Archivo por meses: septiembre 2008

La voluntad inequívoca de querer morir

TRIBUNA: LUIS MONTES MIEZA Y FERNANDO SOLER GRANDE

El ordenamiento jurídico sobre eutanasia y suicidio asistido provoca situaciones contradictorias. Urge saber si el derecho de autonomía personal significa realmente decidir por uno mismo hasta dónde quiere llegar

LUIS MONTES MIEZA Y FERNANDO SOLER GRANDE 30/09/2008 Imprimir   Enviar

La obsesión que muestra la derecha ideológica en nuestro país por calificar públicamente de asesinatos a la eutanasia y el suicidio asistido, o su insistencia en denominar eutanásico al genocidio nazi, no parecen responder a otra cosa que a una premeditada intención de ofuscar, obstaculizar y, finalmente, impedir el debate racional y sosegado sobre la eutanasia y el derecho ciudadano a una vida y una muerte dignas. Sería necesario admitir un enorme grado de estulticia entre sus filas para considerar como de buena fe ignorar que la voluntad de morir separa radicalmente la eutanasia y el suicidio asistido del asesinato o el genocidio. Es ciertamente deprimente para quienes gozamos aún de cierta capacidad de raciocinio el modo en que el vicesecretario de Comunicación y portavoz del PP, González Pons, presentaba a su parroquia el valiente pronunciamiento del ministro Soria a favor del suicidio asistido achacándole la intención de “liquidar al personal con cargo a la Seguridad Social”. Pensábamos inocentemente que semejantes ocurrencias tabernarias eran privativas de los sectores más cavernarios de la sociedad. Oírlas en boca de este conspicuo representante, que parecía querer encarnar la cara amable y educada del principal partido de la oposición, nos hace albergar muy pocas esperanzas de que el debate en que nos encontramos pueda desarrollarse en términos civilizados y de racionalidad.

Las disfunciones legales se deben a que no se ha abordado el problema de fondo de esta cuestión

La ley debe reconocer el derecho a poner fin a la propia vida, por sí mismo o ayudado por otros

Por nosotros no ha de quedar, sin embargo; seguimos dispuestos a aportar serenamente a la opinión pública los argumentos que, a nuestro juicio, sustentan la pretensión de que nuestras leyes reconozcan el derecho al suicidio asistido -médicamente asistido- y la eutanasia activa voluntaria (tales adjetivaciones son precisas para evitar el interesado totum revolutum terminológico que algunos tienen interés en mantener).

En primer lugar, y para clarificar el debate, digamos que tanto el suicidio asistido como la eutanasia voluntaria son acciones muy similares. Ambas consisten en la muerte de una persona que no desea seguir viviendo por razón de una enfermedad terminal o por una situación de sufrimiento intolerable, aun no mortal a corto plazo. En ambos casos existe la voluntad inequívoca y libremente expresada de morir. La diferencia reside en que en el suicidio asistido la muerte es auto-administrada por quien desea morir, con la ayuda de otra persona, médico en el caso del suicidio médicamente asistido, que le facilita los fármacos o medios para producirse la muerte. El término eutanasia se emplea cuando, bajo las mismas condiciones, es otra persona, sanitario o no, quien produce directamente la muerte deseada. El adjetivo “voluntaria” sirve para distinguirla de la llamada eutanasia involuntaria en la que alguien administra la muerte a otro por razones altruistas pero sin que exista la expresa voluntad de morir por el interesado.

En nuestra opinión no tiene sentido seguir hablando de eutanasia indirecta ni de eutanasia por omisión o pasiva porque sólo complican el debate y porque, además, ambas conductas están ya despenalizadas en el vigente Código Penal de 1995. Digamos de paso que, aunque algunos se empeñen en presentar como especialmente rechazable el homicidio eutanásico, hasta asimilarlo al genocidio, el Código Penal les desmiente al establecer el carácter eutanásico de un homicidio, como atenuante, sin duda en atención a su carácter altruista.

Clarificados los conceptos, analizaremos algunas contradicciones que se dan en nuestro ordenamiento jurídico actual. Es cierto que el Tribunal Constitucional (STC 120/90, de 27 de junio) negó la existencia de un derecho fundamental al suicidio pero, dado que este pronunciamiento se enmarcó en el ámbito de una huelga de hambre penitenciaria, nada autoriza a pensar que esta negativa sea extensible al derecho de un paciente a terminar con sus sufrimientos por sí mismo o con la ayuda de terceros. Una cosa es el suicidio como único medio para terminar con un sufrimiento, intolerable a juicio de quien lo experimenta y otra el suicidio mediante una huelga de hambre con el fin de extorsionar al Estado.

Desde luego es muy difícil compatibilizar coherentemente la negación del derecho general al suicidio con el derecho concreto del paciente a rechazar la aplicación de un tratamiento, aun cuando ello dé lugar a la muerte, derecho que nos reconoce la Ley 41/2002, conocida como Ley Básica de Autonomía del Paciente. Es muy difícilmente comprensible que se tenga el derecho a decidir la propia muerte mediante la desconexión por un tercero de un respirador (el caso de Inmaculada Echevarría) y no se tenga el de pedir que se le administre a uno un fármaco letal al que tampoco se puede acceder sin ayuda (como Ramón Sampedro). Se podrán emplear cuantos tecnicismos legales se quieran, pero los ciudadanos de a pie no entendemos cómo es posible que en iguales circunstancias de rechazo de la vida, que ambos consideraban como una condena, sólo uno tuviera el derecho legal de conseguirlo. ¿Terminaremos deseando estar atados a una máquina de soporte vital porque será la única forma de poder decidir nuestro final?

La desigualdad con que la actual legislación trata a personas en la misma situación de rechazo vital se amplía en el Código Penal que, en su artículo 143.4, penaliza a quien “causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro”. Esta delimitación de los hechos punibles a actos necesarios y directos ha despenalizado de hecho, como hemos dicho, la eutanasia en sus modalidades pasiva e indirecta, protegiendo jurídicamente prácticas de buen hacer médico como la limitación del esfuerzo terapéutico o la sedación del paciente terminal (la protección es, en todo caso, muy relativa: aquí estamos los médicos del Severo Ochoa como prueba) pero al limitarse a los actos necesarios, deja fuera del tipo penal el facilitar un veneno letal a una persona que hubiera podido conseguirlo sin ayuda, mientras que penaliza a quien se lo facilita a un paciente impedido para conseguirlo por sus medios, como Ramón Sampedro. ¿Hay discriminación más injusta e injustificable, precisamente con el más indefenso?

A nuestro juicio, estas disfunciones legales se deben a que no se ha abordado directamente el problema que late en el fondo de esta cuestión trascendental. Hay que definir de una vez por todas si el derecho de autonomía personal significa realmente la capacidad de decidir por uno mismo hasta dónde quiere o no quiere llegar. O si se trata de un derecho tutelado. Si, como ha dicho el ministro Bernat Soria, sólo uno mismo -ni una iglesia ni un partido político- puede decidir sobre su cuerpo y ésta es la opinión de su partido en el poder, el tema se aproxima a su resolución: la ley debe reconocer el derecho a poner fin a la propia vida, por sí mismo o ayudado por otros, cuando estime que lo que resta de ella no merece ser vivida.

Quienes, legítimamente por supuesto, se consideran a sí mismos como meros administradores de la vida, no deben tener temor a ser desalojados de ella contra su voluntad. Para ellos, como para nosotros mismos, exigimos la real universalización de los cuidados paliativos y de la sedación terminal como un derecho cívico que ayude a sobrellevar el final de la vida, pero rechazamos, con igual firmeza, la indecente utilización de los cuidados paliativos como coartada para oponerse a la eutanasia y suicidio asistido. Ni los mejores cuidados paliativos, que desde luego no son los que tenemos, podrán impedir el ejercicio de nuestro derecho a decidir, con absoluta autonomía, el momento desde el cual nuestra vida no es digna de ser vivida.

Para ese trascendental momento, esperamos poder contar con la ayuda de compañeros médicos que, protegidos por la ley, no se pongan por ello en riesgo de persecución.

Luis Montes Mieza y Fernando Soler Grande son médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés.

Manuel Gómez Tomillo: “Hay soluciones intermedias que permitirían llegar a un consenso en la eutanasia”

“En una materia tan delicada como la eutanasia no es deseable que un determinado sector de la población imponga su criterio sobre otro. Existen soluciones intermedias que permitirían llegar a un consenso que aúne las distintas sensibilidades”. En estos términos se pronunció ayer Manuel Gómez Tomillo, titular de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid, en la presentación del libro Aspectos Médicos y Jurídicos del dolor, la enfermedad terminal y la eutanasia en la sede de la Fundación Lilly, que ha editado el manual.
Gonzalo de Santiago 30/09/2008
Estas soluciones pasarían por atenuar la pena en ciertas hipótesis que no están captadas satisfactoriamente por el Código Penal y que deberían tener cabida de forma privilegiada. Gómez Tomillo señaló que existe voluntad política de despenalizar “la eutanasia activa directa en España” y destacó que sólo Holanda, Bélgica y Oregón (Estados Unidos) lo han hecho hasta ahora. Además, cree que sería deseable introducir el principio de oportunidad en este contexto, es decir, “la posibilidad de que, aun siendo punible dar muerte a un enfermo terminal, el Ministerio Fiscal, dadas las circunstancias, ponderase si este comportamiento merece ser sancionado”.

El Código Penal sanciona en el artículo 143 como delictivas las hipótesis de cooperación al suicidio ajeno, aunque de forma privilegiada, y lo que se conoce como eutanasia. “Ese precepto, de enorme carga emocional, nunca ha sido aplicado por un tribunal español”. De todas formas, la muerte se trata de forma muy atenuada desde el punto de vista penal en las hipótesis en las que existe una enfermedad grave, con padecimientos difíciles de soportar por el paciente, y cuando esta enfermedad conduzca irremisiblemente a la muerte. Para aplicarse esta rebaja penal es imprescindible una petición expresa del paciente. “La atenuación es de tal índole que existe acuerdo para que si la norma se llega a aplicar, prácticamente en ningún caso ingresaría en prisión quien cause la muerte”.

Despenaliza dos casos
El jurista explicó que la intención del artículo 143 del Código Penal es despenalizar dos hipótesis: la eutanasia omisiva (dejar de aplicar un determinado tratamiento) y la activa indirecta (proporcionar fármacos paliativos para atenuar el sufrimiento y, al mismo tiempo, acortar la vida). Asimismo, explicó que por pura estadística lo normal es que no se llegue a la eutanasia. Por su parte, José Antonio Gutiérrez, director de la Fundación Lilly, destacó que el médico está para pelear por la vida, aunque tenga conciencia de que es una batalla perdida.

