado en las IV Jornadas Nacionales de Comités de Ética Asistencial que concluyen hoy en la UIMP-Valencia, ha señalado que cualquier persona que realice una práctica clínica “delibera y toma decisiones que deben ser argumentadas”. Por ello, “es mejor que lo haga desde una ética cívica, que será válida ante cualquier ciudadano del mundo y podrá ser defendida y argumentada ante un profesional que pueda discrepar. La Declaración de los Derechos Humanos puede ser una buena base para esa ética mundial”.

Según Román, es necesario destacar que esa ética va más allá de los aspectos y las cuestiones meramente morales, ya que éstas “son productos culturales y quedan obsoletas”. En su opinión, los nuevos poderes biotecnológicos generan nuevas preguntas, “y tenemos insuficiencias argumentativas ante formas antiguas de proceder, que sabemos que no son positivas”. Por lo tanto, es necesario hacer una reflexión crítica sobre las costumbres y hábitos que tenemos.

La apelación a la ética “implica un nivel de conciencia maduro, ya que es necesario comprender que las morales quedan obsoletas y no tenemos autoridades morales compartidas, ya sean religiosas, políticas, etc”. Por ello, es vital que quienes tienen mayor responsabilidsd en este ámbito tome las decisiones.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1187749.html

José Carlos Abellán Salort: “El auxilio al suicidio y la eutanasia constituyen formas de homicidio que son reprobables éticamente”

El auxilio al suicidio y la eutanasia son formas de homicidio reprobables éticamente”. Así lo ha manifestado José Carlos Abellán Salort, de la cátedra de la Unesco de Bioética y Biojurídica, en la jornada sobre Bioética y Riesgo Eugenésico organizado por Fisalud.
Redacción 28/11/2008
Abellán ha señalado que “también es totalmente rechazable el encarnizamiento terapéutico prolongando en cualquier modo la agonía de un enfermo o privando a cualquier persona del derecho a asumir lo más serenamente posible su proceso de muerte. Por ello, ante situaciones de terminalidad física, con dolor físico o sufrimiento moral, lo más justo y humano es acompañar, aportar tratamientos proporcionados, paliar el dolor, respetando siempre la vida, pero también respetando la muerte”.

Además, el también profesor de Bioética y Filosofía del Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria, ha explicado que “tan imperativo es el rechazo de la eutanasia (…) como el del encarnizamiento terapéutico en donde pueda pervivir. Partiendo de la convicción de que matar o ayudar a matarse no es lo mismo éticamente que dejar morir cuando no hay terapia y la situación es irreversible, ha insistido en que “el principio básico debe ser el de la indisponibilidad de la vida humana. En el contexto del individualismo hedonista en que nos movemos, el derecho a una muerte digna es un eufemismo para decir, en realidad, derecho a matarse, en sintonía con una inaceptable concepción de la autonomía, la libertad y la vida humanas.”

Asimismo, ha advertido que a veces se manipula el lenguaje y se confunde términos, hablando de eutanasia cuando no lo es. A su juicio, “la legalización de la eutanasia supondría un retroceso notable, desde el punto de vista jurídico-moral, porque tendría un efecto validante sobre una conducta gravemente inmoral. El efecto moralizante de la permisión jurídica contribuiría a acentuar la banalización de un bien jurídico básico como la vida física.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/especialidades/psiquiatria/es/desarrollo/1187805.html

La voz del ciudadano ya está en la Comisión Deontológica

El Defensor del Ciudadano de Segovia ha entrado a formar parte de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de dicha provincia tras un acuerdo firmado por ambas instituciones. Con el convenio, José García Velázquez, defensor del ciudadano, será “un miembro más de esta comisión colegial”, ha declarado Juan Manuel Garrote, presidente del Colegio de Médicos de Segovia.

Redacción 25/11/2008
Según Garrote, “las comisiones de deontología de los colegios de médicos están constituidas para velar por la excelencia en el ejercicio de la profesión y el ciudadano tiene la percepción equivocada de que en los colegios hay partidismos”. La finalidad de esta colaboración es “dar una participación a los ciudadanos para que expongan su forma de ver las cosas sobre el ejercicio de la Medicina”. Es más, los colegios tienen que “refrendarse en la sociedad y lograr que el ejercicio de la profesión alcance su mayor excelencia. La sociedad debe creer en nosotros”. Esta iniciativa es pionera en nuestro país, pero Garrote está convencido de que será “bien acogida por los demás colegios”.

Asisa celebra la I Jornada sobre bioética y derecho sanitario

ASISA creó hace unos meses el Comité de Bioética como comité consultivo e interdisciplinario con el objetivo de asesorar sobre los aspectos y conflictos éticos y legales de la práctica clínica asistencial


Madrid, 24 noviembre 2008 (mpg/AZprensa.com)

ASISA ha celebrado en Clínica Moncloa la primera Jornada sobre Bioética y Derecho Sanitario, donde se han analizado los aspectos éticos y legales más relevantes del consentimiento informado, con un enfoque dirigido a la práctica clínica diaria.

Los principales temas que se han desarrollado son:

– Responsabilidad social del personal sanitario y errores médicos
– El consentimiento informado: procedimiento médico formal cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía del paciente (voluntariedad del paciente, información sobre el tratamiento y comprensión)

La mesa de expertos de la jornada ha contado con la presencia de Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA; María Tormo, directora de Planificación y Desarrollo de ASISA; Carlos Zarco, director médico de la Clínica Moncloa; Mariano Caballero, director de la Asesoría Jurídica de ASISA; Fernando Bandrés, director del Aula de Estudios Avanzados de la Fundación Tejeri y profesor titular de medicina legal de la Universidad Complutense de Madrid; Benjamín Herreros, profesor de Humanidades Médicas de la Universidad Europea de Madrid; y Santiago Delgado, director de la unidad de medicina legal Abascal y director del master de Derecho Sanitario de la Universidad Europea de Madrid.

La Dra. Tormo comentó: “ASISA tiene como objetivo facilitar más y mejores servicios a todos los médicos de nuestro cuadro médico y a los profesionales que trabajan en nuestras clínicas y centros sanitarios. A través de este Comité de Bioética, la compañía pretende conocer los problemas éticos más frecuentes y los que más preocupan a los profesionales en ámbito sanitario. La intención de este Comité, es celebrarse puntualmente en otros centros de ASISA para que todos puedan conocer las funciones del mismo y tengan posibilidad de plantear sus conflictos”

ASISA creó hace unos meses el Comité de Bioética como comité consultivo e interdisciplinario con el objetivo de asesorar sobre los aspectos y conflictos éticos y legales de la práctica clínica asistencial. Este Comité, pionero en las compañías de asistencia sanitaria, asesora a las diferentes instituciones sanitarias de ASISA, a los profesionales sanitarios de sus cuadros médicos y a otras instituciones con actividad asistencial o de formación sanitaria vinculadas.

http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=39302

 

Franco Cuccurullo: “Interrumpir la hidratación y alimentación a la mujer que se encuentra en coma vegetativo es eutanasia”

El presidente del Consejo Superior de la Sanidad de Italia, Franco Cuccurullo, considera que interrumpir la alimentación e hidratación de Eluana Englaro, la mujer italiana que lleva casi 17 años en coma vegetativo, no es otra cosa que eutanasia, según ha declarado en una entrevista al diario italiano Avvenire.
Europa Press Roma 24/11/2008
“Eluana no muere de la patología que sufre, sino de hambre y sed. Es más, se la hace morir; por lo tanto, se trata de eutanasia”, ha señalado Cuccurullo, que actualmente preside el Consejo Superior de la Sanidad, el órgano técnico-consultivo del Ministerio de la Sanidad italiano.

Aunque respeta la sentencia del Tribunal Supremo que ha autorizado dejar morir a Eluana, Cuccurullo no la comparte: “Creo que de este modo se está abriendo una deriva muy peligrosa para las personas incapacitadas”.

Según Cuccurullo, en Eluana hay todavía “un fuerte impulso de vida, hasta el punto de que, para pararlo, es necesario suspender la hidratación y la alimentación. Creo que la muerte será provocada por una insuficiencia renal debida a la deshidratación, y ésa no es su patología”.

“La relación entre médico y paciente está afectada por las leyes de mercado”

Por Martín Gagliano*

Un especialista en bioética cuestiona la mercantilización de la medicina y sostiene que en la actualidad “el paciente ya no es paciente sino cliente”. Entrevistado por AUNO, médico Miguel Chaves Zambrano defiende la coparticipación entre médico y paciente en la toma de decisiones y sostiene que debe respetarse incluso el rechazo al tratamiento.

Miguel Angel Chaves Zambrano, médico de terapia intensiva del Hospital de Clínicas y especialista en Bioética, sostiene que la relación entre médicos y pacientes sigue siendo asimétrica, ya que “está afectada por las leyes de mercado”.
El experto, en una entevista con AUNO, sostuco que los profesionales deben “propiciar decisiones compartidas (con los pacientes) y no consentidas . “Se debe respetar al individuo como persona a la hora de permitir que sea él quien tome una decisión”, afirmó.
El médico afirmó que se debe contemplar “la voluntad del paciente”, lo que implica “aceptar o rechazar el tratamiento”. Pero aclaró que “cuando se decide no hacer un tratamiento no significa que el médico se deshace del paciente. No implica el abandono”.

–¿Cuál es el estado actual de la relación médico-paciente?
–Al principio, la relación entre médico y paciente estaba teñida de una visión paternalista de la medicina, donde el médico era el que tenía el conocimiento y era el que decidía. Lamentablemente en la actualidad la relación médico-paciente continúa siendo asimétrica, pero en otros términos. El poder en las decisiones no está hoy ni del lado del paciente, ni del lado del médico.

–¿Quién tiene ese poder?
–Está sin dudas en las condiciones económicas y el acceso a la salud. Esto gobierna el accionar del médico y condiciona al paciente a la hora de ser atendido. No todas las personas tienen las mismas condiciones de igualdad, no todas cuentan con los mismos recursos ante la enfermedad.

–¿Cómo influye esta problemática a la hora de atender enfermedades?
–El núcleo de relación médico-paciente se ve atravesado hoy por las leyes del mercado. La medicina moderna participa en el juego de oferta y demanda. La enfermedad se convirtió en un objeto de ganancia. El paciente ya no es paciente sino cliente y las reglas que definen la práctica médica son reglas de mercado, destinadas a generar bienes materiales, resultados cuantificables.

–¿Cómo repercute esto en la salud de las personas?
–El proceso de curación se burocratiza. Las lógicas de mercado atacan directamente a la profesión, que es un arte. Al entrar en juego estos intereses mercantilistas, tanto médico como paciente pierden su lugar, se desvirtúan en un nefasto proceso administrativo-legal.

–¿De qué se trata este proceso?
–Paulatinamente, se ha ido equiparando la consulta con un médico con un trámite. Un entrar y salir de un consultorio donde no entran en juego factores como el tiempo y la correcta dedicación. ¿Usted sabe cuál es su médico de cabecera? ¿Lo vio usted alguna vez? Probablemente si, pero seguramente usted tenga más claro cuál es su obra social; e incluso lleve consigo a todas partes el carnet que lo identifica como usuario. De eso se trata la mercantilización. De la toma de poder por parte de empresas dedicadas a la salud.

–Ante esta situación ¿Cuál es el camino al momento de tomar decisiones? ¿Cómo se protege a las personas enfermas?
–Uno tiene la obligación moral de que los individuos coparticipen de la toma de decisiones en la medicina. Hay que dar la oportunidad. No está en nuestras manos sanear las condiciones desiguales de salud del país.

