Archivo por meses: junio 2008

Debe recuperarse la dimensión humana de la relación clínica

El grupo de expertos de la comisión Los Valores de la Medicina del Siglo XXI, de la Organización Médica Colegial (OMC), ha abordado en tres documentos los principios éticos y deontológicos que deben primar en la asistencia sanitaria, en la formación universitaria y en la investigación.
Marta Esteban 30/06/2008
“Recuperar la dimensión humana de la relación médico-paciente es un elemento decisivo en la calidad asistencial”. Esta es una de las reflexiones del documento que ha presentado la Comisión Los Valores de la Medicina del Siglo XXI de la Organización Médica Colegial (OMC). El grupo de expertos, coordinados por Marcos Gómez Sancho, miembro de la Comisión Central de Deontología de la OMC, ha elaborado una declaración de principios para la asistencia sanitaria, que fue presentado el pasado viernes en la sede de la institución.

Los expertos reconocen el derecho de autonomía del paciente, que debe ser respetado por el profesional de la medicina, pero también advierten que “evitar el paternalismo tradicional no debe conducir al abandono del enfermo en la toma de decisiones”, que deben tomarse bajo el escenario de “una relación clínica cooperativa”. Según Rogelio Altisent, presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC y otro de los autores del documento, “una interpretación rigorista del principio de autonomía puede traducirse en un abandono del enfermo”.

Al ritmo de la ética
Los miembros de la comisión también han tenido palabras para uno de los grandes enemigos de la calidad asistencial: la medicina defensiva. La consideran como una actividad “contraria a la ética médica” al suponer un “perjuicio para el enfermo, para la sociedad y para el propio médico”, pues frena su “desarrollo en los valores profesionales”.

“Nos preocupa la judicialización de la Medicina porque es la antesala a una medicina defensiva en la que la prioridad para el médico deja de ser el paciente. La buena Medicina no se puede hacer al ritmo de la legislación, sino al de ética y la deontología, que son más exigentes que las leyes”, ha declarado Altisent. La comisión también analiza el compromiso que debe adquirir el profesional con la mejora continua de la calidad y reivindica la necesidad de que el médico complemente su tareas asistenciales con la formación continuada para lo que exige que se le dote de “tiempo de su jornada laboral para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, así como para la docencia e investigación”.

Defiende la “libertad de prescripción y de las condiciones de trabajo que le permitan actuar con independencia” y, si no se cumplieran, compele al médico a “informar al gestor” e incluso al “colegio profesional correspondiente”. Por último, y además del compromiso social que debe adquirir el médico y de su responsabilidad ante la sociedad, la comisión hace hincapié en los deberes de las instituciones sanitarias. Apela a las “reformas del modelo de gestión para dar protagonismo al médico de familia”, así como para “facilitar la coordinación entre niveles asistenciales”.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1140013.html

Los CI de reproducción asistida, unificados según la normativa

La Sociedad Española de Fertilidad, en concreto su Grupo de Interés de Ética y Buena Práctica Clínica, ha unificado la información que se debe dar a los pacientes que se someten a un tratamiento de fertilidad, teniendo en cuenta las novedades legislativas en la materia.

Redacción 27/06/2008

El Grupo de Interés de Ética y Buena Práctica Clínica de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), que preside Buenaventura Coroleu, ha unificado y actualizado toda la información que los profesionales de la reproducción asistida deben dar a conocer a los pacientes que van a someterse a un tratamiento de fertilidad a través de un documento de consentimiento informado (CI) acorde con los nuevos requerimientos legales.

“Los CI previos a las técnicas de reproducción asistida presentan algunas peculiaridades importantes que se han de tener en cuenta. Entre otros, el hecho de que se trata de actuaciones muy sofisticadas, altamente tecnificadas y que es un campo en el que los pacientes se enfrentan a decisiones de gran calado ético y con repercusiones muy relevantes en la esfera psicológica del individuo: en el plano afectivo de la pareja, familiar o social”, ha explicado Alfonso de la Fuente, coordinador del Grupo de Interés de Ética y Buena Práctica Clínica de la sociedad.

El desarrollo de nuevas leyes como la de Reproducción Humana Asistida y la de Investigación Biomédica, la regularización de nuevos modelos familiares y la aparición de nuevos procedimientos terapéuticos han hecho necesaria la actualización de los contenidos de los documentos. Mediante la homogeneización y actualización la SEF se asegura que pueda haber un documento común en todos los centros. Ahora hay 25 modelos que cubren todas las novedades derivadas de los cambios legislativos.

Margen a la discusión
Los nuevos modelos son más detallados y exhaustivos que los creados en 2002. De esta manera, el médico dispone de un documento en el que se recoge la información y el consentimiento informado que le permite discutir con el paciente el diagnóstico, si es conocido, y la naturaleza, propósito, riesgos y beneficios del tratamiento propuesto. También debe analizar las alternativas al tratamiento, los riesgos y beneficios de no recibirlo. Además, incluirá los aspectos legales relacionados con el tratamiento y las alternativas al fracaso de la técnica.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/especialidades/salud_de_la_mujer/es/desarrollo/1139452_06.html

El inmigrante acude menos al médico que el paciente español

La Fundación de Ciencias de la Salud presentó ayer un trabajo sobre el uso que los inmigrantes hacen del sistema sanitario. Acuden en menor medida que los españoles a la consulta de atención primaria y más a especializada. Hay excepciones en función el país de procedencia.
José Mª Juárez 24/06/2008
De los 46,06 millones de habitantes que tiene España según el Instituto Nacional de Estadística, 5,22 son extranjeros, lo que supone 11,3 por ciento del total de la población y un incremento del 1,9 por ciento respecto a 2007.

La Fundación Ciencias de la Salud hizo público ayer en Madrid el estudio Diferencias en la utilización de los servicios sanitarios entre la población inmigrante y la española, una investigación en la que se postula que la población extranjera utiliza los servicios sanitarios con menor frecuencia que los españoles.

Enrique Regidor, profesor del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, y coordinador del trabajo, comentó durante la presentación que “la consulta al médico general y la hospitalización son los servicios sanitarios en los que se ha encontrado una menor diferencia de frecuentación, mientras que la asistencia especializada y los servicios preventivos son mucho más empleados por la población autóctona que por los inmigrantes”.

Cuatro autonomías

El estudio, realizado con la información recogida en las 29.642 encuestas de salud realizadas entre 2004 y 2006 en Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, concluye que estas diferencias y similitudes podrían deberse a la existencia de barreras en el acceso a las prestaciones sanitarias relacionadas con el entramado administrativo y las diferencias culturales, lingüísticas y religiosas aunque, a juicio de Regidor, el motivo más influyente es el buen nivel de salud que presentan los inmigrantes cuando llegan a España. A pesar de haberse realizado únicamente en cuatro regiones, “se trata de una investigación aplicable a todas las comunidades autónomas” en la que también se plantea que hay excepciones a este patrón de conducta, como es el caso de la elevada utilización que hacen los inmigrantes de América Central y del Sur de los servicios de urgencias, la asiduidad de los africanos a las consultas de atención primaria -fundamentalmente en la Comunidad de Madrid- y la alta frecuentación a los especialistas del sistema sanitario privado en la Comunidad Valenciana, especialmente de los pacientes que vienen de países ricos.

Ricos y pobres
Esta última apreciación puede encontrar justificación en el turismo que recibe dicha autonomía, en mayor medida durante los meses de verano, pero lo que se demuestra realmente con la afirmación, según Regidor, es que los pacientes que provienen de países con un nivel económico elevado muestran un comportamiento similar ante la asistencia sanitaria que los de los países más pobres: “El desarrollo económico no influye, por tanto, en el uso del sistema sanitario”.

El futuro del sistema
Aunque el ritmo de crecimiento de la inmigración es cada año mayor, este fenómeno demográfico no amenaza la sostenibilidad del sistema sanitario. Dicho planteamiento puede realizarse tanto en el ámbito económico -los inmigrantes acuden poco a los centros sanitarios (ver DM del 18-III-2008)-, como en el clínico, ya que la única patología que pueden contagiarnos es la tuberculosis, según Enrique Moreno, jefe del Servicio de Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, “y podemos controlarla con las unidades de medicina tropical” (ver DM del 29-XI-2007).

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/politica_sanitaria/es/desarrollo/1138549.html

Usar falsos pacientes se impone en EEUU para valorar la práctica

La Asociación Médica Americana se plantea apoyar la utilización de actores que se hagan pasar por pacientes para comprobar que se da una buena asistencia al paciente. Muchos centros ya realizan estas pruebas, que deben contar con un consentimiento general del médico.
G.S.S. 24/06/2008
¿Es ético utilizar actores como falsos pacientes para controlar la calidad del sistema sanitario? El consejo ético de la Asociación Médica Americana está deliberando la posibilidad de avalar una práctica que ya es habitual en muchos centros privados de Estados Unidos, a pesar de las críticas de algunos médicos.

Es el ejemplo de Richard Frederick, de la Universidad de Illinois (Chicago), que considera que esta iniciativa puede conllevar consecuencias desastrosas en un artículo escrito Virtual Mentor, revista on-line de la Asociación Médica Americana (AMA). “En algunos casos estos falsos pacientes se han presentado en salas de emergencia abarrotadas. ¿Cómo se puede defender la idea de que una persona que finge una determinada patología ocupe el lugar de un paciente que está verdaderamente grave?”.

Sin embargo, la propuesta de la AMA incluye limitaciones que se refieren a ésa y otras cuestiones y pretende asegurarse de que los falsos pacientes no interfieren en el tratamiento de los enfermos reales. Además, advierte a los profesionales que algunos actores camuflados de pacientes podrían visitarles y asegura que los resultados no serán usados para sancionar a los médicos.

James Loden, que tiene un centro oftalmológico privado, cree que esta idea es positiva. “A los empleados, incluidos los médicos, se les paga por realizar determinadas tareas y si las llevan a cabo dentro de un nivel no aceptable necesitarán mejorar o buscarse otro trabajo”.

Loden comenzó a utilizar pacientes disfrazados para evaluar su negocio hace dos años. “Estos actores me hicieron saber que yo abandonaba la consulta sin preguntar a mis clientes si tenían alguna pregunta”. Además, aprendió que algunos empleados ni siquiera se presentaban o explicaban por qué eran realizados los test.

La idea de este empresario era ayudar a los centros a competir con otros que ofrecen servicios similares y ha trabajado para eliminar defectos. De hecho, “tras esta idea el boca a boca entre los clientes ha funcionado y hemos tenido más visitas. A veces no nos gusta escuchar muchas cosas sobre nuestro servicio, pero esto nos hace ser mejores cada vez”.

Brooke Billingsley, vicepresidente de una compañía de Indianapolis que ofrece este tipo de actores en 25 estados, señala que la compañía a menudo utiliza pacientes impostores que realmente necesitan un test específico, como una mamografía. Otras veces, pacientes ficticios han sido preguntados para llevar a cabo tratamientos invasivos que, sorprendentemente, revelan una enfermedad real.

Uno de estos actores acudió a la consulta de un dentista para una limpieza dental. La recepcionista le ofreció un café y la silla en la que se sentó contaba con un cojín que masajeaba el cuello. “Estaba tan sorprendida de ser tan bien tratada que, acabé por hacerle mi dentista personal”. En otros trabajos fue requerida para comprobar cómo escuchaba el médico y cuánto tiempo esperó antes de ser atendida. “En ocasiones puedes sentarte durante horas y no estás muy segura de por qué”.

El grupo Henry Ford Health System se gasta entre 35.000 y 60.000 dólares cada año en poner a cubierto pacientes para identificar este tipo de problemas en sus clínicas del área de Detroit. “La investigación muestra que la percepción del paciente de la calidad de la atención está basada en su propia experiencia y no en la aptitud de su médico”, ha afirmado Rose Glenn, portavoz de este grupo. A los profesionales que obtienen los mejores resultados se les premia, mientras que a los que los obtienen peores se les da más formación.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1138566.html

Natalia López Moratalla: “Me inquieta que el Comité Nacional de Bioética siga el dictado del Gobierno”

La presidenta de la Asociación Española de Bioética (AEBI), reivindica el papel de estas entidades deben tener en el debate social de las cuestiones éticas del momento. Considera que en el Comité Nacional de Bioética no están representados todos los agentes implicados y le preocupa que sus dictámenes sigan el dictado del Gobierno.