El principio de la vida

M.J. PÉREZ-BARCO<
Domingo, 28-09-08
Varias opciones se vislumbran en la carrera emprendida por el Gobierno -y su comité de expertos convocados por el Ministerio de Igualdad, todos proabortistas o ligados a la administración socialista- para abordar la nueva regulación del aborto. Si bien con los tres supuestos hoy despenalizados existen algunos plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, todo hace pensar que el camino hacia una futura ley de plazos o un cuarto supuesto de despenalización ampliarían los límites para abortar ahora vigentes.
Sin embargo, gran parte de la comunidad médica rechaza un cambio de legislación sobre el aborto porque considera que con los tres supuestos regulados hoy día se da cabida a determinadas situaciones. Existe, pues, otro debate de fondo. Muchos científicos defienden la existencia de vida desde el primer momento de la fecundación, pues se genera una célula con una carga genética que convierte a ese ser en un individuo único e irrepetible en la especie humana.
Ese punto de vista científico tiene además un amplio respaldo en buena parte de la sociedad que asume la existencia de vida desde el principio y que la defiende desde un punto de vista moral y ético. Y ya desde una esfera jurídica, el respaldo a este principio llega hasta la cima del corpus legislativo, toda vez que el propio Tribunal Constitucional, en sentencia del mes de abril de 1985, reconoce los derechos que asisten al «nasciturus». En ese fallo se deja sentado que la protección que la Constitución dispensa al «nasciturus» implica para el Estado dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado su carácter fundamental, incluya como última garantía, las normas penales.
La legislación actual recoge que una mujer puede abortar hasta las doce semanas siempre que el embarazo sea resultado de una violación. Incluso, el PSOE, en sucesivas proposiciones de ley presentadas en el Congreso de los Diputados, ha propuesto esa frontera para incluir un cuarto supuesto de despenalización: la madre podría abortar dentro de las 12 primeras semanas si el embarazo le supone «un conflicto personal, familiar o social de gravedad».
Además, algunos países de nuestro entorno contemplan esa misma fecha para permitir el aborto libre, un espejo en el que podría mirarse la nueva regulación que impulsa el Gobierno socialista, pues una de las tareas encomendadas al comité de expertos formado por la ministra Aído es analizar las legislaciones en países europeos.
Responder a estímulos
Sin embargo, ante una ley de plazos o un cuarto supuesto también cabe la posibilidad de que el aborto se permita en fases más avanzadas del embarazo, por ejemplo, hasta las 14 ó 16 semanas. Un límite todavía por decidir.
A esas alturas, a las 12 semanas, el tamaño del feto no es mayor al de un puño (mide unos 6 centímetros y pesa unos 25 gramos). Ya para entonces, las estructuras de su cuerpo, aunque ya estaban presentes antes, ofrecen el aspecto de estar acabadas y su rostro ya parece humano. El corazón lleva más de un mes latiendo. «El feto tiene todos los órganos, aunque todavía inmaduros», afirma Luis Granados, doctor en Medicina y Cirujía y especialista en Ginecología y Obstetricia. «El embrión ha pasado su primera prueba con éxito y seguirá desarrollándose hasta nacer», señala.
Para hacerse una idea, «tenemos un auténtico bebé en miniatura, que cabe en la mano», lo describe Luis Chiva, doctor en Medicina, especialista en Ginecología y Obstetricia y profesor adjunto de la Universidad de Texas. Este experto incluso apunta que el feto en ese estadio de desarrollo «responde a estímulos con una sonda vaginal o incluso se encoge si damos una palmadita en el vientre de la madre».
Es hasta las 12 semanas cuando se producen el mayor porcentaje de abortos en España (87%). En 2006, fueron 89.340, aunque la mayor parte de ellos (62%) se practicaron antes de las ocho semanas. Otro momento clave. Es entonces cuando el embrión se convierte en feto y mide entorno a 1,5 y 2 centímetros. «A las cinco semanas empieza a latir el corazón, a la octava tenemos todo formado. Tenemos músculos, terminaciones nerviosas…», dice el doctor Chiva.
Hay otro estadio de gran trascendencia: las 22 semanas de embarazo. En este caso, la legislación actual recoge que si existen «graves» malformaciones en el feto se puede abortar hasta esa fecha. Pero sólo el 2% de los embarazos resultan problemáticos para el feto, según el doctor Chiva.
Granados aporta otra clave en este punto del debate: «Se considera malformación cualquier anomalía que salga de lo normal. Y con la legislación actual si a un niño le falta un dedo, con esa sola excusa se podría abortar. Pero una malformación grave es aquella incompatible con la vida, que no permite sobrevivir al feto».
El plazo de las 22 semanas también existe en países europeos. Y en ese mismo camino se pronunció el Comité de Bioética de la Generalitat catalana, cuando recomendó al Gobierno incluir el aborto libre hasta las 24 semanas.
La viabilidad fetal
La comunidad médica internacional considera que a partir de ese estadio (22 semanas) el feto tiene ya viabilidad fuera del útero de la madre, es decir, podría sobrevivir en una incubadora y con cuidados intensivos. Se conocen algunos casos. «Se trata de grandísimos prematuros con meses de incubadora. Tienen posibilidades de supervivencia por los avances médicos», explica Granados.
De hecho, desde 1982, está admitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (Figo), que el aborto es «la expulsión o extracción de la madre de un feto o embrión con menos de 500 gramos de peso, o menos de 22 semanas completas de gestación («que equivalen a 24 semanas de amenorrea», concreta Granados), independientemente o no de la existencia de signos de vida, o de que el aborto haya sido espontáneo o provocado».
La propia Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (Sego) se ha pronunciado recientemente en la misma línea. Entiende el aborto dentro de la definición expuesta por la OMS y considera que existe viabilidad fetal a partir de las 22 semanas de gestación.
Por tanto, más allá de ese plazo interrumpir voluntariamente un embarazo no se considera abortar, por lo menos desde el punto de vista médico. El propio presidente de Sego, José Manuel Bajo, afirmó en su día que «cualquiera que haya visto una ecografía, que vea cómo se mueve un niño por encima de las 24 semanas… El sólo hecho de interrumpir ahí una gestación con una túrmix, con un destructor hasta hacerlo papilla literalmente para expulsarlo entra dentro de lo que nosotros no podemos apoyar». Representaba a más de 6.000 ginecólogos y obstetras.
«Es realmente un infanticidio», insiste el doctor Chiva. «Una aberración», lo califica su colega Granados. A las 22 semanas, casi ya con seis meses, el feto comienza a despertar sus sentidos. Pesa unos 500 gramos y supera los 21 centímetros. Ocupa casi todo el útero y empieza a tener menos espacio para moverse.
Los datos de Sanidad revelan que el 2% (2.001) de los abortos en España se realizaron rozando ese plazo, a partir de las 21 semanas. Serían aquellos practicados a causa de una malformación o por otro de los supuestos de despenalización: la madre puede interrumpir su gestación en cualquier momento, sin plazo alguno si supone «un grave peligro para su vida» o salud física o psíquica.
Pero, como apunta el doctor Granados, los casos de peligro físico para la madre «son prácticamente marginales». Sin embargo, el riesgo psicológico se ha convertido en el gran coladero por el que se practican la mayor parte de los abortos en nuestro país. El 96% de abortos de 2006 se alegó riesgo físico o psicológico para la madre.
Más allá de establecer plazos o supuestos, existe otro debate de fondo. Desde que un solo espermatozoide logra horadar la membrana del óvulo y fecundarlo comienza la fascinante aventura de la vida. Es decir, desde el momento de la fecundación se forma un célula con una carga genética que hace a ese individuo un ser único en su especie. «Una célula se define como una unidad de vida en todos los manuales de Biología Celular. Si se deja que un cigoto se desarrolle se generan todas y cada una de las estructuras que forman el ser humano. El cigoto es la única célula que contiene en su origen, en sí misma, cada una de esas estructuras», explica Mónica López Barahona, ex consultora de Bioética para la ONU y directora del Máster de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos.
«Irrepetible y único»
No es la única en mantener esa tesis. Para el doctor Granados «tras la fecundación ya hay vida. Es la Medicina basada en la evidencia». Y Luis Chiva lo explica así: «Cuando se fusionan dos núcleos pasa a ser algo irrepetible y único en el ser humano. Entonces todo el equipaje genético empieza a descomprimirse. Y los diferentes estadios embrionarios y posteriormente del feto son fases, manifestaciones, por las que pasa el ser humano desde el momento de la concepción».

El obispo de Bilbao defiende un cambio en la Bioética durante una charla en Elda

25 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL

El obispo durante la conferencia de ayer junto al director del Hospital de Elda JESÚS CRUCES

PÉREZ GIL El Hospital General de Elda ha retomado, tras el periodo estival, las actividades organizadas con motivo de su veinticinco aniversario. Mario Iceta Gavigogeascoa, obispo auxiliar de Bilbao, doctor en Medicina y Teología y máster en Economía, ofreció ayer en el salón de actos del centro hospitalario una conferencia sobre “Bioética y Medicina”. Charla en la que abordó la relevancia que para los profesionales de la salud tiene trazar “puentes entre la ética y el conocimiento científico”.
El obispo se mostró crítico con el modelo de Bioética actual “que respira el humus de la modernidad” y defendió una concepción “personalista” de la Bioética centrada en la dignidad de la persona. En este contexto Iceta Gavigogeascoa instó a los profesionales a no convertirse en meros técnicos de la Sanidad “porque tan persona es un anciano demenciado con Alzheimer como un niño recién nacido”, subrayó.
El obispo se refirió también al reconocimiento de la dignidad personal y de la reconstrucción de la subjetividad moral como los grandes retos de la Bioética contemporánea. Su charla, seguida por numerosos profesionales, finalizó con un aforismo que, según dijo, “debe ser el lema de todos los sanitarios: “Curar, al menos aliviar y siempre consolar”.

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008092600_18_801535__Elda-obispo-Bilbao-defiende-cambio-Bioetica-durante-charla-Elda

 

La libertad personal y el aborto

ISABEL VILADOMIU OLIVÉ* | Sant Cugat del Vallés  | 26/09/2008 | Actualizada a las 00:01

Afirma Norbert Bilbeny (La Vanguardia 25/09/08) que en el debate sobre el aborto estamos ante dos hechos indiscutibles: en la teoría, un debate filosófico (los derechos de la persona sobre ella misma y el feto) y en la práctica, una cuestión de libertad personal.