–¿Se puede superar esta desigualdad?
–Sí. Se logra diciendo la verdad. El mejor camino para resolver este problema es la información. Hacer partícipes de la realidad y de la verdad a cada individuo a través de la información. Lo que no se debe hacer es resguardarse en las condiciones de inequidad que existen para hacer un ejercicio inadecuado del poder.

–Entonces, ¿Cuál sería el estado ideal de la relación médico-paciente a la hora de tomar una decisión de tratamiento?
–Se trata de propiciar decisiones compartidas y no consentidas. El médico debe ser un profesional preparado, adecuado, informado, que sepa depurar la información del paciente con respecto a su estado de salud y que logre hacer confluir en tomas de decisiones que sean las mejores para el paciente. Es necesario respetar al individuo como persona a la hora de permitir que sea él quien tome una decisión.

–Entonces, ¿Se deja la decisión en sus manos?
–Sí. Para ello, primero hay que hacer es asegurarse que una persona sea competente para tomar decisiones. Esto significa que el paciente en cuestión, decidiría, con una información garantizada, lo que normalmente decidirían todos.

–¿Cómo funciona la toma de decisiones en la medicina?
–No debe ser el paciente acatando la voluntad del médico sino participando conjuntamente de la decisión. Los médicos deberíamos tener la capacidad de garantizar que se realicen los estudios para que el paciente decida de la manera en que nosotros deseamos que lo haga, teniendo la claridad de ideas suficiente para respetar si el paciente dice que no.

–¿Puede un paciente rechazar el tratamiento?
–Por supuesto. La voluntad del paciente implica aceptar o rechazar el tratamiento. El rechazo contiene una serie de probabilidades que incluso pueden llevar a la muerte, pero que no incluyen que al paciente se lo debe desproteger. Cuando se decide no hacer un tratamiento no significa que el médico se deshace del paciente. Es el rechazo a un tratamiento, no al cuidado integral de la persona. No implica el abandono. Hay que seguir cuidándolo.

El paciente no puede exigir el historial si venció su custodia

Un juez ha eximido a un médico de la obligación de entregar a su paciente la historia clínica por haber transcurrido el plazo de conservación que la ley fija en cinco años. El fallo analiza la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, y aclara qué se debe entender por historia clínica.

Marta Esteban 21/11/2008

La entrada en vigor, hace ahora seis años, de la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, zanjó cualquier discusión sobre el derecho del enfermo a obtener una copia íntegra de toda su historia clínica. En su artículo 18.1 dispone: “El paciente tiene derecho de acceso […] a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella”.

Correlativamente a esta concesión, la misma norma impone a los centros sanitarios y a los médicos el deber de conservar esta documentación “durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial”.

Conjugando la interpretación de ambos artículos, una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao ha absuelto a un médico de una demanda en la que una de sus pacientes le compelía a entregarle la historia completa de su asistencia psiquiátrica.

Para resolver la reclamación la sentencia tiene en cuenta la fecha en la que se produjo la atención clínica a la enferma, pues habían transcurrido más de treinta años desde el alta.

Vacío legal durante años
A falta de una regulación legal en el momento en el que se produjeron los hechos, la resolución judicial echa mano de las disposiciones de la Ley 41/2002, tanto del derecho de acceso a la documentación que se concede a los pacientes como de la obligación de custodiar las historias por un tiempo mínimo de cinco años.

El juez, que admite las argumentaciones de Josu Garai, letrado del Colegio de Médicos de Vizcaya, aclara que “en el momento actual el médico no está obligado a la custodia de la documentación requerida, y de la que no está en posesión, por lo que la paciente carece de derecho a exigírsela”.

La responsabilidad del facultativo queda así resuelta por el juzgado de Bilbao, que no deja pasar la oportunidad de hacer alguna que otra aclaración a la documentación que el médico entregó a la paciente cuando ésta le requirió su historia clínica.

En efecto, la sentencia advierte que el especialista “confunde la historia clínica con un informe, pues lo que el médico facilitó a la paciente fue un amplio resumen de los datos existentes en el historial de la etapa que la tuvo en tratamiento”. El juez aclara que esta información “no constituye una historia clínica”, según lo dispuesto en la propia Ley de Autonomía del Paciente.

El artículo 3 del texto legal define este concepto como “el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y evolución clínica de un paciente a lo largo de su proceso asistencial”. Es más, la misma ley exige que en la historia se incluya “la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en el proceso”.

Excepciones
Todo derecho, y el de acceso del paciente a la historia no podía ser menos, tiene sus límites. La ley impide su ejercicio en dos supuestos. En primer lugar, cuando el acceso perjudique la confidencialidad de terceros cuyos datos se han recogido en interés terapéutico del enfermo, y segundo término, no se permite el acceso a las anotaciones subjetivas del médico.

Primeras conclusiones del comité paralelo de expertos

Miércoles, 19-11-08
Cuando se supo que el comité de expertos, a sueldo del Ministerio de Igualdad, que anunció Bibiana Aído estaría repleto de feministas y pro abortistas, la plataforma Derecho a Vivir creó su propio grupo de trabajo. Forman parte del mismo personalidades jurídicas y científicas de la talla de José Luis Requero. ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Mónica López-Barahona. consultora para Bioética de Naciones Unidas o Carlos Pérez del Valle, profesor de la Escuela Judicial. Pese a que su aportación no es remunerada, este comité paralelo ha trabajado con bastante más ahínco que el «oficial», del que de momento nada se sabe, ni siquiera si se ha llegado a reunir en alguna ocasión, y presentó ayer un avance del informe que está elaborando.
La principal conclusión, expuesta por Pérez del Valle, defiende que «una ley de plazos sería inconstitucional porque la doctrina del Tribunal Constitucional reconoce al nasciturus como un tercero, por lo que establecer un periodo temporal para abortar estaría en contra de lo que dice su doctrina».

http://www.abc.es/20081119/nacional-politica/primeras-conclusiones-comite-paralelo-20081119.html

Se presenta SEFAC Bioéticolegal, que busca facilitar la labor asistencial del farmacéutico comunitario

La Fundación AstraZeneca patrocina la jornada “La responsabilidad jurídica y bioética en la relación asistencial entre el farmacéutico y el paciente”, organizada por la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) y el Colegio de Farmacéuticos de Málaga


Málaga, 19 de noviembre de 2008 (AZprensa.com).-

“El farmacéutico comunitario debe poner al alcance del paciente el medicamento que precisa, en condiciones óptimas, y de acuerdo a la legislación vigente, asegurando el buen uso de ese fármaco mediante la comprobación de que está indicado, que es seguro y que es eficaz”, ha destacado María Jesús Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), en la jornada “La responsabilidad jurídica y bioética en la relación asistencial entre el farmacéutico y el paciente”, celebrada en Málaga.

Durante este encuentro, promovido por SEFAC y el Colegio de Farmacéuticos de Málaga, y patrocinado por la Fundación AstraZeneca, se ha presentado SEFAC Bioéticolegal, “un nuevo servicio que busca facilitar la labor asistencial del farmacéutico comunitario en su práctica diaria”, ha apuntado. “De la mayor implicación de este profesional con el paciente deriva su necesidad de consulta ante determinadas actuaciones y sus posibles consecuencias”, ha añadido.

Los dos objetivos de este servicio son “asistir a los farmacéuticos comunitarios que lo soliciten en temas legales y bioéticos, respondiéndoles en muy corto espacio de tiempo, e ir generando un cuerpo de conocimientos sobre la problemática particular de este profesional cuando establece una relación clínica con los pacientes”, ha explicado Fernando Abellán, abogado especialista en Derecho Sanitario y director de SEFAC Bioéticolegal. “SEFAC Bioéticolegal no pretende ser una asesoría jurídica para las cuestiones generales de la farmacia comunitaria, sino un servicio especializado en la problemática particular de la relación farmacéutico-paciente que demanda la sociedad del siglo XXI”.

A este respecto, el acuerdo entre SEFAC y la Fundación AstraZeneca prevé, entre otras cosas, la generación de documentos y manuales de recomendaciones en los planos bioético y legal, así como la promoción de reuniones y encuentros científicos sobre la materia. “El servicio está actualmente en fase de diseño y pilotaje, y se espera que esté en pleno funcionamiento en el primer trimestre de 2009”, ha afirmado.

Federico Plaza, Director General de la Fundación AstraZeneca, considera que los farmacéuticos comunitarios tienen un gran potencial de desarrollo de sus funciones y servicios orientados al paciente, ya que la eficacia y seguridad de los tratamientos no solamente depende de su adecuada prescripción, sino también de su utilización correcta e informada, pilar en el que los farmacéuticos tendrán un papel cada vez mas importante.

En este contexto añade “el farmacéutico necesita cada vez mas una formación especializada en temas legales y bioéticos, que hay que tener en cuenta en la práctica clínica diaria con los pacientes”.
http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=39189

La anonimización, no tan importante para los pacientes

El hecho de que las muestras biológicas donadas para un estudio sean o no identificables, no tiene tanta trascendencia para los pacientes que participan en el estudio, según un estudio norteamericano.
G.S.S. 20/11/2008
Un estudio realizado en Estados Unidos ha tirado por tierra la percepción de que a los pacientes les es significativo que las muestras genéticas donadas para una investigación sean anonimizadas o identificables. Así lo recoge el informe, elaborado por varios especialistas e investigadores de universidades norteamericanas y que publica The American Journal of Bioethics. La anonimización es el proceso por el cual deja de ser posible establecer por medios razonables el nexo entre un dato y el sujeto al que se refiere y es aplicable también a la muestra biológica.

Pocos pacientes, consultados telefónicamente, expresaron preferencias entre la distinción de ambos procesos. Según el periódico norteamericano, los resultados de este estudio podrían cuestionar las políticas que obligan a anonimizar las muestras en determinadas investigaciones. El objetivo de la investigación fue examinar las actitudes y preferencias de los pacientes tras una investigación en lo que se refiere a su resultado final o al uso de las muestras anónimas o identificables.

Para realizarlo se entrevistaron a 1.193 pacientes provenientes de la medicina general, cirugía torácica o la oncología clínica de cinco centros médicos de Estados Unidos. La muestra de los encuestados representa a pacientes de centros médicos universitarios que han donado muestras para la investigación genética.

Pocas diferencias
Además, la encuesta no mostró grandes diferencias entre el interés que estos pacientes mostraron cuando ha finalizado una investigación. Así, el 72 por ciento de los pacientes que donaron muestras anónimas se interesaron por el resultado de la investigación en la que participaron, mientras que, cuando la muestra era identificable, el 81 por ciento de los pacientes mostraron interés. Además, sólo el 17 por ciento de los encuestados quiso conocer el escenario de la investigación con muestras identificables y no mostraron interés por el resultado de un estudio anonimizado.

El paciente crítico requiere una toma de decisiones colegiad

Las decisiones sobre los enfermos críticos deben tomarse consensuadamente entre los profesionales y los familiares, según se ha concluido en la charla Muerte digna, celebrada en el Colegio de Valencia.
Enrique Mezquita. Valencia 19/11/2008
“Existen tres elementos básicos para decidir sobre la retirada o la no instauración de soportes vitales: el consenso entre los profesionales de la misma unidad sobre cuáles son los medios fútiles, el análisis tanto de los indicadores reales de supervivencia como de la historia del propio paciente, y el acuerdo con la familia”. Esta es la principal conclusión de Javier Belda, jefe de Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, en la conferencia Muerte digna, organizada por el Colegio de Médicos de la capital.