Marta Esteban24/06/2008

La promoción de estudios sobre valores éticos en la investigación y la formación a la opinión pública sobre cuestiones de bioética son algunos objetivos de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. En una entrevista concedida a Diario Médico, su presidenta, Natalia López Moratalla, analiza las retos de los próximos años.

¿Qué papel deben jugar las asociaciones de bioética en la discusión social de los temas éticos?
-Por un lado, tienen que aportar un verdadero diálogo dentro del debate ético-jurídico sobre cuestiones que afectan a la ciencia de la vida. Podemos hacer juicios éticos desinteresados. Además, estas asociaciones deberían realizar una divulgación de los problemas, liberados de presiones ideológicas y de intereses meramente económicos.

¿Qué rol tiene que desempeñar el Comité Nacional de Bioética?
-Un comité nacional tiene un papel más puntual que las asociaciones de bioética, pero parece evidente que para ser creíble debe ser neutral. Lo sensato es que tuviera una comunicación fluida con los asociaciones de bioética y con observatorios que se dedican al estudio de temas específicos.

¿Qué le parece su composición?
-Los miembros han sido nombrados mayoritariamente por el Gobierno y las comunidades autónomas, por lo que la mayor parte tiene compromisos políticos y en muchos casos un pensamiento único. Es preocupante que pueda pasar lo que razonablemente se teme: que siga el dictado de lo que el Gobierno quiere en cada momento.

¿Cree que en dicho comité están representados todos agentes implicados en las cuestiones éticas que se van a debatir?
-Es curioso que sólo haya un miembro propuesto por las diversas asociaciones de bioética. No creo que estén representados todos los agentes implicados. Confío en que haya una reflexión y un diálogo abierto con todos, y en primer término con quienes no son deudores de una ideología.

Algunos partidos políticos han pedido la creación de una comisión para analizar una posible ampliación del aborto.
-La ampliación de la ley hasta la despenalización total del aborto es un compromiso político anunciado, pero a estas alturas del conocimiento científico es obvio que no se va a discutir si se trata o no de una vida humana. Legalmente, el nasciturus es un bien protegido. Sin embargo, creo que el debate está en la esfera política, dada la falta de rigor en el cumplimiento de la ley. El grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la madre se ha convertido en un atajo para el aborto libre, pues a él se acogen el 97 por ciento de las embarazadas que desean abortar.

¿Cree que el Gobierno pretende regular la eutanasia?
-Sí, y el terreno ya se empezó a preparar en la anterior legislatura. Las asociaciones de bioética deben tener aquí voz, pues hay una desinformación muy fuerte en dos aspectos claves. A veces los cuidados paliativos se consideran cataplasmas y se desconoce la profundidad de los actos médicos. Por otra parte, en ocasiones hay una mala práctica médica traducida en un abuso de medios inútiles para la salud, dadas las circunstancias del enfermo. Estos dos aspectos bien orquestados por las asociaciones proeutanasia, dejan en el imaginario de muchas personas la idea del derecho a dejar morir en paz, traducido en una ayuda al suicidio cuando el paciente decida que su vida no merece la pena vivirse.
Una buena y humana relación médico-paciente permitiría una auténtica medicina del final de la vida: el justo medio entre esos dos extremos que son el encarnizamiento terapéutico (lo inútil) y la muerte provocada como un supuesto deber porque la vida resulta costosa y desamparada (lo desesperanzado).

De células embrionarias y ley de plazos
La Ley de Investigación Biomédica, que va a cumplir un año desde su promulgación, establece el uso preferente de las células embrionarias para el avance científico. Natalia López Moratalla no habla de esta cuestión sólo como presidenta de la Asociación Española de Bioética, sino también como catedrática de Bioquímica. “El camino de la investigación en medicina regenerativa con células embrionarias ya es pasado y pasará a la historia como una curiosa nota a pie de página. Carece de racionalidad científica plantearse curar a unos destruyendo a otros. Es un error promocionar una investigación equivocada”. En cuanto a la posible aprobación de una ley de plazos en el aborto, López Moratalla considera que “no encaja en la Constitución”. Es más, “la situación del aborto en España plantea la necesaria información transparente, pues la reflexión racional exige conocimiento, y hoy no lo hay”.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/biotecnologia/actualidad/es/desarrollo/1138162_04.html

Los expertos aseguran que los avances médico-científicos obligan a reflexionar sobre su colisión con los derechos humanos

Se celebra el IV Seminario Internacional de Biomedicina y Derechos Humanos

Madrid (20-08-06).- Con motivo de la celebración del IV Seminario Internacional de Biomedicina y Derechos Humanos, los expertos han puesto de manifiesto que los grandes logros en la Ciencia en general, y en la Medicina en particular, están obligando a investigadores, médicos y juristas a reflexionar sobre los aspectos en los que la aplicación de determinados avances científicos colisiona con derechos de los pacientes.

La UNESCO, la Universidad Europea de Madrid, la Fundación Tejerina y el Ayuntamiento de Madrid han convocado a expertos mundiales para debatir sobre estos asuntos. Así, el presidente del Comité de Bioética de la UNESCO, el mexicano Adolfo Martínez Palomo y del miembro del nuevo Comité de Bioética de España, Marcelo Palacios, darán a conocer las prioridades de la ONU y de España en asuntos de polémica tanto ética como legal. La bióloga molecular Margarita Salas impartirá la conferencia inaugural.

Los errores médicos y sus consecuencias judiciales son informaciones demasiado habituales en los medios de comunicación. Durante este seminario se ha expuesto un estudio pionero y único que analiza un millar de sentencias de la Audiencia Nacional sobre errores médicos. Los errores más frecuentes se producen en Traumatología y los más graves en Obstetricia y Ginecología. Y la principal conclusión a debate es que este estudio demuestra que los errores se repiten, lo que plantea la necesidad de crear en la Sanidad “Unidades de Vigilancia” que permitan que dichos errores no se vuelvan a producir o lo hagan en menor medida.

Otro de los temas abordados los avances en genética son la última revolución científica importante. Gracias a las investigaciones genéticas se han abierto nuevas fronteras hasta ahora desconocidas para dar solución a muchas enfermedades y para predecirlas a través de los test genéticos. Así, gracias al test genético, ya puede saberse la eficacia real de un medicamento al uso en el organismo de un paciente concreto. Con esta prueba, que tiene un coste aproximado de 600 euros, se conocería la dosis justa que precisa un paciente y la eficacia del medicamento. Con este estudio se reducirían los efectos secundarios innecesarios y los costes sanitarios en medicamentos.

Por el contrario, la información que proporciona un test genético entra en zonas de conflicto con otros derechos del paciente: derecho a la intimidad, el derecho a no saber, a la no discriminación laboral por razones de salud…Problemas legales que se derivan de un mayor conocimiento de nuestra salud futura. Por ello, en las jornadas también se ha debatido sobre los seguros de vida y el test genético:

En cuanto a la Psiquiatría y a los derechos humanos, los expertos destacan que las enfermedades mentales afectan directa o indirectamente a una gran parte de la población. Sólo en lo que se refiere a la enfermedad de Alzheimer, hay más de medio millón de afectados en nuestro país. Por ello, en el transcurso de estas jornadas, se ha analizado la calidad de la asistencia psiquiátrica en Europa y en España, la cobertura sanitaria que se da a las enfermedades mentales y el papel de las familias como el principal soporte de estos enfermos

Finalmente, Fernando Bandrés Moya, presidente del Comité Organizador, afirma que: “el Derecho un día enfermó, fue al hospital, conoció de cerca a los profesionales y la complejidad del quehacer sanitario, le dieron el alta y desde entonces pasó a llamarse Derecho Sanitario. La Medicina un buen día conoció su error, se asustó, acudió el Derecho y le exigió asumir sus responsabilidades. Desde entonces la Medicina se convirtió en más justa, legal y humana”.

http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=36982

La ley de reproducción permite autorizar técnicas futuras

Para evitar que la Ley de Reproducción Asistida quede desfasada se ha establecido como novedad que las autoridades sanitarias autoricen nuevas técnicas que puedan surgir como experimentales, según el fiscal del Tribunal Supremo, José María Paz Rubio.

Santiago Rego. Santander 20/06/2008

José María Paz Rubio, fiscal del Tribunal Supremo, ha señalado que para evitar que la Ley de Reproducción Asistida quede desfasada ante el descubrimiento en el futuro de nuevas técnicas, se ha establecido como novedad que las autoridades sanitarias podrán autorizar su aplicación para su práctica provisional y tutelada como técnicas experimentales, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Una vez que se constate la evidencia científica y clínica de su seguridad y eficacia, el Gobierno podrá actualizar, mediante real decreto, la lista de técnicas autorizadas.

El fiscal ha destacado de manera positiva la eliminación de la limitación del número de ovocitos a fecundar en cada ciclo reproductivo en la última Ley de Reproducción Asistida, con lo que, en opinión de los expertos, se incrementarán las posibilidades de éxito de estos tratamientos. También ha subrayado que sólo en casos excepcionales podrá autorizarse el diagnóstico pre-implantacional con fines terapéuticos para terceros.

Estos son los principales argumentos expuestos por el representante de la fiscalía del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, que ha participado en el seminario Las fronteras de la investigación médica: aspectos bioéticos, jurídicos y científicos”, que hoy, viernes, se clausura en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander.

Los beneficiados por la ley
El fiscal ha precisado que es muy difícil que el legislador, “a pesar de su buena voluntad, acierte siempre, y, aunque todo es mejorable, la norma sirve ya de hecho para facilitar al máximo que quienes padecen problemas de esterilidad puedan tener hijos, así como para aplicar las técnicas de reproducción asistida a la prevención y tratamiento de enfermedades, incrementar la calidad y la seguridad de estos procesos y ofrecer una mayor y mejor información a los usuarios

Paz Rubio ha admitido que la sociedad “camina tan rápido a la búsqueda de soluciones para las grandes enfermedades” que muchas veces se producen “choques” entre lo jurídico, lo moral/ético y un tercer componente: el impulso tecnológico de la ciencia con grandes avances.

El fiscal ha valorado en Santander positivamente que la nueva norma de 2006, que sustituyó a la aprobada por el anterior Gobierno, en 2003, se elaboró dentro del marco establecido por la Constitución Europea y teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos en esta materia.

Confidencialidad
Sobre la confidencialidad, el fiscal no encuentra aristas negativas: “La donación será anónima, garantizándose la confidencialidad de los datos, de tal forma que los hijos nacidos tendrán derecho a obtener información general de los donantes que no incluya su identidad.

Sólo excepcionalmente, y en circunstancias que comporten un peligro para la vida o la salud del hijo o cuando proceda con arreglo a las leyes procesales penales, podrá revelarse su identidad, que en ningún caso implicará determinación legal de la filiación. Dicha revelación tendrá carácter restringido y no implicará publicidad de la identidad del donante”.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1136960.html

Carlos María Romeo Casabona: “Con sentido común el límite a la investigación debe ser mínimo”

Si se lleva a cabo una investigación responsable los límites que el derecho debe poner a la investigación biomédica deben ser mínimos. Así lo piensan Carlos María Romeo, director de la Cátedra Derecho y Genoma Humano y Javier Sánchez Caro, de la Real Academia de Medicina.

Santiago Rego. Santander 20/06/2008

Los límites en la investigación están en tener bien claro el concepto de la dignidad humana, los derechos y libertades fundamentales y el respeto a los valores constitucionales, además “de aplicar convenientemente el sentido común y el equilibrio, y muy especialmente ahora, cuando la flamante Ley de Biomedicina ha dejado las cosas claras y ha acabado con una dispersión legal nada beneficiosa”.

Así lo han argumentado Carlos María Romeo, director de la cátedra Derecho y Genoma Humano, para quien la clave está en la “investigación responsable”, y Javier Sánchez-Caro, académico correspondiente honorario de la Real Academia Nacional de Medicina, respectivamente.

Ambos especialistas han protagonizado un intenso debate con los alumnos del seminario Las fronteras de la investigación médica: aspectos bioéticos, jurídicos y científicos, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), de Santander.

Los ponentes han puesto de relieve que los posibles inconvenientes han de ser abordados -en una sociedad democrática- sobre la base del debate y la reflexión conjunta y restringiendo el papel del Derecho sancionador a sus mínimos imprescindibles.

Con el título de Límites a la investigación, los dos especialistas se han enzarzado en un vivo debate a propósito de los límites y valores que imponen determinadas limitaciones a los investigadores, caso de la intimidad o la integridad física, entre otros.

