Archivo de la etiqueta: Aspectos legales

Dakota del Norte plantea penalizar el aborto siempre que haya latido

SI SE DETECTA POR ULTRASONIDOS

Pocos días después de que el Estado de Arkansas aprobase la hasta entonces más restrictivaley del aborto de todo Estados Unidos, la Asamblea Legislativa de Dakota del Norte ha aprobado un proyecto de ley que restringe aún más los límites sobre la posibilidad de abortar legalmente.

Redacción. Madrid   |  20/03/2013 00:00

http://www.diariomedico.com/2013/03/21/area-profesional/normativa/dakota-del-norte-penalizar-aborto-latido

‘Los políticos no deberían meterse en la regulación del aborto’

ENTREVISTA | Eduard Gratacós

  • Un experto en medicina prenatal valora el presente y futuro de su especialidad
  • Unas 500 españolas al año se benefician de estas técnicas
  • ‘Los abortos por malformaciones suponen un trauma extremo para la mujer’
  • La reforma de la ley del aborto de Gallardón está prevista para octubre

María Valerio | Madrid

Actualizado lunes 17/09/2012 10:26 horas

“Si pueden decidir tener hijos, pueden decidir abortar”

Aído responde a la polémica sobre la interrupción del embarazo en menores
MÓNICA C. BELAZA – Madrid – 07/03/2009

El debate sobre la ley del aborto promete ser duro, largo y espeso. Apenas un día después de que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, avanzara el informe del comité de expertos creado por el Gobierno para asesorar sobre la reforma, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán, consideró inconstitucional la propuesta y anunció que Unió Democratica de Catalunya se opondrá a un proyecto de ley que siga estas líneas. El PP consideró que el comité de expertos no ha sido plural y ha dicho “lo que Aído quería oír”. Y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid -nombrado por Esperanza Aguirre- expresó su “total oposición” a la idea que maneja el Ejecutivo de permitir a las jóvenes de 16 y 17 años que aborten sin el conocimiento ni la autorización de sus padres. Ésta se convirtió en la polémica del día. La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, tachó de “inadmisible” esta cuestión y declaró a Onda Cero: “No es lógico que no puedan votar y puedan abortar, que no puedan hacerse una operación de apendicitis y puedan abortar”. “Si una menor de 16 o 17 años puede casarse y tener hijos, puede decidir abortar”, defendió la ministra Aído en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El texto del comité de expertos propone el aborto libre hasta la semana 14, y lo permite hasta la 22 en caso de malformaciones fetales o grave riesgo para la salud de la embarazada. Durán opinó ayer en un comunicado que esta fórmula supondría permitir el aborto libre hasta la semana 22 (porque la indicación de la “salud psíquica de la madre” se podría utilizar de forma indiscriminada) y coincidió en la crítica a que las jóvenes de 16 y 17 años puedan decidir abortar por sí mismas, y lo calificó como “agresión frontal a la potestad parental”.

Durán y Sáenz de Santamaría no tuvieron en cuenta que la Ley de Autonomía del Paciente aprobada cuando gobernaba el PP, establece que si el paciente es un menor “con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación” para una operación; es decir, que es él (ella en este caso) quien debe aprobar una intervención.

Mientras tanto, y en el otro lado del espectro político, IU pedía que se ampliara el periodo para el aborto más allá de las 22 semanas -actualmente la indicación de riesgo para la salud física y psíquica de la madre no tiene plazo- y asociaciones de mujeres y clínicas de abortos aseguran que con la reforma que plantean los expertos quedarán fuera muchos de los casos que ahora alberga la ley. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción de Embarazos pide que se amplíe la posibilidad de abortar sin plazo a aquellos supuestos de fetos que, aunque no vayan a morir de inmediato, tengan malformaciones tan graves que les impidan tener una vida digna. El Gobierno pretende tener el anteproyecto de ley listo antes del verano.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/pueden/decidir/tener/hijos/pueden/decidir/abortar/elpepusoc/20090307elpepisoc_5/Tes

“La OMC debe posicionarse en contra de los cambios legales”

El médico tiene que defender su derecho a la objeción de conciencia, pero también es necesario un mayor compromiso institucional y corporativo.
Nuria Siles 16/01/2009
Según Manuel de Santiago, vocal de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid, “los órganos representativos de la Medicina -en especial la Organización Médica Colegial (OMC)necesitan manifestar firmemente ahora su oposición a las leyes previstas, y con mucho mayor compromiso que el demostrado hasta ahora, bastante pusilánime”. A su juicio, la OMC debe actuar “de una manera mucho más decidida y desafiante, si es que realmente está contra el aborto libre y la eutanasia”.

De Santiago considera que “el órgano supremo de la corporación sanitaria necesita tomar las riendas de la defensa de los miles de médicos ginecólogos y no ginecólogos que se pueden ver implicados en las leyes previstas. La OMC tiene que estar a la altura de las circunstancias, pues es mucho lo que nos jugamos”.

Asimismo, ha explicado que “debe hacerse con luz y taquígrafos, en diálogo con la autoridad sanitaria y a la vez denunciando a la opinión pública la postura mayoritaria de los médicos; y si es necesario, llevando a cabo una leal oposición democrática a tales proyectos, recabando los apoyos necesarios”.