Las decisiones sobre pacientes críticos deben tomarse de forma colegiada, consensuada y teniendo en cuenta tanto la voluntad de las familias como la individualidad de los pacientes. Aunque se ha escrito y analizado sobre la retirada del soporte vital en el paciente crítico, “la concreción sobre qué tratamientos son fútiles -en principio, aquéllos que no son útiles o aportan beneficios al paciente- o en qué nivel de gravedad hay que retirarlos, sigue siendo motivo de controversia”. El especialista ha resaltado que cualquier tipo de consenso es “absolutamente inviable” y ha señalado como ejemplo que “existe una revisión sobre cuál es la capacidad de acuerdo de los médicos europeos sobre los tratamientos fútiles, y la concordancia no supera el 20 por ciento”.

Según Remedios Clemente, médico adjunto de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario La Fe de Valencia, la muerte tiene que ser “personal y natural”, teniendo en cuenta que es un hecho con “connotaciones psicológicas, espirituales, familiares y sociales”. Las decisiones respecto a las limitaciones de esfuerzos terapéuticos “deben hacerse de forma colegiada, con paciencia y muchas deliberaciones”, además de tener en cuenta las aspiraciones de la familia del paciente.

En esta línea, Jacinto Bátiz, vocal de la Comisión Central de Deontología de la OMC, ha hecho hincapié en que “los médicos sólo nos planteamos cómo aliviar el sufrimiento de nuestros pacientes y que el proceso de morir sea muy humanizado”.

Voluntades anticipadas

Marina Gisbert, profesora titular de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, cree que la lenta implantación de las voluntades anticipadas en nuestro país se debe “a la falta de información que tiene la sociedad sobre este instrumento, tan válido tanto para los ciudadanos como para los propios médicos”. La responsabilidad recae en las autoridades sanitarias, ya que “como ocurre con otras normas, existe cierto miedo a dar a conocer cualquier texto progresista y de utilidad”. Como ejemplo señaló que “la Ley de Trasplantes es de 1979 y la sociedad sigue pensando que es necesario que la familia autorice un trasplante cuando se produce una muerte, algo que el texto no dice”.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1185140.html

Mons. Elio Sgreccia en la Universidad Católica de Ávila

MaloBueno 
Escrito por Ecclesia Digital   
lunes, 17 de noviembre de 2008

Bioética: en el pórtico del misterio de la vida humana

Todos los bienes de la tierra deben servir al hombre y ordenarse en función del hombre. Generalmente esta afirmación es aceptada por la mayoría. Sin embargo, la respuesta a la pregunta crucial “qué es el hombre” es múltiple, como afirma la Gaudium et spes, y de ella depende no sólo la manera en que le quepa hacer uso de esos bienes, sino más aún, el modo de vida que el hombre mismo pueda o se le permita llevar. Mons. Elio Sgreccia, hasta hace sólo algunos meses presidente de la Pontificia Academia para la Vida, puede ser considerado el primer gran referente de la escuela bioética personalista que, desde una sana filosofía cristiana, se ha abierto paso entre bioéticas llamadas ‘laicas’, desarrolladas en estas últimas décadas. Inspirado en la filosofía de Hildebrand, Wojtyla, Maritain y otros, ha desbrozado el camino para la elaboración de una respuesta católica sistemática a la pregunta sobre la verdad del hombre en este ámbito que a todos afecta.

Esta vez en el marco de la inauguración de un nuevo máster en bioética, la obra presentada por Mons. Sgreccia ofrece una magistral guía introductoria para abordar con criterio las principales cuestiones de la bioética. Sin olvidar las raíces remotas de la misma en el “corpus hippocraticum” y su juramento, queda en primer plano la herencia cristiana de la noción de persona, el significado teológico de la asistencia médica (Cristo médico) y la institución gratuita de hospitales, que deben su invención a la caridad cristiana. Pero los desencadenantes inmediatos de la bioética como tal han aparecido precisamente tras los abusos en la experimentación sobre el hombre (primero durante el nacismo, pero también en ciertas experiencias en Estados Unidos ya durante la década de los 30 y posteriormente). ¿Cuál es el papel de la bioética? ¿Cómo se pueden justificar sus conocimientos? Y, por otra parte, ¿en qué se basa para juzgar éticamente realidades que parecen, en principio, ajenas porque pertenecen al mundo científico? Es legítimo cuestionarse el lugar de la pregunta ética: ¿debe plantearse en el momento de aplicar los resultados obtenidos en la investigación? ¿O en los procedimientos? ¿En la comunicación trasparente y sincera de los resultados? ¿En la intención del investigador? ¿O más bien en los medios y métodos utilizados para la investigación? La ética “integrativa” exige que todos esos aspectos estén integrados y se traten en conexión. Sgreccia aboga por una integración en sentido justificativo, es decir, que partiendo del dato científico, debe hacerse primero una lectura antropológico-valorativa, y sólo después de este paso cabe ya una elaboración ético-normativa. Muchas veces puede parecernos que basta con recabar los datos para examinar cuál debe ser la norma ética, saltándonos el paso a su juicio más decisivo y fundamental: la consideración del modelo antropológico con el que la respuesta ético-normativa ha de concordar. Sin este punto, el juicio ético, incluso el acertado, carece de justificación firme o suficiente y no es capaz de mantenerse quizá ante los ataques.

 

En este sentido, el creyente juega con una ventaja increíble a la hora de enjuiciar situaciones, ya que su modelo filosófico-antropológico de referencia es tan firme como la roca: la naturaleza humana es y permanece siempre la misma, constante como la misma Voluntad de Dios al crearla. El cristiano sabe que puede conocer desde lo que el hombre es lo que está llamado a ser, lo que debe ser, pero sin duda el conocimiento de lo que el hombre es debe ir a lo profundo de la misma naturaleza humana. Lo que debe ser, lo que debe hacer el hombre, encuentra su fundamento – y su sentido justificativo – en lo que él de suyo es por ser hombre. No nos dejemos despistar: para descubrir esto es preciso zambullirse en el gran misterio del hombre, su naturaleza, su dignidad, a la luz de la fe. El asombro ante su grandeza parece haberlo perdido el hombre actual, pero sigue siendo posible asomarse al misterio, precisamente desde el camino de la razón iluminada por la Revelación. Hoy día vivimos de muchos modelos antropológicos distintos, que asumimos según las circunstancias o a veces el interés particular. Pero ni el modelo socio-biologista – cuya máxima podría resumirse en “si se hace generalizadamente, se debe hacer” – es aceptable, como vemos claro por ejemplo en el caso de que, por muy general que sea el conducir con exceso de velocidad, eso no lo hace bueno ni debido. “No todo lo que es técnicamente posible es de igual modo éticamente lícito”. (D. Callahan)

Tampoco es suficiente el modelo del radicalismo liberal, que considera que no podemos saber qué es bueno o malo en sí, sino que es nuestra libertad, al decidir, la que hacer ser bueno aquello que decide. Aun cuando esto no fuera, como es, una absolutización del valor libertad, está claro que tal modelo es incapaz de asegurar siquiera todas las libertades, ya que favorecería en última instancia la ley del más fuerte. Si sólo vale en primer lugar la libertad, quien aún no pueda usar de ella no cuenta ni será valorado.

Quizá sea el utilitarismo en modelo que más crudas consecuencias está teniendo en nuestras sociedades contemporáneas. El comunismo soviético utilizó un criterio así cuando introdujo el aborto por ley en los años 20: la mujer que trabajaba en la fábrica no era rentable si se quedaba embarazada y se veía obligada a abortar. El utilitarismo aparentemente menos craso que se plantea hoy con frecuencia es: ¿nos compensan estos gastos los beneficios que se puedan obtener a cambio? Sgreccia llama la atención acerca de la proliferación de centros que se dedican a la cirujía estética – que da dinero a bajo coste – frente al declive de los servicios sanitarios para pacientes graves o terminales con poca esperanza de curación. El error fundamental se halla en la medida, la comparación de valores: costo-beneficio, o costo-eficacia. Indudablemente el hombre es visto desde un punto de vista meramente cuantitativo, que reduce su ser sólo a lo contable. La razón se rebela contra una comprensión humillante del hombre, que jamás es negociable en base a cálculo ninguno.

Ninguno de estos modelos ofrece una visión integral del hombre sino reducida, parcial. La bioética personalista en cambio, al asumir una visión completa, se hace capaz de dialogar con esas posiciones y de orientarlas a un humanismo pleno.

La verdad central de la antropología personalista es que el hombre, cumbre de la creación, es esencialmente siempre hombre, porque el fundamento de su ser es una esencia permanente y un acto de existencia. La persona tiene un status por existir como persona humana, de lo cual emana su dignidad. ¿Y cómo se define a la persona? Es la estructura de su ser la que la define: un ser espiritual y corporal, que la revelación nos descubre como hijo de Dios. Sólo dejándose envolver en el misterio de valor inconmensurable de cada ser humano puede comprenderse en profundidad lo reduccionista de los modelos antropológicos que justifican la manipulación del hombre, las decisiones sobre su vida o su muerte, etc. La misma corporeidad se descubre entonces como templo del espíritu humano, llena de dignidad y signo, lenguaje del alma.

La visión integral del hombre, de la persona humana, lleva infaliblemente a una comprensión de la bioética que es también integradora de todos los aspectos a veces tratados por separado: la investigación, la asistencia médica, las intenciones del médico, las repercusiones sociales, la técnica, etc. Un principio general de la bioética de la totalidad, fundada en esta integración, es que la acción moral, la decisión, la conducta debe corresponder al ser de la persona humana, estar en armonía, en coherencia con el ser y la dignidad del hombre. Y esto, hoy más que nunca, necesita el cristiano redescubrirlo desde la experiencia de lo que él es y cuenta ante los ojos de su Dios.

 

En castellano saldrá pronto a la luz en la BAC la 4ª edición de su Manual de bioética.

http://www.revistaecclesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6986&Itemid=83M

Académicos por la “muerte natural”

E. DE B. / EFE – Madrid – 18/11/2008 

Frente a la muerte digna, la muerte natural. Un movimiento liderado por académicos como César Nombela (miembro, a propuesta del PP, del Comité de Bioética que debe asesorar al Gobierno) o Francisco López Timoneda (uno de los expertos nombrados por el ex consejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela para investigar el caso Leganés)ha iniciado una campaña para intentar frenar la posible regulación del suicido asistido. La plataforma Profesores Universitarios en Defensa de la Muerte Natural lleva ya recogidas en su web (http://www.defensamuertenatural.org) casi 7.000 adhesiones. De ellas, un 10% son de académicos. “Ante las intensas presiones que se ejercen sobre la opinión pública española, para inducirla a consentir la legalización del suicidio asistido y la eutanasia, es necesario defender la dignidad de la muerte natural como final de toda vida humana”, comienza el manifiesto.

El movimiento, que se presentó en septiembre, ha vuelto a la carga ante la subcomisión parlamentaria que estudia modificar la despenalización del aborto. Los catedráticos denuncian que desde el PSOE y otros partidos se realizan “insistentes” propuestas para establecer una ley de plazos, y recuerdan que en la actualidad se puede abortar en cualquier momento si se alega el peligro para la salud física o mental de la madre (el motivo aducido por la inmensa mayoría de las 100.000 mujeres que lo hacen cada año en España).