“Se trata de aspectos que están recogidos en la Constitución, pero que no sólo requieren un abordaje legal, sino también bioético, porque entramos, a modo de ejemplo, en un terreno tan delicado como la confidencialidad y protección de datos en el curso de investigaciones médicas”, ha argumentado Sánchez-Caro.

Límites necesarios
En similares términos se ha expresado Carlos María Romeo Casabona. En su opinión, como no todos los investigadores van a actuar con “sentido común, no le queda más remedio al legislador que poner algunos límites en asuntos siempre delicados y de materia viva. Nunca se va a legislar a gusto de todos los ciudadanos, pero la reciente Ley de Biomedicina de 2007 ha dejado un panorama moderno y completo, sin dispersión normativa, ya que sólo han quedado fuera los ensayos con medicamentos y la reproducción asistida”.

Aunque todo es mejorable, este miembro del Comité de Bioética de España ha subrayado que “con este buen panorama normativo, el reto actual de la Bioética es observar todo lo que pasa en el mundo y ver de qué manera puede afectar al ser humano y a su entorno, y cómo actuar en esas situaciones. Hay que estar alertas desde el observatorio de la Bioética para tener capacidad de reflexión y reflejos más rápidos ante las nuevas situaciones que llegan”.

Los dos ponentes han puesto de manifiesto que el enfoque ha de ser multidisciplinar -desde la perspectiva científica, jurídica y ética-, y sin descartar las aportaciones que puedan proceder de los avances tecnológicos en esta materia, que cada vez son más importantes.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1136959.html

Marga Iraburu: “Hay una conspiración del silencio que priva al enfermo de conocer su situación”

“En este país conforme peores son las noticias más se engaña al paciente, y con ello se le está negando la posibilidad de disponer de su realidad para hacer lo que él quiera. Es algo muy extendido”, dice Marga Iraburu, médico internista y miembro del comité de ética asistencial del Hospital Virgen del Camino de Pamplona.
N.S. 19/06/2008
Iraburu defiende la autonomía del paciente y señala que “aunque la ley deja muy claro que sólo se puede informar a él y a las personas que autorice, es muy habitual hacerlo antes a la familia que está esperando en la puerta de la habitación que al enfermo. Se les deja gestionar poco este tema a los afectados”. A su juicio, “existe una conspiración del silencio que priva al paciente de conocer su situación porque no se le quiere hacer daño y por el propio miedo del profesional, al que no le han enseñado a acompañar ni tiene habilidades para transmitir malas noticias”.

La internista insiste en la importancia que se haga “dentro de un proceso de comunicación de manera lenta, prudente, viendo hasta dónde quiere saber el paciente y escuchándole, pero lo que está claro es que cada persona tiene derecho a conocer su situación por muy terrible que sea, por encima de lo que diga su familia y de lo que quiera el profesional, y eso es lo que muchas veces en nuestro país no ocurre”. Según Iraburu, “el que tiene que gestionar el bombazo que supone una mala noticia en el seno de una familia es el paciente, y a eso nunca damos pie. Jamás le preguntamos a quién quiere que informemos”.

A veces es mejor parar
Además, subraya que “nuestro sistema sanitario está absorto en una lucha ciega por recuperar la salud o posponer la muerte a toda costa”. Ante este panorama, Iraburu considera que “a veces lo ético es parar. Hay que buscar las medidas que sean proporcionadas a la situación concreta de cada persona, es decir, aquellas que “le aporten beneficios sin inflingirle más sufrimientos y que tengan un sentido”.
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1136526.html

Juristas, médicos y científicos piden que se regule el control ético de la investigación

Es necesario que se lleve a cabo el desarrollo reglamentario de la Ley de Investigación Biomédica (LIB) en lo que se refiere a los comités de ética. Esta es la principal conclusión que ha alcanzado un grupo de trabajo multidisciplinar que, promovido por el Instituto Roche, trabaja desde marzo de 2007 en la elaboración de una guía que clarifique el actual mapa de controles éticos en la investigación en España y que proponga posibles mejoras.

Gonzalo de Santiago19/06/2008

El grupo de trabajo denominado de Controles Éticos de la Actividad Biomédica lo conforman juristas, miembros de comités de distintos ámbitos, médicos e investigadores. La presentación, que tuvo lugar en el Instituto Roche, corrió a cargo de Carlos Romeo Casabona, titular de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de las universidades de Deusto y del País Vasco; Pilar Nicolás, doctora en Derecho por la Universidad de Deusto; Jaime del Barrio, director general del Instituto Roche; Agustín Zapata, catedrático de Biología Celular, y Ramón Colomer, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.

A finales de año
Las conclusiones se conocerán a finales de este año y se publicarán en una guía. Sin embargo, Zapata expuso que ya han detectado falta de regulación normativa en lo relativo a los comités. “La LIB se promulgó hace un año y no ha habido desarrollo reglamentario, lo que genera un vacío legal particularmente en lo que se refiere a los comités de ética de investigación”. En su opinión, la ausencia de esa normativa de mínimos impide que las comunidades tengan un referente para el desarrollo de los comités y “esta obra puede representar un aldabonazo para que la gente se dé cuenta de la relevancia de estos órganos y de la necesidad de clarificar la situación de los controles éticos en la actividad biomédica”.

Esa importancia radica, entre otras cosas, en que la LIB establece claramente que cualquier investigación requiere un informe de un comité, que tiene que estar reconocido por las comunidades autónomas. “Esto quiere decir que un investigador que trabaje en el ámbito de la biomedicina con muestras humanas no va a poder tener una financiación o permiso para investigar si un comité de ética no se lo permite”. Es decir, la LIB crea estos comités para que nadie escape de su control. “Nuestro propósito es que los científicos sepan a dónde tienen que dirigirse, cómo tienen que hacerlo y aportar una serie de recomendaciones para que se agilicen los trámites”.

El grupo de trabajo ha elaborado un mapa de los órganos que controlan la actividad biomédica en España y una descripción de las rutas que los investigadores deben seguir según el tipo de proyecto. Romeo Casabona cree que el mapa se ha desbordado por la cantidad de órganos que existen, por lo que alabó el objetivo de esta iniciativa de enumerarlos y clarificarlos.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/biotecnologia/actualidad/es/desarrollo/1136524_04.html

Martínez-Vares: “El testamento vital no ha calado en nuestra cultura”

En España no se otorgan aún demasiados documentos de voluntades anticipadas. Además, Santiago Martínez-Vares, magistrado del Tribunal Supremo, destaca la falta de uniformidad legislativa en esta materia.

Gonzalo de Santiago 19/06/2008

La escasa repercusión que de momento ha tenido el testamento vital en la sociedad española ha sido puesto de manifiesto por Santiago Martínez-Vares, magistrado de la Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Supremo, en la jornada sobre autonomía del paciente dirigida a varias decenas de jueces en el Consejo General del Poder Judicial.

“Aún no ha calado en la cultura española, aunque tampoco es que se otorguen demasiados documentos de este tipo en el ámbito anglosajón”. En opinión del magistrado, la gente en general se muestra conforme con la idea de otorgar un documento de voluntades anticipadas, “aunque en la práctica no está ocurriendo así”. En cualquier caso, Martínez-Vares cree que los registros son muy necesarios; otra cosa distinta es qué va a pasar finalmente con ellos. La idea que apoya esta necesidad es la idea de la dignidad de la persona: “El derecho a disponer de la propia vida, lo que implica permitir que se respete el derecho a morir con dignidad o a vivir dignamente el final de la vida”.

Otra cuestión que se trató en el debate que siguió a la ponencia del magistrado, sobre el régimen jurídico del testamento vital, es la falta de uniformidad en la legislación de las instrucciones previas, lo que puede suscitar ciertos problemas en la asistencia cuando se planteen situaciones de movilidad geográfica.

En otra comunidad
En el coloquio se puso el ejemplo de un paciente al que le ha ocurrido un accidente en una comunidad distinta de aquélla en la que dejó constancia de sus voluntades anticipadas. “En esos casos no hay más alternativa que acudir al registro nacional”, argumentó Martínez-Vares, que señaló que, una vez examinada la normativa, “nadie exige a un equipo médico que se encuentre en una situación extrema que tenga la obligación de investigar si existe ese documento”.

El magistrado dejó claro que la Ley de Autonomía del Paciente, que es una norma básica estatal, establece unos principios generales que las leyes autonómicas deben respetar, como que el documento que recoja las voluntades deba ser escrito. Donde puede existir una confrontación entre lo estipulado por esta norma y por la normativa de las comunidades es en lo referente a la edad mínima exigida para testar, ya que “algunas comunidades entienden que el menor también puede otorgar este testamento”.

El jurista definió las instrucciones previas como “un consentimiento informado anticipado. Es una voluntad unilateral que pretende crear efectos jurídicos y que vincula al médico”. Además, se refirió a la figura del representante “que sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas”, tal y como establece el artículo 11.1 de la Ley 41/2002. Los límites son los establecidos por el artículo 11.3 de la Ley de Autonomía del Paciente. Por último, el ponente pidió un esfuerzo para humanizar las relaciones entre los médicos y los pacientes: “Lo que cuentan son las personas; por eso el médico tiene que ser una figura eminentemente vocacional. Si tenemos vocación por lo que hacemos, lo haremos bien, si no, ponerse la bata blanca puede convertirse en un suplicio”.

Origen
Las voluntades anticipadas, tal y como explicó Martínez-Vares, tienen su origen en la iniciativa de un abogado de Chicago, Luis Kutner, quien en 1967 pretendió recoger un escrito que estuviera al alcance de cualquier persona y en el que pudiera consignarse la voluntad de su autor de dejársele de aplicar o de cesar un tratamiento en un supuesto de enfermedad terminal. El testamento vital recibe su primera regulación en la Ley estatal de California de Muerte Natural (1976).

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1136525.html

Borja Montero, experto en paliativos: “Sufrir por sufrir es un sindios”

Borja Montero lleva los cuidados paliativos literalmente al pie de la cama de sus pacientes. Allí les hace notar que se interesa por ellos y les ofrece el máximo rigor científico. Puede encontrar la transcripción íntegra de la entrevista con Borja
Silvia Churruca 17/06/2008
¿Qué se perdió en Leganés?
-Fue la evidencia palmaria de que medicina y política no tienen nada que ver y no deben tenerlo.

¿Qué le sugiere la expresión muerte digna?
-Hay grupos que se han apropiado de ella y pretenden hurtárnosla a los demás.

¿Hay muertes indignas?
-La dignidad pertenece a la persona, y su manera de morir, aunque sea una muerte tremenda, puede ser digna. Voy a poner un ejemplo que hemos vivido en la reciente historia de España: alguien puede ser fusilado, que no es una forma deseable de morir, pero no por ello pierde la dignidad.

¿A veces la familia necesita la sedación tanto o más que el paciente?
-En ocasiones, los ojos que miran sufren moralmente más que el propio paciente, pero la sedación es una medida que debe aplicarse cuando está indicada con criterio clínico.

¿Hay familias que buscan sedar su conciencia?
-Nos gusta pensar en una imagen idílica del paciente rodeado de una familia volcada, pero en la realidad nos encontramos con familias desestructuradas, y ahí el médico debe mantener su criterio.

Usted hace atención domiciliaria. ¿Puede lograrse lo mismo en el entorno de un gran hospital?
-Desde luego, no es lo mismo. Hay buenas unidades de paliativos hospitalarias, pero en una fase terminal se requieren unas condiciones determinadas: una habitación individual, amplia, con una gran ventana… quizá no es fácil plantearlo en la sanidad pública.

¿Estamos preparados para la muerte?
-No, vivimos de espaldas a ella y lo entiendo porque hasta nosotros a veces sentimos necesidad de mirar a otro lado. Pero el oficio te enseña a controlar ese impulso. De todas formas, como me decía mi padre, en la vida casi nunca estamos preparados, pero al final hacemos las cosas.

¿Y estamos preparados para el dolor?
-Tampoco, cada vez menos. Nos hemos acostumbrado a vivir muy bien y aguantamos mal la adversidad. No digo que haya que sufrir, pero tener cierto aguante te da más solidez.

¿Qué toleran mejor los pacientes: el dolor o el sufrimiento?
-El sufrimiento, el dolor total, como decía Cicely Saunders, que engloba también el social, el famliar, el espiritual… se tolera peor que el físico.