El debate del aborto es un debate filosófico en tanto se discute la fundamentación, esto es, en qué basamos los derechos humanos. Para unos, estos derechos humanos los tiene el hombre por ser hombre sin condiciones desde su concepción hasta la muerte, partiendo de la realidad de la existencia física de la vida. Para otros, los derechos humanos vienen dados por un Parlamento democrático que recoge el momento social que vivimos. La autonomía personal prima en nuestros días, como apunta el Sr. Bilbeny. La libertad es el punto de partida sin límite alguno, es el principio operante: si me quedo embarazada y no lo deseo, una ley de plazos me permitirá abortar. Si enfermo y no hay curación, el suicidio asistido, también a la cola parlamentaria, lo solucionará. Los deseos personales y las libertades para actuar se convierten así en “derechos” de dudosa fundamentación y en conflictos irreconciliables. La vida del no nacido versus la libertad de la madre para eliminarlo. Los puntos de partida entre partidarios y detractores del aborto son muy distintos. Unos partimos de la defensa del no nacido como hombre que es y por una realidad que en sí misma exige respeto, o al menos, el beneficio de la duda. Otros, en la total autonomía de la madre sobre la vida de su hijo, al que se puede eliminar a voluntad propia.

En el debate del aborto lo primero a comprobar es la realidad objetiva y antropológica del embrión y feto humano, no podemos empezar por la libertad para abortar, es como empezar la casa por el tejado. El debate es bastante más complejo y engloba aspectos científicos, antropológicos, sociales, éticos y legales. Cada día tenemos más conocimientos por el avance de la genética y de la embriología humana. Nadie sensato, ni el Sr. Bilbeny niega que el embrión y el feto son una vida y si procede de hombre y mujer, es humana desde su inicio. Esta afirmación, acoge el principio de realidad y nos cuestiona sobre los valores que están en juego: ¿es el embrión o feto alguien que posee valores en sí mismo? ¿vale menos un embrión que un feto de cuatro, doce o veinte semanas? ¿puede someterse la vida humana a un criterio de gradualidad o de temporalidad, esto es, vale menos un feto de siete que de veinte semanas tal como propone el Comité de Bioética de la Generalitat? El debate del aborto es irresoluble si no se contempla al no nacido como alguien que debe ser respetado, así de sencillo y de responsable, pues los deseos y las falsas libertades nos están llevando muy lejos. En el 2006, según el Ministerio de Sanidad y Consumo se realizaron 101.592 abortos legales con un incremento del 10,83% con respecto al 2005.

Las palabras no sirven y la ética tampoco pues ya Platón sabía que con las palabras académicas no se explica lo “bueno” que surge de la cordial convivencia que hace brotar las ideas a manera como el fuego se enciende a partir de una chispa. La cordial convivencia entre madres, padres e hijos es lo que está en juego. El aborto, aunque no lo parezca a primera vista, es una forma de violencia ejercida contra el hijo y su madre que desestabiliza las relaciones que nos debemos unos a otros. Las soluciones ante embarazos no deseados exigen otras alternativas al aborto y ayudas a las madres por parte de gobiernos, expertos, médicos y asociaciones. *Associació Catalana d’Estudis Bioètics

http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20080926/53547140944.html

 

Los Colegios Médicos rechazan la ley para la ‘muerte digna’ que prepara Andalucía

El organismo señala que la norma es “alarmista e innecesaria”

EFE / ELPAÍS.com – Madrid – 25/09/2008

La Organización Médica Colegial (OMC) ha rechazado hoy el anteproyecto de ley andaluz de “muerte digna” porque considera que es innecesario y genera alarma en la sociedad. La OMC ha dado a conocer en rueda de prensa un documento consensuado en la última reunión de la junta permanente de este organismo en el que se muestra su oposición al anteproyecto de ley andaluz de Derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la Muerte, conocida como Ley de Muerte Digna.

A juicio de la OMC, el texto resulta innecesario, ya que hay legislación suficiente en España para regular la muerte digna y genera alarma en la sociedad además de fomentar la medicina defensiva y amenazar a los médicos con un régimen sancionador.

El Gobierno andaluz comenzó a tramitar a principios de septiembre esta norma, que regulará los derechos del paciente así como los deberes de los profesionales sanitarios y de los centros sanitarios públicos y privados. El borrador de la ley establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Colegios/Medicos/rechazan/ley/muerte/digna/prepara/Andalucia/elpepusoc/20080925elpepusoc_4/Tes

El análisis coste-beneficio debe hacerse de forma global

Analizar económicamente las prestaciones sanitarias puede sonar ante oídos inexpertos a mercantilizar la asistencia. Sin embargo, un estudio global de coste-beneficio permite no sólo ahorrar, sino ayudar a que las decisiones tomadas sean las mejores para todos.

Enrique Mezquita. Valencia 25/09/2008
En nuestro país, cuando se habla de apostar por las políticas de salud que sean más coste-efectivas, la población se echa a temblar y piensa que ese anuncio es el primer paso para un recorte de prestaciones o el endurecimiento de las condiciones para acceder a ellas. Sin embargo, Andrew Jones, profesor de Economía en la Universidad de York, en Reino Unido, ha destacado que el análisis coste-beneficio que se hace en economía de la salud no debe generar conflictos, “ya que es un abordaje integral, lo cual implica que las decisiones que permite tomar son las mejores en términos de salud global de la población y, por tanto, socialmente aceptables”.

Según Jones, que ha impartido un curso sobre la evaluación económica de las políticas de salud en la III Escuela de Verano en Negocios y Economía de Valencia, “la única fuente de conflictos puede partir de algo tan evidente como que los recursos son limitados, lo que obliga a los políticos a descartar otros programas o iniciativas”.

Otras malinterpretaciones pueden surgir “porque la mayoría de la gente no entiende la terminología que se emplea en la evaluación de las políticas públicas”, llegando a la conclusión de que coste-eficiencia y sanidad pública son conceptos prácticamente antagónicos. Jones, que desconoce cuál es la situación actual en España, sí ha podido señalar que “en Reino Unido, los métodos para evaluar las políticas de salud ya están plenamente integrados tanto en el Ministerio de Sanidad como en algunos departamentos relacionados con su diseño”. En ellos se tiene en cuenta tanto la evaluación económica como aspectos relacionados con las tecnologías de salud, entre otros.

Cómo evaluar
Para evaluar las políticas de salud ya existentes “de una manera fiable y creíble, son necesarios métodos que nos permitan un abordaje objetivo y medible. Los experimentos naturales son los más válidos, pero en su ausencia se puede apostar por otros que den medidas lo más parecidas posibles. Y la principal condición que requieren es la aleatoriedad”.

Un ejemplo de experimento natural recogido en la literatura sobre económica de la salud es el que surgió a raíz del programa Progreso, impulsado por el Gobierno mexicano. “El punto de partida era comprobar si dar dinero a las familias, previo cumplimiento de unas condiciones de higiene, alimentación, etc., mejoraba la salud de los niños. Pero como no tenían dinero suficiente para financiar todo el proyecto, se decidió de forma aleatoria repartirlo entre un grupo de familias, lo cual permitió comparar sus resultados con el grupo similar que no lo recibió”.

Circunstancias
En otras ocasiones la ausencia de un hecho aleatorio en el diseño inicial del experimento requiere la búsqueda de alternativas, que pueden ser un hecho imprevisto o al que nadie puede anticiparse.

Por ejemplo, “cuando se reunificó Alemania, el gobierno occidental decidió hacer una transferencia de un día para otro de población alemana en el Este y, al tratarse de una situación inesperada, se pudo emplear para analizar si afectaba a la salud o no”.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/gestion/es/desarrollo/1168486.html

 

La cultura de las “filas”

23 de Septiembre de 2008 | escrito por Carlos | clasificado en Gestión Sanitaria, cajon de sastre

Parece mentira, que en el año 2008, se mantenga la cultura de las “colas” o lo que es lo mismo permanecer inactivo y esperando, en el peor de los casos, en la calle , una persona detrás de otra durante días, semanas, meses o años en función del bien que se persigue.

¿Cuál es el límite de tiempo adecuado o razonable para que la “fila” se establezca como criterio óptimo del derecho a la consecución de un bien protegido por la Constitución Española?

¿Dos dias para optar a una vivienda en alquiler, dos semanas para la obtención del carnet de identidad, dos meses para acudir a la visita de un especialista, dos años para las ayudas de las que habla la Ley de Dependencia….?

Con esta forma de pensar, justificándolas como inherentes a los sistemas públicos, se favorece la picaresca, se fomenta la inactividad y se propicia la resignación.

Una cosa es pensar, que solamente aquello que supone esfuerzo, es lo que merece la pena y otra bien distinta es camuflar la inoperancia y las carencias de los responsables de las diversas instituciones para ser capaces de organizar la distribución de recursos.

Si consideramos la “fila” como sistema de ordenación de las peticiones de los usuarios, deberíamos ser capaces de facilitar el acceso a los mismos mediante métodos adecuados que dejen claro quien debe figurar en esas listas, fomentar la transparencia, plantear cronogramas explícitos y dedicar recursos para garantizarlos.

Todo lo demás es demagogia.

http://medicablogs.diariomedico.com/inquietudesap/2008/09/23/la-cultura-de-las-%E2%80%9Cfilas%E2%80%9D/

 

El debate sobre el aborto revela falta de política social

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Coloquio sobre la nueva ley del aborto

Las feministas critican que se escriba la historia de las mujeres sin contar con ellas

 

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De izquierda a derecha, Joaquín Catalán, Belarmina Martínez, Alina López, María José Guerra Palmero y Margarita Rábago de Luccini. jesús bilbao

L.P. | SANTA CRUZ DE TENERIFE El debate suscitado tras el anuncio del Gobierno de Rodríguez Zapatero de la elaboración de una nueva ley del aborto, tras 23 años de vigencia de una norma que despenaliza este acto en tres supuestos, ha dejado en evidencia la falta de ayudas sociales públicas dirigidas a las mujeres y de programas de educación sexual, que eviten tener que recurrir a este tipo de medidas.
Así lo pusieron de manifiesto las participantes en un debate sobre si se debe despenalizar el aborto o no organizado por el Club La Opinión. En la mesa se sentaron Belarmina Martínez, presidenta de la Federación de asociaciones de mujeres de Canarias Arena y Laurisilva; María José Guerra Palmero, experta en Bioética; Alina López, portavoz del Foro canario de la Familia; y Margarita Rábago de Luccini, del Centro de Estudios y Orientación Familiar de Tenerife. Belarmina Martínez, pese a celebrar la medida, criticó al Estado por “escribir la historia de las mujeres sin contar con ellas”, mientras que las ponentes pro-vida reiteraron que el aborto es un “asesinato”.
El acto se enriqueció con los testimonios personales y laborales de los asistentes que mostraron la complejidad de este asunto, al narrar casos de mujeres que han abortado en hasta tres ocasiones o de otras que tras someterse a técnicas de fecundación in vitro tienen que abortar por complicaciones con el feto.
Ante esto, la experta en bioética María José Guerra Palmero expuso que hay que elaborar una ley que se aproxime lo más posible a la realidad social.
Al cierre del debate una de las asistentes abogó por no juzgar y hacer sentir culpable a una mujer que al abortar se enfrenta a un momento especialmente dramático.