El vocal de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid ha ido más allá: “si ante esta grave intromisión en la práctica diaria de los médicos, nuestras instituciones más representativas hacen la vista gorda o guardan la ropa, para no incordiar al poder, con toda la razón se podría uno preguntar, ¿para qué sirven las organizaciones corporativas? ¿para qué la colegiación obligatoria? ¿cuál es entonces la razón de ser de la OMC? ¿Qué fundamenta su costoso sostenimiento por los médicos?”.

Asimismo, ha apelado a la unidad de los profesionales: “Es necesario estar unidos, asumir nuestras convicciones y creer en nuestro poder real al menos en el nivel de las corporaciones. La enfermería y la medicina tienen que saltar a la opinión pública con declaraciones firmes y rechazar los proyectos de aborto libre y eutanasia que el gobierno prepara; y si el curso de los acontecimientos lo hacen imposible, seguir protestando y haciendo uso de los recursos más impactantes ante la opinión pública”.

Apoyo y solidaridad
Además, sostiene que “ha llegado el momento de mirar a las especialidades más amenazadas y apoyarlas, de solidarizarnos con sus posiciones y de recordar el papel límite moral que la Medicina ha adquirido ante la sociedad. Pongamos las cartas bocarriba, rechacemos las leyes”.

De Santiago ha sostenido que “si la voluntad del Ejecutivo es imponer el aborto libre y la eutanasia, habrá de haber alguna suerte de normativa sobre la objeción de conciencia para la clase sanitaria, simplemente para evitar ruidos y protestas en los medios”. Pero esto -ha añadido- “no puede conformarnos”.

Los órganos representativos de la Medicina, en especial la OMC, deben adoptar un mayor compromiso del hasta ahora demostrado “si es que realmente están contra el aborto libre y la eutanasia”, según Manuel de Santiago, vocal de la Comisión Deontológica del Colegio de Madrid.

Problemas de la nueva Ley de Investigación Biomédica

La Ley de Investigación Biomédica que entró en vigor en julio de 2007 tiene graves problemas jurídicos según un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid. Las complicaciones se refieren a los diversos comités éticos que impone la norma pero que, en unos casos no se han constituido y, en otros, su actuación es irrisoria. También hay un conflicto cercano a la discriminación con la valoración de las discapacidades o el trabajo con menores.

16/12/2008

El profesor Miguel Ángel Ramiro, del departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid ha realizado un estudio sobre la nueva Ley de Investigación Biomédica que entró en vigor en julio de 2007, y ha descubierto varias lagunas dentro de la norma que afectan a los comités de bioética que impone.

En primer lugar, el profesor Ramiro se detiene en los Comités Éticos de Investigación (CEI), que supuestamente sustituyen a los Comités Éticos de Investigación Clínica (CEIC) pero que aún no se han creado. Además de su inexistencia, el estudio destaca que estos órganos -encargados de velar por la protección de los derechos seguridad y bienestar de los sujetos que participaran en un ensayo y de ofrecer garantía pública al respecto- que no está claro que asumirán las mismas competencias que los CEIC.

Es más, el vacío respecto a los ensayos clínicos con medicamentos sobre los que deben velar los nuevos comités, no hay ni fecha para que se realice el cambio entre CEI y CEIC. Estos errores en el procedimiento se extienden a todo el desmantelamiento de los CEIC.

El estudio también encuentra fallos en el nuevo Comité de Bioética de España, cuyos miembros se designaron hace un año para que las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y ciencias de la salud tengan un órgano consultivo en el que resolver sus cuestiones. Sin embargo, pese a que debates como la nueva ley del aborto y la eutanasia se han impuesto en los últimos meses en la sociedad española y, evidentemente, forman parte de las atribuciones de este comité, no ha habido pronunciación alguna al respecto de ningún tema.

Ramiro denuncia también que no ha habido cuidado alguno en la redacción de la ley lo que, en algunos casos, supone una confusión o, cuanto menos, una discriminación. Así, hace referencia a un tipo de comité ético que no se desarrolla por la ley y la regulación de algunas de las situaciones especiales (niños y personas con discapacidad), en el que se obvia que las discapacidades son muy diferentes dependiendo de cada persona.

“Todo parece indicar que la redacción de esta ley responde más bien a la necesidad de dar cobertura legal a un determinado tipo de investigación con células embrionarias que se estaba haciendo en España o por científicos españoles en otros países, que fue objeto de mucha polémica moralista durante la penúltima legislatura y que por el camino se han ido recogiendo cosas vinculadas pero sin darle la profundidad necesaria”, concluye Miguel Ángel Ramiro.

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=4457

Nueva ley del aborto para 2009

 

El Gobierno prevé crear una nueva Ley del Aborto. Se trata de un asunto que no está exento de polémica. Según María José Borrego, miembro del Grupo Interdisciplinario de Bioética de la Universidad San Pablo-CEU, la iniciativa es una excusa para liberalizar totalmente el aborto.
MARÍA JOSÉ BORREGO GUTIÉRREZ 13/11/2008
El Gobierno “inicia el camino para la elaboración de una nueva ley, no una reforma de la actual, sino una ley nueva que será la mejor posible”, según afirmó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. ¿La mejor posible? ¿Con un comité de expertos designado por el Gobierno de forma absolutamente parcial e interesada? Como no podía ser de otra manera, los miembros que componen el comité son todos de pensamiento abortista y probablemente pretendan conseguir la barra libre del aborto en España. Está claro que tras las palabras de De la Vega se oculta una gran excusa para liberalizar completamente la práctica del aborto en nuestro país.