El financiero Juan Abelló; los economistas José Barea y Juan Velarde; los juristas Manuel Albaladejo y Luis Díez Picazo; el investigador Justo Aznar, y los doctores Alfredo Robledo Aguilar y Josefina San Martín son algunos de los firmantes.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Academicos/muerte/natural/elpepusoc/20081118elpepisoc_3/Tes

 

Nacidos para curar

 

Aula EL PAÍS debate la selección de embriones

MÓNICA L. FERRADO – Barcelona – 15/11/2008

 
   

Conforme avanza el conocimiento del genoma y la relación de genes concretos con enfermedades, se va ampliando el uso de las técnicas para seleccionar embriones libres de enfermedades hereditarias ¿Podrá la sanidad pública asumir la popularización de estas técnicas? “Hay una parte de negocio que involucra a los hospitales, a los laboratorios, etcétera, y hay que ver cuánto cuesta y decidir qué hacemos y qué dejamos de hacer. No hay que olvidar que todavía hay tratamientos que la sanidad pública no cubre”, afirmó María Casado, directora del Observatorio de Bioética y Derecho del Parque Científico de Barcelona, durante el encuentro organizado el pasado jueves por Aula EL PAÍS y el Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra, con el apoyo del Instituto Novartis de Comunicación en Biomedicina.

El debate ético en torno a la selección de embriones se volvió a abrir el pasado 12 de octubre, cuando nació en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla un bebé que en su fase embrionaria había sido seleccionado para no sufrir una grave enfermedad hereditaria y, además, para curar a su hermano de seis años, que la padece, donándole la sangre de su cordón umbilical.

La ley española de reproducción asistida limita la selección de embriones a un uso terapéutico, aunque la técnica podría utilizarse para otros fines ¿Dónde están los límites? ¿Qué nuevas posibilidades de intervención brinda? ¿Hasta dónde es razonable seleccionar los embriones? “No se puede responder en términos binarios, sí o no, a favor o en contra. Nos movemos en el terreno de los grises”, afirmó Casado, “No podemos establecer limitaciones en función dal miedo, para limitar tenemos que buscar razón”, añadió.

“Se aplica a enfermedades monogénicas, pero para el resto todavía estamos muy lejos”, explicó Xavier Estivill, coordinador del Programa Genes y Enfermedad del Centro de Regulación Genómica de Barcelona (CRG). Son enfermedades de las que ya se sabe que la genética las condiciona al cien por cien ¿Sería conveniente aplicarla para evitar, por ejemplo, una predisposición del 60%, como ocurre con un tipo de cáncer de mama hereditario? “Deben decidir los implicados”, afirmó Casado.

Aunque la enfermedad no sea hereditaria, también se puede seleccionar un embrión que asegure un bebé donante compatible con un hermano enfermo. Antes debe autorizarlo la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. “Ha abierto un campo muy grande al tratamiento de enfermedades metabólicas”, explicó Estivill. La ley garantiza los derechos del bebé donante, afirmó Casado.

Estivill insistió en el uso terapéutico, pero lo cuestionó como medida para mejorar la especie: “Una cosa es hacer pequeñas intervenciones y otra seleccionar. Nuestro genoma ha de continuar recombinándose”.

La ciencia y la bioética en el debate embrionario

Es habitual que ciertas personas, para sostener sus posturas y cerrar el debate, acudan al argumento de autoridad. En la actualidad éste suele consistir en afirmar de forma totalmente gratuita, que la ciencia o la ética están de su parte. Pero realmente las cosas son más complejas. Así, en el caso del niño Javier Mariscal, nacido para salvar a su hermano, tras diagnóstico preimplantatorio, hemos leído ciertas afirmaciones que, sinceramente, me parecen traslucir ese afán por eludir el debate, apelando a que la postura que se defiende es también la misma que sostiene la embriología y la bioética.
Durante este año 2008 he dirigido dos tesis doctorales, una sobre el término preembrión y su valor científico, y otra sobre los argumentos que se manejan para justificar o no el diagnóstico preimplantatorio. Esto me ha permitido disponer de una información amplia de estas cuestiones, observando en ellas una pluralidad de opiniones dentro de la comunidad científica y de la bioética. Es esto lo que me impulsa a escribir estas líneas, pues, como digo, para algunos parece no existir más que una opinión o hasta dicen que no es ético discutir sobre estos temas.
En primer lugar me gustaría informar al lector de que la palabra preembrión es un término que está en total retroceso dentro de la actual biología del desarrollo, y el concepto que quiere significar no concuerda con muchos datos de una embriología que hoy no sólo es anatómica sino celular y molecular. Es cierto que hay interpretaciones biológicas que desposeen al embrión preimplantatorio de su individualidad biológica, pero no es menos cierto que los datos científicos actuales apuntan a considerar que desde el momento en que se constituye el fenotipo cigoto estamos ante un nuevo ser o sistema biológico, organizado e integrado, que no es la simple suma de las dos células germinales. Estas, tras la fusión, pierden su individualidad, vida y destino. Así pues, se ha constituido una nueva realidad biológica, que empieza a operar de forma unitaria, que en vez de dirigirse a la muerte tiene vida propia, y que en este caso, por proceder de gametos humanos, es un nuevo ser humano. El embrión para la biología actual no es una simple yuxtaposición de células, o un conglomerado celular. Como todo ser vivo, posee una unidad intrínseca en donde las partes están en función del todo en orden a vivir y con la posibilidad de transmitir vida. La heterogeneidad de las partes hace del embrión desde su inicio un pequeño organismo con la cualidad de moverse a sí mismo. Con el paso del tiempo, y siempre en diálogo molecular y celular entre las partes, y con el medio en que se desarrolla (inicialmente la madre), van actualizándose las potencialidades de cada etapa; en el momento de su constitución, las propias del cigoto, más tarde de embrión de una o dos semanas (embrión preimplantado), luego feto, después recién nacido, y por último, joven, adulto o anciano. En síntesis, también desde la ciencia se puede defender que durante el diagnóstico preimplantatorio se descartan o sacrifican unos seres humanos para salvar a otros. Es más, en el caso que nos ocupa, se han eliminado seres humanos tan sanos como el que ha nacido y que por no presentar determinadas cualidades genéticas han sido considerados chatarra biológica.
En segundo lugar, y conectando con la última afirmación, hay numerosos científicos y bioéticos que se plantean que el diagnóstico preimplantatorio, especialmente el ligado a la selección de un embrión por sus características, -bebé medicamento o salvador- tiene carácter eugenésico. Es cierto que otros sólo perciben los efectos beneficiosos del nacimiento de estos niños para sus hermanos y que minimizan los aspectos relacionados al modo como ha sido concebido y traído al mundo. Pero no es menos cierto, como argumenta, por ejemplo Testart, que estamos en el umbral de una nueva eugenesia. No sólo negativa, en la que se elimina al defectuoso, sino positiva, donde el hombre se arroga el derecho a seleccionar y discriminar, a decidir quién vive según que su carga genética satisfaga sus intereses. En esto muchos científicos ven un serio peligro de que el diagnóstico preimplantatorio sea utilizado como método de selección dentro del «derecho al hijo sano» y se amplíe a diversas características del hijo según las buenas intenciones de los padres. Cierto es que estas intenciones no convierten al ser humano seleccionado en una cosa, pero estas nunca pueden ser los motivos primarios de su concepción, so pena de instrumentalizarlo al privarle de un derecho básico del hombre: el respeto a su propia identidad genética. En conclusión hay científicos y bioéticos creyentes y no creyentes que se toman con responsabilidad sus disciplinas y que consideran como Habermas -por cierto no creyente- que «esta especie de controles de calidad deliberados pone en juego un nuevo aspecto del asunto: la instrumentalización de la vida humana engendrada con reservas por preferencias y orientaciones de terceros», algo que hemos empezado a hacer, que no sabemos a dónde nos puede llevar y que por supuesto hemos de seguir debatiendo desde la racionalidad y sin acudir a las primeras de cambio al argumento de autoridad.

Monseñor Sgreccia califica la selección embrionaria y la eutanasia como la “legitimación de un abuso”

    ÁVILA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) –

   El presidente de la Pontificia Academia para la Vida de Roma, monseñor Elia Sgreccia, criticó hoy en Ávila la selección embrionaria, que calificó como “legitimación de un abuso”, al igual que la eutanasia, contra la que advirtió que la Iglesia va a luchar “con medios pacíficos” para “educar a la sociedad” y que “no se permita que los políticos se arroguen el derecho a la vida y la muerte”.

   Tras su intervención en la inauguración del Máster en Bioética, que organiza la Universidad Católica de Ávila, monseñor Sgreccia criticó la decisión del Tribunal Supremo de Italia de autorizar un caso de eutanasia en una joven de 37 años que se encuentra en estado vegetativo y para la que la familia ha pedido que sea desconectada de la máquina de alimentación e hidratación que la mantiene con vida.

   En su opinión, el tribunal “no tiene autoridad” para permitir la muerte de Eluana Englaro porque “la vida no es del paciente, del médico, de la sociedad, ni del tribunal”.

   También hizo referencia al caso de una pareja española que ha concebido un hijo para curar a otro enfermo y dijo que “no es un derecho”, sino una “legitimación de un abuso” seleccionar embriones y criar a un hijo “como medicamento para otro”.

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/avila-00367/noticia-monsenor-sgreccia-califica-seleccion-embrionaria-eutanasia-legitimacion-abuso-20081115172438.html

 

Inmaduros ante la vida, maduros para la muerte

Los adolescentes no suelen tener derecho a opinar en cosas menores, pero su madurez puede crecer hasta adoptar decisiones adultas

JAIME PRATS 15/11/2008

 

Los adolescentes no suelen ser oídos en cuestiones menores de su propia vida, pero su madurez puede crecer hasta ser capaces de decidir, por ejemplo, sobre su muerte. ¿Contradicción? Los psicólogos creen que, sometidos a una situación de dureza, son ampliamente capaces de adoptar una decisión adulta. Y la ley les da la razón.

Las imágenes de Hannah Jones, de 13 años, rodeada de peluches en su habitación y dando explicaciones de los motivos por los que prefiere morir rodeada de los suyos a someterse a un trasplante de corazón de eficacia dudosa, se colaron el miércoles pasado en las casas de medio mundo a través de los informativos. “Hay demasiados riesgos. Podría no salir bien y quedarme peor de lo que estoy ahora”, explicaba con asombroso aplomo. “Además, los médicos no pueden asegurar de forma científica que si acepto el trasplante me curaré”, añadía mirando a la cámara con su cara pecosa.

La cuestión habría estado fuera de toda discusión si se hubiera tratado de un adulto. El Convenio del Consejo de Europa de Derechos Humanos y Biomedicina de 1997, con rango de ley en todos los países miembros, establece con claridad que cualquier paciente puede rechazar el tratamiento propuesto por los médicos sin necesidad de justificar su decisión. Es una opción que entra dentro de la autonomía de cada persona y que se puede llevar al extremo, siempre que, evidentemente, se esté en plenitud de facultades mentales.

¿Qué sucede cuando se trata de un menor? El rechazo de pacientes a someterse a un trasplante “ha ocurrido y ocurre con cierta frecuencia en España”, según el director general de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, pero no hay referencias de ningún adolescente. Tampoco recuerda Marcelo Palacios, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Bioética, episodios similares en el extranjero. A Hannah, enferma del corazón debido al arsenal terapéutico que se le ha administrado durante los ocho años que lleva combatiendo una leucemia, se le ha respetado su voluntad al considerarse que tiene la madurez suficiente para tomar decisiones que afecten a su enfermedad y su vida. Ésta es la cuestión: determinar hasta qué punto un menor tiene criterio para que su opinión sea considerada.