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008092400_9_172168__Sociedad-debate-sobre-aborto-revela-falta-politica-social

 

‘Derecho a Vivir’ pide a PP, CiU y PNV unión contra el aborto

La plataforma Derecho a Vivir se dirigió al PP, CiU y PNV para que se posicionen en contra de la ley de plazos que propone el Gobierno. Esta plataforma ha creado un comité de expertos que elaborará informes “para que la sociedad no reciba una visión parcial del aborto”.
Gonzalo de Santiago 24/09/2008
Con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre el drama que supone el aborto y que no se apruebe finalmente la nueva ley impulsada por el Gobierno se ha creado la plataforma Derecho a Vivir, que se presentó ayer en Madrid. Su presidente, Ignacio Arsuaga, declaró que pretenden que el Gobierno retire el proyecto o que no reciba suficiente apoyo parlamentario. Por ello, instó al PP, PNV y CiU a posicionarse a favor del derecho la vida.

La plataforma organizará concentraciones e intentará que su mensaje llegue a toda España. “La idea es movilizar y sensibilizar a la sociedad para que conozca la verdadera realidad del aborto y de la nueva ley que propone el Gobierno”.

Además, se ha creado un comité independiente de expertos compuesto por juristas, médicos y bioéticos que elaborará informes para dar a conocer la otra cara del aborto. Entre sus miembros se encuentra Carlos Pérez del Valle, magistrado y profesor de la Escuela Judicial; José Luis Requero, magistrado y vocal del CGPJ; Mónica López-Barahona, consultora para Bioética de Naciones Unidas, y Luis Granados, ginecólogo del Hospital MD Anderson. “La creación de este comité tiene que ver con la negativa del Gobierno de incluir en el creado por el Ministerio de Igualdad a ningún miembro defensor del derecho a la vida. Buscamos que la sociedad no reciba una información parcial de lo que supone el aborto”, afirmó Gádor Joya, portavoz de la plataforma.

Este órgano elaborará informes de forma paralela al del Ministerio de Igualdad. Los documentos se harán públicos y se remitirán al Gobierno y a los grupos parlamentarios.

Joya manifestó que la intención del Gobierno “es crear una nueva ley que permita que el aborto se convierta en una prestación más de la Seguridad Social y que se pueda abortar libremente, lo que generará más muerte, sufrimiento y dolor”. En este sentido, manifestó que la intención de Derecho a Vivir es “que se proteja el derecho a la vida, reconocido en la Constitución y que se promuevan políticas de ayuda a la maternidad para que una mujer no se encuentre sola en ese trance”.

Drama social
Además, señaló que la despenalización del aborto ha provocado más de un millón de muertes en España y que cientos de miles de mujeres sufran las consecuencias de perder un hijo. “Estas mujeres se vieron empujadas a abortar por la presión social y nadie les informó de las alternativas ni les ofreció ayuda”.

Por último, señaló que el aborto “ha enriquecido a unas cuantas personas que lo han convertido en un negocio” defraudando la ley con la complicidad de la Administración.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos presenta varias alegaciones al anteproyecto de Ley de Muerte Digna

La Junat de Andalucía ha manifestado su predisposición a llevar a cabo una serie de modificaciones relacionadas con el inadecuado régimen de sanciones o la falta de desarrollo de algunas cuestiones sobre la conciencia del facultativo


Sevilla (23-9-08).- El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha presentado varias alegaciones al anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. La entidad colegial, en reuniones con los representantes de la Administración andaluza, ha mostrado su inquietud ante varios aspectos de la regulación propuesta, tales como el inadecuado régimen de sanciones o la falta de desarrollo de unas posibles cuestiones de conciencia del facultativo.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha manifestado su predisposición a llevar a cabo esas modificaciones y se ha comprometido a revisar formalmente el régimen sancionador, que puede llegar a contravenir la legislación vigente, y a plasmar en el articulado las alternativas necesarias para garantizar que los profesionales puedan ejercer y manifestar sus principios éticos sin menoscabo de la atención al paciente.

El Consejo Andaluz, tal y como ha informado en un comunicado, ha solicitado la presencia de representantes designados por los colegios en las comisiones éticas de los hospitales y ha desarrollado aspectos que inciden en la mejora del texto, como una mayor ámbito de concreción en algunas definiciones técnicas, así como la introducción de medidas que garanticen que las opciones vitales manifestadas por el facultativo y el paciente o sus representantes, se desarrollen con independencia.

Los representantes colegiales han hecho hincapié en la necesidad de mostrar que la regulación propuesta es una plasmación legal de lo que ya se viene desarrollando en la práctica en la actualidad así como de encontrar un consenso a nivel nacional sobre esta cuestión en forma de Ley Básica.

http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=38229

 

Francisco del Baño López: “Todos somos iguales ante una urgencia vital”

Francisco del Baño López es médico adjunto de urgencias desde hace 25 años. Trabaja en el IMAS desde 1994 y en el Hospital del Mar, de Barcelona, desde el año 2001.
Karla Islas Pieck. Barcelona 22/09/2008
¿Cómo ha vivido el proceso migratorio de los últimos años?
-Cada vez hemos tenido más población de fuera en los servicios de urgencias. Al principio provenían del norte de África, después aumentaron los procedentes de la zona subsahariana, y en los últimos años hay más personas de Pakistán y América central y del sur. Ahora se empiezan a ver también a más personas de los países del Este de Europa.

¿La adaptación le ha significado un reto?
-Es una adaptación paulatina que va en función de las personas que van llegando. Todo el mundo piensa que el principal problema son las barreras del idioma, pero yo creo que las barreras culturales son mucho más difíciles de superar, tanto por parte de los profesionales como de los propios pacientes extranjeros.

¿Cómo se ha resuelto el problema del lenguaje?
-Con la gente que viene de Latinoamérica no hay tanto problema; con los que provienen del Magreb solemos comunicarnos en francés, y con las personas que vienen de Asia lo más común es que nos entendamos en inglés. Con los que no saben ninguno de estos idiomas es más complicado, pero igualmente creo que el verdadero problema es cultural.

¿Cómo afrontan estas diferencias los médicos?
-Los mediadores culturales son una figura clave en los servicios de urgencias porque nos facilitan el contacto tanto con el paciente como con la familia. Nos introducen a nosotros en sus costumbres a la vez que les ayudan a ellos a introducirse en el sistema y a entenderlo.

¿Qué aspectos le han impactado más de otras culturas en su relación con la salud?
-Recuerdo que hace años vino una pareja porque la mujer estaba enferma. El marido no me permitía hablar con la mujer y me impedía explorarla. Aquella pareja se fue sin que yo hubiera podido atender a la enferma. El marido decía que no y que no, y prefirió irse y llevársela con él. Yo no podía entender cómo estando tan mal se la podía llevar a su casa a pesar del riesgo de que se pusiese más grave todavía.

En un caso así, ¿quién debe adaptarse a quién?
-Creo que debe ser por las dos partes; nosotros ya nos hemos adaptado intentando hablar en los idiomas que sabemos y por señas.

A ellos les toca adaptarse necesariamente porque los sistemas son muy rígidos.

Por ejemplo, en Asia las personas están acostumbradas a ver el sistema sanitario como quien llega a una casa y, si la puerta está abierta, es que están y, si está cerrada, es que han salido.

Ellos deben entender que aquí un determinado doctor trabaja de 8 a 5, y eso les cuesta.

¿Considera que los inmigrantes acuden más a urgencias?
-Yo no lo creo. En mi opinión, lo que pasa es que no acaban de adaptarse a una normalización diferente en la que hay determinados horarios y circuitos asistenciales, pero finalmente acaban apegándose a ellos. Las dos partes hacen esfuerzos y creo que existe un equilibrio. El problema de la mala utilización de las urgencias, que es tanto por parte de los que vienen de fuera como de los nativos, yo creo que se debe a la propia naturaleza del sistema, que es abierto. El servicio de urgencias es una de las puertas más grandes que hay; y está abierta los 365 días del año y las 24 horas del día. Además, la gente lo ve como una puerta que les puede abrir el acceso a otros muchos sitios.

¿Qué ha aprendido de otras culturas?
-Una de las cosas que más me llaman la atención son los circuitos que establecen las comunidades de un determinado país y la forma en la que se organizan. Se agrupan y siempre hay alguna persona que hace de líder o de portavoz y que consigue solucionar los problemas.

En el ámbito clínico, ¿existen diferencias importantes entre culturas?
-Lo que les pasa a las personas es casi lo mismo, independientemente de su origen. La emergencia o urgencia vital es igual; en ese punto es en el que todos los seres humanos somos iguales y reaccionamos de forma muy parecida.

¿El lenguaje no verbal es universal cuando se trata de la salud?
-Sí, el lenguaje de gestos es muy importante y llegamos a establecer un idioma sublime que está ahí.

El anteproyecto andaluz de muerte digna pretende abrir la puerta a la eutanasia

La Asociación Profesionales por la Ética alerta sobre la intencionalidad del Anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte andaluz como legislación experimental que pretende abrir la puerta a la eutanasia.
Redacción 19/09/2008
La asociación recuerda a la Consejería de Salud de Andalucía la obligación de respetar el ordenamiento constitucional y europeo para cualquier desarrollo normativo autonómico y la necesidad de contar con los profesionales sanitarios y las comisiones deontológicas para cualquier propuesta de modificación del actual ordenamiento. A su juicio, el anteproyecto legaliza, bajo determinadas condiciones, la eutanasia solicitada por un paciente, por lo que vulnera las exigencias del artículo 15 de la Constitución, al generar un supuesto derecho a la muerte que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han negado reiteradamente.

Además, el texto es contrario al Convenio Internacional de Oviedo al no subordinar las intervenciones sanitarias al interés, beneficio o salud del paciente. Asimismo, la asociación entiende que vulnera las exigencias de la Ley de Autonomía del Paciente, que obliga a no seguir las instrucciones previas del enfermo que sean contrarias al ordenamiento jurídico y a la lex artis.

Contraría también las normas deontológicas de los profesionales sanitarios, obligándoles indebidamente a respetar las preferencias del paciente y omitiendo el derecho constitucional a la objeción de conciencia. La asociación sostiene además que el objetivo de la ley es la modificación del régimen jurídico actual en materia de eutanasia, introduciendo una norma-cuña que pretende consagrar un pretendido derecho territorial que haría de Andalucía un referente en la regulación de la muerte.

Sanciones previstas
La introducción del difuso y subjetivo concepto de calidad de vida es un cheque en blanco para otorgar al paciente la posibilidad (no reconocida en nuestro Derecho) de exigir a terceros la cooperación al suicidio. Llama la atención el catálogo de sanciones por incumplimientos que prevé el anteproyecto (hasta un millón de euros) en un tema de gran sensibilidad, sobre el que no hay consenso social y donde cabe prever graves conflictos de conciencia, concluye Profesionales por la Ética.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1166323.html

Un libro para aliviar la soledad ética del médico de primaria

El médico de atención primaria es el profesional con una relación más estrecha con el paciente, por lo que la ética debe ser un componente básico de su formación. Con esta idea se presentó ayer Ética y Atención Primaria, un libro que busca ayudar a resolver conflictos éticos.
Gonzalo de Santiago
19/09/2008
Un grupo de profesionales de distintos perfiles pertenecientes al mundo sanitario presentó ayer Ética y Atención primaria. La soledad del médico de primaria, una obra que, en palabras de uno de los coordinadores del manual, Luis Sanjuanbenito, “trata de ayudar al profesional a tomar decisiones prudentes en situaciones complicadas”.