Esta ley, según la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, tendrá “lo mejor de todo lo que hay en el panorama internacional”. Ignoro qué tipo de modificaciones van a introducir. En España el aborto es un delito que está despenalizado sólo en tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas), malformación fetal (hasta las 22) y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre (sin plazo).

Quizá incluyan un cuarto supuesto que contemple en el bajo nivel socioeconómico un motivo más para poder abortar dentro de la legalidad. Otra posibilidad sería una ley de plazos que implicaría que la mujer pudiera abortar libremente sin acogerse a ninguno de los tres supuestos hasta una determinada semana de gestación.

Normalmente se consideraría la semana de la viabilidad fetal, que se encuentra en torno a las 24-26, si bien en ocasiones se ha logrado reanimar con éxito a niños nacidos con 22 semanas. Si se aceptara este sistema de plazos, la ley podría ser anticonstitucional pues no respetaría el derecho a la vida del no nacido.

España, paraíso del aborto
En la actualidad España se considera el paraíso del aborto, ya que la ley en vigor no se cumple en el 99 por ciento de los casos. Según Sanidad, de los 100.000 abortos que se cometieron en 2006, el 98 por ciento se realizaron en clínicas privadas, ya que la sanidad pública no quiere hacer abortos fuera de los estrictamente legales. Pero, ¿de qué manera se saltan la ley las clínicas privadas? En primer lugar, no se cumple el número de semanas de gestación autorizadas; cito textualmente un artículo publicado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI): “Nuestras clínicas especializadas en aborto interpretaron que, si existe un dictamen que estime que el embarazo pone en riesgo la salud de la embarazada, éste es practicable sin límite de semanas, entendiendo que un embarazo no deseado altera el bienestar psíquico y social y la salud está en riesgo. Esta interpretación legal no ha sido aún discutida por ningún dictamen legal ante ningún tribunal”.

Además de otras irregularidades conocidas, como informes previamente firmados por los psiquiatras, con cierta frecuencia vinculados a las clínicas, las de trabajadores no cualificados y sin la titulación requerida, el tratamiento incorrecto de restos humanos, etc. La consecuencia de estas infracciones es el lamentable espectáculo que hace unos meses vimos en los distintos medios de comunicación, tras la detención del ginecólogo Morín en Barcelona; las escalofriantes imágenes de fetos viables troceados y tirados a la red pública de alcantarillado nos sobrecogieron a todos.

Una declaración de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) define el aborto como “expulsión o extracción de su madre, de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso que se alcanza aproximadamente a las 22 semanas completas de embarazo” (24 desde la última regla). Si aceptamos esta definición, a partir de las 22 semanas no podemos referirnos a abortos sino que deberíamos sustituir el término por el de feticidio o asesinato de fetos viables o maduros.

El presidente de la SEGO, José Manuel Bajo, considera que, si existiese grave riesgo para la salud física de la madre por encima de las 22 semanas, “lo oportuno desde el punto de vista médico es la interrupción de la gestación ( ), pero ¿por qué hay que destruir el niño dentro? Indúzcase el parto e inténtese salvarlo”.

Una sociedad capaz de convivir silenciosamente con esta vergüenza es una sociedad enferma. No hace falta tener un sentido trascendente de la vida para condenar el aborto; sólo con la biología vale, ya que nos enseña que la célula resultante de la concepción incorpora un nuevo código genético propio, único e irrepetible. Si al final la nueva ley propone un sistema de plazos, se establecería la legalidad o ilegalidad del aborto en función del número de semanas de gestación, considerando que la edad y el tamaño del embrión son determinantes para una mayor o menor criminalidad en el acto; como si matar a un niño fuese más o menos delictivo que matar a un adulto. Los efectos del aborto sobre la salud de las mujeres son, además, tema de encendido debate, pudiendo ocasionar desastrosas consecuencias sobre la salud de aquellas, desde infecciones o hemorragias hasta perforaciones o desgarros uterinos, aumentando asimismo el riesgo de padecer enfermedad inflamatoria pélvica e infertilidad y la probabilidad de tener en el futuro embarazos ectópicos o abortos espontáneos de repetición.

Si con la nueva ley las mujeres que quieren abortar tienen derecho a decidir, también deben tenerlo a conocer estas consecuencias, además de las secuelas psicológicas en numerosas ocasiones de delicada solución, ya que el aborto trastoca directamente los tres temas más íntimos de una mujer: su sexualidad, su moralidad y su maternidad.

“La reforma del aborto busca justificar conductas anteriores que eran ilegales”

“La reforma legislativa que se pretende hacer sobre el aborto parece que busca justificar conductas que se han cometido anteriormente al margen de la ley”. Así de explícito se mostró ayer José Miguel Serrano, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, durante la presentación de la Declaración sobre la reforma de la ley del aborto de la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid (Biomad).

Gonzalo de Santiago 06/11/2008

Serrano cree además que es imposible armonizar el principio constitucional de protección del bien vida humana, tal y como ha quedado en la jurisprudencia española, “con un sistema en el cual ese bien quedara desprotegido totalmente durante un plazo frente a cualquier tipo de motivación”. Serrano se refirió a una posible ley de plazos. “Sería dejar una fase de la vida humana completamente desprotegida. Un sistema de plazos no exige ningún motivo justificado para realizar una acción contra ese bien protegido”.