Sin ser exactamente igual a lo sucedido con la adolescente inglesa, España tuvo su propiocaso Hannah. Fue en 1994 y su protagonista se llamaba Marcos Alegre Vallés, un chaval que vivía en la localidad de Ballobar (Huesca). Existen puntos en común entre ambos: los dos tenían 13 años y padecían una leucemia. Sin embargo, también hay importantes diferencias: Marcos era testigo de Jehová, razón por la cual se resistió a ser transfundido, y su caso no sólo llegó a los tribunales, sino que acabó en el Constitucional.

El origen de todo estuvo en la caída en bicicleta del chico mientras paseaba por su pueblo. Como consecuencia del accidente sufrió una hemorragia nasal que alertó a sus padres. Tras someterlo a distintas pruebas se le diagnosticó una leucemia y se le prescribió una transfusión, momento en el que comenzaron los problemas ya que su religión prohíbe esta práctica tajantemente.

Ante la negativa de los padres, los médicos del hospital Arnau de Vilanova de Lleida pidieron amparo judicial para combatir la anemia de Marcos. Sus progenitores acataron la decisión, pero no el chaval. Rechazó la transfusión “con auténtico terror, reaccionando agitada y violentamente en estado de gran excitación”, según relataron los médicos, que prefirieron no seguir adelante ante el riesgo de empeorar su estado y provocar una hemorragia cerebral. La salud de Marcos se fue agravando progresivamente hasta caer en estado de coma. Tras una nueva autorización judicial, finalmente fue transfundido, pero la sangre llegó demasiado tarde. Falleció poco después.

Después de un largo recorrido por los tribunales, el Constitucional se pronunció sobre el caso en 2002. Por un lado, anuló una condena del Supremo de dos años contra los padres por no haber convencido a su hijo de que aceptara el tratamiento. Pero lo más relevante fue que los magistrados apreciaron que el chico tenía derecho a oponerse al acto médico.

Marcos, según la sentencia, “expresó con claridad”, en ejercicio de su libertad religiosa, una voluntad que consistía en no aceptar transfusiones de sangre. Y le reconoció juicio suficiente para actuar de esta forma. O, en palabras de Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y especialista en biomedicina y derechos humanos, el sentido del dictamen era que “toda persona tiene derecho a la autonomía personal y a decidir sobre su propia realidad física”. También los menores, si tienen el suficiente criterio.

Esta tesis entronca, por un lado, con la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas en 1989, que en su artículo 12 conmina a los Estados firmantes a garantizar al niño “el derecho a expresar su opinión libremente en los asuntos que le afectan, teniéndose en cuenta sus opiniones en función de la edad y la madurez”. Por otro lado, enlaza con el Convenio de 1997 y toda la normativa emanada de esta directiva europea, que cada vez da más peso a la opinión del menor respecto al tratamiento que se le ha de administrar. Pero, además, la sentencia se adelantó a la ley española 41/2002 de Autonomía del Paciente, que consagra estos conceptos y se publicó meses después.

Primero, en su artículo 2.4, que reconoce a todo paciente “el derecho a decidir libremente, después de la decisión adecuada, entre las opciones clínicas disponibles”. Y, más adelante, en el apartado del consentimiento informado, otorgando voz a los menores en función de su madurez. Por debajo de los 12 años, la ley no presume capacidad de elección. La decisión es de sus padres o tutores, “aunque habría que preguntar a los niños, no porque sea relevante jurídicamente su postura, sino para que los padres la tengan en cuenta”, en opinión de Yolanda Gómez. A partir de los 16 años, la opinión que prevalece es la del menor, aunque sus padres tengan la patria potestad. “Sería muy extraño que un juez le diera la razón a sus padres a estas edades. La madurez es total; los menores tienen incluso responsabilidad penal”, apunta esta jurista.

Pero entre los 12 y los 16 años, edades entre las que se encuentra Hannah y en las que estaba Marcos, la cosa se complica. En estas edades, la ley dice que el consentimiento lo dará el representante legal del menor “después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años”. La decisión es de los padres, pero existe la obligación de escuchar a los hijos y de valorar su capacidad de juicio.

Una vez más, y pese a que la ley acota las edades -algo que no hace la declaración de la ONU- todo pivota sobre la madurez. Pero, ¿cómo se mide esta facultad? Para Sabel Gabaldón, jefe de psiquiatría del hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, no hay madurez, sino madureces. “Hay que preguntarse para qué tiene juicio un niño. Quizás pueda decidir sobre un tratamiento médico concreto del que tenga conocimiento y vivencias suficientes, pero no sobre otras facetas de su vida, la sexualidad por ejemplo. O incluso carecer de criterio para decidir sobre otras cuestiones sanitarias”, apunta Gabaldón, que también coordina el comité ético de su centro.

A la hora de evaluar la madurez, María Victoria del Barrio, profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNED, se fija sobre todo en tres aspectos. El dominio de las emociones, la actitud a la hora de plantearse y resolver problemas y la capacidad de reconocer sus errores. Esta investigadora sobre emociones infantiles sostiene que, en general, la mayoría de los niños entre 12 y 16 años son inmaduros. “Viven entre algodones, protegidos por sus padres, no aceptan la más mínima contrariedad”. A Sabel, que no comparte esta generalización, lo que más le interesa es determinar hasta qué punto el chaval es capaz de asimilar la información que se le transmite, si la puede manejar racionalmente y puede anticiparse a los riesgos o beneficios que se derivan de ella.

Si en este rango de edad, entre 12 y 16 años, la opinión del menor y los padres coincide, no hay ningún problema. Es lo que ha sucedido con la adolescente inglesa y la postura que ha prevalecido, a pesar de las resistencias que encontró en los facultativos. Si no están de acuerdo, “a pesar de que la ley no indica nada, los médicos suelen acudir al juez”, comenta Yolanda Gómez, que hasta el 31 de diciembre pasado perteneció al Comité Internacional de Bioética de la Unesco. “Lo normal es que lo hagan ad cautelam,es decir, que para guardarse las espaldas trasladen este tema al comité ético del hospital y que éste o la administración sanitaria autonómica lo eleve a los tribunales”, explica.

No todos los juristas comparten totalmente estos planteamientos. El jesuita Carlos Romeo Casabona, director de la cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco y Deusto no pone ninguna objeción a que los testigos de Jehová rechacen transfusiones a partir de los 18 años. Sin embargo, por debajo de esta edad tiene sus dudas. “Si los padres se niegan, el juez debe ordenar a los médicos que transfundan al menor cuando ellos lo consideren necesario”.

Romeo Casabona es consciente de que este planteamiento choca de lleno con la sentencia del Tribunal Constitucional, que no comparte: “A los 13 años no se puede reconocer la suficiente madurez para tomar una decisión vital”, sostiene.

Hannah se ha negado a recibir un tratamiento que, en el mejor de los casos, puede prolongar su vida, pero que no va a curar su leucemia. Cuestión muy distinta es si hubiera solicitado acabar con su vida. En España, la eutanasia está prohibida, aunque el ministro de Sanidad, Bernat Soria, ha anunciado su intención de revisarla esta misma legislatura.

Holanda (2000) y Bélgica (2002) son los únicos países europeos que han autorizado la eutanasia. El suicidio asistido está permitido en Suiza, gracias a un vacío legal. Dentro del concepto cada vez más extendido de considerar a los menores como sujetos de derechos en la medida de su capacidad y a pesar de estar diseñada para la población adulta, la ley holandesa de la eutanasia incluye a la población que aún no ha cumplido los 18 años. Entre los 12 y los 16 años, los niños enfermos que lo soliciten están a expensas de lo que decidan sus padres. Entre los 16 y los 17, lo relevante es la decisión del paciente y la opinión de los progenitores se tiene en cuenta.

En Bélgica, después de que hace cuatro años se desechara esta opción, los liberales flamencos han vuelto a la carga. En junio plantearon de nuevo bajar de los 18 a los 16 años el límite legal exigido para acogerse a esta práctica de forma autónoma. Por debajo de este listón, la última palabra la tendrían los padres.

El pacto final

La Ley de Autonomía del Paciente también ampara las decisiones de los menores que padecen una enfermedad mortal y se asoman al tramo final de sus vidas. “No hay ninguna diferencia si se trata de un niño terminal consciente de que le quedan cinco semanas de vida, con un tumor que le puede provocar problemas de respiración y desea estar sedado antes de sufrir ahogos”, comenta Yolanda Gómez, vocal del Comité de Bioética de España.

Lo que sucede en estos casos es que la información suele llegar a estos chavales con cuentagotas, ya que muchos de los padres, con la mejor intención, hacen de cortafuegos, como apunta Joaquín Gascón, enfermero de la unidad de cuidados paliativos pediátricos del hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Gascón recuerda el caso de una adolescente de 17 años con osteosarcoma (cáncer de huesos) a quien sus padres no ocultaron la gravedad de su estado. Ella misma se dirigió al equipo médico para pactar las condiciones de la sedación “en el momento y el grado” que ella quiso. Así sucedió y, poco antes de perder la conciencia, llamó a médicos y enfermeros para agradecérselo.

“Ésta sería la situación ideal; hay una despedida consciente de toda la familia, se evita la conspiración del silencio, los fantasmas, e incluso los pacientes se deprimen menos”, relata este enfermero con 15 años de experiencia en los cuidados paliativos. “Es lo mejor, pero es muy difícil”, concluye.


http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Inmaduros/vida/maduros/muerte/elpepisoc/20081115elpepisoc_1/Tes

La opinión del menor

La protección al vulnerable nos hace ser extremadanente ‘paternalistas’

Núria Terribas | Directora del Institut Borja de Bioètica (URLL) | 13/11/2008 | Actualizada a las 03:31h |Ciudadanos

Una vez más la cruda realidad nos pone sobre la mesa un caso difícil y doloroso. Hannah Jones rechaza un tratamiento con la aquiescencia de sus padres, que avalan su decisión. Aun cuando el caso se plantea en el Reino Unido, es inevitable analizarlo desde nuestro contexto.

El derecho al rechazo del tratamiento como manifestación del respeto ético a la autonomía de la persona es una realidad sobre el papel (ley 41/2002 de autonomía del paciente), también en el menor recogiendo el criterio de la competencia y madurez como un proceso evolutivo en la persona, y que requiere de la valoración del caso concreto en función de las características de ese menor y de la decisión que se ha de tomar. En ese sentido, permite la toma de decisiones del menor en función de su madurez y la gravedad de la decisión a partir de los 12 años, y en cualquier caso si tiene ya 16 años cumplidos. 

Sin embargo, como sociedad nos cuesta aún asumirlo. Más aún por el estamento médico al que han formado para salvar vidas y para hacer uso del arsenal terapéutico que la medicina les pone al alcance, a veces con gran sufrimiento del paciente. 

Cuando se trata de menores, ese sentimiento es mucho más profundo pues no aceptamos que existiendo una posibilidad, por remota que sea, no deba intentarse. La protección al vulnerable y el componente afectivo nos hace ser extremadamente paternalistas dejando de lado a esa persona que también es el menor… 

En el caso que nos ocupa, el rechazo al trasplante lo expresa una menor de 13 años, que ha vivido desde los 5 una larga y penosa enfermedad, con mala calidad de vida, y seguramente con un desarrollo cognitivo e intelectual muy superior al de los chicos y chicas de su edad, capaz de entender y asimilar perfectamente las consecuencias de su decisión, o por lo menos así lo valoran sus padres y no tenemos por qué dudar de ello. 

No nos podemos quedar con el simple dato de la edad cronológica, diciendo que es simplemente “una niña”. Le ofrecen un nuevo tratamiento, altamente agresivo, sin garantías de éxito y con un pronóstico de supervivencia incierto tanto en el tiempo como en la calidad de vida. Ante este panorama, ella decide decir “basta” y que la enfermedad siga su curso hasta que fallezca. Sus padres respetan la decisión de su hija no sin dolor y sufrimiento inmenso. 