¿Le han pedido la eutanasia?
-Sólo en una ocasión de forma directa, y era una enfermedad terrible. El paciente decidió dejarse morir por la vía de no alimentarse. Le pasé la medicación para el dolor por vía subcutánea. Tenía que respetarle y no planteé alimentarle por sonda nasogástrica. Murió pasada una semana.

En el programa del curso que dirige este verano Luis Montes en Santander, se usa el término encarnizamiento paliativo.
-Es una contradicción en sí misma y un ataque directo a los cuidados paliativos. No entiendo si el objetivo final es plantear que es mejor dejar morir a los pacientes sin más. En ese curso echo en falta la participación de paliativistas, de los que trabajamos a pie de cama, ayudando al paciente a vivir hasta que muera, como decía Saunders.

El arzobispo emérito de Pamplona, Fernando Sebastián, dijo que Jesucristo no tuvo paliativos. ¿Qué le parece la frase a usted que es creyente y paliativista?
-Que Jesús sufrió con un fin, pero sufrir por sufrir es un sindios.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/medicina/es/desarrollo/1135630.html

El presidente de la SIBI apunta que los principales retos de la bioética son la lucha contra “la pobreza y la violencia”

Grisolía sostiene que España vive “la época de la investigación y la ciencia más importante desde Santiago Ramón y Cajal”.
– 13/06/2008 19:08
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El presidente de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), Marcelo Palacios, apuntó hoy en Gijón que los principales retos de la bioética son la lucha contra “la pobreza y la violencia”. “Hasta qué punto tiene que ver la pobreza con la bioética que si la bioética no tuviera cuestiones sociales no merecería la pena”, dijo.

“La bioética o es social o no es nada”, aseveró, al tiempo que dijo que la reproducción asistida, el cambio de sexo o la investigación con células madre, son aspectos importantes pero “concretos y puntuales”.

Así lo indicó en declaraciones a los medios de comunicación durante la recepción ofrecida por el Ayuntamiento de Gijón al comité de la SIBI. La Sociedad celebra estos días en la ciudad su comité científico. Al evento consistorial asistieron junto a la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, y miembros de la corporación; la Procuradora General del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso; y el consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós.

El presidente de la SIBI recordó las cuatro tareas fundamentales de la organización: la medicina, la biología, el medio ambiente y la alimentación. Por eso, reiteró la trascendencia que para la bioética tiene la lucha contra la pobreza.

Palacios apuntó, además, la relevancia de la intervención del bioquímico Santiago Grisolía, Premio Príncipe de Asturias de Investigación en 1990, sobre la situación de la ciencia en España. Grisolía señaló hoy en la sesión del comité científico de la SIBI, que España se encuentra en “la época de la investigación y la ciencia más importante desde Santiago Ramón y Cajal”.

Su argumentación se basa en que hay una legislación muy avanzada, presupuestos que van aumentando y el país se sitúa en el entorno europeo. “Hay algunos problemas como los investigadores que están fuera y habría que captar para aquí”, explicó Palacios, quien se mostró en total consonancia con las afirmaciones de Grisolía.

http://www.elimpulso.es/?cmd=displaystory&story_id=2628&format=html

La lucha por un hijo póstumo

Controversia

El caso de una mujer que quiere quedar embarazada de un hombre que falleció hace un año genera un dilema ético y revela un vacío jurídico en el país.
Fecha: 06/14/2008 -1363
Si naciera el bebe de bebé de María Romero* estaría destinado a ser el hijo de un muerto. A pesar de que Antonio, su esposo, falleció hace un año, María sigue soñando con tener un hijo suyo. Con la ciencia disponible actualmente podría lograrlo a través de una práctica conocida como inseminación post mortem, ya que hay muestras congeladas del semen de Antonio. Pero la clínica que las tiene se niega a hacerla y a entregar el esperma. Por eso, desde hace más de un año, esta mujer comenzó una batalla legal que por ahora va perdiendo.

Ella, una profesora barranquillera de preescolar, y Antonio, empresario español 20 años mayor, se conocieron en 2004 a través de Internet. Comenzaron una relación sentimental que se volvió tan seria, que él no tenía problema en hacer el viaje trasatlántico cada tanto para visitarla. En 2005 se casaron y se fueron a vivir a España, en donde decidieron conformar una familia. Debido a que Antonio se había hecho la vasectomía tiempo atrás, después de tener dos hijos en su primer matrimonio, la única opción era un embarazo asistido. Por eso, el año pasado decidieron volver a Colombia, en donde saldría más barato.

En la Clínica Procrear de Barranquilla les hablaron de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (Icsi, por su sigla en inglés), un procedimiento de reproducción asistida usado en situaciones como esta. En febrero, el semen de Antonio fue extraído a través de una biopsia testicular y a María se le inició la estimulación ovárica con drogas para desarrollar óvulos maduros. Todo iba tan bien, que María cuenta que ambos lo daban como un hecho. “Teníamos tantos sueños, que no hacíamos sino hablar de nuestro hijo. Antonio estaba convencido de que iba a ser una niña y ya le teníamos nombre. Se iba a llamar Valeria”, dice.

Concentrados en traer una nueva vida al mundo, nunca se imaginaron la desgracia que les ocurriría. A tan sólo dos días de que a María le extrajeran los óvulos para fertilizarlos, Antonio murió a causa de un tromboembolismo pulmonar. Ese fue sólo el comienzo del drama. Después de enterrar a su esposo en España, volvió al país y tomó la decisión de seguir con el tratamiento y tener ese hijo que tanto anhelaba.

¿De quién es ese semen?

En Barranquilla, María les dijo a sus doctores que tenía la intención de seguir adelante y usar el semen de su esposo. Sin embargo, el comité de ética de Procrear decidió no continuar el tratamiento porque tenía dudas sobre la legalidad de una inseminación post mortem. Además, el consentimiento informado que le hizo firmar la clínica a la pareja no preveía un caso de muerte. Aunque una institución de Bogotá se ofreció a terminar el tratamiento, la clínica barranquillera decidió no entregar las muestras hasta que hubiera una orden judicial, porque, además, los dos hijos mayores y herederos de Antonio se oponían al proceso.

María instauró una acción de tutela invocando los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a conformar una familia. Esta fue rechazada en dos oportunidades por juzgados de Barranquilla y la Corte Constitucional no la escogió para revisión. Hoy las muestras siguen en el hospital en Barranquilla, congeladas, sin que nadie pueda hacer nada y sin que esté claro quién tiene derecho sobre ellas.

Rafael Lizarazu, abogado de María, cree que “los dos fallos carecen del rigor jurídico que ameritaba el tema”. Pero más allá de que a María se le permitiera o no tener a su hijo, el jurista cree que “este caso es un claro ejemplo de la necesidad de una regulación al respecto. Colombia tiene expertos médicos altamente calificados en Técnicas de Reproducción Asistida, pero desarrollan su actividad sin ningún parámetro legal”.

El abogado Heli Abel Torrado, especialista en derecho de familia, explica que “sólo el artículo 42 de la Constitución Política establece la posibilidad de existencia de hijos habidos con asistencia científica. Pero el legislador no ha expedido aún ninguna ley que reglamente esta situación”. Esto se debe a que los dos proyectos de ley que han hecho trámite para modificar los Códigos civil y penal en cuanto a este tema no han tenido éxito en el Congreso.

Emilssen González de Cancino, directora del Centro de Estudios sobre Genética y Derecho, del Externado de Colombia, señala que “como no hay legislación, estamos muy atenidos a la ideología y la interpretación de los jueces y médicos. Mientras no haya una ley, no va a haber claridad sobre el tema”. Por eso, una regulación es urgente, pues esas situaciones se podrían repetir cada vez con más frecuencia. Aparte de tener centros tecnológicamente capacitados, los bajos costos de los tratamientos de fertilización, en comparación con otros países, hacen que Colombia sea un lugar atractivo para los extranjeros que los necesitan.

Como hacer legislación al respecto no es nada fácil, el doctor Elkin Lucena, director del Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad (Cecolfes), propone un recurso inmediato, aunque no final: “La solución práctica es que los centros de reproducción asistida reformen los consentimientos informados que deben firmar las parejas antes de someterse a este tipo de procedimientos, para que contemplen esta situación”, dice.

Un problema ético

La inseminación post mortem no es nueva. Hay muchos casos alrededor del mundo de pacientes con cáncer que antes de iniciar la quimioterapia guardan óvulos o semen para usarlos luego. Muchos mueren y sus parejas deciden usar las muestras para tener hijos póstumos. También hay personas en estado de coma o paralizados a los que se les extraen los gametos para fecundarlos. Incluso, ha habido hombres a los que después de muertos se les extrae semen con fines reproductivos. En Estados Unidos e Israel recientemente hubo casos de soldados caídos en combate cuyas esposas exigen este procedimiento para tener sus hijos.

Estas técnicas realizadas con el semen o embriones (óvulos fecundados) de personas muertas plantean un problema ético que se viene considerando desde los años 80 en varios países, en donde dramas como el de María han conducido a que se hagan leyes al respecto. Si este caso hubiera ocurrido en España, en Francia o en Inglaterra, habría una ley específica para resolverlo a favor o en contra.

En Colombia también se ha hablado del tema. Un documento publicado en 1991 por la Sociedad Colombiana de Fertilidad y Esterilidad habla del caso de la transferencia de embriones cuando fallece el esposo. Dice que es “bioéticamente aceptable”, siempre y cuando la mujer sea sometida a un examen sicosocial, y el procedimiento se haga después de una año, para asegurar que la mujer esté equilibrada emocionalmente.

En cuanto a María, ya ha pasado más de un año y ella sigue guardando la esperanza. Cuando se le pregunta por qué quiere tener un hijo de alguien con quien no va a poder compartirlo en el futuro, responde: “Hay mujeres que no tienen pareja y se pueden inseminar para sentirse realizadas como madres. Y yo que tuve un hombre que se hizo una intervención para tener un hijo conmigo, no lo puedo hacer. Lo absurdo es que si yo quisiera, podría ir a una clínica y tener un hijo de un desconocido”.

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=112651

Bacterias, antibióticos y ética

MIGUEL VICENTE 11/06/2008

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Hace un par de años unos colegas me hicieron el favor de preguntar a médicos de hospitales si creían necesario investigar para combatir a las bacterias resistentes con nuevos antibióticos. Lo más sorprendente no es que dos tercios dijesen que no, sino que la razón esgrimida era que los antibióticos ya existentes, o una combinación de ellos, resuelven en los hospitales el 80% de las infecciones. Quedaba implícito que un 20% de los casos no se resolvían; en otras palabras, que el enfermo no sobrevivía. Preguntados por si esos casos tenían algo en común, la respuesta era que son enfermos con uno de tres problemas: están inmunodeprimidos, han sufrido una cirugía mayor o son viejos.

Intento reflexionar sobre el porqué a determinados enfermos se les considera casos perdidos. ¿Se aplican criterios muy economicistas al derecho de los enfermos? Para explicarme, ¿si el enfermo con pulmonía tiene 40 años, un individuo productivo, hay que curarle, pero si tiene 80 no? Seguramente si lo preguntamos así nadie admitirá que uno y otro tengan derechos diferentes, pero no considerar importante encontrar curas para uno de ellos tiene ese significado. Además, es que el riesgo de contraer la pulmonía aumenta significativamente con la edad.

Tampoco es hoy frecuente que personas sanas enfermen de tuberculosis, pero la incidencia de esta enfermedad entre los enfermos de sida no es despreciable, y el bacilo de Koch es cada día más resistente a los antibióticos que le combaten. ¿Tienen estos enfermos menos derecho a que se trabaje para encontrar una cura para una de las enfermedades que puede llevarles a la muerte? Una vez más, preguntado así nadie se atrevería a decirlo.

Y raro es quien, con una vida normal, pesca una infección por bacterias como, por poner un ejemplo de actualidad, acinetobacter, u otra de las que producen enfermedades nosocomiales, las que ocurren en los hospitales. Pero esto sí es un riesgo para quienes han sufrido operaciones quirúrgicas de envergadura. Una vez más diríamos que estos pacientes debieran tener el mismo derecho que cualquier ciudadano a que se busquen medios para curarle. Ni el viejo ni el inmunodeprimido ni el paciente quirúrgico merecen morir con una infección por mucha edad que tengan o graves que sean sus otras enfermedades. Aunque no sea la causa fundamental de su muerte, una infección no es nada agradable de tener.