Asimismo, afirmó que “las pretensiones constitucionales de evitar que el aborto se extendiera y se limitara en lo posible han mostrado una escasa eficacia en España porque el número de abortos ha ido aumentando hasta convertirse en un medio anticonceptivo y que se ceba con sectores desfavorecidos de la sociedad”. En su opinión, las políticas de apoyo para proteger la vida humana no están mostrando los resultados que pretendía el legislador.

Además, el jurista considera que se ha producido un fenómeno extraño como es la importación de personal dedicado a practicar abortos con una cualificación dudosa debido a la ausencia de control. “Estas clínicas privadas no están siendo sometidas al control habitual del sistema sanitario”. En este sentido, “en los últimos años sólo se han movido acciones penales por denuncias de particulares, sin que la fiscalía haya mostrado la menor preocupación por esta cuestión”.

Puertas abiertas
José Jara Rascón, presidente de Biomad, pidió que las discusiones en la subcomisión parlamentaria que debata la reforma no sean a puerta cerrada. “La sociedad se merece tener la oportunidad de conocer las opiniones de los expertos. Es improcedente una situación de apagón informativo”. La Declaración de Biomad pide a los poderes públicos que la política de salud y sexualidad se oriente drásticamente, creando una red de solidaridad con las madres en riesgo de abortar y facilitándoles ayudas.

Por su parte, Teresa Bonel, de la Asociación Víctimas del Aborto, denunció “la falta de información a las mujeres sobre otras alternativas al aborto y sobre las graves secuelas físicas y psicológicas que suceden a un aborto”.

La Medicina y el Derecho tienen en la ética un punto de encuentro

El presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Isacio Siguero, ha destacado la necesidad de un trabajo conjunto entre médicos y juristas “para mostrar a la sociedad un camino de convivencia dentro de un marco correcto del ejercicio profesional”


Madrid, 17 octubre 2008 (mpg/AZprensa.com)

Ayer comenzó en el Colegio de Médicos de Madrid el XV Congreso Nacional de Derecho Sanitario, centrado en la seguridad del paciente y en desarrollar una legislación que defienda a todos por igual. En el acto de inauguración, el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Isacio Siguero, ha destacado la necesidad de un trabajo conjunto entre médicos y juristas “para mostrar a la sociedad un camino de convivencia dentro de un marco correcto del ejercicio profesional”.

Las palabras de su intervención

La celebración, un año más, del Congreso de Derecho Sanitario, marca un punto de referencia en la relación entre dos ciencias que comparten un camino común y están obligatoriamente condenadas a entenderse. La Medicina y el Derecho son probablemente las dos ciencias sociales más antiguas. Una se encarga de velar por la salud y el bienestar de los ciudadanos, mientras que la otra regula las relaciones entre los miembros, en aras a la convivencia y al progreso de una sociedad. De hecho, la Constitución Española de 1978 recoge el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud. Sin embargo, la creciente relevancia de los aspectos económicos y la exigencia por parte de los ciudadanos de los derechos que se les ofertan, conducen en muchas ocasiones a dilemas éticos y jurídicos sobre los que es necesario legislar.

La Medicina es una ciencia que, como vemos cada día, está avanzando y poniendo al alcance de todos, nuevos descubrimiento y aplicaciones prácticas en beneficio de la salud. Es un terreno del que aún desconocemos muchas cosas, en donde muchas de ellas no son de aplicación universal porque dependen de cada paciente en particular. Por eso, la complejidad del acto médico y el estado actual de conocimiento en materia médica, aconsejan desde un punto vista ético analizar caso por caso, sin caer nunca en generalizaciones.

Cuando se crean en los pacientes unas expectativas médicas o de asistencia sanitaria injustificadas o difícilmente alcanzables, la insatisfacción del usuario será la consecuencia más inmediata y esto conducirá a una mayor judicialización de la Medicina.

Creo que no exageramos si decimos que una de cada cien demandas presentadas en los tribunales, puede estar reclamando una responsabilidad médica. Y frente a este panorama, el médico no encuentra muchas veces otro marco de protección que la denominada medicina defensiva, algo que va en contra del tratamiento particular e individualizado que debe recibir cada paciente y que a su vez agrava la sobrecarga asistencial y el coste económico del sistema.

El médico es hoy en día un funcionario social que está perdiendo el reconocimiento público de que siempre había gozado, debido a una asistencia sanitaria cada vez más despersonalizada, en donde la salud se oferta como un bien de consumo (y así se alenta desde determinadas instancias), y en donde la responsabilidad individual se suplanta por la responsabilidad del grupo o de la Administración pública.

Es evidente que no se puede desligar el ejercicio de la profesión de la influencia que sobre ella tienen el Estado, la sociedad, el médico como individuo y el propio paciente como receptor de un servicio. Sin embargo, algo que siempre está presente en todo acto médico (y así lo garantizan el código dentológico y la autorregulación de los propios Colegios de Médicos), es la ética médica. Algo completamente lógico si tenemos en cuenta que estamos hablando de una ciencia destinada a aliviar el dolor, curar la enfermedad, reincorporar al individuo a su entorno social y promover la salud.