A mi modo de ver, el caso no plantea dudas. Sin embargo, si me cuestiono cuál habría sido la postura en el caso de que los padres no hubiesen aceptado la decisión de su hija… Seguramente, los médicos habrían obviado la opinión de la menor y hubieran hecho prevalecer la decisión de los padres…; seguramente, ni siquiera se habría discutido el caso en un comité de ética intentando alcanzar un consenso tras una deliberación prudente, como pide la bioética. 

¿Hubiese sido correcto ese proceder? Entiendo que no, puesto que se habría vulnerado el respeto a la opinión y criterio de Hannah, menor de edad pero con madurez suficiente, sobre algo tan personal y básico como es la propia integridad física y su salud y calidad de vida. Las teorías del menor maduro y su capacitación para la toma de decisiones sanitarias, más allá de su reconocimiento legal, no adquirirán nunca visos de realidad si partimos de que ante la discrepancia de criterio debe prevalecer sistemáticamente la opinión de los padres, como propietarios de la vida de sus hijos, aun con la mejor de las intenciones que deriva de su amor por ellos. Cuando de esa decisión depende la supervivencia, el menor maduro debe participar más que nunca como protagonista del proceso. 

http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20081113/53577800883/la-opinion-del-menor-reino-unido-jones.html

 

Muerte digna y cuidados paliativos

 

JESÚS AGUIRRE MUÑOZ | ACTUALIZADO 12.11.2008 – 01:00

LA connivencia entre la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad y Consumo queda patente al hacer coincidir en el tiempo el anteproyecto de Ley Andaluza de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, paradigma de la confrontación entre pacientes y médicos, entre buenos y malos, y, a su vez, las declaraciones del ministro Bernat Soria sobre la regulación en esta legislatura del Suicidio Asistido, que sería un paso previo a la Eutanasia Activa a través de cambios en el Código Penal. 

En ambos casos se escudan en algo que está perfectamente regulado en España, como es la Muerte Digna. Lo primero que quiero transmitir como médico y como político es un mensaje de confianza a la población española, ya que la dignidad ante la muerte en España debería de estar garantizada básicamente en todo el territorio nacional, basándose en dos aspectos a destacar: la legislación vigente sobre voluntades anticipadas, autonomías e información del paciente, derechos y deberes de los pacientes, cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, etcétera, siendo obligación de las diferentes administraciones publicas su observancia y el poner los diferentes medios para el cumplimento de dicha legislación .

El segundo aspecto, que debe de servir de correa de transmisión de confianza hacia la sociedad en general y a los enfermos en particular, es la ética y profesionalidad de los trabajadores sanitarios, pues ya desde Hipócrates se prohibía al médico atentar en el uso de su arte contra la vida de sus pacientes, siendo el juramento hipocrático uno de los primeros alegatos a favor de la vida, oponiéndose a la eutanasia activa y al suicidio. El llamado encarnizamiento terapéutico no es medicina y sólo nos hace recordar reminiscencias de un pasado en el que a enfermos terminales, por intereses políticos, se les sometía a tratamientos extraordinarios de los que no se podían esperar ningún beneficio. 

La consejera de Salud quiere dar la sensación de la existencia de un problema que es ficticio, en parte por la formación y ética de los profesionales y en parte por la actual legislación vigente, comités de ética de los hospitales, código de ética y deontológica de la Organización Médica Colegial y dictámenes de la Asociación Médica Mundial.

Lo único interesante del anteproyecto de la Ley Andaluza es el título y el artículo 12, que garantiza lo que ya tenía que estar garantizado y extendido al 100% de la población según la Cartera de Servicios del Servicio Andaluz de Salud, como son los cuidados paliativos, cuyas deficiencias en Andalucía son de verdad el eje del problema. Cuando hablamos de cuidados paliativos estamos hablando de la atención que debe recibir un paciente cuando está en la última etapa de una enfermedad progresiva, cuando ya no responde a los tratamientos específicos destinados a curar o aumentar la supervivencia. Para evitar que en determinados casos se siga muriendo mal en Andalucía hay que extender, con suficiente dotación presupuestaria, Unidades de Cuidados Paliativos de Alta Calidad, en los hospitales, incluidos los comarcales, y en los centros de salud, creando así una red real dirigida a enfermos y familiares tanto a nivel urbano como a la gran olvidada, que es la atención sanitaria rural.

Y es que la humanización de la atención sanitaria es de gran importancia. La atención debe ser multidisciplinaria e integral, dando respuesta a las necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales, aunando esfuerzos en la misma dirección: médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, asesores espirituales y la propia familia. La ética profesional, junto con la dotación oportuna de material y personal por parte de la administración sanitaria, es la forma de garantizar la calidad asistencial a los enfermos terminales.

El anteproyecto de ley sobra; lo que falta, como dicen los especialistas de cuidados paliativos, es formación y recursos humanos y técnicos suficientes para poder universalizar sus cuidados.

Desde esta tribuna le transmito a la consejera que a la hora de nombrar un Comité de Ética e Investigación que se decante por profesionales independientes e interlocutores socio-sanitarios elegidos por las corporaciones y asociaciones oportunas, y no abusar de nombramientos directos por parte de la propia Consejería. A su vez, le ruego que no entretenga a la población andaluza con debates estériles sobre anteproyectos absurdos que lo único que persiguen es distraer a los ciudadanos de los verdaderos problemas que arrastra la sanidad andaluza, como son el incumplimiento de la cartera de servicios, listas de espera, tiempo en consulta y, sobre todo, que se dediquen el máximo de recursos humanos y económicos en buscar el confort, intimidad y dignidad en la atención de los pacientes; en especial, de los más necesitados, como son los enfermos terminales.

Crítica de la razón médica

Pedro Gutiérrez Recacha

Psicólogo. Doctor por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad

07 Noviembre 2008

Apuntes para una Filosofía de la Medicina en el pensamiento de Kant


Este breve ensayo está dedicado a algo cuya mera existencia es discutible; como el propio título indica, este etéreo asunto no es otro que la exploración de una posible “Filosofía de la Medicina” en la obra del pensador de Königsberg. 

Referentes filosóficos 
El filósofo Immanuel Kant (Königsberg, Reino de Prusia, 22 de abril de 1724-íbidem, 12 de febrero de 1804) es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y del último período de la Ilustración.

En la actualidad, Kant continúa teniendo sobrada vigencia en diversas disciplinas. Una sostenida meditación sobre los diversos fenómenos del obrar humano nos remite necesariamente a Kant, que junto con Platón y Aristóteles constituye, según una gran mayoría, el hilo conductor de los grandes aportes al conocimiento humano.

Al menos hasta donde se me alcanza, Immanuel Kant jamás dedicó una monografía a la ciencia médica. Esta advertencia preliminar podría interpretarse como un intento de disculpa ante el lector por parte del autor de estas líneas, casi una autojustificación antes de lanzarme por los (no siempre transitables) senderos de la filosofía-ficción, tratando de especular qué habría pasado si el autor de la Crítica de la razón pura hubiera dedicado parte de su tiempo a la discusión de asuntos relacionados con la práctica médica o incluso qué sucedería si pudiéramos trasladar mágicamente al pensador desde su época ilustrada hasta la actualidad para recabar su opinión sobre los más variados problemas contemporáneos. 

En este último sentido, pensemos que no sería muy difícil tender un puente entre la filosofía moral kantiana (dado el carácter decididamente formal que presenta la misma) y cualquier cuestión bioética de candente actualidad, aspirando a determinar, por ejemplo, qué conclusiones podrían derivarse de la aplicación del imperativo categórico a algún asunto (tan poco kantiano en principio) como la clonación o la eutanasia. 

Alusiones explícitas a la medicina 

Tales exploraciones siempre resultan de interés… pero no habría que buscar en ellas la finalidad del presente texto. No es mi intención desarrollar enunciados altamente formales ni postulados generales del pensamiento kantiano. Más bien al contrario, pretendo tomar como punto de partida las alusiones explícitas a la medicina (pese al posible carácter puntual o coyuntural de las mismas) que pueden encontrarse en una de las obras del filósofo ilustrado más aparentemente alejada de dicha temática: La contienda entre las Facultades de Filosofía y Teología (1798). 

A partir de estas breves reflexiones, trataré, en primer lugar, de bosquejar la figura del profesional médico según la óptica kantiana. Dejo para otro artículo el análisis del examen crítico al que Kant somete dicha figura en tal obra. A partir de esa crítica se dilucidará el modo en que las reflexiones del filósofo, desde una distancia de más de doscientos años, todavía tienen algo que aportar a la teoría de la medicina del siglo XXI.

La génesis de una obra como La contienda entre las Facultades de Filosofía y Teología se produce en las circunstancias sociopolíticas particulares de la Prusia de finales del siglo XVIII, entorno político y geográfico en el que hubo de bregar Inmanuel Kant. La llegada al poder de Federico Guillermo II en 1786 supuso un considerable recorte de libertades con respecto al gobierno de su predecesor, Federico el Grande. La situación no era para menos, ya que Europa se veía inmersa en una época de inestabilidad que tendría quizá como mayor exponente el desencadenamiento de la Revolución Francesa en 1789. No resulta sorprendente que a lo largo y ancho del continente proliferaran las medidas gubernamentales destinadas a controlar la libre circulación de ideas con el fin de reprimir cualquier conato de rebelión. 

Primacía del foro universitario 

Estos nuevos aires no tardarían en afectar a la producción filosófica kantiana y el pensador de Königsberg se las habría de ver con una suerte de censura estatal que, mediante una comisión oficialmente designada, pretendía velar por la ortodoxia de las obras religiosas de los pensadores prusianos. Ante esta situación, y después de experimentar en carne propia los efectos de la censura, Kant elaborará La contienda como un alegato en defensa de “la primacía del foro universitario (científico), frente al clerical-gubernativo en la evaluación de escritos universitarios”1

Pero, una vez asumida esta reivindicación, quedaría por determinar qué Facultad específica debería encargarse de la revisión de determinados textos que, por su carácter mixto (hoy diríamos multidisciplinar) se adscribirían con dificultad a una única área de conocimiento. Tal es el caso, por ejemplo, de la Filosofía de la Religión. La reclamación kantiana exige que sea la Facultad de Filosofía, y no la de Teología, la encargada de tal censura, dado que es a la primera a la que compete el ejercicio de la crítica racional. 

Del resumen anterior puede fácilmente colegirse que el tema principal de La contienda… poco o nada tiene que ver con la Medicina. Ahora bien, resulta que en su exposición preliminar sobre la estructura de los estudios universitarios de su tiempo, Kant reconoce la distinción entre Facultades “inferiores” (Filosofía) y Facultades “superiores” (Teología, Derecho y… Medicina). A todas estas disciplinas dedicará algún breve comentario. 

Como el lector habrá adivinado, en la separación propuesta por el filósofo los términos “superior” e “inferior” no presentan un significado valorativo propiamente dicho, sino más bien descriptivo, en la medida en que no reflejan la opinión del mismo Kant sino la estima que tanto la sociedad en general como sus gobernantes parecían dispensar a estos saberes a finales del siglo XVIII. De hecho, el origen de la distinción entre Facultades Mayores y Menores es muy anterior al propio Kant. 