Pero estos principios elementales de ética parecen estar en segundo plano, casi diríamos escondidos por el inconsciente colectivo, cosa que contrasta con la exquisita actitud empleada para otros casos, en que no se trata ya de vivir o morir, sino de aminorar el sufrimiento que inevitablemente acompaña al dejar de existir.

No intento culpabilizar a nadie, y menos por su trabajo: los médicos tratan a los enfermos con su mejor ciencia para curarles, las farmacéuticas desarrollan las mejores medicinas que pueden y los investigadores perseguimos ideas que lleven a encontrarlas, hasta los políticos distribuyen los limitados fondos disponibles para así mejorar nuestras vidas. ¿Dependen nuestros derechos de según sea de lo que enfermamos? Nadie en sus cabales responderá afirmativamente, pero un conjunto de circunstancias contribuye a que al final exista un problema. Para resolverlo, debemos saber que existe. Si todos tenemos derecho a que se traten nuestras enfermedades, debemos demandar, desde todos los foros y a todas las instancias, que se pongan medios para conseguirlo. Urge encontrar nuevos compuestos que frenen las infecciones, en especial las causadas por microbios resistentes, y eso no es sencillo, los antibióticos fáciles de encontrar ya se llevan usando más de medio siglo. Queda una labor difícil y costosa, tanto en imaginación como en recursos. Si no la hacemos seguiremos haciéndonos preguntas éticamente incómodas.

Miguel Vicente es profesor de investigación del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología.

http://www.elpais.com/articulo/futuro/Bacterias/antibioticos/etica/elpepifut/20080611elpepifut_4/Tes/

La objeción de conciencia del sanitario y la mala voluntad

El autor denuncia la persecución social que hay contra los objetores de conciencia en el sector sanitario. Considera que quienes se posicionan contra este derecho parten de la mala voluntad del objetor y defiende el derecho y la justificación del profesional objetor que actúa según su conciencia.
José López Guzmán, Miembro de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica 12/06/2008
Desde hace meses advertimos que en los medios de comunicación se suceden las alusiones y comentarios sobre la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. En general, estas declaraciones se posicionan sobre la cuestión sin entrar a discutir en profundidad su justificación moral y jurídica. Por ejemplo, no suelen reflexionar sobre los derechos fundamentales implicados, sino que directamente parten de un principio muy discutible: la mala voluntad de quien plantea una objeción de conciencia. Nuestro actual ministro de Sanidad, Bernat Soria, se permitió acusar a los médicos que plantean objeción de conciencia en el sector público de no hacerlo en el privado. Cuando, tras estas ofensivas declaraciones, se le exigió que denunciara los casos, se retractó, afirmando que tan sólo había querido poner un ejemplo (ver DM del 5-III-2008).

Sin embargo, como se puede advertir, estamos ante una clara muestra del principio anteriormente enunciado: en lugar de fundamentar una posición se acusa ciegamente y sin fundamento a aquellos ciudadanos que plantean el ejercicio de la objeción de conciencia.

A poco que reflexionemos podemos darnos cuenta de que el incremento de esta actitud inquisitorial representa una marcha atrás para las libertades individuales y, en definitiva, para un sistema genuinamente democrático. Sabemos que en otras épocas históricas al que discrepaba se le sojuzgaba incluso con la privación de su libertad. Baste recordar la situación de los jóvenes españoles que en el último cuarto del siglo pasado no estaban dispuestos a realizar el servicio militar obligatorio. Lo que resulta sorprendente es que, a pesar del tiempo transcurrido, las condiciones en las que actualmente se ven algunos colectivos no sólo no hayan mejorado, sino que, en determinados aspectos, sean peores.

Prueba de ello es la creciente actitud de denigración hacia quienes, en conciencia, manifiestan su deseo de objetar. A la ya mencionada acusación -sin fundamentar- de mala voluntad se une un uso interesado e ideologizado del lenguaje. Se crea una nueva terminología con el objetivo de ridiculizar a los posibles objetores. Tal es el caso de los vocablos “cripto-objeciones” o “seudo-objeciones”.

La introducción de estos términos se inserta en una misma estrategia: deslegitimar a priori y sin justificación a los que pretenden alegar objeción de conciencia transmitiendo la falsa idea de que un Estado de Derecho no puede admitir “disidentes”. Para estos “gurus oficiales” la figura del objetor de conciencia se acerca peligrosamente a la del delincuente. Con ello se consigue un claro objetivo: crear un clima social favorable para negar lo que precisamente diferencia a un sistema democrático de un régimen totalitario: el respeto a la conciencia de los ciudadanos.

Frente a esta actitud, sistemáticamente denigratoria, cabría otra más respetuosa con el honor y la dignidad que merecen todos los ciudadanos: denunciar directamente los casos fraudulentos de objeción de conciencia. No vale acusar a todos y luego retirar la mano. Hay que desenmascarar, si es que existen, a los desaprensivos. Ello beneficiaría a todos: a la sociedad en general, porque tiene derecho a una información veraz y no distorsionada de la realidad, y a los objetores de conciencia, evitando agresiones injustificadas a su honor y reputación profesional.

Además, actuando de esta forma nos acercaremos más a la realidad, percibiendo que, bajo muchas falsas acusaciones, no hay más que algunas pocas excepciones que confirman la regla. Por otro lado, también sería interesante que la sociedad percibiera verazmente la situación en la que se encuentran muchos profesionales que desean actuar según su ciencia y su conciencia. Así, por ejemplo, que supiera que es una simpleza afirmar que para los médicos es más cómodo negarse a prescribir la píldora del día siguiente o un aborto. La realidad es la contraria: aquellos médicos que no practican el aborto o que no prescriben la píldora del día siguiente tienen que justificar su omisión en sus centros de trabajo y, en muchos casos, viven bajo fuertes presiones oficiales.

Realmente, actuar en contra de lo políticamente correcto es, en la actualidad, muy difícil. Son muchos los profesionales que, por su condición de objetores en conciencia, se sienten sometidos a una constante presión. Esta situación no sólo es indeseable para la integridad de esos profesionales, sino también para los pacientes o usuarios, que necesitamos que nuestros médicos, enfermeros y farmacéuticos no se sientan acosados en su trabajo y estén en condiciones de ofrecernos lo mejor de su praxis profesional.

Un principio radical indefendible
Por último, es evidente que la verdadera cuestión de fondo no es si existen algunos falsos objetores. Lo que está en juego, con la objeción de conciencia, es su legitimidad y justificación en un Estado de Derecho. Es claro que el principio positivista radical de que “hay que obedecer siempre y en todo caso a la ley” ya no es defendible a ultranza. Tras contemplar las atrocidades y atropellos a los que su rígida aplicación ha dado lugar a lo largo de la historia, se entiende perfectamente la importancia de la libertad individual y del respeto a las minorías o disidentes.

Por otro lado, no podemos ignorar el presupuesto nuclear de la objeción de conciencia: la agresión moral que se le infringe a una persona cuando se le obliga a matar a otro ser humano, aunque éste se encuentre en la fase fetal. Para aquéllos que piensan que toda vida humana tiene una dignidad, que cada sujeto es único e irrepetible, que, como decía Kant, el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio o instrumento para otros, la eliminación de un congénere les produce tal daño que, de llevarlo a cabo, les dejaría una huella indeleble para toda su vida. En cualquier caso, no hay que olvidar que la actitud del objetor no supone ningún riesgo para el paciente, ya que la mayoría de los sanitarios españoles no son objetores en conciencia. Obviar esta realidad sí que supone una verdadera mala voluntad.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1133887.html

Uno de cada tres pacientes con cáncer manifiesta no recibir suficiente apoyo emocional durante la enfermedad, según la presidenta de la Sociedad Española de Psico-Oncología



Ya está disponible las “Guías Inspire”, los dos primeros manuales de auto-ayuda para pacientes y familiares con cáncer de pulmón elaborados por las sociedades internacional y española de Psico-Oncología


Madrid (10-6-2008). – Uno de cada tres pacientes con cáncer manifiesta no recibir suficiente apoyo emocional durante el proceso de la enfermedad. Así lo ha asegurado la doctora María Die Trill, presidenta de la Sociedad Española de Psico-Oncología y miembro del Comité Organizador del Congreso Mundial de esta especialidad que se va a celebrar en Madrid del 11 al 13 de junio. Expresar qué se siente y compartir con alguien esa sensación de angustia, desesperación, rabia o esperanza “es una necesidad manifiesta que ayuda a asumir la enfermedad y contribuye a luchar contra ella y superarla. En última instancia, es necesaria una intervención profesional en el plano emocional que, hoy por hoy, es insuficiente en nuestro sistema sanitario”, ha explicado la doctora Die Trill.

Por su parte, el Presidente de la Sociedad Internacional de Psico-Oncología, el profesor Luigi Grassi, ha señalado que el proceso que ha de atravesar un paciente oncológico está plagado de situaciones críticas en las que las emociones habituales emergen con intensidad, de manera que el 40 por ciento de los enfermos y sus familias presentan trastornos del ánimo que requieren de una atención clínica específica. “Por lo tanto, es importante distinguir una reacción emocional normal de un estado patológico, el cual puede afectar gravemente a la calidad de vida del paciente”.

Las sociedades internacional y española de Psico-Oncología, con el objetivo de cubrir esta demanda y apoyar a los pacientes con cáncer de pulmón y a sus familiares y cuidadores, han elaborado las “Guías Inspire”, los dos primeros manuales de auto-ayuda que ofrecen importantes consejos para afrontar y asumir la enfermedad, tanto desde el punto de vista físico como emocional. Para ello, se ofrecen consejos útiles y sencillos en torno a la manera de recibir y afrontar el diagnóstico, la convivencia con el tratamiento, ideas prácticas que sirvan de ayuda en diferentes momentos, y recursos bibliográficos y electrónicos a los que recurrir en caso de necesitar más información. Según el doctor Grassi, los mensajes de estos materiales intentan, “eliminar los estigmas que rodean a la enfermedad, sobre todo en lo que al papel de los sentimientos se refiere”.

“Esta iniciativa”, ha destacado Die Trill, “es un proyecto que anticipa al paciente diagnosticado con este tipo de tumor lo que va a sentir, contribuyendo a aumentar su percepción de control sobre la situación que atraviesa y ofreciendo sugerencias muy prácticas de cómo enfrentarse a las situaciones difíciles que van surgiendo y cómo resolverlas”.

Para los cuidadores y los familiares, esta guía, además de seguir las pautas anteriormente mencionadas, pretende ofrecer a quienes conviven con el paciente las herramientas necesarias para saber cómo cuidar al enfermo pero, sobre todo, cómo cuidarse a sí mismo.

http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=36821

Las asociaciones de pacientes reclaman participar en la toma de decisiones sanitarias



Al acto celebrado en el departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha asistido la consejera Marina Geli, que ha destacado la importancia de incidir en los aspectos organizativos para conservar la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario, y se ha referido al modelo catalán como un sistema “bueno pero con fragilidades” que hay que cuidar


Barcelona (10-5-2008).- El VI Diálogo Médico-Paciente, ha reunido en Barcelona a médicos y pacientes, estos últimos representados por la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas, federación que agrupa a 1.500 organizaciones y más de dos millones de asociados. José Antonio Herrada, presidente de la Coalición, ha subrayado la necesidad de que las administraciones “escuchen la voz de los usuarios del sistema sanitario y su voluntad razonable, respetuosa y legítima, tal y como está contemplado en la ley”.

Herrada, diplomático de profesión y enfermo crónico, ha insistido en que “los pacientes deben estar en el centro de la toma de decisiones, no después de, como ocurre actualmente” y ha reclamado la consulta a los colectivos representativos, sobre todo, en el cambio de leyes y normas. También ha mencionado la barrera que existe entre el médico y el paciente, el escaso tiempo de consulta y la necesidad de un cambio conductual de la atención sanitaria.

“Los pacientes sois nuestra razón de ser y a vosotros nos debemos” ha manifestado en la presentación del acto la doctora Dolors Forés, presidenta de la Societad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC), que ha asegurado que médicos y pacientes han vivido de espaldas durante mucho tiempo y afortunadamente estos foros sirven para contribuir a que deje de ser así y a fortalecer las coincidencias entre ambos colectivos. La doctora Forés ha coincidido en apuntar a la falta de tiempo y la sobrecarga asistencial y al “momento extraordinariamente duro por el que pasan los médicos de familia”.