Para el médico y el abogado, asuntos como la vida, la muerte, la capacidad mental, la dependencia, etc. son comunes y, a la hora de legislar en esta materia no se puede concebir hacerlo sin contar con los profesionales de la medicina a través de sus instituciones colegiales en las que se incluye a toda la profesión y no sólo a una determinada tendencia.

Cuando se legisla a favor de los ciudadanos, y se les da el derecho de exigir nuevas prestaciones sanitarias, no se puede olvidar que el médico es también un ciudadano y que, tanto para unos como para otros, la objeción de conciencia es un derecho fundamental. Médicos y juristas tenemos la obligación de trabajar conjuntamente para mostrar a la sociedad un camino de convivencia dentro de un marco correcto del ejercicio profesional.

Una sociedad no puede funcionar mientras la inseguridad y la desconfianza estén presentes en la práctica médica y en la administración de justicia. Y si la ética no pone barreras al conocimiento, no debemos ser nosotros quienes pongamos barreras a la ética. Ante los nuevos retos que la sociedad y la ciencia están planteando, la Medicina y el Derecho tienen en la ética un punto de encuentro para desarrollar una legislación que defienda a todos por igual.

http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=38677

 

La legislatura de la eutanasia

JOAN J. QUERALT 10/04/2008

 

La secularización imparable de la sociedad, aunque lenta y zigzagueante, comporta el abandono del sufrimiento inútil como único patrimonio del que no tiene otro que inmolarse por nada. Este cambio de paradigma ha propiciado que en los últimos lustros sea objeto de discusión pública uno de los tabúes mejor conservados en los paños de una hipocresía digna de mejor causa: la eutanasia.

Superado por la clase médica el complejo de impotencia ante la muerte como proceso irreversible de los pacientes terminales, pese al impresionante arsenal terapéutico del que dispone, sólo queda liberase de la férula de la administración religiosa o aparentemente laica de aspectos morales y personales íntimos de los ciudadanos. La tarea no es fácil, pues enfrentamos un debate que es presa fácil de la demagogia y la demonización de aquellos que pretenden que los ciudadanos sean ciudadanos de la cuna al féretro.

Con la caritativa precisión que el caso requiere, se nos ha recordado la pasada Semana Santa que Cristo murió sin cuidados paliativos. Ejemplo a seguir quizás por otros redentores, pero no por ciudadanos de a pie; norma acaso a imponer a otros salvadores, pero no a quienes no la han votado ni pedido.

Los casos de Ramón Sampedro, Diane Pretty, Inmaculada Echevarría o Chantal Sébire, entre otros, han dado la vuelta al mundo, tanto por el dramatismo de sus peticiones como, salvo en el caso de Inmaculada, por la nula respuesta jurídica dada a sus pedimentos de no sufrir la condena de morir en vida, tal como ellos concebían su vida. Los órganos públicos, jurisdiccionales o administrativos, no han atinado a dar argumentos jurídicos -morales o pseudomorales muchos- y han agravado aún más la situación de absoluta insoportabilidad en que dichos ciudadanos se hallaban.

Se olvida que el drama de quien insta la eutanasia es debido a que se encuentra en una situación sin salida. En efecto, el enfermo terminal y/o con padecimientos insoportables e incurables pide la eutanasia porque su situación de postración es tal que ni siquiera puede quitarse la vida. No sé si Camus tenía razón cuando en El mito de Sísifo argumentaba que la primera consecuencia de la primera pregunta filosófica del ser humano debía ser la relativa al suicidio, pues lo primero a determinar es si la vida vale la pena ser vivida o no.

Lo cierto es que si el suicidio es la última decisión personal, no se ve la razón de negar ese derecho, con las debidas cautelas, a quien en estado de postración insufrible e irreversible, pero sin perder un ápice de su ciudadanía en un Estado social y democrático de derecho, pide a los poderes públicos que arbitren su salida de esta vida. No se trata de poner en pie, como algunos han pregonado, boutiques eutanáticas en manos de nazis. Se trata de que, en casos extremos, en pleno ejercicio de la libertad personal, que incluye la ideológica, el Estado garantice esa actuación piadosa y asegure la impunidad de quien ayuda a otro a dejar lo que para el peticionario es infierno en vida.

Desde 1995, la regulación penal española, en alguna medida auxiliada por las diversas leyes territoriales de derechos del paciente y/o de voluntades anticipadas, ha despenalizado de facto lo que el artículo 143. 4 del Código Penal denomina auxilio ejecutivo al suicidio. En efecto, de la mano de atenuantes muy cualificadas puede llegarse a una pena de prisión inferior a dos años, lo que, como es sabido, en el 99,99% de los casos comporta no ingresar en la cárcel. Además, para más inri, pese a que en la legislación anterior la pena por esa actuación era idéntica a la del homicidio, no se registraban condenas. O sea, que procede ahorrarse el rasgar de vestiduras, pues la hipocresía sigue cubriendo este punto negro de nuestro Derecho, quedando los sujetos implicados a merced de la conjunción de algún fundamentalista y de una sala vaticana.