Se trata de una iniciativa de la Agencia Pedro Laín Entralgo y de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), con la colaboración de Pfizer. Sanjuanbenito, que también es máster en bioética, declaró que la obligación del profesional es la búsqueda de la excelencia, ya que ha adquirido una responsabilidad con la sociedad. Por eso, debe preocuparse “por las facetas éticas y humanas en el ejercicio de la medicina”.

A la presentación también acudieron Fátima Bermejo, también coordinadora; Andrés Castro, director de la Agencia Pedro Laín Entralgo; Ana María Sanz Quintana, responsable de Relaciones con la Administración regional de Pfizer y Miguel Amengual, director gerente del Área 6 de Atención Primaria. El libro pretende ayudar a resolver los problemas de calado ético que pueden afectar a estos profesionales como la comunicación, la confidencialidad, el manejo de recursos, la anticoncepción, la atención a ancianos y cuestiones que tienen que ver con los hijos.

Secreto profesional
El manual, que se compone de 24 capítulos, aborda también la problemática relativa al secreto profesional y los conflictos derivados de la relación médico-paciente y la familia en el momento de dar información sobre el estado de salud. También tiene en cuenta los problemas generados ante la negativa del facultativo a prescribir algo no deseado por el paciente. Bermejo destacó que la idea del grupo de profesionales ha sido la de elaborar “un libro de consulta con unos contenidos rigurosos y exhaustivos con un enfoque eminentemente práctico” y que el manual tiene su sitio dentro del debate actual.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_primaria/habilidades/es/desarrollo/1166326_01.html

Grupos pro vida preguntan qué tipo de bioética apoya aborto hasta los 6 meses


HazteOír y el Foro de la Familia han criticado hoy la decisión del Gobierno de aprobar una nueva ley del Aborto así como la propuesta del Comité de Bioética de Cataluña, ante la que se preguntan ‘qué tipo de bioética pide que se legalice el aborto hasta los seis meses de gestación’.


El presidente de HazteOír (HO), Ignacio Arsuaga, ha denunciado que detrás del dictamen del Comité de Bioética entregado a la Generalitat hay una ‘estrategia conjunta’ con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para establecer el aborto libre en España.

Arsuaga observa en este contexto un ‘reparto de papeles’ en el que el Ejecutivo catalán pide la interrupción libre del embarazo hasta los seis meses, para que el Gobierno central ‘pueda aprobarlo hasta los cuatro meses’.

El dirigente de HO se pregunta qué clase de ‘bioética’ invoca un Comité que postula el aborto libre, y aventura que detrás de este informe hay una estrategia ‘muy simple’.

‘Yo pido el aborto libre hasta seis meses de embarazo -incluyendo a fetos completamente viables-, luego coges tú, lo apruebas hasta cuatro meses, y quedas como el moderado. La famosa estrategia del poli bueno-poli malo’, ha explicado.

A su juicio, los socialistas ‘han montado todo un aparato de propaganda que avanza cada día cual apisonadora’, y en esta maniobra ‘propagandística’ engloba los comités y subcomités ‘creados o utilizados por el señor de la muerte’, como ha calificado a Rodríguez Zapatero.

El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, ha advertido de que es ‘irracional’ la propuesta de legalizar el aborto hasta las veinticuatro semanas de gestación, sobre todo ‘hecha por un comité precisamente ético’.

Ha esgrimido que ‘legitimar el aborto’ mientras el niño no es viable fuera del útero de la madre es ‘éticamente una aberración de juicio’ ya que la ‘lógica humanitaria lleva precisamente a lo contrario, a establecer un deber especial de protección en beneficio de aquellos que no se pueden defender por si mismos’.

El Foro ha manifestado que la resolución del Comité oficial presidido por la profesora Victoria Camps es ‘terrible’, porque ‘demuestra hasta qué punto Zapatero va a por el aborto libre’.

Blanco ha alegado que el que esto lo suscriba un comité de bioética resulta ‘sarcástico’, puesto que ‘la ética nunca puede legitimar la violencia frente al indefenso’.

Ambas organizaciones consideran cada vez más evidente que algunas propuestas en materia de interrupción del embarazo ‘no tienen otra finalidad que garantizar, a quienes han convertido el aborto en un negocio, un marco jurídico que les inmunice frente a los tribunales’.

Por esta razón, piden que al menos no se encubran estas posturas sobre la ampliación de la Ley del Aborto bajo una supuesta ‘reflexión ética’.-

http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/grupos-pro-vida-preguntan-bioetica-2755467.htm

Expertos demandan una formación de mayor calidad en Bioética y denuncian la escasez de materiales didácticos en español

18/09/2008 17:49:38
Comienza en Madrid el V Curso de Formación de Formadores “Bioética 4×4”, organizado por la Fundación de Ciencias de la Salud

Madrid, 17 de septiembre de 2008. Ha comenzado en Madrid el V Curso de Formación de Formadores “Bioética 4×4”, organizado por la Fundación de Ciencias de la Salud. Dirigido a profesionales con formación previa en Bioética y experiencia docente en la materia o participación en comités de ética, el encuentro se desarrolla durante toda la semana y se basa en los materiales de formación del proyecto “Bioética para clínicos”.“Es necesaria una formación de mayor calidad en Bioética”, ha reconocido el profesor Diego Gracia, presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud y director del curso. Durante la inauguración, también ha denunciado la escasez de materiales didácticos en español: “lo más fácil y barato hubiera sido traducir los trabajos existentes en lengua inglesa, pero finalmente optamos por rehacerlo todo de nuevo”, tarea que ha llevado varios años.

El objetivo principal de este encuentro es enseñar a profesionales relacionados con la sanidad a manejar dichos materiales, entrenándoles en el manejo de las técnicas docentes en el ámbito clínico. El profesor Gracia opina que “la enseñanza de la bioética no está bien definida en las facultades de Medicina de nuestro país, lo que hace necesarias más iniciativas como ésta”.

Es de destacar el carácter eminentemente práctico del proyecto “Bioética para clínicos”, en el cual se basa el curso. En él se utilizarán herramientas tales como el paciente simulado estandarizado, técnica ésta que constituye uno de los instrumentos educativos y evaluativos más importantes para garantizar que se dispone de las competencias clínicas necesarias en el encuentro médico-paciente.

También han participado en el V Curso de Formación de Formadores “Bioética 4×4” los doctores: Javier Júdez (médico gestor sanitario); Rogelio Altisent, (médico de familia); Javier Barbero (psicólogo); Francesc Borrell (médico de familia); Fernando Carballo (gastroenterólogo); Beatriz Ogando (médico de familia); Manuel de los Reyes (cardiólogo); José Zarco (médico de familia); Concepción Bonet (médico pediatra), y Pablo Simón (médico de familia).

 

Primera licencia para clonar embriones humanos en Australia

JANO.es y agencias · 17 Septiembre 2008 15:47

El Gobierno australiano ha aprobado la primera licencia que permitirá clonar embriones humanos para tratar de obtener células madre embrionarias con fines terapéuticos, según informó el National Health and Medical Research Council (NHMRC), que ha emitido la autorización.
 
Según señala el presidente del NHMRC, John Findlay, el centro realizará un “estrecho seguimiento” a la clínica de fecundación in vitro Sydney IVF, que ha conseguido la licencia y que actualmente tiene acceso a 7.200 óvulos humanos para su investigación.
 
“Ellos han recibido una licencia para hacer la clonación con fines terapéuticos”, explicó Findlay, añadiendo que dicha licencia no autoriza a los científicos a llegar a la etapa de gestación. “Pueden ir a la etapa llamada blastocisto”, pero recordó que “tienen que detenerse en ese punto”, que es cuando aún no está implantado el embrión en el útero.
 
Por su parte, responsables de la compañía señalaron que sólo se utilizarán en la investigación los óvulos que no se puedan utilizar en la FIV por inmaduros o por no haber sido fertilizados adecuadamente, y aquellos en los que los donantes hayan dado su consentimiento
 
Sin embargo, el director del Centro Australiano para Investigación Ética de Células Madre, David Van Gend, criticó la aprobación de dicha licencia, al considerar que se trata de un “abuso”. A su juicio, existen suficientes adelantos médicos que hacen que “no sea necesaria” la clonación.

Literatura para ponerse en la piel del enfermo

Un novedoso método de aprendizaje basado en La muerte de Ivan Ilich, de Leon Tolstoi, es la propuesta de Pablo Rodríguez del Pozo, profesor de Ética Médica del Weill Cornell Medical College (Qatar), para que los médicos se acerquen a la experiencia subjetiva de los enfermos. El bioético explica que lo que más sorprende del libro es ver cómo médicos y pacientes pueden llegar a tener objetivos completamente distintos: el profesional se preocupa por el diagnóstico, mientras que el enfermo lo hace por el pronóstico.
Gonzalo de Santiago 18/09/2008
La muerte de Ivan Ilich es una de las obras más famosas del escritor ruso Leon Tolstoi y narra de forma magistral los últimos días de un enfermo terminal. La originalidad del libro radica en que Tolstoi cuenta la historia desde el punto de vista del enfermo; interioriza como escritor la experiencia de la muerte y la narra concienzudamente para trasladar al lector el sufrimiento y los pensamientos de un paciente cualquiera que pasa por dicho trance. El progresivo aislamiento y abandono de Ivan Ilich nos ayuda a reflexionar sobre la actitud que normalmente tomamos con estos enfermos.

La obra del escritor ruso es la mejor descripción posible que se ha realizado en literatura sobre el proceso que afronta un enfermo terminal. Tolstoi describe de forma precisa el proceso de un funcionario de la alta burguesía rusa, Ivan Ilich, desde los primeros síntomas hasta su muerte. “Tolstoi presenta un cuadro minucioso y universal del proceso de enfermedad y muerte, abarcando desde la vivencia subjetiva -y los planteamientos existencialesdel paciente a la dinámica social y familiar que la enfermedad desata a su alrededor. Esta narrativa está siempre presente, de una manera u otra, en cada paciente y en su historia personal, sólo que con frecuencia los médicos corremos el riesgo de que nos la eclipse una práctica diaria que es cada vez más más tecnificada y más vertiginosa”.