Por su parte, la consejera Marina Geli se ha refirido a la existencia de muchos ámbitos de participación ciudadana como los planes directores que incorporan protocolos dirigidos a los propios pacientes en dolencias concretas y a otras iniciativas como la Universidad de Pacientes, formada por representantes de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital de Sant Pau. La consejera ha alabado el compromiso del Foro de Pacientes y otras asociaciones ciudadanas y tendió la mano a acompañarlos a favor de la mejora del sistema, del que ha destacado la importancia de hacer hincapié en aspectos de gestión tales como la organización del tiempo y los horarios.

El 20 por ciento de las consultas resulta de personas sanas

La doctora Francesca Zapater, del Grupo de Calidad de la CAMFiC, ha presentado los resultados del estudio Malalts de salut? (¿Enfermos de salud?) que analiza y compara el uso racional de los servicios sanitarios, “cuyos recursos nunca habían sido tan amplios”, y el colapso y abuso que se están produciendo debido entre otros factores a la medicalización de la sociedad y las altas expectativas y demandas de la medicina, a la poca tolerancia a la muerte y el sufrimiento, la inmediatez y otras características de la vida moderna. El 20 por ciento de las consultas es de personas que están sanas, según la doctora Zapater, que razonaba la rebaja de recursos que esto supone para que puedan ser empleados en otras personas que lo necesiten más e insistió en la necesidad de “planificar en función de la efectividad, no de la demanda”. Por su parte, el doctor Ramón Sagarra, también de CAMFiC, ha descrito el trabajo actual del médico de familia caracterizado por la sobrecarga asistencial, el aumento de las labores burocráticas, las listas de espera o el aumento de las competencias del médico de Familia.

Por último, antes de dar paso a la intervención de los asistentes, Rafael Reoyo, presidente de la Federación Española de Espina Bífida e Hidrocefalia, hizo una revisión de los derechos de los pacientes entre los que destacó la confidencialidad, la buena información, la reclamación y el derecho a recibir respuestas y tratamientos personalizados, al tiempo y calidad de consulta, a la seguridad e innovación y a evitar el sufrimiento.

La celebración del acto ha transcurrido en las dependencias del departamento de Salud de la Generalitat y ha contado con la moderación de la periodista Sílvia Comet, de Catalunya Ràdio. La Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas elaborará próximamente un documento que recogerá los aspectos más importantes tratados en los seis diálogos.
http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=36818

¿Es realmente el CI una parte de la ‘lex artis’?

La pertenencia o no del consentimiento informado (CI) en la lex artis genera discrepancia entre médicos y abogados. Algunos facultativos desligan ambos conceptos, pero reconocen el valor de la información.
Marta Esteban 10/06/2008
Tanto lo que dicen los jueces como lo establecido por la leyes debe acatarse, pero también es cierto que todo es discutible. El Tribunal Supremo ha otorgado al consentimiento informado un valor máximo al incluirlo en el ámbito de la lex artis profesional y considerar que su omisión constituye un quebrantamiento de las reglas que deben presidir la actuación sanitaria.

La doctrina unánime de los jueces deja de serlo cuando hay discrepancias. Magistrados como Luis Martínez-Calcerrada y Antonio García Paredes, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid, respectivamente, no comparten la tesis judicial y sostienen que el consentimiento es ajeno a la lex artis médica, pues ésta tiene más relación con la técnica profesional utilizada (ver DM del 30-V-2008)

¿Forma o no parte el consentimiento de la lex artis? Los médicos y los abogados consultados por Diario Médico mantienen posturas contrapuestas.

José Luis Casado, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) de Aragón, ha afirmado que la lex artis es la “aplicación de una guía o protocolo basada en la evidencia científica, y el consentimiento es la indicación jurídica de la información que debe darse al paciente”. Casado se ha mostrado crítico con el documento de consentimiento y de cómo se está haciendo el proceso de información. “El médico le dice al paciente que el papel que va a firmar le indica qué le puede suceder en una operación, pero también le cuenta que se le debe operar de todas formas”. A su juicio, el consentimiento “no forma parte de la lex artis porque ni cura ni interviene en el diagnóstico ni tratamiento”.

Responsabilidad médica
Eduardo López de la Osa, especialista en Obstetricia y Ginecología, se ha mostrado partidario de desligar el consentimiento de la lex artis al no ser “un proceso ni diagnóstico ni terapéutico”. Sin embargo, ha matizado que la vinculación de la información a la técnica médica tiene más que ver con una “cuestión de responsabilidad porque lo correcto es que se dé información al enfermo”.

Pero la postura de los profesionales tampoco es unánime. Javier Perfecto, vocal del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón, ha señalado que, en su opinión, “el consentimiento es preceptivo en toda actuación sanitaria y no debería desligarse de la lex artis y su omisión debe considerarse una infracción”.

La vinculación del consentimiento a la técnica médica es la postura defendida por abogados como Carlos Fornes y Alfonso Atela. Para Fornes, asesor jurídico del Hospital Casa de Salud de Valencia, la información es “una exigencia de la lex artis para llevar a efecto la actividad médico-quirúrgica. Es un derecho humano y una exigencia legal y ética del facultativo”.

Esta opinión es compartida por Alfonso Atela, letrado del Colegio de Médicos de Vizcaya, que ha declarado que “la jurisprudencia del Tribunal Supremo es fuente del ordenamiento jurídico, y dice qué integra la lex artis desde el punto de vista legal”. Además, “la obligación de informar es parte integrante de esa técnica médica y componente principalísimo de la correcta relación entre el médico y el paciente”.

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1133070.html

Inyección letal, ¿un experimento inmoral?

REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS
  • Un trabajo denuncia que se realizan actividades de investigación biomédica con los reos
  • Los condenados no firman ningún consentimiento para someterse a estos ensayos
  • Los autores defienden “el derecho de los presos a la integridad de su cuerpo”
Cámara de ejecución por inyección letal. (Foto: California Department of Corrections)Cámara de ejecución por inyección letal. (Foto: California Department of Corrections)

Actualizado martes 10/06/2008 17:23 (CET)
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CRISTINA DE MARTOS

MADRID.- Algunos centros penitenciarios de Estados Unidos están llevando a cabo ensayos con los condenados a muerte con el objetivo de mejorar la ejecución por inyección letal. Un grupo de investigadores acaba de publicar un ensayo en el que califican estos intentos de “experimentación en prisioneros sin su consentimiento ni las garantías éticas pertinentes”.

Las dudas en torno a su validez como método de ejecución siguen planeando sobre la inyección letal, a pesar de que haya recibido el aval del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esta decisión terminó con seis meses de suspensión de las ejecuciones en este país. Pero los científicos que sembraron las sospechas acerca de la ‘humanidad’ de este castigo no se rinden.

El año pasado varios de los 38 estados en los que se aplica la pena de muerte suspendieron las ejecuciones mediante inyección letal, la forma más extendida de ejecutar a un reo dentro de las fronteras estadounidenses y en otros países, como China. El motivo: existían datos de que algunos presos habían tenido muertes agónicas, algo que infringe la octava enmienda americana que rechaza los castigos crueles e inhumanos.

Los esfuerzos de un equipo de investigadores de la Universidad de Miami fueron determinantes a la hora de elevar una duda razonable sobre la legalidad de la inyección letal. En sus hallazgos se basaban las demandas de Ralph Baze y Thomas C. Bowling, condenados a muerte en el Estado de Kentucky, que fueron finalmente desestimadas por el Alto Tribunal.

Cambios en fármacos, dosis y pruebas invasivas

Leonidas Koniaris y Teresa Zimmers, líderes del citado equipo, presentan ahora un nuevo trabajo, publicado en la revista ‘PLoS Medicine’. Esta vez, analizan las implicaciones éticas de las pruebas que muchos centros penitenciarios están llevando a cabo para mejorar esta forma de ajusticiamiento.

“Muchos de los métodos empleados para recoger datos de las ejecuciones y modificar los protocolos de la inyección letal incluyen actividades de investigación biomédica [que debe estar regulada de forma muy estricta]”, denuncian los autores. “Más aún, algunos procesos [extracción de sangre, cambio en los fármacos y las dosis, etc.] son invasivos y tienen serias implicaciones para los reclusos“.

“Se podría decir que algunas de estas actividades constituyen ensayos con seres humanos”


¿Están incurriendo los funcionarios de prisiones y los jueces en experimentación con humanos durante estos ‘trabajos de mejora’? Esta es la pregunta que se hacen Koniaris, Zimmers y sus colegas en PLoS, a la que tratan de dar respuesta basándose en la legislación vigente en EEUU sobre este tipo de investigaciones.

El panorama legal estadounidense es confuso y muy variado en función del estado. En general, la norma conocida como ‘Common rule’, que protege los intereses de los participantes de ensayos clínicos, es la que rige los trabajos financiados con fondos federales y el modelo aplicado habitualmente en todos los estudios. Su texto, además, confiere especial protección a los reos, considerados población de riesgo y cuya defensa ha inspirado los principales códigos éticos para la investigación (Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki…).

Basándose en los datos que confirman que Arizona, California, Carolina del Norte, Florida y seis estados más están realizando ‘pruebas’ durante las ejecuciones, “se podría decir que algunas de estas actividades constituyen ensayos con seres humanos, tal y como lo define la ‘Common rule'”, escriben los autores.

Sin amparo legal

Sin embargo, los reos de los corredores de la muerte no han firmado consentimiento informado alguno ni están amparados por ningún código ético en estos ensayos. “Aunque se les haya despojado de su derecho a la libertad y a la vida, conservan aún el derecho a la integridad de su cuerpo y a renunciar a participar en estas investigaciones“, aseveran los autores.

Los condenados a muerte están, en este caso concreto, en una zona cuasi alegal, puesto que la ‘Common Rule’ no ha de aplicarse obligatoriamente y sólo quedan las leyes estatales, que varían ampliamente de uno a otro. Pero incluso en aquellos, como California o Virginia, en los que las investigaciones biomédicas están prohibidas en los internos, se practican estos ensayos amparados por la letra pequeña.

“Sostenemos que el marco ético, si es que lo tiene, de las modificaciones de los protocolos de inyección letal debe aclararse antes de realizar más investigaciones para ‘mejorar el proceso'”, concluyen.

En la actualidad, 3.350 presos esperan la ejecución de sus sentencias en los 36 estados en los que todavía se aplica la pena de muerte. Desde que el Tribunal Supremo respaldara el uso de la inyección letal en abril, tres reclusos han sido ajusticiados.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/06/10/medicina/1213111120.html?a=d73ed2fe4f50621461023fe6037a8ade&t=1213116444

La atención primaria es el eje de las estrategias de paliativos

Los planes de cuidados paliativos puestos en marcha en algunas comunidades autónomas se articulan desde el primer nivel asistencial y persiguen impulsar la coordinación y la investigación, según se ha expuesto en el VII Congreso Nacional de la Secpal.
Beatriz Peñalba. Salamanca
06/06/2008
Los principios de equidad, coordinación y continuidad son los pilares sobre los que se sustentan los planes regionales de Cuidados Paliativos impulsados en Madrid, Castilla y León, Murcia, Galicia, Andalucía y Cantabria. Todos han sido analizados en el VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) celebrado en Salamanca.

Todos ellos están articulados en torno a la atención primaria y pretenden mejorar la organización y adecuar la dotación de recursos específicos de cuidados paliativos, así como asegurar la calidad de la atención, proporcionar información y apoyo, impulsar la coordinación entre los diferentes sectores implicados, estimular la formación y promover la investigación. Además, como se puso de manifiesto, cada uno de estos planes persigue mejorar la atención del paciente y de sus familiares, atendiendo sus necesidades físicas, psíquicas, espirituales y sociales”.

Madrid
Según expuso Ana Sánchez, viceconsejera de Asistencia Sanitaria de Madrid, el programa de la comunidad desarrollado para los años comprendidos entre 2005 y 2008 “se ha completado en un 90 por ciento”. Aún falta su evaluación y elaborar un nuevo documento para el periodo 2009 y 2011, que incluirá “la constitución de las comisiones sociosanitarias de área, contará con un coordinador especializado y especificará medidas para integrar de forma masiva otras especialidades”.

Castilla y León
Ana Álvarez Requejo, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y León, fue la encargada de dar a conocer el plan elaborado por esta región y que estará listo a mediados de 2009, según comentó a DM el consejero regional, Francisco Javier Álvarez Guisasola (ver DM del 6-VI-2008).