Una muestra de lo delirante que es nuestro régimen jurídico la tenemos en la STC 154/2002. Esta resolución consideró, aquí sí erróneamente, la inexistencia de responsabilidad penal de los padres de un menor de 13 años que, testigo de Jehová como sus progenitores, en virtud de la libertad de conciencia (¡religiosa, aquí sí!), se negaba a recibir transfusiones de sangre, a la postre único recurso terapéutico sanador. Esos padres, obrando en representación de su vástago, mantuvieron tal negativa, con el fatal resultado previsible. Pero se consideró que alguien que no puede prestar consentimiento válido, no ya para negociar, sino para casarse, sí puede, amparado en su religión y por boca de sus padres, negarse a recibir un tratamiento médico del calibre referido. No se recuerda que los adalides del sufrimiento por la crucifixión y sus adláteres alzaran sus voces contra esta resolución, ni que el equipo crítico habitual censurara al Alto Tribunal por su posicionamiento.

Uno de los retos de la nueva legislatura estriba en legislar positivamente esta materia, despenalizando con las debidas garantías la eutanasia, dejándose de palabrería encubridora de la realidad, llamando al pan pan y al vino vino. Quienes, en uso de su legítimo derecho, se opongan, no han de olvidar que el nuevo derecho de ciudadanía que la eutanasia supone no es contra ellos, sino a favor de los sufrientes que lo quieran utilizar. Quien quiera padecer por sí mismo es muy libre de hacerlo, pero no de exigirlo, bajo pena, a los demás.

Joan J. Queralt es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.

Fuente: El País

Francia se replantea la eutanasia conmocionada por el caso de Chantal Sébire.

PADECÍA UN TUMOR DEGENERATIVO E INCURABLE

Actualizado jueves 20/03/2008 14:51 (CET)

AGENCIAS

PARÍS.- El Gobierno francés ha abierto la puerta a una modificación de la ley sobre cuidados paliativos en medio de la gran emoción que sacude al país por la muerte de Chantal Sébire. La mujer apareció muerta este miércoles, dos días después de que la justicia le denegara la eutanasia activa que había solicitado.

Chantal Sébire. (Foto: AFP)Chantal Sébire. (Foto: AFP)

La imagen de su rostro desfigurado por un tumor en las fosas nasales, su relato sobre los “atroces” dolores que le provocaba la enfermedad, poco común, degenerativa e incurable, y su muerte, en circunstancias que todavía están por esclarecer, han conmocionado al país y relanzado el debate sobre la eutanasia.

Una vez más, ha sido un caso extremo el que ha reabierto en Francia la cuestión de la eutanasia activa, que ya se practica en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Suiza. En 2003, el país galo ya se vio conmocionado por el caso Humbert, una madre que trató de provocar la muerte de su hijo tetrapléjico que había pedido en muchas ocasiones un final digno a su vida.

En medio de aquel debate, se aprobó una ley que permitía ‘dejar morir’, pero no la eutanasia activa que ahora reclamaba Chantal. Sólo dos días antes de su muerte, la Justicia había negado a Sébire su petición de “morir con dignidad” para poner fin a los “intensos sufrimientos” que le causaba su tumor.

Investigación

El miércoles por la noche, Sébire era hallada sin vida en su casa, cerca de Dijon. La investigación todavía no ha podido determinar cómo se produjo la muerte de esta maestra de 52 años, madre de tres hijos.

El fiscal de Dijon, Jean-Pierre Alacchi, ha señalado que estudia los análisis de las pruebas recogidas y de los testimonios recolectados por los gendarmes, sin querer pronunciarse sobre una eventual autopsia. El cuerpo de Sébire fue encontrado por su hija mayor, aunque el fiscal no desveló si ésta se encontraba con su madre en el momento del deceso.

La investigación deberá determinar si falleció de muerte natural, fruto de un empeoramiento de su mal, si se suicidó o si alguien le ayudó a morir. Ninguna de las hipótesis puede descartarse, aunque la de la muerte natural parece menos probable, dado que el cadáver no presentaba signos externos de haber sufrido una hemorragia.

En medio del trabajo de los investigadores, clama la voz de los defensores de la eutanasia en Francia, tristes porque Sébire no pudo terminar sus días como le hubiera gustado, pero aliviados de que haya terminado su calvario.

Deseoso de ver a la paciente descansar en la paz que buscó durante tanto tiempo, su abogado, Gilles Antonowicz, aseguró que sería “vergonzoso” que se practicara la autopsia en busca de elementos que pudieran mancillar su final.

Reforma de la ley

Pero el mediático combate de Sébire, pionera en acudir a los tribunales en busca de una “muerte digna”, la negativa de la justicia a autorizarla basándose en la ley de cuidados paliativos de 2005, y su muerte pueden forzar la puerta de un cambio de la legislación.

El Gobierno conservador francés, que inicialmente pareció hermético a la demanda de la enferma, ha terminado por reconocer que quizá la ley deba admitir excepciones.

Ésta era la primera ocasión en la que la justicia francesa se enfrentaba a una demanda de este tipo desde que se aprobara esta legislación en 2005. Si la semana pasada el primer ministro, François Fillon, se mostraba escéptico sobre las posibilidades de que la ley pueda regular cada caso particular, el miércoles, horas antes de que se descubriera el cuerpo sin vida de Sébire, el Ejecutivo encargó un estudio que abre la puerta a una revisión legislativa.

El relator de la legislación vigente, el diputado Jean Leonetti, ha sido de nuevo encargado de estudiar si es preciso revisar la ley y solucionar su deficiente aplicación o “eventuales insuficiencias”.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la ley sirve en el 99% de los casos y que toda reforma debe hacerse de manera sosegada, lejos de la emoción que provoca el caso de la mujer.