Así ha interiorizado el libro Pablo Rodríguez del Pozo, profesor de Ética Médica del Weill Cornell Medical College (Qatar), que ha diseñado un curso de aprendizaje de la Bioética apoyándose en la obra del escritor ruso. El objetivo es mirar la historia del paciente-protagonista como la mezcla de dos dimensiones inseparables en la realidad: la historia clínica y la historia personal y la narrativa. Para ello ha construido un caso clínico, que no es otro que el de Ivan Ilich, siguiendo los hechos médicos narrados por Tolstoi en su novela. Los alumnos reciben a lo largo de tres sesiones fragmentos de información a partir de los cuales tienen que elaborar hipótesis y estudiar bastante para desentrañar el diagnóstico y pronóstico clínicos. En otras palabras, “los alumnos se ven forzados a pensar en Ivan como si fuera su paciente”.

Antes de estas sesiones los alumnos ya han leído la novela y vuelven a ella para situar en cada momento de la narrativa los hechos médicos recogidos en el caso clínico. “Creo que al final se consigue muy bien la integración buscada. Los alumnos terminan el ejercicio con la clara noción de que la separación entre historia personal e historia clínica sólo existe en nuestras mentes, que en la realidad son una unidad, como el paciente mismo”.

Este método es necesario porque la simple lectura de la novela no sirve “para la enseñanza a todos los niveles, ya que requiere -para ser entendida en toda su dimensión- una experiencia clínica que no tienen, por ejemplo, los alumnos que cursan los primeros años de Medicina. De ahí la necesidad de complementar la novela con un ejercicio clínico inspirado en los hechos médicos -de inmenso realismo y coherencia- descritos en la novela”.

“Objetivos diferentes”
Lo que más le sorprendió al bioético del libro “fue ver cómo médicos y pacientes pueden llegar a tener objetivos completamente diferentes. En la novela los médicos sólo parecen interesarse por el diagnóstico, por resolver este caso tan interesante. El paciente, en cambio, sólo se interesa por el pronóstico, por si se va a recuperar, si va a morir o si va a sufrir”. En este sentido, y preguntado sobre si a los médicos les falta empatía, Rodríguez del Pozo considera que lo que no suelen tener más que nada “es tiempo e incentivos para desplegar empatía con sus pacientes. Pero la empatía también se enseña y se aprende, y se fomenta mediante la reflexión y las buenas lecturas”. ¿Se ha perdido el componente personal en la relación médico-paciente? El profesor de Ética Médica considera es muy frágil hoy en día.

“Ya Laín Entralgo señalaba que la medicina actual, basada en el paradigma científico positivista y fuertemente apoyado en el uso intensivo de la tecnología, corría el riesgo de transformar la relación médico-enfermo en un vínculo meramente objetivante-operativo, perdiendo de vista la dimensión personal, básicamente intersubjetiva de dicha relación”. Por eso, aconseja la lectura de esta obra, que “está tan lograda, que sería difícil para el lector -sea o no médico- no ponerse en la piel del paciente”.

“La mentira, esa mentira adoptada por todos, de que sólo estaba enfermo, pero que no se moría, que bastaba que estuviese tranquilo y se cuidase para que todo se arreglara, constituía el tormento principal de Ivan Ilich. Le constaba que, por más cosas que hicieran, no se obtendría nada, excepto unos sufrimientos aún mayores y la muerte. Lo atormentaba que nadie quisiera reconocer lo que sabían todos e incluso él mismo, que quisieran seguir mintiendo respecto a su terrible situación y lo obligaron a tomar parte en aquella mentira. La mentira, esa mentira que se decía la víspera misma de su muerte, rebajando ese acto solemne y terrible hasta igualarlo con las visitas, las cortinas y el esturión para la comida…, hacía sufrir terriblemente a Ivan Ilich. Y, cosa rara, muchas veces, cuando veía que trataban de seguir engañándole, estaba a punto de gritar: ¡Cesad de mentir! Vosotros sabéis, lo mismo que yo, que me muero. ¡Al menos, cesad de mentir! Pero nunca había tenido el valor de hacerlo”.

Este es un ejemplo de la profundidad psicológica de una novela, que, a pesar de su brevedad, muestra claramente los estados mentales que experimenta un enfermo que se enfrenta a su muerte. El escritor ruso narra la toma de conciencia del personaje sobre la vacuidad de su vida pasada, en lo que supone todo un resurgimiento espiritual. La narración plasma perfectamente el sufrimiento del hombre, la soledad que rodea al enfermo en sus últimos momentos y el olvido de sus familiares y amigos.

El derecho a ‘dimitir’ de la vida

TRIBUNA: SALVADOR PÁNIKER

Ha llegado la hora de levantar el tabú de la muerte y afrontar con lucidez la finitud humana. Un Estado laico y secularizado ha de respetar la libertad de conciencia de cada cual y la libre voluntad del enfermo

SALVADOR PÁNIKER 17/09/2008

 La polémica desatada por las muy sensatas declaraciones del ministro Bernat Soria a propósito del suicidio asistido, bien merece un nuevo comentario sobre el debate de la muerte digna en general. Lo recomendable es que ese debate sea sosegado y racional, sin concesiones a la demagogia y atendiendo a toda la complejidad del problema. No tiene demasiada gracia, por ejemplo, declarar que el suicidio asistido equivale a liquidar a la gente con fondos públicos.

El 59% de los médicos españoles apoyaba la legalización de la eutanasia

Después de 200 años de luchas sociales, el tema de la muerte digna permanece congelado

Veamos. Como he expuesto en anteriores ocasiones, suicidio asistido y eutanasia son temas interdisciplinarios, donde concurren aspectos médicos, jurídicos, filosóficos, éticos, incluso estéticos. El debate, a menudo, más que ideológico es de enfrentamiento de sensibilidades. La empatía por el sufrimiento ajeno es variable. Hay quien percibe, y hay quien no, el carácter intolerable de un ser humano reducido a la condición de piltrafa vegetativa en contra de su voluntad. Pregonan algunos declamadores que la vida “siempre es maravillosa”. Bien; a veces lo es, a veces no. A veces -con sida, con cáncer, con tetraplejia, con demencia senil y otras mil posibles degradaciones- la vida resulta, como mínimo, muy oscura. Absolutizar la vida, absolutizar lo que sea, conduce irremisiblemente al totalitarismo. La vida puede ser maravillosa y puede ser espantosa. Depende. Y la única manera de conseguir que, al menos, sea digna es reservándose uno el derecho a abandonar el mundo cuando comience el horror. El derecho a dimitir.

Alegan algunos detractores del derecho a la eutanasia voluntaria que con los adelantos de la medicina paliativa y del tratamiento del dolor el tema ya está resuelto. A esto hay que contestar que, en primer lugar, bienvenida sea la medicina paliativa y el tratamiento del dolor, pero que, desgraciadamente, la citada medicina y el citado tratamiento están todavía en pañales y que, en todo caso, la última palabra y la última voluntad le corresponden siempre al enfermo. Además, la experiencia y las estadísticas confirman que, en las peticiones de autoliberación, tanto o más que el dolor físico cuenta el sentimiento de que uno ha perdido la dignidad humana. En rigor, como lo tengo expuesto repetidamente, cuidados paliativos y eutanasia no sólo no se oponen sino que son complementarios. No debe haber eutanasia sin previos cuidados paliativos, ni cuidados paliativos sin posibilidad de eutanasia. Más aún, si el enfermo supiese que tiene siempre abierta la posibilidad de salirse voluntariamente de la vida, las peticiones de eutanasia disminuirían. Porque esta “puerta abierta” produciría un paradójico efecto tranquilizador: uno sabría que, al llegar a ciertos extremos, el horror puede detenerse.

Debo añadir que en este tema es crucial la actitud de la clase médica. Porque la cuestión no puede, ni debe, desmedicalizarse. Precisamente, los médicos han de ser la garantía de que no se produzcan abusos. No es recomendable legislar sin contar con el asentimiento de los sanitarios. En Suiza y Oregón los médicos suministran la prescripción de fármacos para morir, es decir, intervienen indirectamente (suicidio asistido); en Holanda y Bélgica actúan directamente (eutanasia), si bien existe una cláusula de conciencia. En España, el último estudio publicado sobre la actitud de los médicos ante la eutanasia (encuesta CIS de abril-mayo de 2002) dio como resultado que un 59% de los consultados apoyaban su legalización. Tocante a los facultativos contrarios a la eutanasia, lo que deberían hacer es contribuir a un clima médico/social para que nadie la reclamara. En eso estaríamos de acuerdo: no deseamos que haya peticiones de eutanasia. Pero tampoco es ético -ni decente- oponerse a quienes, razonable e insistentemente, reclamen el respeto al derecho humano de salirse de la vida. Todo el mundo dice querer respetar la dignidad del paciente. Pero ¿cómo puede obligarse a un paciente a vivir en contra de su voluntad? ¿Qué hacen con la dignidad esos mandatarios de la lucha ideológica contra la eutanasia? Suelen ser, esos mandatarios, gente de la Iglesia o del Estado, herederos de quienes, durante siglos, han sofocado la libertad individual en nombre de alguna coartada colectiva. Claman demagógicamente que la eutanasia es un asesinato. Pero, díganme: ¿es lo mismo un acto de amor que una violación? Puede que biológicamente tengan un factor común, pero nadie discutirá la diferencia. En el asesinato, el que muere lo hace en contra de su voluntad; en la eutanasia y el suicidio asistido, el que es ayudado a morir recibe la ayuda como un acto de amor.

Un ejemplo del grado de desvergonzada desfachatez a que pueden llegar los integristas lo tenemos en el caso no tan lejano de la norteamericana Terri Schiavo, que llevaba 15 años en coma, viviendo como un vegetal humano, en tanto que su antiguo marido pedía que se le retirasen todos los tubos que la mantenían artificialmente con vida. Los políticos americanos de la ultraderecha conservadora, con intervención explícita de los hermanos Jeb y George Bush, se opusieron a ello. Hubo procesos judiciales hasta que el Tribunal Supremo de Florida dio la razón al ex marido. Pues bien, en España, un conocido periodista católico, llevado de su fanatismo, llegó a escribir que Terri Schiavo “no estaba enferma, sino sólo aquejada de una profunda minusvalía” y que ahora, por orden del juez, la iban a matar de hambre y sed al retirarle la alimentación por sonda, y que no había ninguna diferencia entre esto y lo que solía hacer Hitler. Y el día que se consumó la agonía de la enferma, el presidente George W. Bush, el hombre responsable de más de 100.000 muertos en Irak, el hombre que se ha hartado de firmar sentencias de pena capital, declaró que se sentía triste y desolado, puesto que él reiteraba su posición “en favor de la vida”.