El planteamiento del futuro pretende mejorar la equidad de los servicios, creando recursos en todas las áreas de salud y facilitando el acceso a los cuidados paliativos a la población rural, muy importante en esta región.

Galicia
El programa presentado por Francisco Barón Duarte, coordinador del Plan Gallego de Cuidados Paliativos, está regido por diez puntos, entre los que destaca la orientación a la atención en el domicilio, equidad, producción de la dignidad y la autonomía del paciente y los familiares.

Una de las diferencias de este plan con respecto a los otros presentados es que “los equipos de soporte de cuidados paliativos no son dispositivos domiciliarios sino mixtos”.

Murcia
La Comunidad Autónoma de Murcia “realiza una apuesta firme centrada en la equidad, con una provisión de servicios que llegue a toda la región”. Así lo ha destacado Peligros Larrosa Sánchez, del programa de Cuidados Paliativos para Murcia.

La estrategia de implantación se basa en etapas programadas a lo largo de tres fases. La primera de ellas concluyó en 2007 y ponía el acento en todo lo relacionado con la atención domiciliaria y en la creación de equipos de soporte. La fase de este año hace hincapié en la atención hospitalaria y se encuentra en proceso de identificación de pacientes y ampliación de personal.

Las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental, ya que están al servicio de la coordinación entre profesionales, uno de los puntos básicos del programa de Murcia.

Andalucía
Según ha señalado Rafael Cía Ramos, presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, el proyecto regional persigue, entre otros objetivos, definir competencias y asegurar conocimientos, habilidades y aptitudes. En este sentido, el plan quiere formar a las personas atendidas y a sus cuidadores para desarrollar la capacidad de autocuidados y desarrollar un catálogo de información y comunicación. También se quiere crear un órgano coordinador autonómico y potenciar la participación multidisciplinar en los órganos de coordinación y gestión.

Cantabria
Según María Luisa Valiente, de la estrategia de paliativos de la región, la propuesta de Cantabria para lograr una asistencia eficaz se basa en una asistencia coordinada entre primaria y especializada y con equipos interdisciplinares compuestos por médicos, enfermeros y trabajadores sociales. La atención continuada es clave y en ella participan los servicios de urgencia de primaria y hospitalaria.

Políticas para la equidad
Xabier Gómez-Batiste, jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, y presidente de la Secpal, ha comentado durante su intervención en el VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que “es necesario promover políticas públicas y grupos de trabajo con los que identificar referentes y alcanzar la equidad total y una mayor calidad de la asistencia”.

A pesar de este margen de mejora en el Sistema Nacional de Salud, Gómez-Batiste ha destacado la valoración positiva que la Organización Mundial de la Salud hace de los servicios de paliativos en los hospitales españoles y ha planteado que “tenemos capacidad para ser un referente internacional en este tipo de asistencia”.

Las voluntades anticipadas, cuestionadas por salir del ámbito de la relación clínica

El modelo legislativo adoptado en España para regular las voluntades anticipadas no acaba de convencer a los profesionales y tampoco a los pacientes. Su salida del ámbito de la relación clínica para llevarlo a un terreno puramente legal y documental está derivando en una falta de conocimiento y desarrollo, al margen de otras dificultades derivadas de la inexistencia de un registro nacional que unifique los 17 regímenes de instrucciones previas.
M.Huertas. Salamanca 09/06/2008
Así se ha puesto de manifiesto en la mesa interactiva sobre este tema celebrada en Salamanca dentro del VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. “El documento también trasluce ciertos miedos, relacionados con el temor a hacer daño, explicitar el tema de la muerte o que el paciente pueda interpretarlo como un empeoramiento de la enfermedad”, ha explicado Jesús González Barboteo, del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Duran i Reynals (Instituto Catalán de Oncología).

La sesión ha dejado claro que el sistema de instrucciones previas no sólo tendrá que afrontar la resolución de los problemas de interconexión entre los sistemas informáticos nacional y autonómicos para conseguir un registro único y las dificultades derivadas de la diferente regulación entre comunidades, sino sobre todo su nivel de aplicación en la práctica y el fomento de su uso por parte de los profesionales, más partidarios de un modelo fraguado en la consulta, semejante al de consentimiento informado (CI).

Juan Carlos Álvarez, profesor de bioética de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid), ha explicado que existen dos niveles de voluntades anticipadas. Por un lado, la voluntad expresada dentro de una relación clínica significativa, y por otro, la voluntad puramente burocratizada o documento legal ante un notario o registro.

Entre una y otra, “la mayoría de los profesionales manifiestan que practican la primera, que es la que más vincula moralmente y a la que le dan más sentido, y se ven muy alejados de la segunda”.

Por tanto, no proponen al paciente que haga el documento ni tienen acceso a los registros, a pesar de su carácter de soporte legal y su mayor peso como prueba plena desde el punto de vista judicial.

“No se tienen todas las cautelas necesarias para que el profesional, cuando recibe esas instrucciones previas, tenga la tranquilidad y la seguridad de que realmente el paciente era capaz, competente, estaba informado, era su voluntad, no estaba coaccionado, etc.”, ha explicado Álvarez.

En este sentido, y sin rechazar la necesidad de soportes legales de las actuaciones, en la mesa se ha puesto de manifiesto que “el soporte documental de decisiones tan importantes y de tanto calado como rechazar un tratamiento o pedir que no se inicien determinadas medidas al final de la vida, nunca debió salir de la relación clínica”, ha señalado David Larios Risco, coordinador de los Servicios Jurídicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

La ley no fija una edad y los médicos temen las demandas de los padres

La ley no fija una edad y los médicos temen las demandas de los padres
La demanda sin consentimiento paterno de anticonceptivos o de la píldora del día después o no revelar el consumo de drogas coloca al médico ante un conflicto de lealtad. Si no hay riesgo para la salud, cada vez más se respeta la confidencialidad.
ISABEL PERANCHO
Anticoncepción y abuso de sustancias son algunas de las consultas adolescentes que mayor inquietud generan en los profesionales. (Foto: SGO| IMAGE POINT FR | CORBIS).
Anticoncepción y abuso de sustancias son algunas de las consultas adolescentes que mayor inquietud generan en los profesionales. (Foto: SGO| IMAGE POINT FR | CORBIS).

Se abre la puerta y una menor de edad aparece en la consulta del médico de familia. Esta vez llega sola. Ni rastro de sus padres. Señal de alarma. El facultativo se pone en alerta. Rápidamente su mente emite un ‘diagnóstico’: será una desavenencia familiar, una patología que quiere ocultar o hábitos de vida que no quiere dar a conocer. Y percibe que se le avecina un conflicto de lealtad. La chica tiene 15 años y le cuenta que ha mantenido una relación sexual sin protección. Teme quedarse embarazada y le pide esa píldora que lo evita. Eso sí, no quiere que sus padres lo sepan. ¿Me guardará el secreto?, le inquiere con ojos suplicantes.

El miedo asalta al galeno. Si se niega y lo cuenta a sus progenitores, quiebra el principio ético de la confidencialidad médica y puede perder la confianza de la menor. Pero, ¿y si se la da y sus padres le denuncian?

Desde 2002, la ley recoge que los médicos deben escuchar a los menores de 12 a 16 años y tener en cuenta su opinión. Y si se estima que son maduros podrían decidir sin sus padres cuando el tratamiento no implica riesgos. Cada vez más médicos respetan la voluntad de los denominados ‘menores maduros’, aún sabiendo que pueden ser denunciados por sus tutores. Pero muchos todavía no se atreven.

“Casi ninguno de mis amigos va al centro de salud y tampoco mis compañeros de clase. ¿De qué hablo con él? Pues no tomo drogas ni alcohol, así que de eso poco. Y del tema sexo… tampoco tengo problemas para hablar, ya que a mi madre le parecen bien mis relaciones sexuales mientras lo haga con seguridad y protección. Pero una amiga mía le contó sus cosas a mi médico y le pidió que no se lo dijera a sus padres”, relata Adrián Martínez, de 15 años, que acude periódicamente a la consulta adolescente del pediatra Patricio Ruíz en un centro de salud de Alcalá de Henares. Cada vez más menores de edad se atreven a sentarse en solitario frente al médico para trasladarle sus inquietudes. Pero la respuesta que encuentran no siempre es la que desean, sobre todo cuando plantean temas delicados y solicitan actuar sin el conocimiento de sus padres.

“Los problemas tienen que ver la prescripción de anticonceptivos, de la píldora del día después, con el aborto, ocultar a los padres el consumo de sustancias o las peticiones de cirugía plástica sin informar a los tutores”, destaca el psiquiatra Tomás Blanes, vocal de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de España. Y es que el profesional vive las demandas de los chavales “como un marrón”, sobre todo, cuando no han cumplido aún los 16 años, momento en que, salvo excepciones, se reconoce su mayoría de edad sanitaria. “Entre 12 y 15, es una zona extraña y se genera mucha angustia al médico”, reconoce la pediatra madrileña Concha Bonet.

La cuestión es que muchos profesionales desconocen que, desde 2002, la Ley de Autonomía del Paciente contempla que por encima de 16 años se pueden tomar decisiones relativas a actos médicos, salvo en situaciones de grave riesgo para la salud en cuyo caso, los padres deben ser informados hasta que alcanzan los 18 años (aborto, participación en ensayos clínicos, tratamientos de reproducción asistida y donación para trasplante de vivo).

Pero muchos más ignoran que la normativa ha abierto también una puerta para que los adolescentes de 12 a 15 puedan tener opción a elegir. “Realmente, la norma dice que la decisión corresponde a los padres o representantes legales pero ellos deben ser escuchados”, precisa Juan Siso, subdirector general de la oficina del Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, como señala este jurista, la propia ley de autonomía y otros reglamentos, como el Código Civil o la Ley de protección jurídica del menor, asientan la denominada doctrina del menor maduro. “Básicamente, se le reconoce su capacidad de consentir una intervención médica si se valora que puede comprender intelectualmente y emocionalmente su alcance”, añade Siso.

Y ahí radica, en opinión de los expertos, la clave. No es fácil dar una respuesta a cuándo es una persona moralmente madura. La psicología evolutiva señala que entre los ocho y los 11 años el niño va tomando conciencia de su autonomía interna y otros estudios indican que la madurez moral llega entre los 13 y los 15. El problema es que nadie se atreve a marcar un frontera clara.

“No es la edad la que determina la madurez. Es un proceso y no eres maduro en todo a la vez. En cualquier caso, para las decisiones de salud sólo se exige que se le considere maduro en ese caso concreto”, puntualiza Concha Bonet. Médicos de atención primaria, pediatras, ginecólogos, psiquiatras… Son los profesionales en cuyas consultas se está dilucidando el futuro de la atención al menor en España. “Todavía cuesta introducir cambios porque hay mucha confusión con el tema de las edades, pero esta no es trascendental: si no hay riesgo en la petición que hace el chaval y se valora que es capaz de entender la intervención no habría problemas”, considera Beatriz Ogando, médico de familia y magíster en Bioética. El riesgo es, para Juan Siso, “el fiel de la balanza”. En su opinión, si no existe se debe respetar la confidencialidad. “El profesional sanitario no puede informar a los padres que su hija menor tiene una relación sexual, salvo que detecte un riesgo. Lo mismo ocurriría en el caso de consumir drogas: si es algo casual, no se debería informar, si el consumo es continuado, se habla con ellos”.

Este menage a trois entre el médico, su paciente menor y su familia, a la que probablemente también atienda con asiduidad, es lo que incomoda a los profesionales. Bonet admite que “algunos padres piensan que estás de su lado, pero en ocasiones debes decidir que hay cosas que ya no compartes con ellos sobre su hijo. Aunque no es lo habitual, en ciertos casos se vive como una pequeña traición”.

Para Carmen Santos de Unamuno, miembro del grupo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina de Familia, saltarse la confidencialidad es peligroso y más en el caso de un adolescente. “Les cuesta ir al médico porque entienden que estamos con sus padres. Si nos cargamos su confianza no vuelven durante mucho tiempo. Ni él ni su pandilla. No se debe permitir esto. Es complicado, pero debes tener en cuenta que es el menor el que acude a tí y ha hecho un esfuerzo”.

Aún así, como subraya Siso, muchos profesionales prefieren tener de enemigos al hijo que a sus padres”. Sobre todo porque éstos pueden llegar a plantear una demanda judicial. “Entre 12 y 16 años la ley obliga a informar a los padres, pero si el menor dice que no y el médico no quiere vulnerar su derecho a la confidencialidad y lo cree maduro y le administra un tratamiento, debe conocer que los tutores pueden actuar contra él”, recuerda Blanes.