La utilidad de la Filosofía 

Tradicionalmente, las tres Facultades Mayores se han asociado al dominio de los tres grandes órdenes en los que se desarrolla la vida humana: la religión, que pone en contacto al hombre con Dios y el macrocosmos; el derecho, que rige la relación del hombre con la sociedad (mesocosmos) y la medicina, que permite al hombre el dominio de su propio cuerpo (microcosmos) –en el presente artículo utilizo las denominaciones “Facultades Superiores” y “Facultades Inferiores” en lugar de “Mayores” y “Menores” haciéndome eco de la traducción de la edición citada de La contienda…, que corre a cargo de Roberto Rodríguez Aramayo. 

Al de Königsberg (como es comprensible) le interesa ante todo defender la utilidad de la Filosofía, por lo que su discurso forzosamente será crítico con las consideradas facultades superiores (particularmente con la Teología). 

Por tanto, el juicio del pueblo a la hora de determinar cuáles de estas disciplinas resultan más beneficiosas para su propio provecho constituye para Kant el fundamento de la división entre Facultades superiores e inferiores y, en último término, la causa del enfrentamiento entre ambas: “la disputa de las Facultades gira en torno a su incidencia en el pueblo y sólo pueden conseguir dicha influencia por cuanto cada una de ellas haga creer al pueblo que conoce el mejor modo para fomentar su dicha” (p. 12)2

El pueblo (o el gobierno, pensando en el pueblo) parece imponer lo que debe ser estudiado, pero, ¿qué saberes resultan realmente útiles para el mismo? O, reformulando la pregunta de un modo más certero, ¿qué saberes cree el pueblo que pueden resultarle más útiles? ¿Se halla esta utilidad relacionada con el adecuado uso de la libertad, que para Kant constituye el primer deber de la filosofía moral? En modo alguno. El de Königsberg resulta tajante con su respuesta: para la mayoría de las personas, los únicos conocimientos útiles son aquellos que pueden llegar a procurarles felicidad. Y esta felicidad radica en evitar los problemas que puedan surgir en este mundo –descanse su origen en la naturaleza (pues se ansía sortear la enfermedad y, en última instancia, la muerte) o en el comportamiento de los demás hombres (pues se busca el amparo de la ley)– y en eludir el sufrimiento en una vida postrera (pretendiendo obtener ya en nuestra existencia carnal garantías de que más allá del umbral de la muerte nos espera un futuro dichoso). De ahí que las tres disciplinas que gocen de un mayor apoyo popular sean la Medicina, el Derecho y la Teología. 

La máxima dicha del pueblo

Sus máximas nos indican cómo esquivar los problemas antes señalados, mientras que las máximas de la “pobre” Filosofía sólo pueden aspirar a guiarnos determinando en qué consiste un comportamiento libre (que, en el sistema kantiano, equivale a un comportamiento moral). 

En palabras de Kant: “Mas el pueblo no cifra su máxima dicha en la libertad, sino en sus fines naturales, los cuales se concretan en estos tres aspectos: esperar bienaventuranza tras la muerte, contar con que una ley pública garantice lo suyo en esta vida entre sus semejantes y, por último, el goce físico de la vida en sí misma (esto es, la salud y la longevidad). La Facultad de Filosofía, sin embargo, sólo puede admitir todos esos deseos a través de prescripciones tomadas de la razón y, permaneciendo adicta al principio de la libertad, se limita a sostener aquello que el hombre debe y puede hacer: vivir honestamente, no cometer injusticias, mostrarse moderado en el goce y paciente en la enfermedad, ateniéndose sobre todo a la espontaneidad de la Naturaleza; para todo esto no se requiere, claro está, una gran sabiduría, pues en gran parte todo se reduce al hecho de que uno refrene sus inclinaciones y confíe la batuta a su razón, algo que, sin embargo, no le interesa en absoluto al pueblo por representar un esfuerzo personal” (pp. 12-13). 

Como primera conclusión, por tanto, podemos señalar el reconocimiento kantiano de que la Medicina constituye un saber útil, que puede proporcionar la felicidad a las personas y que, por tanto, resulta muy valorado por la sociedad. Dentro del primer capítulo (tras la Introducción) de La contienda…, que lleva por título “De las relaciones entre las Facultades”, el filósofo dedica a tal disciplina una de las secciones de su primer apartado (bajo el epígrafe “El carácter peculiar de la Facultad de Medicina”). 

Lo que distingue al saber biomédico 

En este breve comentario, Kant define al galeno como “un artista que, al tomar su arte directamente de la naturaleza y tener que derivarlo de una ciencia natural, se ve subordinado con todo, como docto en la materia, a aquella Facultad donde ha cursado sus estudios y a la cual ha de someter sus dictámenes” (p. 9). Es decir, la figura del médico aparece sometida a una autoridad docente responsable de su formación.

Pero, ¿sometida hasta qué punto? Y es que ahí podemos encontrar precisamente una diferencia fundamental que, en opinión de Kant, separa el saber biomédico de las otras dos disciplinas superiores. Ésta no es otra que su mayor dependencia de la Naturaleza, lo cual permite favorecer el peso de las pruebas empíricas y atemperar la gravedad de la autoridad doctrinaria: “Esta Facultad es, por lo tanto, mucho más libre que las otras dos Facultades superiores y se halla estrechamente emparentada con la Facultad de Filosofía; en lo que atañe a las doctrinas por las cuales son instruidos los médicos es enteramente libre, dado que para ellas no pueden darse libros sancionados por la autoridad, sino libros inspirados únicamente en la Naturaleza” (pp. 9-10). 

Así pues, en esta primera aproximación la figura del profesional de la medicina parece obtener una valoración más bien positiva por parte de Kant: por un lado, procura un bien al prójimo, por otro, su práctica, pese a que pueda hallarse sometida a una autoridad, descansa en la observación de la propia naturaleza, lo que permite salvaguardar la independencia de su formación respecto a cualquier intento de control doctrinario. Entonces, ¿la Medicina siempre camina de la mano de la Filosofía? ¿No sé producirá entre ellas la mencionada “contienda entre Facultades” a la que parecía aludir Kant previamente al comparar saberes inferiores y superiores? La respuesta a esta pregunta nos conduce directamente a un próximo artículo. 

“El de Königsberg resulta tajante con su respuesta: para la mayoría de las personas, los únicos conocimientos útiles son aquellos que pueden llegar a procurarles felicidad.” 

1Estudio preliminar en Inmanuel Kant, La contienda de las facultades de filosofía y teología. Editorial Trotta. Madrid. 1999. Página XXI. 2Todos los números de página que aparecen a continuación se refieren a la edición de La contienda… citada en la nota 1. 

http://www.jano.es/jano/humanidades/medicas/pedro/gutierrez/recacha/critica/razon/medica/_f-303+iditem-3241+idtabla-4+tipo-10

 

Nueva ley del aborto para 2009

 

El Gobierno prevé crear una nueva Ley del Aborto. Se trata de un asunto que no está exento de polémica. Según María José Borrego, miembro del Grupo Interdisciplinario de Bioética de la Universidad San Pablo-CEU, la iniciativa es una excusa para liberalizar totalmente el aborto.
MARÍA JOSÉ BORREGO GUTIÉRREZ 13/11/2008
El Gobierno “inicia el camino para la elaboración de una nueva ley, no una reforma de la actual, sino una ley nueva que será la mejor posible”, según afirmó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. ¿La mejor posible? ¿Con un comité de expertos designado por el Gobierno de forma absolutamente parcial e interesada? Como no podía ser de otra manera, los miembros que componen el comité son todos de pensamiento abortista y probablemente pretendan conseguir la barra libre del aborto en España. Está claro que tras las palabras de De la Vega se oculta una gran excusa para liberalizar completamente la práctica del aborto en nuestro país.

Esta ley, según la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, tendrá “lo mejor de todo lo que hay en el panorama internacional”. Ignoro qué tipo de modificaciones van a introducir. En España el aborto es un delito que está despenalizado sólo en tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas), malformación fetal (hasta las 22) y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre (sin plazo).

Quizá incluyan un cuarto supuesto que contemple en el bajo nivel socioeconómico un motivo más para poder abortar dentro de la legalidad. Otra posibilidad sería una ley de plazos que implicaría que la mujer pudiera abortar libremente sin acogerse a ninguno de los tres supuestos hasta una determinada semana de gestación.

Normalmente se consideraría la semana de la viabilidad fetal, que se encuentra en torno a las 24-26, si bien en ocasiones se ha logrado reanimar con éxito a niños nacidos con 22 semanas. Si se aceptara este sistema de plazos, la ley podría ser anticonstitucional pues no respetaría el derecho a la vida del no nacido.

España, paraíso del aborto
En la actualidad España se considera el paraíso del aborto, ya que la ley en vigor no se cumple en el 99 por ciento de los casos. Según Sanidad, de los 100.000 abortos que se cometieron en 2006, el 98 por ciento se realizaron en clínicas privadas, ya que la sanidad pública no quiere hacer abortos fuera de los estrictamente legales. Pero, ¿de qué manera se saltan la ley las clínicas privadas? En primer lugar, no se cumple el número de semanas de gestación autorizadas; cito textualmente un artículo publicado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI): “Nuestras clínicas especializadas en aborto interpretaron que, si existe un dictamen que estime que el embarazo pone en riesgo la salud de la embarazada, éste es practicable sin límite de semanas, entendiendo que un embarazo no deseado altera el bienestar psíquico y social y la salud está en riesgo. Esta interpretación legal no ha sido aún discutida por ningún dictamen legal ante ningún tribunal”.

Además de otras irregularidades conocidas, como informes previamente firmados por los psiquiatras, con cierta frecuencia vinculados a las clínicas, las de trabajadores no cualificados y sin la titulación requerida, el tratamiento incorrecto de restos humanos, etc. La consecuencia de estas infracciones es el lamentable espectáculo que hace unos meses vimos en los distintos medios de comunicación, tras la detención del ginecólogo Morín en Barcelona; las escalofriantes imágenes de fetos viables troceados y tirados a la red pública de alcantarillado nos sobrecogieron a todos.

Una declaración de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) define el aborto como “expulsión o extracción de su madre, de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso que se alcanza aproximadamente a las 22 semanas completas de embarazo” (24 desde la última regla). Si aceptamos esta definición, a partir de las 22 semanas no podemos referirnos a abortos sino que deberíamos sustituir el término por el de feticidio o asesinato de fetos viables o maduros.

El presidente de la SEGO, José Manuel Bajo, considera que, si existiese grave riesgo para la salud física de la madre por encima de las 22 semanas, “lo oportuno desde el punto de vista médico es la interrupción de la gestación ( ), pero ¿por qué hay que destruir el niño dentro? Indúzcase el parto e inténtese salvarlo”.

Una sociedad capaz de convivir silenciosamente con esta vergüenza es una sociedad enferma. No hace falta tener un sentido trascendente de la vida para condenar el aborto; sólo con la biología vale, ya que nos enseña que la célula resultante de la concepción incorpora un nuevo código genético propio, único e irrepetible. Si al final la nueva ley propone un sistema de plazos, se establecería la legalidad o ilegalidad del aborto en función del número de semanas de gestación, considerando que la edad y el tamaño del embrión son determinantes para una mayor o menor criminalidad en el acto; como si matar a un niño fuese más o menos delictivo que matar a un adulto. Los efectos del aborto sobre la salud de las mujeres son, además, tema de encendido debate, pudiendo ocasionar desastrosas consecuencias sobre la salud de aquellas, desde infecciones o hemorragias hasta perforaciones o desgarros uterinos, aumentando asimismo el riesgo de padecer enfermedad inflamatoria pélvica e infertilidad y la probabilidad de tener en el futuro embarazos ectópicos o abortos espontáneos de repetición.