Otro argumento esgrimido, aparentemente más neutro, es el de la llamada “pendiente deslizante”, la posible proliferación de homicidios sin consentimiento del enfermo, en el caso de que se despenalice la eutanasia. Ahora bien, ningún dato empírico confirma este temor. No hay ninguna evidencia de que en Holanda -país pionero en la despenalización de la eutanasia voluntaria- hayan aumentado las eutanasias involuntarias, más bien al contrario. Lo que sí existe en Holanda es una total transparencia informativa, y muchísimos más controles legales que en otros países -donde sí es habitual la eutanasia clandestina-. Y hablo especialmente de Holanda porque este país ha sido objeto de una campaña de desprestigio tan grosera como inútil. Los críticos plantean que la legalización de la eutanasia voluntaria ha producido allí una degradación de la profesión médica y todo tipo de males. Sin embargo, los holandeses no se han dado por enterados. Los holandeses saben que la eutanasia legal ha mejorado incluso la atención médica en lugar de dañarla. Prueba de ello es que a ninguno de los Gobiernos posteriores a la legalización de la eutanasia se le ha ocurrido revertir esta medida.

En fin, quienes defendemos el derecho a morir con dignidad pensamos que el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido ha alcanzado ya un punto irreversible de esclarecimiento y madurez. Pensamos que es hora de abordar este problema, ya que resulta notoria la pasividad social que ha habido en torno al mismo. Ello es que al cabo de 200 años de luchas sociales, luchas por la emancipación de las clases trabajadoras, derechos de la mujer, Tercer Mundo, pueblos de color, niños, homosexuales, etcétera, el tema de la muerte digna permanece inauditamente congelado. Entre otras razones porque la muerte ha sido un tema tabú. Y porque los moribundos no van a votar. Pero ha llegado la hora de levantar el tabú de la muerte y afrontar con lucidez la finitud humana. Un Estado laico y secularizado ha de respetar la libertad de conciencia de cada cual, y ser neutral frente a las distintas creencias religiosas. El respeto a la libre voluntad del enfermo es así primordial. Se trata de una aplicación de la idea general de autonomía (autos nomos, la ley que cada cual se da a sí mismo, la soberanía del ciudadano), que es uno de los legados más firmes de la modernidad.

Salvador Pániker es filósofo y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/derecho/dimitir/vida/elpepuopi/20080917elpepiopi_11/Tes

Consideraciones sobre la dignidad de la persona en el proceso de su muerte

La llamada ley de muerte digna de Andalucía ha recibido críticas de parte de algunos profesionales. El autor defiende que el anteproyecto trata de regular los contenidos de lo que puede considerarse muerte digna, que, en su opinión, están reconocidos en el ordenamiento español, aunque reconoce que el tamaño de las sanciones debe ser revisado.

Pablo Simón Lorda 17/09/2008

La tribuna de opinión de Federico de Montalvo (ver noticia) sobre las “irregularidades” del Anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte de Andalucía contiene, a mi entender, notables imprecisiones.

La primera es su crítica de que el anteproyecto no cite en la exposición de motivos el artículo 15 de la Constitución Española, que establece “el derecho que protege la vida”. Lo cierto es que este precepto no sólo protege la vida, sino que también establece el derecho de los ciudadanos a que “en ningún caso, puedan ser sometidos ( ) a tratos inhumanos o degradantes”, algo que conecta muy bien con el espíritu de este anteproyecto. Mi interpretación subjetiva es que el artículo 15 nos permite hablar tanto de vida digna como de muerte digna, las dos caras de la misma moneda.

En cualquier caso, el propio autor acepta que apoyarse directamente en el texto constitucional supondría reconocer que se está regulando algo que sólo puede ser hecho mediante ley orgánica y en el Parlamento español. Claro. Es por eso por lo que el anteproyecto sólo puede basarse en legislación de rango inferior, como es la Ley 41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía de los Pacientes. Otra cosa es si esta última norma debería haber sido o no una ley orgánica.

En segundo lugar, sorprende la crítica de la citada Ley 41/2002, a la que se acusa de ser la madre del “encarnizamiento legislativo” que actualmente padecemos. Creo que el autor no está apreciando el impacto beneficioso que esa ley ha tenido en el mundo sanitario. Ello siempre y cuando se considere beneficioso aumentar la libertad de los ciudadanos para decidir sobre su salud y su enfermedad.

Esto último es lo que el autor parece dudar, puesto que nos advierte contra “el encarnizamiento informativo” en la relación médico-paciente generado por ella. Pero así el autor va claramente a contracorriente de la legislación comunitaria e internacional sobre estas materias, y en contra de todos los acuerdos internacionales de bioética.

Una tercera cuestión es el término “eutanasia”. Federico de Montalvo habla del “atrevimiento” del anteproyecto al tratar de “determinar cuál es el contenido del artículo 143.4 del Código Penal”, pero no creo que sea exacta esa interpretación, ni el “atrevimiento” tan malo como se pretende. El término “eutanasia” está en el centro del debate ético, jurídico, social y político en torno a la “muerte digna”. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no lo utiliza en ningún momento. No hay por tanto una definición normativamente establecida a la que haya que atenerse.

Pero con frecuencia, cualquier actuación en ese campo ha tendido a ser automáticamente etiquetada como “eutanasia” e incluida bajo el paraguas del artículo 143.4 del Código Penal. Pero hoy sabemos (Inmaculada Echevarría o sedaciones de Leganés) que dicha interpretación tan extensiva del término es abusiva. La exposición de motivos parte pues de este hecho y avanza una propuesta de definición de eutanasia que es la que se está extendiendo a nivel internacional. Este esfuerzo de clarificación no puede ser negativo, sino todo lo contrario.

Problema general
En cuarto lugar, es sorprendente en un constitucionalista la crítica al hecho de que una comunidad autónoma pretenda regular este derecho al margen de las demás. El problema, si existe, no es de este anteproyecto de ley, sino de la arquitectura general del Estado y del ordenamiento jurídico, de la relación entre el Gobierno central y las autonomías. Un problema de derecho constitucional general que sin duda conoce bien.

Una quinta afirmación impactante es que el uso del concepto “dignidad” conlleve “inseguridad jurídica”. Pero el propio artículo 10 de la Constitución Española tiene entonces ese mismo problema. Es por tanto muy importante avanzar en la concreción jurídica de esos contenidos para evitar la mera retórica. La virtualidad del anteproyecto es que trata de regular sólo los contenidos de lo que puede considerarse “muerte digna” que tienen reconocimiento generalizado y base jurídica amplia en nuestro ordenamiento: derecho a los cuidados paliativos en primer lugar, derecho a la sedación paliativa, derecho a la información y el consentimiento, derecho al rechazo de tratamiento y evitación de la obstinación terapéutica.

En sexto lugar, la crítica generalizada del autor a las instrucciones previas o voluntades anticipadas es tan interesante como increíble. Sugiere un importante desconocimiento de lo que, tanto en el plano ético como jurídico, se está discutiendo a nivel internacional. Y en cualquier caso, la crítica no afecta entonces sólo al anteproyecto de Andalucía, sino a toda la legislación autonómica sobre la materia -las 17 comunidades autónomas han regulado a día de hoy estos documentos- y, por supuesto, al artículo 11 de la Ley 41/2002.

En séptimo lugar está el régimen sancionador. Este punto ha acaparado la atención de los medios y, especialmente, de los profesionales. Aquí hay que separar dos cuestiones. Una es la propia existencia de un régimen sancionador en una ley como ésta; escandalizarse ante este hecho es, a mi modo de ver, desconocer la diferencia entre el plano de la Ética y el plano del Derecho. Lo característico de la Ética es que sólo obliga en conciencia y lo típico del Derecho es que, al juridificar valores que la sociedad ha considerado esenciales para la convivencia pacífica, para protegerlos adecuadamente exige su cumplimiento bajo amenaza de sanción. Muchos profesionales sanitarios siguen pensando, con buena intención, que su conducta profesional sólo sigue regulada, como hasta escasamente un siglo, por sus normas internas de Ética o Deontología profesional.

Pero en las sociedades modernas eso ya no es así. Lo que sea un buen profesional es algo que decide también la sociedad. Sus derechos y deberes no sólo se regulan éticamente, desde dentro del grupo profesional, sino también y primordialmente desde fuera por los ciudadanos mediante normas jurídicas de obligado cumplimiento.

Claro, bajo amenaza de sanción. Todas las leyes que regulan derechos y deberes llevan procedimiento sancionador. Si no fuera así, no serían leyes. Otra cuestión bien diferente es si las sanciones que establece el anteproyecto son adecuadas o excesivas. En mi opinión, esto sí merece la pena revisarlo junto con todos los posibles afectados.

Objeción de conciencia
Por último, respecto al comentario de Federico de Montalvo respecto a la ausencia de reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia, como buen constitucionalista sabe que ésta es una cuestión especialmente compleja: regular por ley las situaciones en las que alguien puede negarse a cumplir la ley. Aquí, a diferencia de los demás contenidos del anteproyecto, el problema es la inexistencia de un sustrato jurídico claro en el que apoyarse.

Ninguna ley en España ha regulado de forma general este derecho, aunque algunas legislaciones autonómicas lo han introducido en su normativa sobre las voluntades anticipadas. A mi juicio, lo han hecho sin establecer mecanismos prácticos claros para impedir que dicha objeción se convierta en un derecho ilimitado y absoluto que conculque sistemáticamente el derecho de los pacientes a que su instrucción previa sea respetada. Este fenómeno es algo de lo que ya tenemos un antecedente: la interrupción voluntaria del embarazo. En cualquier caso, en mi opinión, en el actual debate del anteproyecto quizás no fuera inoportuno tratar de regular esta cuestión, siempre que se logre hacer con el consenso y la seguridad jurídica suficiente.

Al margen de todas estas polémicas, lo más importante es transmitir a los ciudadanos y profesionales que este anteproyecto busca mejorar el proceso de atención a los pacientes en proceso de muerte. Busca humanizar más, aliviar más, respetar más a los ciudadanos y generar más confianza entre ellos y los profesionales que los atienden. Creo que todavía el texto se puede mejorar mucho, y para eso sirve el debate. Prosigamos por tanto con él desde la responsabilidad. No lo hagamos sólo desde la pura subjetividad, porque a veces ésta puede estar más cargada de prejuicios que de argumentos.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1165454.html

Cataluña. El comité ético de la Generalitat pide un sistema de plazos

Implantar de manera efectiva la educación sexual y reproductiva en las escuelas y planificar campañas orientadas a los grupos más vulnerables para prevenir los embarazos no deseados, además de retocar los plazos previstos en la ley para la interrupción del embarazo son algunas de las recomendaciones que ha emitido el Consejo Consultivo de Bioética de la Generalitat de Cataluña, que dirige Victoria Camps, al Departamento de Salud.

Karla Islas Pieck. Barcelona 17/09/2008

El Comité Consultivo de Bioética de la Generalitat de Cataluña, que dirige Victoria Camps, considera que es necesario cambiar el marco legislativo actual por una nueva norma que contemple la introducción de un sistema de plazos que permita interrumpir el embarazo dentro de un periodo no inferior a 16 semanas ni superior a 24, con el consentimiento de la mujer como único requisito.