Varios miembros del Ejecutivo, entre ellos los ministros de Exteriores, Bernard Kouchner, y la secretaria de Estado de la Familia, Nadine Morano, han apuntado que el cambio debe abrir la puerta al estudio de casos particulares, bajo la autoridad de una comisión ética que autorice a los médicos a aplicar la eutanasia.

La ley actual sólo permite a los doctores medicar a los pacientes que lo soliciten hasta que entren en coma y, en ese estado, aguardar la muerte.

Una solución que Sébire consideraba indigna y que rechazaba con contundencia, deseosa de ver su final de una forma más rápida y rodeada de sus allegados.

“Quiero terminar la fiesta rodeada de mis hijos, amigos y médicos antes de dormirme definitivamente al amanecer”, había dicho la paciente.

Fuente: El Mundo

Chantal Sébire gana en casa la batalla de la muerte (El País 20-3-2008)

Chantal Sébire gana en casa la batalla de la muerte

La enferma terminal francesa fue hallada muerta en su domicilio de Dijon

OCTAVI MARTÍ – París – 20/03/2008

 

Chantal Sébire, la francesa de 52 años víctima de un tumor en la cara no operable y que la deformaba al tiempo que le causaba grandes dolores, apareció muerta ayer tarde en su casa, vecina a la ciudad de Dijon (Francia). Las causas del fallecimiento aún no han podido ser determinadas. La edición electrónica del diario regional Le Bien public fue el primer medio de comunicación en revelar el desenlace. Chantal Sébire había pedido a los médicos y a la justicia que le suministrasen una inyección letal -de penthotal- que la liberase del dolor y la degradación física, demanda a la que no habían podido acceder dado que la actual legislación francesa no contempla en ningún caso la posibilidad de laeutanasia activa.

 

La noticia en otros webs

La mujer había pedido a la justicia autorización para morir dignamente

Ella había decidido airear su caso en la prensa para impulsar el debate

Ayer mismo el presidente Nicolas Sarkozy había recibido al doctor Emmanuel Dubost, que se ocupaba de la señora Sébire, así como a un especialista del hospital Pompidou del raro esthesioneuroblastoma, el tumor que desfiguraba y torturaba a la mujer desde hacía ocho años. La conversación con el presidente había sido precedida de declaraciones de dos ministros, la responsable de asuntos familiares, Nadine Morano, partidaria de la eutanasia activa” y de modificar la ley de 2005 que ya autoriza laeutanasia pasiva -a dejar morir- a los enfermos incurables y en fase terminal, y del ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, médico en otra época, también favorable a hacer una excepción respecto a la ley.

El diputado Jean Leonetti, que había dirigido la redacción de dicha ley de 2005, hecha para afrontar casos como el de un joven tetraplégico, Vincent Humbert, al que su madre provocó la muerte, no se manifestó en cambio partidario de ninguna modificación: “La demanda de Chantal Sébire es humanamente comprensible pero inaceptable desde un plano jurídico”. Esa respuesta también es la que había sido pronunciado un juez de Dijon el pasado jueves.

El caso de Chantal Sébire ha ocupado la actualidad informativa francesa desde que el rostro tremendamente deformado de esta mujer, madre de tres hijos, se asomó a las páginas de los periódicos o a las pantallas de televisión. Ella había decidido mediatizarsu drama para así poder acceder a un suicidio médicamente asistido al tiempo que planteaba una situación que también tienen que afrontar otros enfermos.

El sentimiento general era de que había que acabar con lo que el abogado de Chantal Sébire ha calificado de una “situación hipócrita” puesto que la ley permite dejar que el enfermo agonice durante quince días, en un coma provocado, pero no acortar su sufrimiento y el de las personas de su entorno.

El actual Gobierno conservador había encargado de inmediato que una comisión estudiase las “eventuales insuficiencias de la legislación” pero todo parece indicar que Chantal Sébire no ha querido esperar los dictámenes jurídicos al respecto.

Un diputado socialista, Gaëtan Gorce, que participó también en la elaboración de la citada ley de 2005, también había manifestado su piedad ante la situación de Chantal Sébire y reclamado una excepción para ella. No ha hecho falta que ese derecho a la excepcionalidad fuese pronunciado, pues la muerte ha alcanzado a la enferma. ¿Voluntaria o involuntariamente? De momento nada se sabe, pero nadie ha olvidado que Marie Humbert salió exculpada del proceso que tuvo que afrontar en su día.

Fuente: El País 


Aparece muerta la mujer francesa que había solicitado la eutanasia

  • Según la Fiscalía, las causas del deceso son ‘desconocidas’ por el momento

Actualizado miércoles 19/03/2008 21:40 (CET)

ImprimirEnviar noticiaDisminuye letraAumenta letra

ELMUNDO.ES | AGENCIAS

MADRID | PARÍS.- Chantal Sébire, la mujer que hace unos días vio rechazada por la Justicia su petición de que se le aplicara la eutanasia, ha sido hallada muerta en su domicilio en las cercanías de Dijon, informó la cadena televisiva LCI. El Ministerio del Interior lo ha confirmado.

Chantal Sébire. (Foto: AFP)

Chantal Sébire. (Foto: AFP)

Todavía se ignoran las causas de la muerte, según fuentes ministeriales.