No se tiene constancia expresa de que, hasta el momento, haya habido demandas judiciales por asistencia sanitaria a menores sin el consentimiento de sus padres, aunque algunos profesionales admiten haber oído que otros compañeros han tenido algunos problemas. Uno de los motivos puede ser que, aunque en las consultas se respira un ambiente más abierto hacia respetar los derechos del menor, todavía son pocos los médicos que se animan a considerar maduros a sus pacientes adolescentes. ¿Estamos capacidatos para determinar si lo son?, se cuestionan. “Basta aplicar el sentido común. Son suficientes cinco minutos de charla para ver si entiende lo que le estás explicando. ¿Sabes que pastilla te tomas?, ¿para qué sirve?, ¿que te ocurre si la tomas?, ¿qué te ocurre si no la tomas?”, ejemplifica Antonio Hidalgo, del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). La falta de formación y el desconocimiento no son el único motivo. Parte de la comunidad médica se opone por principio a acatar la decisión de menores sin el consentimiento de sus padres. Dos artículos referentes a la autonomía del menor de la última versión del Código Deontológico de los médicos de Cataluña están temporalmente suspendidos desde 2005, al considerar el juez que contravenían el derecho de los progenitores a conocer el consumo de drogas, embarazos no deseados o enfermedades graves de sus hijos. La demanda la interpusieron 112 profesionales.

También colabora el hecho de que el paso de los adolescentes por el centro de salud no es habitual. Y que el grueso de la demanda de uno de los motivos de consulta adolescente que más temor suscita a los facultativos, la prescripción de la contracepción de emergencia (la popular píldora del día después), se concentra a partir de los 16 años. “Es la edad media de inicio de las relaciones sexuales en España. Por debajo de esa edad no es habitual pedirla”, explica Esther de la Viuda, presidenta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC). Esta especialista reconoce la existencia de reticencias para dispensar este fármaco, que la Organización Mundial de la Salud considera esencial y para la que la SEC demanda “una mayor accesibilidad y la libre prescripción” en farmacia. “Los profesionales deben saber que igual que unos padres pueden demandarle por recetarla a su hija menor, pueden hacerlo también por no dársela si ésta se queda embarazada”, advierte De la Viuda.

QUÉ HACEMOS

Para aquellos que aún no han recibido la embarazosa visita de un adolescente, los expertos ofrecen los siguientes consejos para salir airoso:

En caso de conflicto… Lo ideal es tratar de convencer al menor para implicar a sus padres en la decisión. “Hay chavales aterrorizados por decir a sus padres que toman anticonceptivos pero ellos estarían encantados de evitarle un embarazo”, apunta Blanes.

¿Si el menor se niega… Y se aprecia que no hay riesgo para la salud, que entiende el tratamiento y comprende el alcance de su decisión, el médico debe adoptar la alternativa que considere adecuada sabiendo que los padres pueden llegar a actuar contra él.

Si el menor acepta, pero… Se informa a los padres y hay disparidad de criterio. Por ejemplo, el caso de una joven con anorexia que rechaza el ingreso en un hospital o unos progenitores que quieren piden un aborto para su hija menor embarazada y ella se niega. “Hay que intentar ofrecer una alternativa médica razonable, pero si no es posible o no se acepta, se puede solicitar el amparo judicial o suspender la relación con el paciente”, señala Blanes. Eso sí, en caso de urgencia, como podría plantearse en el caso de un menor cuyos padres Testigos de Jehová le niegan una transfusión vital, prevalece el criterio del médico. O si el profesional decide objetar, además de notificarlo, debe dar opción al paciente a acudir a otra consulta en la que puedan atender su petición.

Dejar constancia escrita… Ante la demanda de un menor, en la historia clínica debe plasmarse por escrito si se le considera o no maduro, los criterios seguidos para determinarlo, si concurre o no una situación de riesgo y si se ha informado o no a los padres y los motivos. “Es el medio de prueba antes un tribunal. Si pasa algo es difícil acordarse. Disponer de esta información confiere al profesional un aura de responsabilidad ante el juez. Da idea de que ha puesto cuidado en no equivocarse”, aconseja Siso.


La consulta de Patricio rompe el mito de que los adolescentes huyen del médico
Desde Algete, Torrelodones, Torrejón… La consulta vespertina del pediatra Patricio Ruíz en el centro de salud Manuel Merino, en Alcalá de Henares, recibe pacientes de localidades teóricamente lejanas de la comunidad madrileña. El servicio está desbordado y la lista de espera cada día más abultada. ¿El motivo? Patricio desarrolla desde hace 10 años, gratuitamente y fuera de su horario laboral, una consulta específica para adolescentes en la que éstos son asistidos sin la presencia de sus progenitores y con garantía de confidencialidad. En esta década se han sentado frente a su mesa más de 800 chavales, algunos enviados por sus propios padres, otros derivados por colegas o desde los colegios, más atraidos por la Web que recoge sus actividades o mediante el boca a boca. “Así me vienen las pandillas”, explica. Y es que, como asegura este especialista, “es un mito” que el adolescente no va al médico: “Nuestra lista de espera lo demuestra.El problema es que las consultas tradicionales de pediatría o medicina de familia no les sirven, necesitan un espacio propio donde expresarse, donde puedan ser escuchados y sepan que se les va a respetar. Porque físicamente pueden estar muy sanos, pero psicológica y socialmente tienen muchos malestares que acaban perjudicando su salud. Negarles la madurez para dar su consentimiento en ciertos casos es negarles sus derechos y tratarles como si no fueran personas”.

Para Patricio, los padres de sus chicos nunca han sido un problema. “Les explicamos a ambos las reglas del juego. Saben que, si se rebasan ciertos límites éticos en la confidencialidad, lo vamos a contar”. Pero su consulta no se limita a prestar atención individual. “Realmente hacemos ‘coaching’ [asesoramiento] sobre hábitos de vida a los adolescentes. No tiene sentido trabajar sobre las drogas o la anticoncepción de manera independiente, hay que hacerlo también sobre cuestiones como la autoestima, la educación, la promoción de la salud mental…”. Y para ello es clave implicar a los propios chavales. Ellos colaboran en talleres formativos para los más pequeños (de 11 a 14 años) o en proyectos de participación comunitaria. Como Andrés Arrojo, de 18 años, presidente de la Comisión Permanente de Coordinación de Jóvenes y Adolescentes de este centro de salud. Recaló en la consulta de Patricio con 17 años y un déficit de atención con hiperactividad. “Al principio le veía como un loquero”, pero en sus ratos libres colabora con él para “ayudar a otros chavales a salir de su aislamiento, mejorar su autoestima o informarles sobre sexo”.


¿Cuándo son mayores?
12 años: el niño tiene derecho a ser oído. Se le reconoce capacidad de decidir en caso de adopción o acogimiento.

13 años: se admite su capacidad para consentir relaciones sexuales sin que éstas sean delito.

14 años: contraer matrimonio con permiso judicial.

16 años: se les reconoce el derecho a emanciparse de sus tutores legales. Mayoría de edad penal y sanitaria. Puede tomar decisiones médicas sin el consentimiento de sus tutores, excepto en situaciones de grave riesgo en las que éstos deben ser informados. Se exceptúan los siguientes supuestos: interrupción voluntaria del embarazo, aplicación de técnicas de reproducción asistida, participación en ensayos clínicos y donación de órganos para trasplante de vivo. En estos casos se exige el consentimiento de los representantes legales.

18 años: mayoría de edad legal.

http://www.elmundo.es/suplementos/salud/2008/760/1212789603.html

No hay condena si el fármaco contraindicado no genera daño

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha absuelto a la Administración de la demanda interpuesta por los padres de un menor que alegaban mala praxis por prescribirle un medicamento contraindicado. El fallo absuelve al no probarse que se produjeran daños al paciente.
Marta Esteban 06/06/2008
Para que la Administración responda por una actuación sanitaria es requisito indispensable que se haya producido un daño. Así lo recuerdan una y otra vez los tribunales de justicia, pues si no concurre el perjuicio físico o moral, o ambos, y se prueba que éste ha sido causado por un acto médico no habrá indemnización. Esta premisa es general y se aplica a todo supuesto de responsabilidad, es decir, tanto al acto médico o quirúrgico que se ha producido como a los casos en los que se hayan prescrito medicamentos contraindicados.

La ausencia de daño físico y psicológico ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a absolver a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a la aseguradora Zurich España de la demanda presentada por los padres de un paciente a quien se le prescribió un tratamiento farmacológico contraindicado para menores. Los progenitores alegaban una vulneración de la lex artis por parte del servicio de Psiquiatría de un centro público, pues como consecuencia de la medicación el menor intentó suicidarse.

Para la resolución del pleito los magistrados parten de dos hechos probados: la remisión por el pediatra al servicio de Psiquiatría del hospital, donde se le prescribió un antidepresivo, y el dato de que, desde la fecha de la indicación del fármaco hasta el intento autolítico, el menor no fue supervisado por los facultativos.

No a la especulación
La Sala Contencioso-administrativa del tribunal autonómico rechaza la demanda de los padres y recuerda que “el primer requisito” para que surja la responsabilidad patrimonial es que “exista una lesión o daño, que ha de ser real y efectivo”. No basta, prosigue el fallo, con “meras especulaciones o simples expectativas” y, además, la obligación de probar ese daño “pesa sobre el interesado”.

Aplicando esta doctrina al caso estudiado, el tribunal entiende que “no existe tal daño o lesión”. Desde el punto de vista psicológico, y teniendo en cuenta la propia manifestación del menor, “éste no recuerda el episodio autolítico”. Además, tampoco hay daño alguno por la pérdida de amistades, problemas académicos y terrores nocturnos, ya que tanto el niño como su madre reconocen que estos problemas ya los tenía con anterioridad al intento de suicidio.

El episodio por el que se reclama indemnización “no puede considerarse en sí mismo como daño o lesión”. La absolución de la Administración supone la desestimación de los 126.500 euros solicitados en concepto de indemnización.

Los cuatro pilares
La responsabilidad patrimonial de la Administración se asienta en cuatro pilares básicos. El primero, la efectividad del daño o perjuicio -evaluable económicamente e individualizado a una persona o a un grupo-; el segundo, que el daño sea causa del funcionamiento del servicio publico; el tercero, que el paciente no tenga obligación de soportarlo y, por ultimo, que no haya concurrido una fuerza mayor inevitable.

La información por escrito no crea más ansiedad al paciente

Un estudio en dos hospitales suizos ha concluido que la información dada por escrito no genera más ansiedad a los pacientes que se van a someter a una endoscopia. Además, es más valorada que la oral.
G.S.S. 06/06/2008
Un documento escrito genera mayor confianza a los pacientes y no crea mayor ansiedad. Así lo atestigua un estudio que publica la revista Bmc Gastroenterology, cuyo objetivo ha sido calcular qué efectos produce la información oral y escrita (combinada) o simplemente la primera de ellas antes de una endoscopia y el nivel de ansiedad que se genera.

En las endoscopias se tiene acceso a órganos vitales que pueden ser dañados y entre los riesgos figura una hemorragia digestiva, el desgarro de la pared intestinal y complicaciones secundarias a la anestesia general, si ésta ha sido necesaria.

La prueba se realizó en dos hospitales suizos. A los enfermos les dieron a elegir entre recibir, junto con la cita, un folleto explicativo sobre este examen médico o simplemente información oral del médico de cada paciente. La evaluación de la calidad de la información fue medida en una escala de cero a cinco. Aquellos pacientes que recibieron folletos escritos valoraron más la calidad de la información que los que la recibieron oralmente. Una de las conclusiones de la investigación es que existía el mismo nivel de ansiedad entre las personas que fueron informadas verbalmente que en las que recibieron la información por escrito. “Una información escrita suficientemente estructurada y comprensible es percibida como un beneficio para los pacientes”, explica el estudio. Por eso, “los médicos deberían explicar a sus pacientes los riesgos, beneficios y alternativas de los procedimientos endoscópicos”.

José Manuel Herrerías, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, afirma que en España se ofrece una información combinada: “Se informa oralmente pero luego se proporciona el documento escrito para que lo firme el paciente”. Además, esta información se complementa con gráficos que facilitan al paciente la comprensión del proceso. Herrerías cree que esta información puede generar más ansiedad al enfermo, pero “cuantos más datos tenga, mejor”.