Si con la nueva ley las mujeres que quieren abortar tienen derecho a decidir, también deben tenerlo a conocer estas consecuencias, además de las secuelas psicológicas en numerosas ocasiones de delicada solución, ya que el aborto trastoca directamente los tres temas más íntimos de una mujer: su sexualidad, su moralidad y su maternidad.

En España padres y médicos tendrían la decisión final sobre la necesidad de un trasplante

JANO.es y agencias · 12 Noviembre 2008 13:20

Bernat Soria se pronunció sobre el caso de la niña británica enferma de leucemia que rechaza un trasplante cardíaco

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, se pronunció hoy sobre el caso de Hannah Jones, la niña británica de 13 años enferma de leucemia que se niega a recibir un trasplante de corazón, reconociendo que se trata de un caso “complejo desde el punto de vista ético” que, si se diera en España, sería resuelto por los padres y médicos del paciente, contando con la opinión del paciente sólo a partir de los 12 años de edad.
 
“Con la ley en la mano, si ese caso se da en España y se trata de un menor, es el representante legal, sus padres, quienes nos ayudarían a tomar la decisión”, manifestó el ministro durante un encuentro con los medios.
 
“Si se trata de un menor de 12 años serían los representantes legales, si es mayor de 12, los padres tienen que consultar al menor su opinión y, con esa opinión y la de los facultativos, se toma la mejor decisión”, precisó Soria.
 
Para el titular de Sanidad, el caso de Hannah plantea “una situación compleja desde el punto de vista ético, jurídico y de protección de los derechos del paciente”, ante la que, a su juicio, siempre se debe ser “muy respetuoso con los derechos de los pacientes” y también con la opinión de los facultativos que atiendan al menor, ya que deben descartar que el paciente sufra depresión.
 
Como padre, Bernat Soria reconoce que es muy difícil ponerse en el papel de los progenitores de la niña británica que sufre esta enfermedad terminal, ya que para poder juzgar “habría que conocer todo el proceso”. “Todos los días los padres y madres españoles están tomando decisiones que tienen que ver con el futuro de sus hijos y lo que uno desea como padre, siempre, es lo mejor para sus hijos”, concluyó.

Genética: el médico entre la espada y la pared

El médico ante el consejo genético. Los avances en genética permiten que se pueda conocer de antemano la posibilidad de desarrollar enfermedades hereditarias. Esto supone aumentar la responsabilidad del médico, que ante cualquier sospecha de enfermedad genética debe derivar al paciente al genetista. Sin embargo, los profesionales no están suficientemente formados y en España ni siquiera existe esta especialidad. Los tribunales dirán qué responsabilidad se le puede exigir al médico cuando sea demandado por no recomendar un test genético.
Gonzalo de Santiago
12/11/2008
Los test genéticos están disponibles a través de rutas tradicionales como médicos, consultores y laboratorios, para detectar más de 1.300 enfermedades. Además, existen varios centenares más bajo investigación. Los avances en genética han permitido que cualquier persona pueda conseguir con una muestra de saliva o sangre descifrar su código genético. Esta es una de las consecuencias de la evolución de la llamada medicina personalizada: ofrecer diferentes opciones de tratamiento basado en las tendencias genéticas de los pacientes.

No obstante, dar al paciente la posibilidad de ser conocedor de sus propias condiciones genéticas y hacer que se haga cargo de su propia salud conlleva un mundo de responsabilidades por parte de los facultativos, que muchas veces no están suficientemente preparados.

Falta de especialidad
En España esta carencia se agrava al no existir la especialidad de Genética, y sólo el interés de los propios médicos para formarse ha propiciado algunas unidades de genética, generalmente en los grandes hospitales. Según María Isabel Tejada, ex presidenta de la Asociación Española de Genética Humana, esto hace que en algunos centros, cuando un médico de familia alberga dudas sobre si la enfermedad de un paciente tiene origen genético, no pueda derivarle a ningún especialista. “La Ley de Investigación Biomédica exige el consejo genético pero, ¿quién lo va a hacer?. En teoría cualquier médico que tenga sospechas de que el paciente al que trata sufre una enfermedad de tipo genético debe derivarlo a un genetista, que dirá si se trata de una enfermedad genética y si tiene test molecular disponible o no”.

La gravedad de esta cuestión reside en las posibles responsabilidades a las que se enfrenta el profesional. Sin unos parámetros claros, los tribunales podrían ser los que decidan el nivel de atención, y no está claro qué demandas van a ser admitidas. El típico caso es la madre de un niño con un desorden genético que demanda al pediatra que no le recomendó realizar un test genético. “No creo que sea fácil llevar a juicio a un profesional porque hay muy pocos genetistas a los que se pueden dirigir”. En 25 estados norteamericanos se reconoce el derecho de los padres a acudir a los tribunales por la pérdida de oportunidad de abortar cuando no se les ha informado de las anomalías genéticas del feto, y los que aún lo prohíben podrían permitirlo en breve.

Efectos de los fármacos
También los farmacogenómicos podrían plantear objeciones legales a los médicos. Muchas compañías se encuentran investigando si los test genéticos ayudan a determinar la respuesta de un paciente a la medicación. De hecho, el pasado mes de agosto la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos permitió a los fabricantes del disolvente de sangre Coumadin cambiar su etiquetado para avisar a los médicos que los tests genéticos permitirían ayudar a la medicación y reducir sus complicaciones. Cabe la posibilidad de que los pacientes dañados por un medicamento demanden a su médico por no ordenar dichos tests antes de prescribir el fármaco.

En Estados Unidos los tribunales han variado en sus opiniones sobre si los médicos tienen obligación de advertir a los familiares de un paciente el descubrimiento de riesgos genéticos. Sólo tres estados (Illinois, Mississippi y Washington) tienen leyes o normas que protegen el derecho de objeción de los médicos a realizar tests genéticos. “Los parámetros legales y médicos de la atención están cambiando y actualmente hay más cosas que saber sobre las tecnologías genéticas”, ha señalado Lynn Fkeusherm, abogado del Colegio de Genética Médica de Estados Unidos, que cree que “es deber de los médicos conocer todo lo relativo a la información y comunicar los resultados de ese conocimiento a los pacientes”.

Sin embargo, un estudio realizado el pasado mes de abril por el Comité Genético del Departamento de Salud y Servicios Humanos norteamericano concluyó que a muchos médicos y profesionales sanitarios les falta preparación y experiencia para facilitar e interpretar estos exámenes, según el periódico médico norteamericano amednnews.com. El estudio también cuestiona la validez y la utilidad de algunas tecnologías para descifrar los códigos genéticos.

Gail H. Javitt, director de Genética y Política Pública de la Universidad Johns Hopkins, cree que hay falta de mecanismos de regulación para introducir nuevos tests en la práctica clínica y que es difícil para los médicos discernir cuándo estas pruebas deben entrar dentro de la atención que se presta al paciente y cuándo no.

Un ejemplo de esta queja es el caso de Jaqueline Chadwick, médico de familia norteamericana, que se ha encontrado en dos ocasiones con un paciente que le solicitaba un examen genético porque a un miembro de su familia le habían diagnosticado una enfermedad de origen hereditario. Después de consultar literatura médica, la profesional concluyó que el test podría ser de ayuda y le recomendó a un consejero genético.

En otro caso, sin embargo, descubrió escasa base científica que apoyara que el test sería beneficioso e informó de ello al paciente. “Ahora que la industria está recomendando a los pacientes que se hagan pruebas genéticas, van a esperar que los médicos usen su perfil genético para definir su estado de salud completo”. Por ello, la pregunta es qué hacemos como médicos con esa información.

Antes de nada, formación
Pilar Nicolás, coordinadora de proyectos de investigación de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de Deusto (Bilbao), cree que para que se pueda exigir responsabilidad a un profesional, antes debe ofrecérsele formación, algo que no ocurre en España. “Esto hace que el médico no conozca si los síntomas corresponden a una enfermedad o a otra”.

La especialista afirma que la Ley de Investigación Biomédica establece que los análisis genéticos deben realizase con indicación médica, profesionales formados e instalaciones de calidad. Sin embargo, no pone medidas para ello y muchas veces los médicos no disponen de formación ni de medios. “Si el médico tiene a su alcance una unidad de consejo genético puede acudir a él cuando le surja alguna duda”. Sin parámetros legales claros, los tribunales podrían ser los que decidan el nivel de atención que se debe dar, y no está claro qué demandas se admitirán

Primeros casos judiciales
En Estados Unidos ya ha habido reclamaciones de pacientes que han demandado a su médico por no haberles ofrecido la posibilidad de realizar un test genético. La Corte Suprema de New Hampshire estudió el caso de una pareja que demandó a un centro médico por no detectar un desorden cromosómico de su hijo. La justicia encontró que los médicos llevaron a cabo las exploraciones rutinarias e informaron a la pareja sobre el riesgo de que aparecieran anomalías congénitas. Aunque el examen genético estaba disponible para detectar esa anomalía, el tribunal no consideró que el diagnóstico genético debiera estar incluido en la atención prestada en ese caso.

Instrucción previa: a la espera del registro único

Las instrucciones previas centrarán una de las mesas redondas sobre envejecimiento que se celebrará en el congreso de Fisalud. Sara Isabel Moreno, de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, abordará los problemas que plantea el documento de instrucciones previas, como su validez en un comunidad autónoma distinta del lugar donde se ha registrado. La puesta en marcha del registro central evitará este problema.
Marta Esteban 11/11/2008
Mediante el documento de voluntades anticipadas, una persona puede dejar constancia del tratamiento que no quiere recibir cuando esté clínicamente en una situación en la que no le es posible decidir. Sin embargo, puede suceder que la situación crítica en la que se encuentre el enfermo sea distinta de la prevista con antelación en la instrucción.

Este es uno de los problemas que Sara Isabel Moreno, de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (Somamfyc), ha detectado en su análisis de los documentos de voluntades anticipadas y lo explica con un ejemplo. “Puede suceder que un paciente con 80 años que padece un cáncer de colon terminal haya expresado en su instrucción que no quiere ser reanimado. Si sufre un accidente de tráfico que exige una reanimación inmediata, al médico se le está planteando una situación clínica diferente a la prevista en el documento de voluntades anticipadas, pues el enfermo había hecho un testamento vital para una patología diferente a la que ahora se plantea”.

Otro de los obstáculos que se puede apreciar es el de la validez del documento. “A la espera de la puesta en marcha por completo del registro central de instrucciones previas, si un paciente hace la instrucción en Madrid y luego se desplaza a Andalucía, los servicios sanitarios andaluces no tienen por qué tener conocimiento del documento inscrito por el enfermo en el registro madrileño”.

El médico objetor
En cuanto a la objeción de conciencia, Moreno recuerda que, “al igual que ocurre con cuestiones como la píldora postcoital, en el caso de las voluntades anticipadas puede haber médicos que no estén de acuerdo con la retirada de algún tratamiento especificado por el paciente en el documento”. Por ejemplo, puede suceder que el facultativo piense que “hay que intubar al enfermo que está en una situación terminal y no quiere cumplir la instrucción. En este caso, el médico podría objetar y otro facultativo se encargaría del paciente”.

Por último, y en cuanto al papel que desempeñan los médicos de primaria, además de “informar al paciente sobre la existencia del documento, el facultativo debe resolver las dudas de los enfermos en esta materia y registrar el documento elaborado por el paciente en la historia clínica”. Moreno ha lamentado el “desconocimiento de los profesionales” sobre las instrucciones previas.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/medicina/es/desarrollo/1183179.html