Sébire, una maestra de 52 años y madre de tres hijos, había acudido ante la justicia ante los fuertes dolores que le provoca su enfermedad, un tumor nasal poco común que además le ha desfigurado el rostro.

Este lunes el tribunal seguía la petición de la Fiscalía, que había solicitado que no se admitiera la demanda de la enferma por considerar que no podía ser tenida en cuenta “en el estado actual de la ley”.

El fiscal de Dijon, Jean-Pierre Allachi, se personó en el domicilio de la difunta y a la salida dijo a la prensa que las causas del deceso “son desconocidas”.

La hora de la muerte se sitúa en torno a las 19,30 hora local (18.30 GMT), según el fiscal, quien apuntó que “vamos a tomar muestras y a hacer análisis y sabremos más este jueves”, y agregó que “no hay elementos patentes de signos de hemorragia“, un problema que Sébire padecía con frecuencia con motivo de su enfermedad.

Debate abierto

El caso de Chantal había reabierto en Francia el debate sobre la eutanasia e, incluso, ha motivado que este mismo miércoles el Gobierno haya encargado al diputado Jean Leonetti (ponente de la legislación de 2005 sobre el tema) un estudio sobre las eventuales lagunas de la legislación.

Ésta era la primera ocasión en la que la justicia francesa se enfrentaba a una demanda de este tipo desde la ley de 2005 sobre el derecho de los enfermos.

Esa legislación contemplaba, en ciertos casos, el derecho a “dejar morir”, dejando de administrar tratamiento, pero no permite a los médicos practicar la eutanasia activa.

De acuerdo con esa normativa, a la enferma se le había propuesto la posibilidad de un coma inducido que pudiera aplacar su dolor hasta el momento de la muerte natural.

Pero el deseo de Sébire era morir. Antes de conocer la sentencia del tribunal de Dijon, había declarado estar dispuesta a cumplir con su deseo de morir dignamente e incluso apuntó la posibilidad de desplazarse a Suiza, uno de los países europeos que autoriza la eutanasia activa junto con Holanda y Bélgica

Precisamente, el ministro de asuntos exteriores galo, Bernard Kouchner, se había pronunciado en la mañana del miércoles a favor de su deseo: “Yo tengo mucha admiración y amor por Chantal Sébire”, declaró, deseando que se hiciese “una excepción a la ley”, que le impedía acceder a la eutanasia. “Sería humano, necesario“. Sin embargo, la postura del gobierno francés ha sido opuesta. La ministra de Justicia, por el contrario, había señalado que “la medicina no está para administrar sustancias letales”, mientras la ministra de Sanidad Roselyne Bachelot señaló que “ni el mundo médico ni ños poderes públicos saben promover la eutanasia activa”. 

Fuente: El Mundo 

Los especialistas piden abrir el debate sobre la Ley del Aborto (18-3-2008. Jano-online)

JANO.es · 18 Marzo 2008 09:01

 

El presidente de la Sociedad Española de Contracepción, Dr. Ezequiel Pérez Campos, considera que la actual norma es “insuficiente”, “ambigua” y se presta a la “libre interpretación” del médico y los agentes sociales

El presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), Dr. Ezequiel Pérez Campos, abogó por abrir el debate sobre la Ley del Aborto, al entender que la actual norma es “insuficiente”, “ambigua”, que se presta a la “libre interpretación” del médico y los agentes sociales y tras sostener que un cambio normativo permitiría “acotar mejor” sus supuestos y “reducir espectacularmente el número de abortos, pero respetando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)”.
En el IX Congreso de la SEC, que celebrado en Sevilla, el Dr. Pérez Campos consideró que ahora es el momento de abrir ese debate serio que nos han prometido los políticos, al objeto, subrayó, “de que la ley no quede en manos de la interpretación libre y, en muchas ocasiones, condicionada por la ideología de la persona que la interpreta”.

Según advirtió, cuando las leyes no acotan claramente cuáles son las situaciones punibles o no, las mismas “se dejan a que no pase nada, como sucedió hasta ahora, porque la interpretación ha sido magnánima”. No obstante, advirtió de que su ambigüedad y el no acotar claramente sus supuestos también provoca que, “cuando alguna organización social de un tinte concreto la cuestione, al estar la norma cogida con pinzas, puede generar perfectamente toda la polémica que se ha producido”.

“Por eso pensamos que la ley debería de acotar muy claramente estos temas tan espinosos para no dejarlos a la libre interpretación”, reiteró este especialista, quien, además, afirmó que “un 98% de las IVE que se realizan en nuestro país se llevan a cabo con mucha magnanimidad por el primer supuesto, es decir el psíquico, porque la mujer dice que no quiere continuar con su embarazo porque le altera”.

De igual modo, se refirió a la necesidad de “seguir cambiando las actitudes moralistas respecto a la anticoncepción de urgencia para llevarla sólo al terreno facultativo”, ya que, según dijo, “tiene mínimos riesgos médicos, pese a que el uso de estos métodos lo estemos haciendo una cuestión mayor simplemente por cuestiones morales”, lamentó.

En cuanto a la dispensación de la píldora del día después, reclamó, “al margen de los temas de gratuidad o no de la píldora, en donde prima más los criterios económicos y de salud pública”, su libre dispensación, “es decir, que se pueda dispensar sin la necesidad de una receta”.