Entre las recomendaciones que ha hecho al Departamento de Salud de Cataluña destaca que se contemple la posibilidad de interrumpir la gestación sin que exista un límite de tiempo en el supuesto de riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, o bien, existan malformaciones fetales graves. En su opinión, la nueva ley debe reconocer explícitamente que las mujeres tienen derecho a la autonomía reproductiva y que la voluntad de la mujer es lo que debe primar en la toma de estas decisiones en el marco previsto por la ley.

Las propuestas para establecer el límite temporal máximo para la interrupción de la gestación deben tener en cuenta el criterio de la viabilidad fetal. Según Camps, la nueva ley debería establecer de manera clara el límite que estaría entre las 16 y las 24 semanas.

Priorizar la prevención
Una de las recomendaciones del Comité Consultivo de Bioética hace énfasis en la necesidad de prevenir los embarazos no deseados en los grupos de riesgo. Según las cifras actuales sobre la interrupción del embarazo en Cataluña las tasas son mucho más elevadas en las mujeres que provienen de países en los que no existen programas de salud sexual y reproductiva y en los que el legrado es considerado un método de planificación familiar. Por este motivo, es recomendable que se planifiquen campañas y estrategias preventivas orientadas a estos grupos vulnerables.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1165453.html

Los estudios genéticos requieren nuevas formas de CI

Los estudios genéticos que se nutren de muestras humanas suponen una gran esperanza para la investigación médica, pero también pueden ser una amenaza para la autonomía de los participantes.
DM Roma16/09/2008
Así lo piensa Matthias Wjst, científico del Instituto de Medicina Genética de Bozen, (Italia), que junto con su equipo ha concluido en un estudio que el tradicional proceso del consentimiento informado (aquél en el que el investigador aconseja a los participantes potenciales sobre los riesgos y beneficios de participar en el estudio) puede haber caducado y ser inapropiado cuando se use para investigaciones de larga duración que empleen materiales biológicos.

Cuando se firma
“En la práctica habitual el único momento en el que una persona es realmente capaz de tomar una decisión sobre su participación en una investigación clínica es cuando firma el documento de consentimiento informado”, señalan los autores del estudio, que argumentan que existe un problema al consultar esta decisión a los participantes “de una vez para siempre”, ya que una muestra biológica que es utilizada en una investigación podría ser usada en un estudio futuro pasados unos años. “El consentimiento informado debería ser visto como un proceso en curso entre el investigador y el participante y no como una decisión que se hace para siempre sobre la muestra que se va a donar”. Los autores creen que cualquier investigación que use un almacenamiento de muestras preexistente necesita ser explicada a los que donaron dichas muestras para que den su apoyo si lo consideran oportuno. Esta nueva comunicación podría comprender encuentros cara a cara o en grupo, o hacerse por correspondencia convencional o electrónica.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/biotecnologia/actualidad/es/desarrollo/1164996_04.html

Soria resalta la importancia de que la población sepa que “puede morir sin dolor”

JANO.es y agencias · 15 Septiembre 2008 11:50

El ministro de Sanidad declara que ese es el mensaje que se quiere transmitir en el contexto del debate sobre la legalización del suicidio asistido

El ministro de Sanidad, Bernat Soria, se defendió de las críticas del Partido Popular y otras organizaciones contra la decisión del Gobierno de abrir un debate sobre la legalización del suicidio asistido señalando que lo importante es que los españoles “sepan que pueden morir sin dolor” y que es “completamente legal” no tener que sufrir por una enfermedad.

“Las calumnias retratan más al calumniador que al calumniado. Lo que es importante en un país como el nuestro, que tiene un buen Sistema Nacional de Salud, es que los ciudadanos sepan que pueden morir sin dolor. Un cáncer genera una situación en la que el paciente sufre mucho y acaba muriéndose. Sabemos que no hay derecho y es completamente legal en España no tener dolor”, manifestó Soria en declaraciones a la Cadena Ser.

En este sentido, Soria habló de los cuidados paliativos y aclaró que son una opción legal de la que disponen todos los pacientes, por estar recogida en una estrategia nacional de salud.

“A un paciente hay que adelantarle que disponemos de métodos para que no sufra cuando el dolor es muy intenso, la sedación puede tener como consecuencia la pérdida de funciones vitales. Se llama sedación terminal. Esos son los cuidados paliativos”, apuntó.

Al referirse a la sedación terminal, Soria citó el caso de Inmaculada Echevarría. “Es legal en España por la Ley de Autonomía del Paciente. El paciente toma las decisiones sobre su cuerpo. Inmaculada Echevarría llevaba años conectada a un ventilador. El paciente tiene derecho, puede decidir que no quiere estar conectado a un ventilador y la obligación del sistema sanitario es atender a los derechos de los pacientes”, indicó.

“Hay gente que piensa que las decisiones sobre mi cuerpo pertenecen a otro colectivo. Sobre mi cuerpo decido yo. Eso es lo que defendemos mucha gente, no sólo los socialistas. El pensamiento de izquierdas se ha caracterizado por defender al ciudadano. Yo lo que hago es garantizarle el derecho a decidir sobre su cuerpo”, apuntó.

“Hay que garantizar esos derechos. Estamos procurando que eso que es legal se extienda a todos los ciudadanos. La ley, por el hecho de ser publicada, no produce efectos. Avanzar en el conocimiento de ese campo es toda una línea de pensamiento de ampliación de derechos”, defendió el ministro respecto a la sedación terminal.

http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/agencias/soria/resalta/importancia/poblacion/sepa/puede/morir/dolor/_f-11+iditem-3996+idtabla-1

Médicos y farmacéuticos se unen para fomentar buenas prácticas con la industria

Médicos y farmacéuticos españoles han creado una plataforma denominada No gracias, tomando como modelo iniciativas similares en otros países europeos y en Estados Unidos.

C. Díaz Oviedo 15/09/2008

A través de ella intentan modificar la relación de los profesionales con la industria tecnológica sanitaria en general y la farmacéutica en particular, con el objetivo de garantizar que los medicamentos se utilizan en beneficio de los pacientes y no de intereses comerciales. Así lo ha señalado Carlos Ponte, uno de los promotores de La iniciativa y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Asturias.

El objetivo de la plataforma es fomentar el ejercicio de la medicina sobre la base de la evidencia científica. Su constitución surge, según Ponte, en un marco actual de relación equívoca entre la industria farmacéutica y los sanitarios, de modo que “no siempre está bien delimitado lo que es información científica y lo que es promoción comercial”.

Obsequios
Los obsequios “aunque sean pequeños” por parte de la industria farmacéutica generan un sentimiento de reciprocidad en el médico, que puede condicionar su toma de decisiones, ha indicado Ponte, al igual que el hecho de que “sea la industria la que financia la formación continua o las reuniones científicas”. A su juicio, “los regalos y las subvenciones son cuestiones normalizadas y en general los médicos no tienen la percepción de que interfieran en su criterio profesional. Lo curioso es que cuando se pregunta sobre la influencia del patrocino sólo el 1 por ciento reconoce que le influye, en cambio el 40 por ciento considera que a los demás sí les influye”.

Según No gracias la financiación del reciclaje y las sesiones científicas debería ser competencia de la Administración “porque la formación de los profesionales es responsabilidad de la empresa para la que trabajan. Además el ahorro inicial que la Administración consigue con esta financiación externa es negativo a largo plazo”. La plataforma apuesta por la elaboración de guías farmacoterapéuticas que faciliten al médico la toma de decisiones, “algo se ha hecho en la edición de estos boletines pero sin la suficiente difusión, son esfuerzos que se quedan a medio camino”. Otra de sus reivindicaciones es conseguir mayor trasparencia. “Recetar un fármaco porque es el que más promoción tiene perjudica al paciente y al sistema sanitario en general”. Hasta el momento 1.300 profesionales han firmado el manifiesto redactado por esta plataforma.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1164234.html

País Vasco. Un fallo avala el CI pese a no aludir a la operación

País Vasco. Un fallo avala el CI pese a no aludir a la operación
La Audiencia Provincial de Vizcaya ha respaldado la información ofrecida a una paciente en un documento en el que no constaba la operación. El fallo apela a la relación que durante años mantuvieron médico y enferma.
Marta Esteban 15/09/2008
Los tribunales suelen censurar en sus sentencias los documentos genéricos de consentimiento informado (CI) por no ser adecuados para garantizar el derecho del paciente a la información y a la libertad para optar por un tratamiento. Sin embargo, puede ocurrir que esa información se entienda cumplida cuando concurran determinadas circunstancias.

Esto es lo que ha sucedido en el caso estudiado por la Audiencia Provincial de Vizcaya en el que la paciente demandaba una indemnización, entre otras causas, por un defecto en la información en una operación cataratas. Los magistrados admiten que el documento que se entregó a la paciente es “un prototipo impreso”, pero aclaran que existen “una serie de requisitos que determinan su validez como expreso consentimiento”.

Así, en el texto firmado por la paciente constan sus datos personales y una explicación sobre las posibles secuelas y complicaciones, “constando cómo por parte del oftalmólogo se le había facilitado a la paciente todos los detalles en términos comprensibles”. Aun cuando la resolución reconoce que el impreso no hacía referencia al tipo de intervención que se iba a realizar, la audiencia precisa que “no puede estimarse que la paciente no conocía la operación”.

El fallo, facilitado por Aranzadi, aclara que la demandante “había sido paciente del oftalmólogo desde hacía más de treinta años, se le había intervenido por el mismo cirujano en el otro ojo de la misma operación y, además, se le había intentado la operación anteriormente “.

Más que mera confianza
En cualquier caso, es en la relación de confianza entre el facultativo y la paciente en la que se detiene la resolución judicial. La sentencia de primera instancia entendía que la estrecha relación no justifica la omisión del requisito de consentimiento escrito.

Sin embargo, la Audiencia de Vizcaya interpreta que esa relación -la paciente residía en Bilbao y se desplazaba a Zaragoza para ser atendida por el especialista- “no sólo refleja una confianza consolidada en el tiempo, sino que corrobora que cuando la enferma suscribió el consentimiento conocía perfectamente el tipo de operación, sus alternativas, riesgos y posibles consecuencias”. Por tanto, “se estima cumplido el consentimiento”.

Una de cal y otra de arena
Los tribunales no son unánimes al determinar el valor que tiene en el consentimiento informado la relación que durante años han mantenido un médico y un paciente. Para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la relación previa, larga y exhaustiva no presupone la información a un paciente sobre los riesgos de una operación. La omisión del consentimiento informado se sancionó en este caso con una indemnización de 272.000 euros (ver DM del 20-VI-2006).

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia mantiene un criterio opuesto al de su homólogo en Madrid. Por lo menos eso es lo que se desprende de una sentencia en la que, faltando el documento, entendió que la relación casi familiar entre médico y enfermo presuponían la información.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1164235.html